Por Marcelo Bonelli.

La Corte Suprema de Justicia no va a avalar la ley de abastecimiento que ayer aprobó el Senado y la semana próxima sancionaría el Congreso.

La mayoría de los magistrados considera que –a priori– su texto actual es inconstitucional y lesiona derechos de la actividad privada.

La noticia trascendió el martes en la reunión del grupo de las seis entidades empresarias más importantes de la Argentina. Héctor Méndez lo confió en el más absoluto de los secretos. Dijo que la Unión Industrial había enviado un emisario a hablar con los magistrados y que la mayoría de los jueces de la Corte calificaban la iniciativa de Cristina Kirchner como inconstitucional. Méndez comentó que el propio Ricardo Lorenzetti admitió la dura posición del Tribunal en un mensaje que envió a la central fabril. Así lo dijo Méndez: “Fue muy cauto, porque no quiere prejuzgar, pero evalúa que el proyecto contiene aspectos fuera de la legalidad constitucional.” El tema también fue analizado ayer en una cumbre secreta de hombres de negocios convocada por la Asociación Empresaria Argentina. Jaime Campos tiene en su poder un “memo” del experto Juan Cassagne que concluye tajante: “El proyecto de ley viola la Constitución.” Todos los empresarios están en alerta máxima, porque la UIA, la AEA y la Asociación de Bancos consideran que la Casa Rosada quiere la ley de abastecimiento para culpar a los hombres de negocios del desmadre que el propio Gobierno generó en la economía con la inflación, el dólar desbocado y la fuerte recesión. Para los líderes fabriles, la propuesta establece arbitrariedades que autorizan a los funcionarios a meterse en las empresas y decidir sobre los negocios privados. Jorge Brito lo admitió en el cónclave del G-6: “ Buscan culpables por afuera de sus propios errores.” La propia Cristina lo refleja en sus ataques a las multinacionales por la crisis automotriz que provocaron las medidas de Axel Kicillof. La Presidenta pretende responsabilizar a los fabricantes por la caída en las ventas de autos, imputar a los industriales la aceleración de la inflación e incriminar a los chacareros de desestabilizar el dólar por los granos acumulados en los “silo-bolsas”.

Luis Etchevehere estaba alterado por esta ofensiva de la Casa Rosada y propuso un exabrupto político: “Respondamos con un lock-out empresario.” Nadie lo avaló y la idea recibió la reprobación en el G-6. Ignacio de Mendiguren dijo: “Son propuestas funcionales al Gobierno, para que Cristina se victimice y se saque la responsabilidad de la recesión.” En la Unión Industrial existe un acalorado debate y, al final, la entidad decidió adoptar un gesto de desaprobación contra la Presidenta.

Los jefes de las terminales saben que Kicillof no viajó a Brasil para tratar el parate automotriz.

Clarín confirmó que la imprevista entrevista entre el ministro y su par y Guido Mantenga tenía dos objetivos financieros internacionales.

Kicillof pidió a Mantenga tener un encuentro privado para buscar que Brasil avalara la gestión del Banco Itaú para comprar la deuda de los fondos buitre.

El ministro también sondeó la posibilidad de que Brasil otorgue un préstamo en dólares para frenar la caída de las reservas.

Kicillof habló esa mañana por teléfono con Mantenga y solicitó verlo personalmente para evitar las pinchaduras y las filtraciones de lo que conversarían. Kicillof se siente vigilado por la ex SIDE que reporta a la Casa Rosada y sostiene que los fondos buitre lo infiltraron.

El ministro de Hacienda de Brasil aceptó el pedido de entrevista secreta, pero en la reunión fue muy crudo e hizo abortar los planes de Kicillof Mantenga le comunicó que en su país existen impedimentos legales para acordarle un préstamo directo al Banco Central argentino.

Tampoco lo entusiasmó con la cobertura política que Brasilia le puede dar al Banco Itaú y a la filial brasileña del Santander. La paciencia que Dilma Rousseff le tuvo a Cristina le generó un costo político en las peleadas elecciones presidenciales.

El Gobierno trató de ocultar el fracaso de la misión de Kicillof. Fue un nuevo traspié, en la colección que viene sumando el ministro.

