La protesta protagonizada por los beneficiarios de un plan social municipal para presionar por contratos de servicios en la comuna capitalina es otro síntoma de que la estructura económica catamarqueña, donde la reducción sostenida del sector privado ha sido compensada por un crecimiento desmesurado de la burocracia pública, ha colapsado. Que este colapso no se manifieste aún bajo la forma de estallido -ojalá nunca ocurra-, no lo vuelve menos concreto. El Estado todavía cuenta con mecanismos de contención para conjurar la exclusión, pero su insuficiencia empieza a tornarse manifiesta. La marginalidad se expande, y con ella la droga y una inseguridad caracterizada por violentos ataques de los que los delincuentes obtienen botines miserables. El dique de los programas sociales desborda por una razón simple: los recursos públicos para financiarlos no son infinitos. Si no existe posibilidad de que los asistidos se incorporen al mercado laboral, al Estado asistencialista sólo le quedan dos caminos: o cubre con sus programas asistenciales a planteles cada vez mayores de beneficiarios o recluta a los beneficiarios como agentes públicos. Clausurada la alternativa de trabajar en el sector privado, la movilidad social ascendente en Catamarca consiste en pasar de beneficiario a empleado público. Tal el reclamo de los municipales, que replica otros anteriores en el mismo sentido. El contrato de obra o de servicios es el primer paso hacia la planta permanente en la administración pública.
No es esta una situación que pueda atribuirse solo a déficits de la gestión gubernamental en curso. Lo que podría denominarse "modelo catamarqueño" ha venido edificándose a lo largo de décadas. Los indicios de su agotamiento eran ya claros a fines de la década del '90. Si se sostuvo hasta ahora sólo fue por los recursos de la renta minera, una inyección de fondos adicional a los federales y a la recaudación impositiva propia que los gobernantes utilizaron para expandir la estructura del Estado con criterios clientelares en lugar de imaginar mecanismos para promover la transformación de la estructura en evidente crisis. Es lo que heredó el Gobierno en curso, que poco ha hecho por revertir el cuadro aunque deba admitirse que sus recursos son más escasos que los de sus antecesores. Atravesado por especulaciones puramente electorales, el debate político elude una cuestión central: el próximo Gobierno enfrentará exactamente el mismo cuadro social que éste. Por la interna oficialista, hay en Sarmiento y República muchos que se solazan por los eventuales problemas que pueda tener el intendente capitalino Raúl Jalil, a quien seleccionan como un enemigo, sin considerar que tienen la misma raíz que los provinciales.
Recursos públicos escasos, sector privado en retirada y demanda laboral en crecimiento: la combinación que explica la difícil circunstancia catamarqueña, y no las intrigas intestinas ni las conspiraciones opositoras, intrigas y conspiraciones que probablemente existan y estriben en las condiciones objetivas consignadas para esmerilar al Gobierno -el impracticable "salariazo" docente que el radical-barrionuevismo impulsa en la Legislatura es un ejemplo-, pero que de ningún modo suponen una salida razonable a la crisis. La salida posible pasa por generar empleo genuino que permita descomprimir la presión sobre el Estado por asistencia y trabajo. Esto no ocurrirá si no se establecen en Catamarca condiciones para que invertir sea rentable, pues no es ocioso recordar que las arcas estatales se nutren de los tributos abonados por la sociedad civil. Sin esos tributos, en el sistema en vigencia, el Estado no tiene cómo financiarse. El desafío es inmenso y salvarlo resultará más complejo mientras más se demore en acometerlo. Es además, a esta altura, ineludible. La falta de previsión de quienes contaron con los recursos económicos para al menos iniciar la transformación no puede discutirse. Resulta no obstante ineficaz ya como excusa.
