En su visita a San Juan como "presidenciable'' para 2015, Julio Cobos reafirmó su postura antiminera por el uso de sustancias tóxicas, pero aceptó la explotación petrolífera como si ésta fuera un dechado ecológico. El diputado nacional y exgobernador de Mendoza sostiene esta incongruencia politiquera para captar simpatías de los ambientalistas, sin advertir el daño histórico que hace en su provincia la ley 7722 al prohibir la minería metalífera, frenando el desarrollo y la creación de miles de empleos.

El impacto económico y social de la legislación lo sufrió Celso Jaque, hasta dejar la gobernación en manos de Paco Pérez, quien, como candidato a gobernador, pidió la aprobación de la ley. Ahora, a poco más de un año de finalizar su gestión, Pérez recibe críticas hasta de su propio partido al dejar pasar una oportunidad histórica con 10.000 puestos de trabajo potenciales y cuantiosas inversiones extrajeras que pudieron evitar los serios problemas financieros que soporta actualmente Mendoza. 

Más allá de la frustración del megaproyecto de Potasio Río Colorado, que dejó sin trabajo a 3500 personas de un emprendimiento de 6.000 millones de dólares, Mendoza negó sistemáticamente la explotación de grandes yacimientos como el cuprífero San Jorge, en Uspallata, en manos de inversores rusos que buscan eludir a la ley trayendo el mineral a San Juan para procesarlo. Obviamente, con ese esquema, los principales beneficios serán para nuestra provincia.

La minería metalífera como el petróleo pueden pueden ser sustentables con el agro y otros modelos económicos, como muestra San Juan. Lo irremediable es la responsabilidad histórica de una clase dirigente cegada por el oportunismo del poder.