Después de esa misión fallida, el Banco Central dispuso que los bancos reduzcan su tenencia en dólares. Es una medida de coyuntura, con impacto de corto plazo. Y no suena a una señal positiva.

Juan Fábrega lo admite en algunas de sus reuniones. Ahora el jefe del BCRA luce más extrovertido y repite sin filtros: “Con las ideas de Kicillof, la economía choca.” El titular local del Citibank, Gabriel Ribisich, también está alerta, luego de la amenaza de Kicillof de echar al tradicional banco si no se alinea contra el juez Thomas Griesa.

Ribisich decidió tomar una medida extrema: convocó a los máximos abogados del estudio Bruchou para elaborar una estrategia judicial que lo defienda de los ataques de Kicillof.

Por Carlos Pagni.

El frente de tormenta que avanza sobre la economía está inspirando un cambio en la dinámica política. Llevados por un estado de alarma que tiende a generalizarse, dirigentes que no han tenido contacto entre sí comienzan a conversar sobre los riesgos de la crisis. Además, como el ajuste llegó a la estructura del Estado, los que tienen responsabilidades administrativas calibran el daño electoral de las nuevas restricciones. La proximidad de las urnas reduce el altruismo a grado cero. Los que gobiernan se preparan para la pugna fiscal. La disputa de poder será cada vez más una disputa por dinero.

Cristina Kirchner se adelantó, como siempre, al resto de la clase. Con una clarividencia prodigiosa, profetizó un cataclismo para diciembre. Lo atribuyó, también como siempre, a ese complot que la amenaza desde que tiene uso de razón. También Elisa Carrió vaticinó un cataclismo para la misma época. En su caso, sorprende la coincidencia con la Presidenta. Porque para llamar la atención Carrió debería anunciar algún período de calma.

Caudillos mucho más terrenales comparten los presentimientos de estas grandes pitonisas. José Manuel de la Sota, por ejemplo, está convocando a líderes de las más distintas fuerzas para, con toda discreción, elaborar un plan de contingencia. Él tiene motivos para creer en las visiones apocalípticas de la señora de Kirchner: el año pasado, Córdoba se vio envuelta en un incendio en el que cooperó con su ausentismo la Gendarmería Nacional. Y fue en diciembre.

También Eduardo Duhalde reabrió su confesionario de San Vicente, donde van los que tienen perdida la fe. Entre ellos, algún ambicioso ministro del gabinete nacional.

Entre los objetivos de esta conjura preventiva hay uno sobresaliente: atraer a Daniel Scioli. El gobernador de Buenos Aires estuvo ayer en contacto con sus aliados internos, José Luis Gioja,Eduardo Fellner y Gildo Insfrán, para prever las consecuencias políticas de las zozobras económicas. Gioja suele hablar con De la Sota, quien a la vez habla con Sergio Massa. No debería asombrar, entonces, que en cualquier momento se reproduzca una comida como aquélla de marzo pasado, en Remonta y Veterinaria, pero sin Carlos Zannini.

Los señores feudales del PJ gobernante experimentan una pesadilla. Su suerte está atada a las decisiones de un equipo que carece de responsabilidades territoriales y que no se expone a riesgo alguno en los próximos comicios. En el comando de ese equipo está la señora de Kirchner, que confió el destino del oficialismo a Axel Kicillof, un ministro cuyas decisiones comprenden cada vez menos quienes dependen de ellas para ganar las elecciones. Cuando crece la presión sobre el dólar, Kicillof baja la tasa de interés, en vez de subirla; con una inflación del 40%, refuerza los controles de precios; la emisión monetaria se desborda, pero él se propone reactivar la economía elevando el gasto público; mientras tanto, su estrategia para aumentar la oferta de divisas es, más allá de un brumoso swap con China, reducir las importaciones. Los viejos leones del PJ, que sacralizan la palabra "conducción", están en pánico. No entienden las maniobras del que está frente al volante.

Scioli es el más afectado de ese grupo. Su capacidad administrativa se limita a una caja de guerra. Todos los días consulta a sus tesoreros Rafael Perelmitter, Luciano Di Gresia y Gabriel Estelles, para saber si puede pagar algo más que los salarios. La respuesta casi siempre es negativa. Por culpa del conflicto con los holdouts, Scioli no contará con los 500 millones de dólares que pensaba conseguir emitiendo un bono. Deberá revisar, entonces, algunas iniciativas de campaña, como la de llenar las calles de policías para mayo próximo. La "onda naranja", que hace dos meses prometía ser un tsunami, será mucho más modesta.

