Por Marcelo Bonelli.
El gobierno de los Estados Unidos lanzó un alerta a las multinacionales que operan en la Argentina: les advirtió que se preparen para nuevos embates políticos de la Casa Rosada.
La directiva fue informal, pero precisa y para eso se utilizaron los canales diplomáticos habituales de la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.
En Washington tienen la información de que Cristina Kirchner seguirá hostigando y amenazando a las empresas de origen estadounidense.
Para los diplomáticos, los ataques serían una represalia que la Presidenta quiere instrumentar como respuesta al fallo de Thomas Griesa en favor de los fondos buitre.
La información fue transmitida en algunos casos por el propio Kevin Sullivan, actual encargado de la Embajada de EE.UU. Pero también se la comentaron a varios CEO de multis y a diplomáticos estadounidenses de menor jerarquía. Nunca fue a través de una nota o un acto formal. El alerta se transmitió siempre en forma hermética e informal, sin dejar constancia oficial.
Clarín confirmó que el tema preocupa a los ejecutivos a cargo de las subsidiarias norteamericanas. Todos mantienen estricta reserva, por lo delicado de la cuestión. Pero la cuestión fue tratada en forma confidencial entre varios miembros de la Asociación de Bancos Argentinos, institución que aglutina a entidades como el Citibank, J.P. Morgan y American Express.
Los banqueros están sensibilizados, después de que Axel Kicillof amenazó con echar al Citibank en caso de no pagar vencimientos de la deuda. La situación depende de la audiencia de hoy con Griessa.
El mismo tema también fue comentado entre los máximos directivos de la AmCham, la organización en la que participan todas las compañías de Estados Unidos con inversiones en la Argentina. Entre otras, General Motors, Dupont, 3M, Cargill. Nextel y Coca Cola.
El hostigamiento que esperan de la Casa Rosada es político y económico para mostrar a las firmas como en una actitud contraria a la Argentina. Ya se presentaron situaciones que afectaron a American Airlines, Donnelly, el Bank of New York y General Motors.
El temor entre los hombres de negocios surge porque los embates se podrían hacer a través de las facultades para intervenir en las empresas que la ley de abastecimiento le otorgó a la Casa Rosada.
Cristina actúa así porque se siente desilusionada con Obama y acusa a la Casa Blanca de complicidad frente a la crisis de la deuda.
La Presidenta –en un grave error político y diplomático– creyó que el Departamento de Estado la ayudaría para que la Corte de EE.UU. tomara el caso y trasladar así la crisis de los buitres al próximo gobierno. La Casa Rosada está presa de sus contradicciones y de la mala praxis que usó en la encrucijada.
La propia difusión del contrato de Nación Fideicomiso abrió ayer un interrogante. De su texto se desprende que el dinero que se deposita para abonar los vencimientos puede ser utilizado por el Palacio de Hacienda para hacer otras inversiones y gastos.
La Presidenta está irritada y avalaría cualquier tipo de operativo contra firmas estadounidenses.
Esta cuestión también se consideró informalmente el lunes en la dura reunión de Copal, donde hay muchas multis de la alimentación. El encuentro que lideró Daniel Funes de Rioja fue convocado para evaluar el impacto de la ley de abastecimiento.
El conjunto de los miembros de la Copal rechazaron las negociaciones que abrió Héctor Méndez con Axel Kicillof e instruyó al propio Funes de Rioja a abortar las maniobras para dividir el frente empresario. También hubo un voto de censura por la participación de Méndez en Tecnópolis Copal primero y la UIA después ratificaron la decisión de presentarse ante la Justicia y pedir que la ley de abastecimiento sea declarada inconstitucional. Funes de Rioja dijo en la UIA: “La ley salió con la intención de responsabilizar a las empresas de la inflación que causa el Gobierno.
” Horas después, el Grupo de los 6 avaló la iniciativa y ratificó la unidad del movimiento empresario. El G-6 ya confirmó el trío de abogados que trabaja en la presentación judicial: Juan Carlos Cassagne, Daniel Sabsay y Jorge Vanossi.
En el encuentro hubo unanimidad de críticas y se rechazaron las promesas de Kicillof de corregir los desvíos de la ley con el decreto reglamentario.
Jorge Brito afirmó: “ Nos quieren engañar: un decreto no cambia la ley.” Luis Etchevehere fue duro, pero sorprendió la intransigencia de Adelmo Gabbi: “Cuanto peor le va al Gobierno, como ahora, más chances de que apliquen la ley para decir que nosotros somos los culpables del desastre.” Gustavo Weiss tuvo una actitud conciliadora y Carlos de la Vega primero trató de evitar la decisión tajante contra el Gobierno. Como no tuvo plafón, después la acompañó. Así, por primera vez en una década el movimiento empresario toma una decisión conjunta contra una medida de la Casa Rosada.
