A cinco días de la convocatoria del Gobierno a Tecnópolis para festejar (tardíamente) el Día de la Industria, la foto marca dos mundos divididos: unos dicen que desbordará de empresarios deseosos de pagar $1.200 el cubierto para escuchar a la principal oradora, Cristina Kirchner. Otros, en cambio, sostienen que habrá un amplio menú de ausencias (notorias y notables) y que el Gobierno podría polarizar esa sensación de abandono con la industria tanto como lo hizo con la Resolución 125 con el campo.
Para el Gobierno esa fecha no es cualquiera: los cálculos de las filas oficialistas en el Congreso apuestan a convertir en ley ese mismo día la nueva ley de canje. Nada mejor, que darle una señal a los hold outs a días del nuevo vencimiento de fines de este mes de una nueva ley aprobada coronada por el aplauso encendido del establishment local.
Si se puede, de paso sostiene la bancada K se aprobaría también la ley de Abastecimiento. Esta última norma logró reunir a todo el frente empresario en una rotunda negativa y declaración e inconstitucionalidad, que podría terminar en Suprema de Justicia por parte del Grupo de los Seis (G-6).
Donde más tensión existe por estas horas en torno de quiénes serán comensales (o no) en Tecnópolis es en la Unión Industrial. La central fabril volverá a discutir el martes próximo, en una reunión de Junta Directiva (mesa ampliada, con delegados provinciales) este tema. El titular de la entidad, Héctor Méndez, ya anunció que no irá y dejó libertad de elección al resto. La mitad de la mesa chica acompañó esa decisión argumentando que hay que poner un freno a la embestida del Gobierno sobre el sector privado y quienes están en esta línea agilizaron contactos con otros dirigentes empresarios que podrían repetir los pasos de Méndez. La otra mitad de la misma mesa, en cambio, sostuvo que si se reclama diálogo hay que estar en Tecnópolis. El partido final se dirime el martes próximo, 24 horas antes de la cita que organizó el Gobierno.
Mientras este round se define, en el día a día de los negocios las empresas acusan recibo de que la plaza está seca de dólares (habrá que esperar unos días para ver si la última decisión del Banco Central logra contener o no el dólar). Lo más notorio es la demora en las aprobaciones de importaciones que comienzan a afectar no solamente las materias primas que esperan luz verde en la Aduana sino también lo invisible a los ojos: por ejemplo, renovación de licencias, es decir, básicamente lo que está radicado en Tierra del Fuego, donde el Gobierno estimuló la radicación de la nueva industria nacional. En general son sectores donde, a diferencia de las automotrices (donde el parate lleva más de 12 meses) los proveedores son compañías más pequeñas y con menor espalda financiera para aguantar los pagos.
En ese sector describen que ya hay dos consecuencias inmediatas: actividad frenada y también precios engordados desde afuera; es decir, proveedores internacionales que se cubren de la incertidumbre argentina porque no se ven medidas del Gobierno para revertir la incertidumbre. La consecuencia directa es la repercusión en los niveles de empleo, donde por ahora sólo hay reducciones de turnos y jornales pero que tendría su reflejo en más despidos hacia fines de este año.
Lo que preocupa más a empresarios y gobernadores es que las consecuencias que tendrá el empleo de aquí a fines de este año serán más alarmantes que la inflación. (También lo ve el Gobierno, aunque no lo reconozca públicamente).
Sin duda, entre los principales territorios la provincia de Buenos Aires es la más mirada por su estructural déficit fiscal. En los últimos días, los comedores denuncian pagos atrasados y los hospitales se quejan por la falta de insumos. Con una presión tributaria cercana a los 7,5% del PBI, el territorio bonaerense sabe que es muy posible que necesite asistencia del Gobierno Nacional para un mermar un fin de año que preanuncia tensión social.
En Capital Federal, el jefe de gobierno Mauricio Macri también está muy atento a las finanzas porteñas. Las consultas con su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, son cotidianas y en varias ocasiones al día. Por eso, la última resolución de la ley que ya había aprobado la Legislatura sobre ingresos brutos le causó inquietud. Saben que en términos reales la recaudación por ingresos brutos cayó en los últimos dos meses de la mano del parate en la economía. En el gabinete porteño saben que técnicamente estamos al límite de la presión tributaria y repiten con alivio que tienen más ingresos que egresos, aunque no les alcanza para inversión y por eso salieron a endeudarse.
Hablando de deuda, el escenario de máxima tensión entre el Gobierno Nacional y los hold outs le sumó combustible al costo de financiamiento provincial. Un reciente informe del Cippec advirtió que las provincias deberán afrontar este año vencimientos en moneda extranjera por u$s 1,8 mil millones. Y advirtió sobre grandes diferencias entre las diferentes provincias. Buenos Aires, una vez más, fue señalada como aquella en la que el stock de deuda supera por 60% los ingresos provinciales, le siguen Río Negro (58%) y Jujuy (56%) mientras que las más aliviadas son Santa Fe (5%) y San Luis (6%).
