Por Carlos Pagni.

Cristina Kirchner sigue empeñada en configurar la escena pública sobre un formato que resulta invalorable para los liderazgos populistas. Todos los problemas deben imputarse a un enemigo externo que, en su infinita sagacidad, se sirve de agentes locales para alcanzar sus objetivos.

Los holdouts prestan, entonces, un excelente servicio. Quienes hoy formulan exigencias o críticas al Gobierno pueden ser presentados como sus títeres. Se consuma así el último deseo de la mentalidad autoritaria: quitar legitimidad a las conductas que obstaculizan la voluntad del que manda. Cualquier resistencia, en vez de estar centrada en sí misma, enmascara un interés no confesado. Sólo existe un conflicto verdadero. Patria o buitres. En esa oposición debe subsumirse toda la política. La estrategia se vuelve más tentadora cuando crece la escasez y se multiplican las demandas.

Sería incorrecto, sin embargo, considerar que el discurso oficial sobre la deuda es mero oportunismo. Las decisiones que viene tomando la Presidenta forman parte de un plan que ella misma explicó el 26 de agosto del año pasado. Ese día adelantó que haría prohibir por ley el pago de sentencias favorables a los holdouts y prometió a los tenedores de bonos reestructurados que les ofrecería reemplazar esos títulos por otros similares, sólo que pagaderos en Buenos Aires.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof están considerando en estos días ese último tramo del programa. Deben sortear un problema delicado. Si proponen un canje convencional habrán admitido que el Griesafault es, en realidad, un Kicifault. Por eso, el ministro de Economía pidió a sus abogados un procedimiento por el cual el pago en Buenos Aires no signifique una reestructuración de la deuda.

En otras palabras, una fórmula por la cual los papeles que se ofrezcan no reemplacen a los que se entregaron en los canjes. Serían un instrumento de pago transitorio, porque el día que se termine el diferendo los bonos de los canjes mantendrían su validez. Por lo tanto, la nueva sede de pago tampoco implicaría un cambio de jurisdicción. Algunos especialistas aconsejan que, para que la propuesta sea atractiva, habría que incorporar una nueva cláusula RUFO.

Al Gobierno le resulta difícil encontrar una instancia judicial que permita dar la sensación de que el proceso continúa, aun en jurisdicciones no previstas en el contrato que dio motivo al pleito. Estados Unidos rechazó la demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Un diplomático de Washington ironizó: "Si Griesa es un juez municipal, deberían quejarse ante Bill De Blasio, el alcalde de Nueva York". Se burlaba de la caracterización de Raúl Zaffaroni, casi seguro candidato kirchnerista en las próximas elecciones.

En las últimas horas se analizó la posibilidad de consultar a otro tribunal internacional. La CIJ también está vedada porque la Carta de las Naciones Unidas no prevé que ese tipo de requerimientos sean realizados por países. Algunos expertos aconsejan recurrir al Comité Jurídico Interamericano, un órgano de la OEA con sede en Río de Janeiro, que sí emitió opiniones a pedido de países. Por ejemplo, en 1996, a solicitud de México, descalificó la ley estadounidense Helms-Burton, dirigida contra transacciones de terceros con Cuba.

La Presidenta exige ser vista como una Juana de Arco llamada a refundar el capitalismo. Pero hay que reconocer que no se apartó un milímetro del curso de acción definido en agosto del año pasado. Hoy se sabe, por infidencia de algunos funcionarios, que cuando reemplazó a Hernán Lorenzino por Kicillof estaba pensando en la batalla por la deuda. Son constataciones relevantes. Indican que es muy improbable que el Gobierno vaya a reconocer el reclamo de los holdouts después de enero, cuando la cláusula RUFO esté vencida.

Hay muchos actores del sistema financiero a los que les cuesta convencerse de esta posibilidad. Suponen que Cristina Kirchner pagó a Repsol, al Club de París y a los acreedores del Ciadi, porque se encaminaba a resolver su crisis de reservas endeudándose en el mercado. Una solución imposible sin un acuerdo con los holdouts. Les cuesta pensar que ella cumplía con aquellos compromisos sólo para que la Corte norteamericana la salvara del default. Que pagaba las deudas que le parecían "justas" para no tener que pagar la que considera "injusta". En la posición de esos financistas influyen también algunos funcionarios. No sólo Jorge Capitanich pidió a Eduardo Eurnekian que haga una colecta para pagar la sentencia, como el propio Eurnekian acaba de insinuar.

