Por Joaquín Morales Solá.

Anoche, casi al borde de las lágrimas, Cristina Kirchner contó cómo piensa huir teóricamente del default. Una contradicción evidente se deslizaba entre palabras y gestos. No quiere ser la autora de otra cesación de pagos argentina, pero al mismo tiempo tomó la decisión de no obedecer a la justicia norteamericana. Se meció entre la necesidad política y el relato épico, y pocas veces las dos cosas son conciliables. Su propuesta de cambiar el lugar de pago a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 (y remover como agente al Bank of New York) es, objetivamente, un paso atrás de la Presidenta.

Un intento de acomodar la continuidad de los pagos y la preservación del discurso. La experiencia es insólita, no tiene precedentes, y, por lo tanto, el pronóstico de su resultado debe ser escéptico.

Es mejor, sin duda, que haya anunciado que los dólares de los bonistas serán depositados en un fideicomiso a que se haya dedicado a despilfarrar los dólares. El primer problema que tendrá, con todo, es el que surgirá de la diferencia entre el lugar de pago y la jurisdicción judicial. El Bank of New York era el agente de pago porque la jurisdicción era la de la justicia norteamericana. Ella anunció que los bonistas podrían, voluntariamente, cambiar la justicia norteamericana por la argentina. Es improbable, casi imposible, que eso suceda con una mayoría importante de acreedores.

No habrá muchos acreedores dispuestos a remover a la justicia norteamericana porque ésta les dio la razón a los acreedores. Mucho menos irán a un país cuyo gobierno decidió desconocer al sistema judicial norteamericano. No es sólo el juez Thomas Griesa (el único que la Presidenta nombra), sino la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón al juez, y la Corte Suprema de Justicia, que decidió por omisión.

¿Puede el lugar de pago ser distinto del de la jurisdicción judicial? Es un caso muy difícil, porque el cambio de jurisdicción necesita, en primer lugar, de una mayoría de bonistas cercana al 100 por ciento para poder realizarse. Si hubiera un pleito en el futuro con algunos bonistas, ¿cómo haría cumplir la justicia de Estados Unidos sus decisiones si el lugar de pago estará en Buenos Aires? ¿Qué recursos le quedaría a un juez norteamericano para aplicar su sentencia? Ninguno. A la Presidenta le tocará evaluar luego si sobresalió en el país y en el mundo la decisión de guardar los dólares de los acreedores o la de desobedecer a la justicia.

Cristina Kirchner decidió huir del default cuando el país ya está en default. El anuncio subyacente de anoche consiste también en que ella entregará el país, dentro de un año y cuatro meses, con el problema de la deuda pública sin resolver. Lo vapuleó al juez Griesa desde el principio hasta el final de su discurso. Señal de que no piensa negociar ni con el juez ni con los bonistas. Tema concluido para ella.

De paso le transfirió el problema a la oposición actual cuando envió la decisión al Congreso. ¿Qué harán sus opositores? ¿Aceptarán su decisión o le reclamarán que se siente a negociar con los bonistas y con Griesa? Cristina Kirchner no ha dejado más opción que ésa. La opción, en fin, "Patria o buitres". Algunos dirigentes opositores fueron especialmente sensibles en los últimos tiempos al anatema de "vendepatria" o "cipayo". Ahí, precisamente, entre esas pobres alternativas, proyecta acorralarlos.

Cristina Kirchner ya había dado ayer otras señalas de su decisión de ampararse en el discurso nacionalista. No fue ella, sino su canciller, Héctor Timerman , quien insistió en colocar el conflicto con los holdouts en el marco de una disputa política con Washington. Timerman volvió formalmente con la tesis de que los tribunales de La Haya deben resolver sobre un diferendo entre dos Estados, el argentino y el norteamericano, por la decisión de Griesa sobre los fondos buitre.

El gobierno de Obama repitió en el acto lo que ya había dicho: ése no es su problema y la Argentina debe resolver su conflicto con los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Es decir, para Washington es un problema argentino, no norteamericano. Punto final.

Ningún abogado en su sano juicio le hubiera aconsejado ir a La Haya para reclamarle al gobierno norteamericano porque un juez de Nueva York falló en contra de la posición argentina. La primera constatación que debe tenerse en cuenta es que ese juez está resolviendo sobre la deuda argentina porque los gobiernos argentinos, incluidos los de los Kirchner, les propusieron a los bonistas esa instancia judicial. El canciller Timerman agregó ayer que, si a Washington no le gusta La Haya, podría proponer otra vía de negociación entre los dos gobiernos. Llama la atención que la embajadora Susana Ruiz Cerutti, responsable legal de la Cancillería, se haya prestado a semejante confusión intelectual. Ruiz Cerutti es una diplomática con una larga trayectoria y tiene prestigio como profesional de carrera.

