Por Néstor O. Scibona.

Axel Kicillof ha demostrado una vez más que es consecuente con sus ideas. Mucho antes de ser designado ministro de Economía, había sentenciado que seguridad jurídica y clima de inversión eran dos "conceptos horribles". Ahora ha vuelto a demonizarlos con dos proyectos de ley avalados por la presidenta Cristina Kirchner y enviados al Congreso al sólo efecto de que la mayoría oficialista convalide hechos consumados o decisiones que ya no tienen vuelta atrás.

Los proyectos de "Pago soberano local" de la deuda externa y de "Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo" (eufemismo para endurecer la anacrónica ley de abastecimiento, de 1974), no solo comparten el común denominador de agregar más incertidumbre al futuro económico y de frenar el ingreso de divisas -ya sea bajo la forma de créditos o inversiones- a una economía anémica de dólares y que apunta a sobreintoxicarse de pesos. Aunque sus objetivos parezcan disímiles, estas leyes se perfilan como complementarias e imprescindibles para el gobierno de CFK en la dura transición hasta fin de 2015.

Con la primera iniciativa, Cristina Kirchner oficializó el incumplimiento de la sentencia del juez Griesa a favor de los "fondos buitre", que la Corte Suprema de los EE.UU. dejó firme el 16 de junio. En rigor, esa decisión ya había sido adoptada a fin de julio, cuando Kicillof ofreció pagarles un monto inferior a la quinta parte de la deuda fijada por el fallo y precipitó el default al abortar cualquier negociación alternativa. Una novedad es que, de ser sancionada, la ley impedirá negociar cualquier pago por un monto superior, ni ahora ni en el futuro con todos los holdouts. Otra es que la Presidenta ni mencionó en su discurso por cadena la cláusula RUFO, cuyo vencimiento a fin de año abría la posibilidad de algún arreglo a comienzos de 2015. Así despejó la mayor incógnita: habrá default por mucho tiempo, aunque el Gobierno se cierre la puerta al financiamiento externo que buscaba conseguir hasta hace escasos tres meses para oxigenar la economía.

Tampoco es seguro que se pueda evitar el default con los tenedores de bonos bajo legislación extranjera (holdins) que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y ahora no pueden cobrar porque Griesa bloqueó los fondos. Si bien el Gobierno decidió remover al Bank of New York (BoNY) como agente de pago y reemplazarlo por Nación Fideicomisos (u otra entidad que puedan designar los holdins), este atajo es difícil de instrumentar. Lo mismo que el canje "voluntario" de sus títulos, si optan por cambiar el domicilio de pago y someterse a la legislación argentina. Por un lado, se desconoce con qué base de datos podrán cursarse los pagos en tiempo y forma, máxime cuando el 30 de septiembre hay otro vencimiento (por 200 millones de dólares) del bono Par. Por otro, hay fondos de inversión extranjeros que, por estatuto, no pueden cambiar de jurisdicción y otros que no quieren someterse al mayor riesgo argentino. De hecho, también estos cambios implican eludir el fallo de Griesa, que ya en 2012 había previsto neutralizarlos al prohibir a los agentes de pago de jurisdicción neoyorquina colaborar con un eventual canje o cambio de domicilio.

De manera que, si no hubiera una importante adhesión de bonistas, surgirá entre los holdins una segunda generación de holdouts; que podrían convertirse en nuevos "fondos buitre" y, paradójicamente, pondrían en peligro la "reestructuración exitosa" de la deuda que el gobierno de CFK dice defender. No es un buen antecedente que, para sortear el default, se cambien reglas que amenazan con ramificarlo y extenderlo.

Por lo pronto, la movida oficial coloca a la deuda en una dimensión desconocida. Nadie está demasiado seguro de qué podría ocurrir si la Argentina es declarada en desacato por la justicia de los EE.UU. Ni tampoco cuándo podrían gatillarse las cláusulas de "aceleración" y "cross default" incluidas en los contratos para hacer exigible el 100% del capital de los títulos y que hasta hace pocas semanas eran conocidas sólo por especialistas. Lo único previsible son nuevas demandas judiciales para resolver en los próximos años.

Al igual que los mercados, la oposición en el Congreso tomó nota de que estos riesgos recaerán sobre el futuro gobierno. Y al anticipar el voto en contra del proyecto, evitó además quedar encerrada en la dicotomía "Patria o Buitres" con que viene envuelto y que confunde soberanía con discrecionalidad y aislamiento internacional.