Carlos Zannini intentó contratar a la agencia de inteligencia Black Cube para negociar en secreto con Paul Singer, el titular del fondo NML. Y Miguel Galuccio promete a sus amigos de Wall Street que Kicillof se sentará con los acreedores en enero. Tal vez lo haga en defensa propia: a YPF le costará conseguir inversores en el contexto actual.

Entusiasmados por esas señales confusas, grandes tenedores de bonos reestructurados, que necesitan que Griesa reponga el stay para cobrar sus acreencias, recurrieron a tres bancos para comprar a Singer el 80% de sus derechos. Pero chocan con dos problemas. Primero: no hay señales de que el Gobierno mejore demasiado su oferta de US$ 300 millones. Segundo: nada garantiza que los acreedores más pequeños acepten el arreglo. Por eso hasta el viernes por la tarde el "acuerdo entre privados" era tan escurridizo.

Kicillof festeja esas dificultades porque está muy cómodo en el papel de escudero de su jefa. Ni en el más luminoso de los sueños imaginó que un líder peronista le cedería las más diversas áreas de la administración, para que testeara sus elucubraciones universitarias sobre el banco de pruebas de la economía nacional.

Además, el litigio con los "buitres" es una excusa para seguir negando las patologías endógenas de la política oficial. La polémica con Héctor Méndez, el titular de la UIA, el jueves pasado, dejó al desnudo la rudimentaria estrategia del kirchnerismo frente a la recesión. Méndez atribuyó la falta de inversión a dificultades muy anteriores al default: corralito, prohibición de exportar dividendos, costos en aumento, etc. Se basó en un informe de la propia UIA, que detectó en mayo una caída del 5,3% en la actividad industrial.

El Gobierno admite la crisis. Carlos Tomada acaba de lanzar un programa por el cual el Estado, a pesar de que en el segundo trimestre aumentó su gasto en un 41% interanual, pagará una parte de los sueldos de las empresas en dificultades. Así y todo, Kicillof contestó a Méndez que "para los problemas inventados hay que buscar un psicólogo". Pero el argumento canónico lo ofreció el laboralista Héctor Recalde, papá del presidente de Aerolíneas, Mariano: "A mí me preocupa que hay buitres internos. Pelear contra buitres externos es lógico, pero que en nuestro país haya que pelear con algunos dirigentes es insólito". Recalde reintrodujo a Méndez en la clasificación oficial: patria o buitres.

LA MISMA JAULA

Dentro de poco entrarán a la misma jaula los sindicalistas que protestan por la caída del salario. O los colegas criollos de Griesa, que también traen dolores de cabeza a la Presidenta. Mientras ella y Kicillof se distraían con la Corte de La Haya, las novedades se producían en los tribunales de Comodoro Py. La misma jueza que identificó al nieto de Estela de Carlotto, María Servini de Cubría, procesó a la ex secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, por pagar viajes con fondos públicos, y al ex secretario de drogadicción Ramón Granero, por el tráfico de efedrina. Servini también allanó la AFA, en busca de documentación sobre el reparto del dinero de Fútbol para Todos. Por su lado, Claudio Bonadio procesó a Amado Boudou por adulterar un auto modelo 92 para estafar a su ex mujer en un juicio de divorcio. En la maniobra participó, según Bonadio, otra ex pareja de Boudou, Agustina Seguín, figura de reparto en el escándalo Ciccone: gerenciaba los viajes que el socio y el hermano del vicepresidente pagaban con la caja negra The Old Fund.

Ariel Lijo, que dictó el primer procesamiento de Boudou, estaría por producir otros sinsabores. Investiga si el financiamiento del proselitismo de Cristina Kirchner en 2007, en el que los principales mecenas fueron droguerías vinculadas con el tráfico de efedrina, dio lugar a lavado de dinero. Los peritos de la Corte habrían emitido un dictamen lapidario. No debería descartarse que el juez llame a indagatoria al recaudador de esa campaña, Héctor Capaccioli, quien al mismo tiempo era el superintendente encargado de controlar a los laboratorios. Si la Presidenta sospecha que el avance sobre Boudou la tiene a ella como último objetivo, corroborará sus presunciones en el activismo de los jueces federales. Una bandada difícil de atrapar.