La acción refleja la debilidad del Gobierno y el aislamiento de los funcionarios. Héctor Méndez y Cristiano Rattazzi contaron en la intimidad que Kicillof está eufórico, a pesar del descontrol cambiario e inflacionario y de la recesión profunda. Ambos relataron que el ministro les dijo en privado que “ el Gobierno puede ganar las próximas elecciones.” Kicillof contó los motivos de su euforia: “ El apoyo del Papa y el éxito del acto de Máximo en Argentinos Juniors.
” Y agregó: “ Además, tenemos la consigna ‘Patria o buitres’, imbatible para la oposición ”. Los hombres de negocios escucharon petrificados la versión. Esto ocurrió a comienzos de semana, cuando el dólar no paraba de romper récords.
Por Fernando Laborda.
Sus discursos ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no parecieron más propios de una mujer despechada y enojada con el mundo que de una jefa de Estado.
Ante un recinto semivacío en la Asamblea General, no se privó de comparar a los fondos buitre con los terroristas que ponen bombas. A nadie extrañó demasiado semejante desmesura en boca de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde que el gobierno argentino perdió la pulseada en la justicia norteamericana con aquellos grupos de acreedores, no ha venido haciendo más que redoblar constantemente sus apuestas.
Sí sorprendió la dureza con que la primera mandataria argentina cuestionó en el Consejo de Seguridad la política exterior norteamericana, delante del propio Barack Obama, a quien también acusó de ser cómplice de los fondos buitre.
La estrategia oficial de responsabilizar a los buitres y, desde hace menos tiempo, al propio gobierno de los Estados Unidos por las penurias económicas que afronta nuestro país es clara. Del mismo modo que resulta una falta de sensatez utilizar el ámbito de los dos principales órganos de las Naciones Unidas para lanzar diatribas orientadas casi exclusivamente a la política doméstica.
La progresión de las hostilidades verbales por parte de funcionarios del gobierno argentino hacia las autoridades norteamericanas había comenzado la semana pasada. Una declaración periodística del encargado de negocios en nuestro país, Kevin Sullivan, sobre la importancia de que la Argentina "salga del default lo antes posible para retornar a la senda del crecimiento económico sustentable y atraer la inversión que necesita" desató una andanada de críticas, protagonizada por el canciller Héctor Timerman con sus sobreactuaciones, por Jorge Capitanich, por Axel Kicillof -sugirió de manera insólita que el gobierno de Obama se hallaba detrás de la corrida hacia el dólar blue- y por la propia Presidenta, quien denunció vía Twitter una "intromisión en asuntos internos por parte de un diplomático extranjero", que sólo quiso expresar un gesto de buena voluntad hacia la Argentina.
Algunos analistas ven por parte de Cristina Kirchner la intención manifiesta de generar un conflicto político con los Estados Unidos.
Si fuera así, es menester señalar que por ahora se está lejos de un conflicto. La diplomacia norteamericana está acostumbrada, y desde hace muchos años, a los discursos "antiimperialistas" por parte de mandatarios extranjeros populistas, que pretenden sumar puntos para sus políticas de cabotaje por medio de bravuconadas verbales contra "los capitalistas yanquis".
No por eso tales funcionarios estadounidenses dejarán de asombrarse ante las oportunidades que ha dejado pasar en los últimos años el gobierno kirchnerista para imitar a vecinos como Uruguay, Chile, Perú y hasta la Bolivia de Evo Morales, que aprovecharon las fantásticas ocasiones del mercado internacional para obtener financiamiento a tasas bajísimas para el desarrollo de obras de infraestructura tan necesarias para la Argentina.
Esas oportunidades perdidas duelen más cuando se advierte que, hacia 2015, el país tendrá una fuerte necesidad de dólares para afrontar unos 14.000 millones de esa moneda por vencimientos de deuda -sin contar el reclamo de los holdouts beneficiados por el juez Thomas Griesa-, junto a una menor oferta de divisas por la caída de precios de nuestras exportaciones agrícolas. Y deberían dolerle al Gobierno al advertir que el impacto en un principio positivo de la estrategia "patria o buitres" se va diluyendo. A tal punto que encuestas como la de Management & Fit marcan en septiembre un deterioro en la imagen sobre la gestión gubernamental y una creciente desconfianza en el ministro de Economía.
Por Marcelo Zlotogwiazda, Economista y periodista.
Uno de los peores errores del kirchnerismo es no haber aprovechado mejor las condiciones que hubo para desmontar la restricción externa que recurrentemente frenó a la economía argentina; o para que, al menos, no reapareciera tan pronto. La mejora en los términos del intercambio, la liquidez internacional, la tracción de la economía china y el desendeudamiento que el gobierno logró en su primera etapa, conformaban una plataforma apta para haber evitado lo que está sucediendo ahora.
