Por Daniel Artana (*).

El gobierno nacional ha enviado al Congreso un proyecto de reforma para adaptar las leyes vigentes en materia hidrocarburífera a la aparición de recursos no convencionales. Desde el punto de vista fiscal, el proyecto es miope al pretender compensar los problemas que generan restricciones económicas transitorias por concesiones permanentes. Es evidente que las limitaciones para obtener precios internacionales y girar dividendos son negativas para las inversiones, pero es razonable esperar que el próximo gobierno intente volver a la normalidad en ambos aspectos.

El proyecto prevé una participación fiscal muy acotada para lo que se entiende es una gran riqueza nacional. La Nación cobrará el impuesto a las ganancias y las provincias regalías e impuestos a los ingresos brutos del 15% del valor de venta.

Este tratamiento general no se adapta al caso de áreas muy rentables que pueden existir ahora o aparecer en el futuro. No se utiliza a la licitación como instrumento para tratar diferente a áreas diferentes al adjudicar a las empresas que ofrecen mayores inversiones. En Alberta, Canadá, o en las tierras off-shore en Estados Unidos se adjudica al que ofrece más dinero en efectivo. Tampoco se ha previsto en el proyecto la aparición de un área muy rentable, al menos estipulando que las regalías
o el impuesto a las Ganancias aumenten con el volumen o la utilidad obtenida (como se hacen algunos países del Mar del Norte).

Finalmente, se extienden las concesiones actuales sin que medie un proceso licitatorio que adjudique la continuidad de las mismas al mejor postor. Ni siquiera se ha previsto un mecanismo de reversión de áreas más agresivo como se utiliza en Canadá ("deeper right reversión") por el cual las empresas sólo mantienen su derecho hasta la profundidad perforada. En suma, un proyecto pensado para lidiar con las urgencias de corto plazo sin tener presente que sus efectos se prolongarán al largo plazo. Una decisión miope que corre el riesgo de dilapidar una gran oportunidad.

(*) DANIEL ARTANA es economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Los conceptos son parte del artículo "Novedades del Mes", publicado en el Boletín Informativo Mensual FIEL News.