Por Néstor O. Scibona.

Según datos oficiales, los argentinos (no todos, obviamente) atesoran unos 200.000 millones de dólares en cajas de seguridad, cuentas bancarias en el exterior, "colchones" y otros escondrijos caseros. Incluso, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina llegó a decir hace dos años que la Argentina era (después de Rusia) el país fuera de los EE.UU. con mayor circulación de billetes de dólar per cápita, sobre la base de incomprobables cifras estimativas, ya que no todos están declarados.

Con esos números a la vista, es una paradoja que la principal amenaza para la economía sea la escasez de dólares, agravada ahora por el nuevo default a raíz de una deuda que -al margen de sus riesgosas derivaciones judiciales, financieras y políticas- resulta inferior al 1% de aquel monto y al del total de la deuda pública reestructurada.

La pregunta es por qué aquellos 200.000 millones de dólares, que equivalen a casi la mitad del actual PBI de un año, se mantienen fuera del circuito económico formal y, en una alta proporción, al margen de cualquier forma de ahorro institucionalizado. La respuesta es que son la contracara de la desconfianza en el manejo -pasado y presente- de la economía, sobre todo cuando recrudece la inflación. En menos de cuatro décadas, la moneda argentina perdió 13 ceros y convirtió de hecho al dólar en la moneda de referencia, además de un refugio para quienes no estaban dispuestos a invertir sin altos retornos asegurados. Para más datos, la desvalorización del peso durante la gestión de Cristina Kirchner hizo que el billete de máxima denominación (100 pesos) haya pasado de equivaler a 30 dólares en 2007 a 12 en la actualidad al tipo de cambio oficial (y a apenas 7,80 al tipo de cambio paralelo).

Aunque la fuga de capitales no es un fenómeno nuevo, se intensificó durante la segunda mitad de la era K. Había sido casi inexistente en el período 2003/2007, época de superávits gemelos (fiscal y externo), tipo de cambio real alto y elevado crecimiento del PBI. Pero a medida en que esos pilares se iban desmoronando, subía la inflación (jibarizada por el Indec) y avanzaba el intervencionismo en la economía, la fuga superó los 80.000 millones de dólares hasta la aplicación del cepo cambiario, que frenó el ingreso de dólares financieros y la inversión externa, además de recrear el mercado paralelo del dólar.

Una prueba elocuente de la desconfianza en la actual política económica es el fracaso del blanqueo de dólares que, tras sucesivas prórrogas, rige hasta el 30 de septiembre, si bien el anuncio presidencial de relanzar el casi inexistente mercado de Cedin hace suponer que ese plazo no será el último. Aunque es gratuito, ni siquiera atrajo a los evasores para los que hace diez años Néstor Kirchner prometía "traje a rayas" y su esposa redime a cambio de divisas para tratar de reanimar al desfalleciente mercado inmobiliario. En más de un año sólo ingresaron 854 millones, apenas la quinta parte del blanqueo de 2009 (US$ 4000 millones), por el que había que pagar alícuotas diferenciales. Más decepcionante es el resultado de su otro instrumento, el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético, cuya suscripción, a pesar de reconocer una tasa de interés de 4% anual, no llega a 100 millones. Un monto insignificante frente a planes de inversión en el sector que, sólo en el caso de YPF, implican 7500 millones anuales hasta 2017.

Más allá de la dudosa estrategia oficial de politizar y judicializar internacionalmente el conflicto con los fondos buitre, el "juez municipal" Griesa y los bancos estadounidenses, el gobierno de CFK también cerró con el default la puerta a conseguir dólares prestados en los mercados a tasas medianamente civilizadas. Y tiró la llave hasta nuevo aviso, a cambio del rédito político interno que por ahora le reporta este enfrentamiento. Si los títulos argentinos no se desplomaron, es porque los mercados no abandonaron la esperanza de un default transitorio hasta comienzos de 2015 (cuando haya vencido la cláusula RUFO) o de un acuerdo entre bancos extranjeros y los holdouts que ganaron el juicio para cerrar el caso. Pero a medida que pasan los días, la cancha aparece más embarrada.