El primer obstáculo es práctico. Aun cuando el gobierno de Obama se sentara a negociar con Cristina Kirchner, y hasta les encontrara razón a sus planteos, ¿qué podría hacer después para cambiar la decisión de la justicia norteamericana, que incluyó una resolución de su Corte Suprema? Nada. ¿Supone el gobierno argentino que la Casa Blanca podría librar una orden terminante a sus jueces para que cambien sus sentencias sobre el caso de los holdouts? Si sabe que eso nunca será posible, ¿para qué o por qué lo hace? ¿Acaso para exhibir a Washington como su enemigo político, como el gran maquinador de las adversidades de la Presidenta?

El segundo problema es jurídico. El juez Griesa dictó la sentencia en cuestión en febrero de 2012, cuando Cristina Kirchner acababa de ser reelegida por el 54% de los votos y pensaba que nadie podría contra ella. El gobierno argentino apeló la decisión del juez ante la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón a Griesa.

Luego, la administración argentina recurrió ante la Corte Suprema de Justicia norteamericana, a la que le aseguró, mediante un documento, que cumpliría con la decisión final de la justicia de Estados Unidos. La Corte Suprema decidió no tratar el caso argentino, a pesar de que el gobierno de Obama se presentó como amigo del tribunal y opinó a favor de la posición de fondo de la Argentina. La sentencia de Griesa se convirtió entonces en firme y definitiva.

Cuando el gobierno argentino recurre ahora ante la Casa Blanca está desconociendo la jurisdicción y las facultades del juez Griesa. Eso se podía hacer, si es que se podía, al principio de todo. Pero no se puede desconocer la facultad de un juez, buena o mala, cuando ya existe una sentencia firme. Cada apelación fue un reconocimiento de la jurisdicción y de las facultades de la justicia norteamericana. El gobierno argentino apeló dos veces.

Primero, Timerman desconoció la jurisdicción de la justicia de Nueva York y, más tarde, ayer mismo, la Presidenta anunció que directamente la desobedecerá. Ése es, tal vez, el corazón de una decisión política clave: irse como una líder nacionalista y popular y dejarle a su sucesor los problemas que nunca resolvió..

Por Eduardo Van Der Kooy.

En apenas cinco días Cristina Fernández produjo dos golpes de timón en el conflicto con los fondos buitre. La semana pasada, sin suerte, intentó ligarlos a un intento de presunta desestabilización interna por el cierre intempestivo de la empresa estadounidense Donnelley, que dejó en la calle a 400 trabajadores. Anoche, durante 43 minutos de cadena nacional y sin hacer mención a ese paso fallido, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para intentar modificar la jurisdicción de pago a los bonistas que ingresaron a los canjes del 2005 y 2010.

También, para ofrecerles ese canje, en iguales condiciones, a los holdouts que reclaman US$ 1.330 millones luego del fallo a favor del juez de Nueva York, Thomas Griesa, ratificado por la Corte de Apelaciones y dejado correr por la Corte Suprema de EE.UU.

Tantos bamboleos, en corto tiempo, podrían estar denotando varias cosas. Que el Gobierno viene improvisando a medida que la situación económica interna y financiera internacional se complica.

Que se daría por cerrado, como lo hicieron los buitres, el período de negociaciones entre las partes en litigio que Griesa abrió a través de su mediador, Daniel Pollack. Que el Gobierno estaría además dispuesto a aceptar el riesgo de desacato, al desconocer el fallo adverso bajo una legislación aceptada previamente. Más allá del destino que tenga la nueva iniciativa presidencial, se abrirían por ahora muchas más dudas que certezas sobre las posibilidades de reconciliación de la Argentina con el mundo político y financiero.

¿Aceptarían los bonistas – voluntamiente, como recalcó Cristina– cobrar bajo la jurisdicción argentina? ¿Podrán hacerlo con garantías y seguridades, como se propone, a través del Banco Nación? ¿Por qué razón los buitres admitirían ingresar ahora en el canje con una sentencia muy beneficiosa a su favor? ¿Podrá revocar el Congreso, sin consecuencias legales para el país, el poder al Banco de Nueva York que atesora los fondos para los bonistas pero no los puede girar por el fallo de Griesa?