El drama fiscal condiciona la ubicación de Scioli en el tablero. Luis Barrionuevo, en nombre del sindicalismo disidente, le propone encabezar la reunificación del peronismo. Ese movimiento aislaría a Cristina Kirchner. Tal vez Barrionuevo no esté al margen de las preocupaciones de De la Sota, con quien está alineado en la interna del PJ. Para Scioli es una tentación riesgosa. Con menos recursos, depende más de la Presidenta. La astucia de James Carville no alcanza para resolver ese dilema: cuanto menos agradable es el Gobierno, más debe defenderlo.

Los dirigentes del empresariado se irritan cuando ven al gobernador defender en público iniciativas como la ley de abastecimiento, que critica frente a ellos en privado. La tolerancia de esos hombres de negocios frente a Scioli contrasta con la severidad con la que tratan a la señora de Kirchner. Esa asimetría podría modificarse desde ayer al mediodía. En un almuerzo de los máximos empresarios del país se analizaron nuevas resistencias frente a la ley de abastecimiento. Entre ellas, reclamar solidaridad a los políticos. Es posible que Scioli reciba un mensaje de Héctor Méndez, el titular de la UIA, en las próximas horas.

Aunque su trance es menos angustiante, Mauricio Macri también ve venir el vendaval como una contrariedad proselitista. Néstor Grindetti, su ministro de Hacienda, le anunció una caída de recaudación de 1000 millones de pesos para lo que resta del año. El aviso debe de haber sido posterior al alquiler de los dos helicópteros con que cuenta ahora el jefe de gobierno. Macri acaba de suspender varios contratos.

La carrera electoral es incompatible con la restricción del gasto público. Los candidatos que están en el poder hacen campaña con los recursos del Estado. Ni la "nueva política" cambia esa costumbre. A este factor de desequilibrio fiscal hay que agregar el debilitamiento del kirchnerismo: obtener obediencia le saldrá cada vez más caro. La CGT-Balcarce, por ejemplo, cobró 1200 millones de pesos para las obras sociales para no sumarse al paro de Hugo Moyano y Barrionuevo.

En los últimos días, apareció otra razón de desbalance: la caída de la recaudación en términos reales. En agosto, los ingresos públicos aumentaron 31,3% interanual, cuando la inflación prevista para 2014 es de 40%. Es habitual que cuando disminuye la actividad las pequeñas y medianas empresas paguen menos impuestos.

Como la Presidenta se resiste a endeudarse, el desfase de las cuentas estatales se cubrirá con más emisión monetaria. Es el dato que miran los políticos, sobre todo los del oficialismo: las finanzas provinciales dependerán más del capricho del Gobierno.

Cristina Kirchner tiene sólo cuatro grandes rubros para hacer un recorte: las jubilaciones, los salarios de los empleados públicos, los subsidios energéticos y las transferencias a las provincias. Sería razonable que Kicillof aconseje, una vez más, un aumento en las tarifas eléctricas metropolitanas. La subvención a la electricidad se ha duplicado respecto del año pasado porque el Tesoro absorbió todo el impacto de la devaluación sobre la importación de combustibles. Es uno de los problemas que dificultan una nueva depreciación de la moneda. Sin embargo, los gobernadores no creen que pueda haber un tarifazo. Se ven a sí mismos como las víctimas de cualquier austeridad. De modo que la Argentina se reencuentra con la vieja puja tributaria entre la Nación y las provincias.

La estrechez de la caja, combinada con demandas sociales en aumento, hace que Carrió aconseje a quienes gobiernan no exponerse con campañas onerosas. En este caso, Carrió coincide con Massa. El diputado festeja haber abandonado la intendencia de Tigre porque, en medio de la turbulencia, administrar sería un pasivo. Massa merece conocer el célebre aforismo de Giulio Andreotti: "El poder desgasta. Sobre todo al que no lo tiene".

La regla de Carrió y Massa suena razonable. Pero los intendentes del Frente Renovador están sometidos a ella. Scioli ha dejado de coparticipar los fondos que no son de distribución automática. Una razón más para que el diputado tinellista Martín Insaurralde migre hacia el peronismo disidente. Insaurralde planea regresar a la intendencia de Lomas de Zamora y encabezar un éxodo con otros colegas. Mientras tanto, saca los últimos recursos a Scioli.