El actual default difícilmente tenga efectos explosivos, pero sí progresivos sobre la economía real y el empleo privado. Cuanto más se extienda, más se hará sentir la falta de financiamiento externo sobre el sector público y privado. Y obligará al Banco Central a endurecer -y/o encarecer- la venta de dólares, como quien debe administrar el agua de un tanque donde entra menos que la que debería salir.

Ya lo saben por experiencia las empresas que importan equipos, insumos y repuestos para la actividad productiva o comercial. Sus permisos previos de importación (DJAI) ahora están además sometidos al doble filtro de la Secretaría de Comercio Exterior y de la AFIP. Miguel Ponce, gerente general de la Cámara de Importadores (CIRA), agrega además otros datos preocupantes. Por un lado, las reservas del BCRA (algo menos de 29.000 millones de dólares) incluyen 4000 millones de importaciones ya concretadas con pago diferido. Por otro, la financiación de los vendedores se está reduciendo desde 110/90 días a sólo 30 y, en algunos casos, en especial para pymes, se exige el pago cash o por adelantado.

En el sector también crecen las dudas sobre la posibilidad de que, con el default, pueda utilizarse el swap de monedas con China para no utilizar dólares y cuyas cláusulas todavía permanecen en secreto. También preocupa que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo haya vuelto a ubicarse en torno de 55% porque eleva el costo de reposición. Quienes disponen de stocks, tienden a subir preventivamente los precios aunque la demanda se retraiga.

Los exportadores, a su vez, enfrentan el mayor costo de las prefinanciaciones, que se multiplicó por tres desde niveles de 7/9% anual, lo cual afecta la competitividad de muchos sectores industriales.

El deterioro del superávit comercial argentino (28% en el primer semestre) se ve agravado por el déficit energético, que creció 7% interanual y resta divisas para otras importaciones. Frente a compras externas de 14.000 millones de dólares anuales en gas y combustibles, ya era llamativo que la única campaña de ahorro de energía eléctrica del gobierno de CFK haya sido años atrás la distribución gratuita de dos lámparas de bajo consumo por vivienda. También lo es ahora, ya que ese tipo de lámparas deben importarse -no se fabrican en el país- y el precio promedio de cada una ya supera a la factura promedio de electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires, donde los subsidios no dejan de crecer y alimentan el déficit fiscal.

Con este marco, suena a expresión de deseos la advertencia de CFK de que quien crea que guardando dólares no va a ganar, sino que va a terminar perdiendo. Al fin y al cabo, los ciclos de stop & go de la economía argentina fueron producto de la restricción externa (escasez de dólares), que ahora se agudiza con el default (más la perspectiva de abundancia de pesos para tratar de atenuar la recesión). Y todo lo que es escaso, tarde o temprano, termina por encarecerse.

Por Joaquín Morales Solá.

Cuatro iniciativas privadas para sacar al país del default tropezaron con el rechazo del Gobierno. Cristina Kirchner y Axel Kicillof prefirieron, en cambio, plantear una innecesaria crisis diplomática con los Estados Unidos. La jurisdicción del tribunal de La Haya fue descartada desde el principio hasta por reconocidos juristas argentinos, como Luis Moreno Ocampo. Pero el Gobierno parecía interesado en prorrogar el conflicto. ¿Hasta cuándo? ¿Acaso hasta que toda la deuda argentina estuviera en default? Si se mira el curso de las cosas, el Gobierno parece estar contento mientras más se adentra en el default.

Es posible que esté decidiendo sobre el caso según las mediciones de opinión pública. Como Marcelo Tinelli, respeta el rating según el minuto a minuto. Pero eso también es relativo. Un funcionario con acceso a casi todas las encuestas de los últimos días aseguró que no hubo grandes cambios a favor de la Presidenta después del default selectivo. La sociedad está más asustada que exaltada por el falso patriotismo, explicó.

El Gobierno hace otra cosa: trata de cubrir los desastres de una economía en decadencia detrás de las máscaras del juez Griesa y los fondos buitre. Encontró de pronto que podía cambiar el curso y el ritmo de las cosas. Se terminó la melancolía del crepúsculo.

Ahora hay una razón para luchar y para vivir.

