Por Néstor O. Scibona.

La sanción y promulgación express de la nueva ley de abastecimiento coloca a las empresas que actúan en la Argentina en la incómoda situación de sentirse sospechosas o en libertad condicional. Dependerá de que queden o no en la mira de la autoridad de aplicación, que seguramente será la Secretaría de Comercio Interior. O sea la misma que condujo Guillermo Moreno hasta hace menos de un año.

En realidad, la ley no es nueva. Se trata de una remake de la anacrónica ley 20.680 sancionada hace 40 años -cuando no existían las computadoras ni Internet, ni la economía estaba globalizada-, sólo que rebautizada ahora como ley de regulación de las relaciones de producción y consumo. No hay más que repasar sus 20 artículos para advertir que todos comienzan con la palabra "sustitúyese" y amplían sus alcances a todos los procesos y actividades económicas, a través de una mayor intervención del Poder Ejecutivo en la fijación de precios, márgenes de utilidad, volúmenes de producción, stocks, aplicación de multas y clausuras o venta en consignación de mercaderías. La única excepción es el último artículo, que suprime las penas de prisión para empresarios o comerciantes. Un argumento utilizado por el gobierno de Cristina Kirchner para señalar que la ley es más benigna que la anterior, aunque sin aclarar que su aplicación había sido suspendida en 1991 y limitada sólo a situaciones de emergencia de abastecimiento previamente declaradas por el Congreso (requisito ahora suprimido).

No es un consuelo para los empresarios. Incluso para quienes en los últimos años debieron lidiar con las normas no escritas y las vociferantes órdenes telefónicas de Moreno, así como sus recurrentes e incumplidas amenazas de "quedarse con las llaves" y manejar las compañías si no era obedecido.

Aunque los modales cambiaron, este doble comando privado-estatal tiene ahora más exigencias y sanciones, pero con fuerza legal. Las empresas pueden ser obligadas a suministrar planillas con innumerables datos confidenciales, ante la sospecha de que "elevan artificial o injustificadamente sus precios, sin relación con los costos". Una acusación ardua de comprobar con una inflación de 40% anual; presión tributaria récord sobre ganancias contables; brecha cambiaria de casi 80% y racionamiento de dólares del BCRA para pagos de insumos importados. Esta escasez de divisas suele llevarlas a recurrir al "contado con liquidación" (60% más caro que el oficial) para hacerse de dólares, poder pagar importaciones y no afectar el ritmo de producción, en lo que el economista Dante Sica denomina "desdoblamiento cambiario de facto".

Aún así, la ley permite que desde un escritorio oficial se dicten normas de producción, distribución, comercialización o intermediación que las compañías estarán obligadas a cumplir.

Es como si un policía de tránsito, en vez de prevenir, señalar o sancionar infracciones, desplazara al conductor y se hiciera cargo del volante. Más académicamente, la Cámara de Exportadores (CERA) planteó en el Congreso que la ley convierte a todo industrial y comerciante en virtual prestador de un servicio público y puede obligarlo incluso a aumentar la producción y seguir vendiendo, aunque sea a pérdida, pero sin la posibilidad de respaldarse legalmente en un contrato de concesión.

TEMORES Y POLARIZACIÓN POLÍTICA

Ahora que esta ley fuertemente intervencionista y discrecional fue promulgada, la gran incógnita en cada sector y empresa es hasta dónde llegará el gobierno de CFK con su aplicación. Pocos creen que fue dictada para no usarla, como aseguró en su momento el secretario de Comercio, Augusto Costa.

Los productores agrícolas están en guardia ante el temor de que sea utilizada para intervenir la soja almacenada en silos-bolsa, que no tiene nada que ver con el abastecimiento interno pero, para el Gobierno, es una tentación para convertir en dólares contantes y sonantes. Las declaraciones de la diputada Diana Conti ayudaron a corporizar esos fantasmas.

En el sector industrial y comercial, los empresarios más cautos piensan que deberán armar estructuras administrativas ad-hoc para atender los abrumadores requerimientos de información que prevé la ley y que eso supondrá costos extra. Muchas empresas líderes ya tienen experiencia en esta materia: en la SC funciona un batallón de 200 jóvenes "ejecutivos de cuenta" -en su mayoría provenientes de La Cámpora- encargados del seguimiento de los precios, costos, abastecimiento interno, exportación y necesidades de importación de una o dos compañías cada uno, pero con escasa o nula experiencia en la actividad privada. Estos pedidos de datos no son nuevos: cuando Moreno se trasladó a Roma, se llevó toda la documentación empresaria y la SC debió rearmarla con tropa propia. No por casualidad estos empresarios apodan Excel a Kicillof. Lo mismo ya ocurrió en el sector petrolero, con pobres resultados.

En el otro extremo, hay quienes piensan que el ministro de Economía se valdrá de la ley para tratar de imponer en algún momento de 2015 un esquema más amplio de precios y salarios controlados para reprimir la inflación antes de las elecciones.

Pero también están los que no descartan que alguna empresa emblemática sea utilizada como caso testigo y chivo expiatorio para disciplinar a las demás. Se basan en la experiencia de Venezuela: apenas sancionó la ley de precios y costos justos a fin de 2011, el gobierno de Hugo Chávez desembarcó en el grupo Polar, el principal productor de alimentos y bebidas, para fijar precios y márgenes máximos de ganancias en cada producto. De más está decir que en Venezuela, un país importador neto de alimentos, controlar precios y abastecimientos es una misión imposible. Máxime con una astronómica brecha cambiaria de 960% entre el dólar oficial (10 bolívares) y el paralelo (96). Así como algunos creen que la nueva ley argentina está inspirada en la venezolana, otros aseguran que, en realidad, Chávez tomó como modelo la Ley 20680 y se ocupó de recargarla.

La polarización también se reproduce en el terreno gremial empresario. Las principales entidades agrupadas en el Grupo de los 6 ya se pusieron en campaña para plantear la inconstitucionalidad ante la Justicia. En cambio, las alineadas con el Gobierno, como la CGE, repitieron el relato oficial de que contribuirá al crecimiento económico con inclusión social, como si esto fuera comprobable hoy en la Argentina. Más curiosa fue la posición de la CAME, que celebró como un logro, en un aviso publicado en todos los diarios, haber excluido de la ley a un millón de pymes. Casi una confesión de que la ley no será neutra.

Los principales candidatos de la oposición, al apresurar el anuncio de que habrán de derogarla si llegan a la Presidencia, también buscaron diferenciarse claramente del oficialismo. Al fin y al cabo, cada vez que en la Argentina se apeló a los controles de la Ley de Abastecimiento, fue el preludio de crisis macroeconómicas que desembocaron en hiperinflaciones (como en 1975 y 1989), gatilladas por descontroles fiscales y monetarios y/o escasez de dólares que pulverizaron cualquier intención de defender a los consumidores.