Tampoco es creíble que Cristina haya enviado el proyecto porque constitucionalmente le corresponde al Congreso arreglar la deuda pública. Debió hacerlo mucho antes; por lo menos cuando la Corte de los EE.UU. no aceptó la apelación argentina. Hace 30 meses, la actual propuesta de reabrir el canje a los holdouts y depositar los pagos en una cuenta especial en el BCRA, hubiera sido una muestra de voluntad para negociar; hoy, con una sentencia firme en contra, es una muestra de inflexibilidad. Pero tampoco el Congreso fue consultado cuando el Gobierno arregló los pagos con el Club de París, Repsol y el Ciadi, que también significan aumentar la deuda pública. Con la intención oficial de lograr la sanción exprés de la ley en menos de quince días, si hay debates serán sólo testimoniales. La mayoría automática del oficialismo ya funcionó en otras leyes clave para convalidar hechos consumados y votar a libro cerrado. Entre ellas, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA; la reestatización de YPF; la prórroga de la Emergencia Económica o los dibujos numéricos de cada presupuesto nacional.

Ahora, con la perspectiva de un default prolongado y sin acceso al crédito externo, el gobierno de CFK deberá moverse en una economía con escasez de dólares y abundancia de pesos. Sin un plan alternativo, todo indica que su reacción será "profundizar" lo que hizo siempre: seguir subiendo el gasto público y la emisión para sostener el consumo y el nivel de actividad, aunque con peores resultados. Como la inflación y el dólar apuntan más arriba en los próximos meses, se descuenta que profundizará los controles cambiarios (para racionar el uso de dólares) y también los controles de precios (para reprimir la inflación y atenuar la caída del salario real) aunque los costos sigan subiendo.

De ahí que la reforma de la ley de abastecimiento se convierta en una pieza clave de este esquema. No tanto por los resultados, que suelen ser efímeros, como ocurrió en 1974 con el Plan Gelbard, sino porque busca endosarle al sector privado el costo del ajuste de cinturón que elude el sector público. Como también es una decisión tomada la "concesión" oficial a discutir cambios en la letra de algunos artículos es más cosmética que otra cosa. El espíritu de esta ley intervencionista al extremo afecta los derechos de las empresas y frenará aún más las inversiones. Y aunque difícilmente sea convalidada por la Justicia, permitirá entretanto convertirlas en chivos expiatorios de los problemas derivados de los desequilibrios macroeconómicos provocados por el propio Gobierno. Nada que ver con el eslogan de "país en serio" que, prudentemente, fue eliminado hace algunos años de toda la propaganda oficial como si fuera una silenciosa confesión de parte.

Por Francisco Olivera.

Un concepto de Emmanuel Álvarez Agis, secretario de Política Económica, espantó anteayer a varios empresarios pyme. Habían sido convocados al Palacio de Hacienda por Axel Kicillof, que se excusó a último momento para seguir el desarrollo de la audiencia del juez Griesa en Nueva York. Estaban Osvaldo Rial, líder de la Unión Industrial bonaerense; Oscar Sánchez, de la Cámara de la Industria Plástica, y Pedro Reyna, de la Cámara de Fabricantes de Muebles, entre otros. Álvarez Agis pidió que cada uno contara cómo estaba el nivel de actividad en sus respectivos ámbitos y se llevó una sorpresa: la mayoría apuntó caídas considerables. El funcionario buscó entonces tranquilizar con un diagnóstico al paso: muchos consumidores, expuso, no han recibido aún el efecto de las paritarias. Ante hombres quejosos de sus costos salariales, tuvo el resultado opuesto.

Álvarez Agis parece tan consustanciado con las nociones académicas de Kicillof que Guillermo Moreno lo llamaba, en broma, el custodio. "De economía no entiende, así que debe de ser el custodio", explicaba. Sus evaluaciones, órdenes o inconsistencias son siempre, por lo tanto, las del ministro de Economía.

El Palacio de Hacienda prometió en ese encuentro un plan de financiamiento cuyos detalles no brindaron porque, explicaron allí, los hombres de negocios suelen contar estas infidencias a los periodistas. Se les encomendó entonces volver a una próxima reunión con los problemas de cada uno y las listas de precios finales. Débora Giorgi, ministra de Industria, contribuyó al desencuentro cuando hizo una consulta que casi nadie supo contestar: los precios promedio de cada sector. "¡Son millones de productos!", protestaron después en una cámara.

Por primera vez, todo el arco empresarial argentino llegó a una conclusión que abarca a grandes, chicos, extranjeros y nacionales: el Gobierno ha cometido demasiados errores y muestra desorientación sobre cómo resolverlos. El jueves, con el dólar rozando los 14 pesos, el dueño de una empresa nacional que respalda el modelo corregía las palabras de analistas: "Es que no se trata de incertidumbre, como dicen; todos sabemos lo que pasa: esto es un quilombo".