Demandar en La Haya a los Estados Unidos, porque un juez de Nueva York falló contra la Argentina, significa la deserción deliberada de la diplomacia. Si fuera cierto que Barack Obama puede hacer algo con el juez Griesa, una intensa gestión diplomática debió ser el primer camino elegido. Ahora bien, ¿por qué Obama podría contener a Griesa si Cristina Kirchner no pudo controlar a los jueces argentinos Ariel Lijo y Claudio Bonadio que, en poco más de un mes, procesaron dos veces por corrupción y deshonestidad a su vicepresidente, Amado Boudou?

Con todo, si la teoría de la Presidenta fuera cierta, lo que el Gobierno necesitaba, y no tiene, son interlocutores confiables con Washington. No lo es Héctor Timerman, vacío y provocador; ni tampoco lo es la embajadora en los Estados Unidos, Cecilia Nahón, célebre por la absoluta nulidad de su gestión. Con Washington no hay una relación buena o mala. No hay relación. Puede ser, con todo, que a partir de los días recientes esa distancia haya entrado en un punto de no retorno. El viernes, los norteamericanos se negaron a hacer diplomacia frente a los jueces de La Haya. Asunto terminado.

Kicillof, el hombre fuerte del Gobierno, es igual que Guillermo Moreno. El ministro es más joven que el ex hombre fuerte del cristinismo y tiene algunos grados más elevados de urbanidad. Pero es tan autoritario, terco y arrogante como lo era Moreno. ¿Qué lleva a Cristina Kirchner a parapetarse detrás de semejantes personajes? ¿Qué sensación de fragilidad propia la empuja a buscar tales protecciones? ¿Qué le pasa a la Presidenta que ha perdido hasta los sensores de poder que había heredado de su marido muerto? Muchos integrantes del Gobierno están cansados ya de ser convocados para aplaudir discursos que no conocen de antemano y que no comparten después. Muchos buscan una puerta de salida, pero no la encuentran sin correr riesgos. Los acecha el peligro de una venganza soviética. Autoritarismo e ineficacia vienen siempre juntos.

Es cierto que Griesa dejó en el limbo el problema de los holdouts. No ejecutó la sentencia. Congeló los fondos girados por el gobierno argentino al Bank of New York, pero no permitió que se les pagará ni a los bonistas reestructurados ni a los fondos buitre. A nadie. Al juez, seguramente, le llegan versiones de que hay interesados en resolver el problema. Deja pasar el tiempo. Las criticas a él, sobre todo las que surgen desde su propio país, influyen en su irresolución. Irresolución en los actos; dureza y enojo en las palabras.

La crítica más dura la recibió Griesa de parte de Anne Krueger, la ex mandamás del Fondo Monetario, que acaba de asegurar que el fallo del juez hará en el futuro más difícil la reestructuración de las deudas de los países en crisis. Krueger fue en su momento demonizada por el kirchnerismo, pero resulta que su teoría hubiera salvado ahora al gobierno de Cristina Kirchner. Según Krueger, una mayoría calificada de acreedores de un país en crisis, que aceptara una reestructuración de deuda, debería hacer obligatoria la aceptación para la totalidad de los acreedores. Esa idea de Krueger fue duramente atacada por el kirchnerismo en su momento. El kirchnerismo es así. Dispara y destruye sin saber por qué.

Griesa no intuye mal. Hay, y hubo, interesados en resolver el conflicto del default. Sin embargo, Kicillof está más interesado en perpetrar un golpe de Estado en el Banco Central, deponer a Juan Carlos Fábrega y nombrar ahí a alguno de sus incondicionales. Está empujando de mala manera a Fábrega cuando dice que la gestión de los bancos nacionales para colocar una garantía de 250 millones de dólares en el juzgado de Griesa (que hubiera permitido una suspensión de la decisión judicial y evitado el default) fue una "operación berreta".

Esa operación fue pedida por el Gobierno y, por lo tanto, autorizada por el mismo Gobierno a través de Fábrega. Hasta se metió Jorge Capitanich con sus propios intereses. También compartió esa estrategia el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Pero la cara más seria frente a los bancos fue la de Fábrega. La confirmación de que la gestión de los bancos nacionales fue avalada por la administración cristinista vino del presidente del Banco Ciudad, Rogelio Frigerio. "El Gobierno sabía todo", aseguró. El Banco Ciudad es miembro de Adeba, la entidad que agrupa a los bancos nacionales.