Ninguno de esos interrogantes encontraría ya una respuesta. Lo único que asoma claro sería la determinación de la Presidenta de dejar el conflicto con los fondos buitre como eje de esta transición. Aunque ese combate arroje un manto de sombra sobre el declinante desenvolvimiento económico y social.

Podrá decirse que Cristina, con su nueva maniobra, habría recuperado quizás una iniciativa que había quedado relegada por su traspié con la aplicación de la ley antiterrorista y las modificaciones en la ley de abastecimiento, que detonó una sorprendente unidad de rechazo en el universo empresario, muy fragmentado durante la década K. También parece cierto que, con aquel plumazo, la Presidenta alterará la agenda parlamentaria que había quedado muy incómoda para el kirchnerismo.

La pregunta a responder sería conocer el tiempo de supervivencia de aquella iniciativa y el costo, que al final del camino, podría pagar.

Queda la sensación, como casi siempre, que todas las decisiones, incluso la de anoche, nacerían por golpes de espasmo.

Si la de Cristina fuera una administración política más o menos normal, un par de funcionarios deberían estar ya al margen de sus cargos. La Presidenta había anunciado el jueves pasado en uno de sus conversaciones por televisión la aplicación de la ley antiterrorista a la imprenta estadounidense Donnelley. La comunicación estuvo hilvanada por un relato que, con asombro, vinculó a los fondos buitre con un presunto intento por “aterrorizar a la población”.

Una obra demoníaca, según la descripción presidencial. Recién ayer por la mañana el titular de la CNV (Comisión Nacional de Valores) Alejandro Vanoli aclaró que se trató de “una confusión” y que aquella empresa podría ser investigada y penada por supuesta “quiebra fraudulenta”. Una denuncia que la AFIP –la entidad ejecutora– puede realizar ante la Justicia Penal ordinaria y no ante la Justicia Federal. Allí esperará vanamente el juez Daniel Rafecas, el mismo que fue separado por Amado Boudou del escándalo Ciccone.

Aquella idea en su versión original, en medio del litigio con los buitres y el enfado contra EE.UU., tuvo un amplio recorrido en el poder sin que nadie, que se sepa, pusiera reparos a la aplicación de la norma antiterrorista. En una síntesis rápida, se podría mencionar a Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico; a Axel Kicillof y su equipo jurídico del Ministerio de Economía; a Carlos Tomada, el ministro de Trabajo – que le negó un plan de ajuste–, y a Daniel Scioli, el gobernador de Buenos Aires (la planta se halla en Garín) enterados con antelación sobre el pleito laboral. También a Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP. Nadie se habría percatado del error vecino con el disparate. Puede haber sucedido también el reinado de un ambiente de temor ante una Presidenta embalada por las teorías de Kicillof.

La segunda hipótesis, a esta altura, pareciera más creíble que la simple cadena de equivocaciones. El relato cristinista atraviesa la pulseada con los fondos buitre y cualquier acontecimiento debería estar ligado a esa realidad. Después surgen, como se observan, los problemas: no existió marco jurídico y legal adecuado con la ley antiterrorista que Cristina hizo aprobar a solicitud del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Resultó curioso el mecanismo de retroceso. Hasta que eso sucedió, hubo dirigentes que pisaron el palito en el afán por no dejar escurrir el tema en épocas de campaña. El principal fue Scioli: defendió a su manera, con medias palabras, la aplicación de aquella ley. Sergio Massa consideró que sería perjudicial para el mundo empresario y la economía. La cara para salir del bochorno correspondió a Vanoli, un dirigente de la tercera línea.

Los verdaderos responsables se sumieron en el silencio. ¿Por qué Vanoli? La explicación pretendió ser política y formal: “Porque la Presidenta encabezará en las próximas horas un acto en la Bolsa de Comercio”, confió un portavoz kirchnerista. No menos consistente esa respuesta que aquella pretensión de aplicar la ley antiterrorista.

Ni Cristina ni su Gobierno –como quedó claro anoche– desean desplazar del centro de la escena el combate contra los fondos buitre. De hecho, el supuesto vínculo de la imprenta Donnelley con un intento de los holdouts de provocar terror social se deshizo en horas cuando se advirtió que el fondo de inversión Barrick Rock, que la mandataria había ligado al litigante Paul Singer, favorecido con el fallo de Griesa, tenía una pequeña participación en la estatizada petrolera YPF. Pero el tambor lo continuaron percutiendo Héctor Timerman y Jorge Capitanich.