Si bien es cierto que el fallo absurdo de la justicia de Estados Unidos en el conflicto con los fondos buitre abortó la estrategia que se había puesto en marcha para acceder al mercado internacional de crédito al aceptar los fallos del Ciadi, acordar con Repsol y con el Club de París, también es indiscutible que la restricción había reaparecido mucho antes. Fue consecuencia del enorme agujero que provocó la política energética, de varias inconsistencias macroeconómicas, y de lo poco que se avanzó en la integración y el entramado de las cadenas productivas. La incipiente recesión, el stress cambiario y el deterioro de las expectativas para el corto plazo, son el resultado de lo anterior.
Pero no conviene que las urgencias de la coyuntura ocupen toda la agenda y eclipsen la atención sobre otro tipo de problemas estructurales. Como por ejemplo la desigualdad, que según los datos que difundió el Indec esta semana, quebró una larga curva descendente y volvió a subir: el índice Gini subió de 0,375 a 0,381 entre el segundo trimestre de 2013 y 2014.
Al respecto es interesante observar cuáles son las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sobre el tema. En un informe que llegó a ser tratado en el Comité Ejecutivo hace pocos meses con el título Política Fiscal y Desigualdad de Ingreso, el organismo aconseja una serie alternativas de medidas redistributivas que "minimizan los costos de eficiencia en cuanto a sus efectos sobre los incentivos al trabajo y al ahorro". Las opciones son: 1) consolidar los programas de asistencia social mejorando el target; 2) introducir y expandir programas de transferencia de dinero; 3) mejorar el acceso de las familias de bajos ingresos a la salud y a la educación; 4) expandir las pensiones sociales no contributivas; y 5) extender la cobertura del impuesto al ingreso personal y aumentar los impuestos a la propiedad.
El gobierno argentino ha aplicado intensamente y con razonable eficacia las opciones 1, 2 y 4. Pero en materia de salud y educación para pobres las gestiones provinciales son muy pobres, y la misma calificación le cabe tanto a la política tributaria del gobierno nacional como a las de las provincias.
Puntualizando sobre el impuesto al ingreso personal (mal llamado aquí a las Ganancias), no deja de sorprender que en un país donde la mitad de los ocupados cobra menos de $ 5.000 por mes y sólo un 10% gana más de $ 10.000, uno de los caballitos de batalla del sindicalismo, de muchos políticos y de parte considerable de la opinión pública y publicada, sea la oposición a un impuesto que tiene un mínimo no imponible de $ 15.000.
El documento del FMI discurre sobre cuál debería ser, dentro de un esquema de alícuotas progresivas, la tasa marginal máxima para los ingresos altos. Cita un estudio anterior del propio FMI en el que se argumenta que si una sociedad le asigna cero importancia al bienestar de los más ricos, la alícuota marginal máxima debería ubicarse entre el 50 y el 60%, aunque aclara que sin llegar a ese extremo, la tasa óptima se ubicaría algo por debajo.
Es decir que para el Fondo los ricos deberían pagar un porcentaje similar a los de, por ejemplo, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Japón, Holanda y España, todos por encima del 50%; o sea bastante más que el 35% teórico que pagan aquí. Y vale recalcar lo de teórico, porque como ya se demostró en esta columna hace un año (Las Ganancias del Círculo Rojo) los contribuyentes con ingresos (declarados) anuales superiores al millón de pesos, pagan una tasa efectiva de entre 17 y 18%.
Un tercio de lo que aconseja el FMI.
La diferencia entre tasa teórica y efectiva se explica por deducciones y desgravaciones. Sobre eso, el paper del Fondo dice: "Para elevar la progresividad se requiere reconsiderar las deducciones. Muchas economías adoptan descuentos relacionados con hijos, educación, vivienda, seguro de salud, y donaciones que benefician en forma desproporcionada a los ricos".
En cuanto a la recomendación de gravar la riqueza, señala que "el impuesto a la propiedad es equitativo y eficiente, y está subutilizado. La recaudación promedio en 65 economías de las cuales hay datos es el equivalente al 1 por ciento del PBI, pero en países en desarrollo el promedio es la mitad".
Aquí ni siquiera llega a esa promedio. Un estudio que publicó el Cippec en marzo pasado (Desafíos y Potencias del Impuesto Inmobiliario en la Argentina) calculó que el impuesto recauda actualmente apenas el equivalente al 0,35% del PBI, alrededor de la mitad que hace veinte años.
En el menú del Fondo también figura el impuesto a la herencia. Señala que "puede cumplir un rol útil en limitar la desigualdad intergeneracional y en contribuir a la igualdad de oportunidades". En Francia recauda el equivalente al 0,4% del PBI y en Bélgica el 0,65%.
Aquí se comenzó a cobrar en la provincia de Buenos Aires. Recauda chaucha y palitos.