También antes del día del default, el 30 de julio, cuatro bancos internacionales (JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America y UBS AG) intentaron una negociación con los holdouts, pero se encontraron sin el respaldo de la administración argentina. Hasta el último fin de semana, JP Morgan, Citigroup y el financista David Martínez, con importantes inversiones en el país, buscaron un acuerdo con los holdouts mediante una garantía en el juzgado de Griesa. Tropezaron entonces con la estrategia de radicalizarse del gobierno argentino. Ya no le preocupa la cláusula RUFO, como había dicho al principio; ahora decidió que nunca pagará más que lo que concedió en los canjes de 2005 y 2010. Son miles de millones de dólares de diferencia que ningún banco asumirá como un quebranto garantizado de antemano.

La última gestión la hizo en solitario Goldman Sachs. Habló con más de 200 titulares de juicios contra la Argentina. Proponía comprar todos los juicios por unos 9500 millones de dólares (significan ahora unos 15.000 millones de dólares), pero necesitaba la garantía de que luego de diciembre el gobierno argentino le entregaría bonos por la cantidad pagada. El Gobierno se encerró en su nueva estrategia. Ni un dólar más que lo acordado en los canjes anteriores. Las resoluciones de Griesa y de las otras instancias de la justicia norteamericana no existen. Sólo existe la voluntad de Cristina y de Kicillof. El país gira alrededor de esa incertidumbre. ¿Raro? No. Los argentinos nunca saben de qué estará hecho el futuro.

Griesa no es el culpable de los males de la economía. Antes de su irrupción, la Argentina cristinista ya padecía la escasez de dólares y una inflación que está más cerca del 40 que del 35 por ciento anual. Y ya se había abatido sobre la economía una recesión que profundizará la caída del PBI per cápita durante todo el segundo mandato de la Presidenta (-1, según el estudio de analistas privados). Felipe González suele decir que la gestión de un presidente debe evaluarse según una sola medida: si dejó más rico o más pobre a su país. Cristina Kirchner no podría pasar por esa prueba.

El default es un riesgo para el futuro próximo, pero no explica lo que está sucediendo ahora. Podría abrir en adelante las compuertas de una emisión monetaria récord en la historia de emisiones de la Argentina. La desconfianza externa condenará seguramente al Banco Central a dejar de comprar dólares, porque sencillamente nadie venderá dólares. Hay una novedad en la que nada tienen que ver ni Cristina ni Griesa: se están derrumbando los precios internacionales de la soja y el maíz. Según análisis preliminares, la caída de esos precios podría significar unos 11.500 millones de dólares menos en los ingresos de divisas al país en el año próximo.

Ninguna economía resiste tantas malas noticias sin provocar graves conflictos laborales y sociales. Un planteo inútil en La Haya, un discurso imaginario contra el extranjero o una torpe provocación no cubrirán los desastres de una derrota interna que ya sucedió.

Por Francisco Olivera.

Pasa casi todos los viernes a eso de las 20. Las luces del Palacio de Hacienda se empiezan a apagar y los empleados de planta, a retirarse. Alguien toma una guitarra criolla, preparan algo para picar y empieza el concurso. "¿Cuánto vale el choclo crema blanco lata de 350 gramos?", propone Augusto Costa, secretario de Comercio, a esa hora convertido en Silvio Soldán de viernes por la tarde. Es el conductor del sorteo: quienes acierten se llevarán alguno de los premios que el equipo ha decidido subastar: vinos, alguna prenda de vestir, todo lo que la consideración empresarial haya querido enviar a modo de gesto institucional.

La base del cuestionario es la lista de Precios Cuidados, plan que el Ministerio de Economía considera el gran éxito de su gestión. Si Axel Kicillof emerge como el Moisés de esa feligresía de académicos convencidos, aquel compendio de 320 productos de supermercado son las tablas de la ley. El de la guitarra acompaña como payador: va tejiendo, en la jineteada militante, coplas y rimas con las marcas y los artículos.