El canciller sostuvo que Estados Unidos no respondió aún la demanda planteada por la Argentina en la Corte Internacional de La Haya para discutir la afectación de la inmunidad soberana del fallo del magistrado neoyorquino. El Departamento de Estado, un día y medio después de la presentación, desestimó esa posibilidad. Cristina se apoyó durante el mensaje que dio por cadena nacional para sostener sus razones en la calificación de “extravagante” que la administración de Barack Obama estampó al fallo de Griesa cuando hizo una presentación en la Corte de su país en favor de la postura argentina.

¿Cómo entender, sin embargo, ese reconocimiento con la idea de insistir con la embestida en La Haya?

Hace mucho tiempo que demasiadas cosas del Gobierno parecieran estar conducidas por la lógica de la sinrazón.

Por Maximiliano Montenegro.

Cristina y Kicillof volvieron a sorprender a propios y extraños. Desde que surgió el escollo de los fondos Buitre, se encargaron de archivar la hoja de ruta trazada desde la devaluación de enero (nuevo índice de precios acordado con el FMI, Club de París, pago a Repsol, juicios del CIADI, etc), una agenda sin ‘mística’, forzada por la escasez de dólares. Sin trato con los Buitres, no es posible volver a pasar la gorra en el mercado internacional de capitales, así que Cristina parece ahora resignada a la nueva versión de ‘vivir con lo nuestro’ que le propone Kicillof.

La diferencia con el golpe de timón que aceptó en enero (cuando el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, asumió la responsabilidad del salto del dólar y la suba de tasas para cauterizar la sangría de reservas) hoy Cristina no está asustada, sino entusiasmada con el rumbo. La gesta anti buitre es la bandera soñada para el márketing político K. Un enemigo perfecto multipropósito: sirve para frenar los reclamos sindicales, demorar la pelea feroz por la sucesión dentro del peronismo y descolocar a una oposición que, para incomodidad del relato, aplaudía el anterior giro de la política oficial. Pero además, los Buitres son la amenaza ideal para justificar una realidad económica a esta altura inocultable, que combina recesión, altísima inflación, cepo al dólar y destrucción de empleos. La teoría de que (justo a nosotros) “el mundo se nos cayó encima” se había agotado. La épica es ahora más potente: los Buitres vienen por todo (el modelo, empleo, el petróleo, la ‘estabilidad’, el futuro), y de ahí la insólita dramatización con la ley antiterrorista.

Al margen de tanta hojarasca, todos creían que Cristina había decidido llegar a diciembre de 2015 tratando de ordenar algunas cuentas y con una recuperación económica moderada en el último año de su gestión. Suponiendo que existiera tal voluntad, es evidente que el Gobierno no cuenta con margen político para encarar ninguna tarea (recortar subsidios a la energía y el transporte, achicar el déficit fiscal, reducir la emisión monetaria, anclar la inflación) que aligere los desafíos de la próxima administración. Pero nadie imagina que Kicillof haya convencido a la Presidenta de llevar a la práctica aquella consigna del troskismo de ‘cuanto peor, mejor’.

Todavía quedan optimistas que sospechan que la Casa Rosada jugueteará con la bandera anti buitre hasta enero, cuando expira la cláusula RUFO. Y si para entonces la economía continúa en el tobogán buscará una salida decorosa que le permita abrir una ventanilla de financiamiento con que reanimar al modelo.

Salvo un shock externo de dólares, no hay motor del crecimiento que el Gobierno pueda encender en el próximo año. Ese ingreso de dólares extraordinario no ocurrirá. El viento de cola en lo comercial ya no soplaría tan favorable: la soja en Chicago sigue con tendencia a la baja en los contratos de futuros; la demanda de Brasil continua enfriándose; y el atraso cambiario mantiene planchadas a las exportaciones industriales.

El INDEC de Kicillof volvió a las andadas y de nuevo dibuja los datos de inflación. Aún así el IPC oficial acumula 16,7% en los primeros 7 meses del año y se comió ya gran parte de la suba del 26% del dólar oficial en lo que va del año. Según la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación enero-julio fue del 25,4%, así que al menos en la Ciudad casi todo estaría tan caro en dólares como antes de la devaluación de enero. Si el Gobierno utiliza el dólar oficial como única ancla de expectativas, como ocurrió en el último mes, el atraso cambiario se profundizará, junto con la caída de las exportaciones.