El traslado de Insaurralde aumentaría el control de Massa sobre la provincia. Pero subrayaría el mayor problema del candidato "renovador": la sensación de que representa más una continuidad que un cambio del poder vigente. Un rasgo de Massa que ni siquiera la victoria sobre la señora de Kirchner, el año pasado, consiguió borrar. Ella, por otra parte, lo resalta. El primer artículo de la ley para cambiar el lugar de pago de los bonos reestructurados es una convalidación de los canjes de 2005 y 2010. Se entiende que los diputados del Frente Renovador aprueben la iniciativa. La primera operación la llevó adelante Roberto Lavagna, principal asesor de Massa. La segunda, el propio Massa. Lo está demostrando su política económica: como jefa de campaña de la oposición al peronismo la Presidenta es infalible..

Por Fernando Laborda.

La era kirchnerista podrá ser recordada como el período de mayor presión impositiva de la historia argentina. Sin embargo, la presidenta Cristina Kirchner se quejó del gobierno de Mauricio Macri por imponerles el impuesto a los ingresos brutos, del 3%, a los contenidos audiovisuales online, entre los que citó a la empresa Netflix, que permite ver películas a través de la Web.

Llamó la atención que la primera mandataria no recordara que para abonar esos servicios, que normalmente deben efectuarse en dólares y mediante tarjeta de crédito, al consumidor final se le retiene el 35% en concepto de adelanto del impuesto a las ganancias, lo cual representa un monto para el Estado nacional más de diez veces mayor que el que recaudaría el gobierno porteño por ingresos brutos.

Las contradicciones presidenciales no terminaron ahí. La primera mandataria refutó, con buenas razones, la explicación que dio el gobierno de Macri en el sentido de que el impuesto estaba dirigido a las empresas que vendieran contenidos audiovisuales y no a sus clientes. "¿Piensan que les van a cobrar un impuesto a las empresas y que la empresa no lo va a descargar en el cliente? (Si) Yo soy empresario, tengo que descargar impositivamente lo que me cargan a mí, acá y en la China. Es una regla básica", puntualizó textualmente la Presidenta.

Probablemente no recordó que cuando meses atrás su gobierno fijó un impuesto especial para la adquisición de automóviles de "alta gama", algunos funcionarios kirchneristas cuestionaron a las empresas automotrices por trasladar la totalidad de ese impuesto al precio de esos vehículos.

Tampoco tuvo en cuenta al cuestionar la medida del gobierno macrista que, durante su gestión presidencial, la Argentina ha llegado a ostentar un récord en materia de presión impositiva, que a fines de 2012 era del 37,3% sobre el PBI frente a un promedio del 20,7% en América latina y del 34,1% en los países de la OCDE, en tanto que, según proyecciones de especialistas, podría superar hoy el 40% del PBI, sin que se registre una mejora sustancial en las prestaciones básicas del Estado, en tanto se percibe una ausencia virtual de éste ante flagelos como la inseguridad.

Recientemente, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) informó que los asalariados de altos ingresos deben destinar 271 días de trabajo en el año para hacer frente a todas sus obligaciones fiscales. Esto es, desde el 1° de enero hasta el 5 de agosto. Un año antes, ese corte se producía el 24 de julio, por lo que, desde 2014, esos trabajadores deben destinar 12 días adicionales para pagar impuestos.

Mientras la Presidenta se preocupa por los clientes de Netflix, que deberían pagar 24 centavos de dólar adicionales por mes para el gobierno porteño, los asalariados son castigados como nunca antes por un impuesto a las ganancias del que ni siquiera pueden deducir el impuesto inflacionario. Así, un aumento salarial anual del 25% implica una mayor retención en concepto de impuesto a las ganancias, pese a que la inflación en el mismo período haya superado con creces el nivel del incremento salarial, licuando su poder adquisitivo.

Hasta el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, que no puede ser tildado de opositor al gobierno de Cristina Kirchner, advirtió días atrás que las pymes sufren una preocupante caída en su actividad por lo que definió como "la presión impositiva más alta y tremenda de la historia".