Así es un viernes común en los confines de Kicillof. Una atmósfera que contrasta con la de otras dependencias del Estado, donde cunden la inquietud por el futuro y la frialdad con que los trata Cristina Kirchner. Ha pasado inadvertido, pero Julio De Vido viene hace una semana emitiendo casi un comunicado por día contestando a todo, desde notas periodísticas hasta declaraciones de empresarios. Es su modo de marcar presencia. Anteayer le tocó a Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina. Con la excepción del ministro de Economía, el aislamiento es cada vez más evidente. Algunos miembros del gabinete se han habituado a cruzarse con la Presidenta sólo en actos públicos. Y así, lejos del fuego de las decisiones, arman alianzas entre pares. Viejo ardid en las organizaciones: compañeros que se defienden, cada uno a su turno, delante de la jefa.

El default fortaleció sólo a Kicillof. La crisis de la deuda obligó, por ejemplo, a anunciar soluciones que dependen o requerirán giros aprobados por el Palacio de Hacienda. Un psicólogo podría decir que el economista alcanzó con el incumplimiento su zona de confort. Hace algunas semanas, antes de las definiciones en Nueva York, un industrial le escuchó al ministro una queja ante el giro ortodoxo que ensayaba y que no le sentaba bien: "Al final arreglamos con Repsol, con el Club de París, y las inversiones no vienen", protestó.

Ese despecho parece haberle devuelto ahora la convicción. Las últimas negociaciones entre empresarios y banqueros para comprar parte de la deuda fueron detonadas públicamente, primero por él y 24 horas después por la Presidenta, que aludió a Jorge Brito: "Para ser San Martín no hace falta estar en un diario: hay que tener el caballo, el sable, el coraje y la honestidad", dijo.

Algunos banqueros nacionales ya se quejan en la intimidad del modo en que Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Central, presentó esa iniciativa privada. Las primeras advertencias de que una propuesta de bancos sobre los que el Estado argentino tiene acciones gatillaría la cláusula RUFO partieron del JP Morgan, una entidad internacional que, desde que le compró a Repsol los títulos de la indemnización, mantiene un buen diálogo con el Palacio de Hacienda. Y, hasta ahora, pese a las declaraciones de Eduardo Eurnekian, aquella oferta está fría, desarticulada y lejos de concretarse.

Las caras de estos días muestran nítidamente quién ganó la interna. Nada más elocuente que el gesto atribulado con que Fábrega esperaba en el hall del Aeroparque hace dos viernes, en plena controversia, un avión a Mendoza. Las apariencias no muestran en cambio a Kicillof como un ministro de Economía que ha entrado en cesación de pagos, sobrelleva una inflación superior al 35% anual y empieza a advertir, según las cifras del Indec, destrucción neta de empleo y caída en el consumo. Es el gran temor de los empresarios. "Que le hayan tomado el gusto al default", definieron ayer en una cámara.

La sociedad no acompaña estos desvelos. La imagen de la Presidenta tuvo un abrupto repunte desde que empezó la crisis de la deuda. Fueron, según cada encuestadora, entre 7 y 12 puntos adicionales a una imagen positiva que ya se ubica en torno del 45%. ¿Qué apuro tendría en cambiar? Cinco meses separan al Gobierno del día en que podrá convocar a los holdouts, ofrecerles un pago que no será mayor a ese 300% que juzga "ganancia justa y razonable" y decir, finalmente, que se aguantó el embate y se ganó la batalla, mientras se intenta corregir los males provocados por conjuras de buitres externos e internos. Nada mejor para diluir cualquier responsabilidad por un fracaso.

Cristina Kirchner es además bastante propensa a estas bravatas. El mismo día en que desacreditaba a Brito contó una reunión con Mauricio Macri. "Él nos dijo que con 1500 millones íbamos a poder saldar la deuda del Club de París. Luego, el ministro de Economía fue, negoció y consiguió pagar la mitad. Nos pidieron 1500 millones de dólares pero, bueno, pichuleando y sacando pudimos pagarla a la mitad." Desde Mendoza, Julián Domínguez contribuyó ayer a la epopeya: "La gesta de San Martín de hace 200 años es la lucha de hoy contra los fondos buitre", dijo el diputado.