Tampoco hay chance de reactivar el consumo con los salarios y las jubilaciones corriendo por detrás de los precios. La medición interanual de la Ciudad de Buenos Aires a julio arroja una inflación del 39,8% (41,5% para alimentos), casi 10 puntos arriba del promedio de mejoras salariales. No es mucho lo que pueda hacerse con la política fiscal para contrarrestar la tendencia. Cristina dijo en cadena nacional que, “como los empresarios no la ponen” (plata para la inversión), el Estado debe hacerse cargo y anunció un programa (Repro y empleo joven) que representa unos $ 3000 millones. Suponiendo que no existiera burocracia, corrupción y otras ‘ineficiencias’ y todo ese dinero llegara al bolsillo de los ciudadanos representaría apenas un 0,1% de un consumo anual valuado en u$s 300.000 millones.

El Gobierno tampoco debiera esperar un shock de inversiones directas como motor del crecimiento.

En este escenario de recesión con alta inflación (que en el mejor de los casos se prolongará), habrá que monitorear de cerca el proceso de dolarización acelerado por las señales enviadas en las últimas semanas por Kicillof: pateó el tablero de la negociación de los bancos con los buitres, forzó a Fábrega a bajar la tasa de interés justo cuando se dispara la emisión monetaria para financiar al fisco, impulsa el proyecto de ley de abastecimiento para controlar a las empresas, el dólar oficial fijo para contener la disparada del blue, y más cepo al dólar con restricciones a las importaciones. Todas medidas que redundan en una mayor demanda y/o desalientan la oferta de dólares. Los que intentan racionalizar las decisiones de Kicillof hablan, generosos, de un plan.

Bajar tasas y financiar más gasto público para intentar sostener el nivel de actividad. La ley de abastecimiento no solo para controlar precios mientras se cierran las importaciones sino también para presionar al campo y otros sectores para que vendan sus dólares. Sería un plan para vivir con una escasez crónica de divisas hasta el final de mandato, aceptando que habrá que enfrentar más inflación y presiones para devaluar. Algo así como ponerse el casco.

Por Ana Baron.

Con el proyecto de ley anunciado ayer por la Presidenta, Argentina volvió a transgredir el fallo del juez Thomas Griesa, a quien le resultara ahora muy difícil no declarar al país en desacato.

Los fondos buitre ya han dicho en múltiples ocasiones que si Argentina propusiera un cambio de jurisdicción para el pago de los tenedores de bonos que ingresaron en el canje de 2005 y 2010, pedirán que sea declarada en desacato. En los últimos tiempos, el Congo fue el único país que fue declarado en desacato por un juez norteamericano debido a que se negó a pagar un fallo establecido en favor de un fondo de inversión, FG Hemisphere. El juez Richard León impuso sanciones económicas que llegaron a US$ 2.000.000 cuando fueron ratificadas en marzo del 2011. El gobierno de EE.UU.presentó un amicus curiae en favor del Congo argumentando que las sanciones económicas a un soberano interfiere con la política exterior estadounidense.

Pero fue en vano.

De hecho, el acta de inmunidades de soberanos extranjeras conocida por sus siglas en ingles FSIA, autoriza sanciones contra soberanos para este tipo de casos.

Si bien el caso de Argentina es diferente al del Congo, no hay duda que en el menú de opciones con las que cuenta Griesa para sancionar a la Argentina -si es que la declara en desacato- están las económicas.

Sin duda, Argentina apelara cualquiera sea la sanción y hay quienes piensan que el caso podría volver a la Corte Suprema.

Esta corresponsal sin embargo no pudo encontrar ningún caso en los que un funcionario de un país haya sido sancionado por desacato. Sí hay sanciones previstas para los abogados que actúan en forma contraria a las reglas de juego de una Corte. Ese fue el caso de Jonathan Blackman, el abogado de Argentina que fue sancionado en el marco del caso que opuso los fondos buitre al Congo.

Más allá de lo que pueda suceder en la corte de Griesa, no hay dudas que los tenedores de bonos que ingresaron en el canje deberán decidir si aceptan o no el cambio jurisdicción propuesto por la Argentina. “Los fondos menos especulativos, más conservadores, no van a poder aceptar el cambio de jurisdicción”, dijo el abogado Marcelo Etchebarne. En efecto, de acuerdo a los contratos que firman los fondos de inversión como Franklin Templeton o Fidelity con sus clientes, sería imposible el cambio de jurisdicción.

Esto significa que, con su decisión, la Presidenta está favoreciendo a los fondos más especulativos, esos a los que más cuestiona.

Demás está decir que los fondos buitre rechazarán ingresar en canje que reabrió ayer Cristina con las mismas condiciones de 2010. Después de 10 años de litigio, todo indica que no aceptarán nada que no se acerque al 100 por ciento de la deuda.