Lo único sobre lo que se cree tener certeza es sobre qué funcionarios acompañarán a la Presidenta hasta el final del mandato. El miércoles, en la Bolsa, el breve contacto que miembros del Grupo de los Seis tuvieron con ella alcanzó para entender la nueva configuración de influencias hasta 2015. Silencioso Florencio Randazzo, esporádico y medido en sus acotaciones Julio De Vido, la escena fue acaparada por Kicillof. "¿Cómo andás, estatista?", recibió el ministro a Cristiano Rattazzi. Aludía a una entrevista publicada en Infobae en la que el líder de FIAT advertía: "Augusto Costa es complicado, tiene una visión muy estatista de la economía".

La charla transcurría en el despacho del anfitrión, Adelmo Gabbi, y la Presidenta estaba de muy buen humor. Y, aunque el Grupo de los Seis venía de emitir la noche anterior un duro comunicado contra el proyecto de ley de abastecimiento, nadie quiso tocar el tema. Por el contrario, Gabbi buscó distender con un tema familiar: contó que durante sus años como empleado de un estudio contable había conocido al abuelo de Kicillof, cliente de ese estudio y dueño de la metalúrgica Dobla Metal, instalada en Barracas. La anécdota no parecía dar para más, y Gabbi decidió cambiar de tema para adentrarse en asuntos históricos de la Bolsa, cuando la Presidenta interrumpió: "Pero Adelmo, seguinos contando del abuelo de Axel". Gabbi cumplió con el pedido, y agregó una broma: ya al nacer, dijo, Kicillof venía generando preocupaciones con la demora en el parto.

La fascinación presidencial por el ministro es una señal implacable: no habrá en adelante otro interlocutor con el poder. Tan exiguo hacia el final de los gobiernos, el círculo presidencial tendrá en Kicillof su protagonista estelar de aquí a diciembre de 2015. Un problema para hombres de negocios que se vienen ilusionando con que la realidad económica terminará dándole la razón en la pelea interna a Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Central, a quien muchos advierten ahora cansado y resignado.

El sueño de un triunfo de Fábrega sería válido en administraciones obsesionadas por resolver obstáculos de gestión económica. Pero el kirchnerismo ha decidido ubicar a lo que conoce como "la política" delante de aquello que desprecia, "la economía". De otro modo, un ministro que llegó al cargo con un 25% anual de inflación y no logra frenar su escalada por sobre el 35% no sería el hombre más importante del Gabinete. ¿Y cuánto duraría en el sector privado un gerente como De Vido, con los resultados que exhibe el jefe de Planificación?

He ahí el meollo de un diálogo de sordos. Cristina Kirchner y sus militantes creen estar cumpliendo el sueño de un cambio de paradigma, algo que supera cualquier resultado. Una revolución más cualitativa que cuantitativa, según la cual siempre prevalecerá la iniciativa política, y en la que tampoco prima compromiso alguno con la verdad. El miércoles, en la Bolsa, la Presidenta atribuyó la escasez de dólares a la pérdida del autoabastecimiento energético, algo que la Argentina empezó a sufrir en 2004 como consecuencia de una política aplicada por Néstor Kirchner. No era un concepto nuevo: Kicillof lo repite desde 2012, incluso ante De Vido, ejecutor del viejo plan.

Si los empresarios no entienden que, aun con pérdidas muy superiores al millón de dólares por día, la gestión en Aerolíneas Argentinas será considerada por la militancia un éxito sin precedente en el mundo, jamás entenderán al kirchnerismo. Buscar argumentos para contrarrestar estas epopeyas sería como darle al Quijote instrucciones sobre el uso del escudo y la lanza contra los molinos. "Ellos son gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí", contesta Alonso Quijano a la advertencia de Sancho Panza.

La recuperación de los conceptos de patria, buitres, enemigos externos e internos llevó anteayer, durante una pequeña reunión de dirigentes sindicales, a Hugo Moyano a dudar sobre la medida de fuerza que le proponía Luis Barrionuevo: paros crecientes, de entre 24 y 48 horas, entre fines de agosto y octubre. Lo que los gremios entienden como un verdadero plan de lucha. "No quiero que me acusen de desestabilizar", contestó el camionero, y aceptó sólo la protesta del 28 de este mes.

Ya que no en las soluciones, el kirchnerismo suele ser implacable en la búsqueda de explicaciones o de culpables. Una destreza que, en una cultura como la nuestra, le confiere inmunidad y permite que el factor capaz de opacar su estrella no sea jamás la política, sino, en todo caso, la realidad.