Ante los problemas económicos y la caída que empieza a sufrir el consumo, el discurso oficial parece apuntar, una vez más, a responsabilizar al mundo y a las usinas del desánimo. En la volteada, esta vez le tocó a Macri, en todo caso, por intentar hacer lo que el gobierno nacional viene haciendo. Quizá porque a ciertos kirchneristas les encante ver en Macri a un potencial Sebastián Piñera y en Cristina a una posible Michelle Bachelet.

Por Eduardo Luis Curia-Economista.

Desde hace tiempo, la economía recayó en un cuadro de restricción externa o escasez relativa de divisas, fruto endógeno del esquema aplicado a partir de 2010; el llamado cepo cambiario, tan disfuncional, derivó de ello, al decidirse al cierre de 2011 ratificar el retraso cambiario y combatir la restricción externa por la vía represiva, roma en generar dólares.

La faz actual es sensible. Persiste la restricción externa, pero, en defecto de alternativas, asoma la perspectiva de su endurecimiento, pesando un severo impasse en aquellos mecanismos pretendidamente generadores de dólares que atisbaron a raíz del giro de política de fines de 2013. Por un lado, casi se agotó el efecto real de la devaluación parcial perfilada a enero último, con lo cual volvimos a un muy hondo nivel de sobrevaluación cambiaria; a la par, el canal opcional a través de la cuenta capital –en pos del reposicionamiento financiero externo del país–, se ve muy amenazado por las secuencias ligadas al affaire Griesa.

En esto último, afirmándose la visual del default de tramo largo (según la semántica de los que tallan al respecto), se robusteció la imagen general gravitante. Acorde con lo dicho en nuestra nota de El Cronista del 8/8/2014, puja un sesgo alcista en los distintos tipos de cambio y la brecha involucrada, se complica el manejo del cambio oficial, se enrarece la liquidación de divisas de exportación y se entorpece la suma de reservas. Y con un superávit comercial que se debilita en el acumulado, declinado exportaciones e importaciones, trasuntándose, de paso, la instancia de estancamiento y de traba de importaciones.

Los rasgos citados, es obvio, estresan la política previa de baja de tasas de interés básicas, y ya hay indicios al respecto. Rasgos que, a la par, empalman con un mercado monetario que carga con un sesgo expansivo muy urgido por la dominancia fiscal que ejerce el Tesoro (con resultados primario y financiero que se deterioran), siendo que se perfila un molesto circuito de realimentación cuasi endógeno entre las necesidades monetarias del fisco, el acompañamiento del Banco Central, los expedientes de esterilización (con elevadas tasas y la sombra de déficit cuasifiscal) y la suerte de los bancos como principales suscriptores de aquéllos. Con una inflación aun alta y visos de suba de la velocidad de circulación del dinero.

Con tales coordenadas, y trascendiendo los vencimientos residuales para este año, según un horizonte más extendido, la vital dinámica de dólares luce en principio muy comprometida, aunque se usen recursos ad hoc.

El año venidero es severo en vencimientos de deuda externa, incluidas las obligaciones ligadas a los arreglos recientes, y, hoy por hoy, la hipotética refinanciación del pesado vencimiento del Boden 2015, pinta compleja si no se despejan las condiciones financieras. A su vez, el probable curso de los precios de los commodities, que nos es clave, sería menos glamoroso de cara al 2015. Sumándose algunos interrogantes sobre ciertos componentes claves del ciclo mundial (vgr., las tasas americanas).

Como si todo esto fuera poco, nuestro entuerto en la OMC –deriva de los mecanismos comerciales muy expuestos aplicados ante la presión del retraso cambiario y la restricción externa–, llega a sus fases finales con un rumbo adverso que asoma arduo de revertir. Las consecuencias no son inmediatas.

Proyectando el frente externo su compulsión sobre la economía, la restricción externa –aun con condicionantes exógenos– es un fenómeno, en el núcleo y en el origen, de propia factura, por las políticas erradas que vienen mellando los resortes para generar dólares adecuadamente. Esos resortes más específicos, por cierto, combinan con otros elementos internos de la economía, como la dinámica fiscal y monetaria y la inflacionaria, entre otros factores. El resumen a hoy, es que el sesgo de la restricción externa es a agravarse, algo perturbador para las chances de la actividad y de empleo.