La cantata del default tiene, sin embargo, otros perdedores implacables dentro del kirchnerismo. El primero es político, Daniel Scioli. El gobernador ya trabaja en cómo reemplazar, probablemente con impuestos, esos 500 millones de dólares con que pensaba financiarse al 12%. La otra víctima será económica: Miguel Galuccio, presidente de YPF, cuyo plan 2012-2017 preveía una inversión de 37.200 millones de dólares, 18% de los cuales esperaba obtener de financiamiento. Sin arreglo, deberá extremar una estrategia que conspira contra el consumo: precios de los combustibles por sobre la inflación.

Kicillof cree que estas consecuencias están sobrestimadas. "La Argentina no vive del crédito externo hace años -refutó ayer en conferencia de prensa-. Los bancos protestan porque se pierden comisiones. Claro, Wall Street no debe estar contenta porque hemos dejado de ser clientes."

Nunca tan claro. Es, a diferencia de sus pares del gabinete, un hombre de razonamientos lineales al que le cuesta mentir. El error de muchas corporaciones fue en estos días entender sus palabras a la luz de rebusques atribuibles a otros funcionarios. En ese sentido, Kicillof no parece kirchnerista. Difícil que, ante la última gran posibilidad como dirigente y mientras sus seguidores se permiten soñar con una candidatura, el guitarreo del default no le salga festivo y a una sola voz.

En los inicios del segundo mandato de Cristina Kirchner había varios funcionarios de su equipo conscientes de que, por la crisis energética, el país se quedaba sin dólares, aunque la soja valiera fortunas. El déficit fiscal crecía y la única salida era arriar discretamente la bandera del desendeudamiento y volver a los mercados internacionales. La alternativa eran la inflación galopante, el estancamiento de la economía, la caída del empleo y sus imprevisibles consecuencias sociales.

No había que ser un genio para hacer ese diagnóstico, que muchos economistas y ex secretarios de Energía hacían desde tiempo atrás. Se interpusieron el entonces viceministro Axel Kicillof y el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. ¡Papagayos!, gritaron, para silenciar a los presuntos endeudadores.

Moreno ya no es secretario y Kicillof ascendió a ministro. Y tal vez, releyendo su propia tesis doctoral, recordó que un tal Keynes recomendaba endeudarse y aumentar el déficit para suavizar la caída de la actividad en circunstancias como las que la Argentina enfrenta. Si seguía sólo con emisión, la inflación incendiaría el país. ¡Tenían razón los papagayos!

Pero se interpusieron los buitres, el Gobierno y su torpeza para manejar la derrota en un pleito que debió ganar. Conseguir financiamiento externo con el país ya no en default sino al borde del desacato de la justicia de Nueva York es imposible.

El jueves la Universidad de San Andrés reunió para que expongan sobre las perspectivas argentinas a tres profesionales de destacada solvencia y muy bajo perfil. José María Fanelli, Daniel Heymann y Daniel Marx tienen visiones muy diferentes de la economía en general. Que puedan compartir un panel habla de una Argentina posible, donde no es necesario que el otro sea de la misma secta para hablarle.

Lo preocupante es que, aunque seguramente con grandes diferencias en los matices, coincidieron en el diagnóstico, que podría resumirse parafraseando aquel viejo eslogan de Carlos Menem: estamos mal, pero vamos peor. La economía argentina necesita hacer una corrección, un ajuste que modere el consumo infinanciable. No lo hará el Estado, que está multiplicando el gasto. Entonces deberá hacerlo el sector privado, dijo Fanelli, quien prevé una caída muy importante del salario real, con preocupantes secuelas.

"Estamos en una encrucijada análoga a otras crisis, donde ciertas características de la economía pueden cambiar de forma persistente; el tipo de incertidumbre que afrontamos es ilevantable y resulta imposible hablar de certezas", analizó Heymann. "Si se nos juntan el problema posible de que fracase el canje de deuda, el poco dinamismo en las exportaciones y la inflación, no podemos pensar en una idea de país de mediano y largo plazo; y es un momento de decisiones reales a no tan largo plazo, pero que nos permitirán ver qué camino queremos transitar a futuro", agregó.

Marx explicó: "Si uno lograba abrir el camino del financiamiento, permitía por lo menos estabilizar la economía y que la gente no corriera cuando observara que las reservas caen. Pero en el medio apareció esta tormenta de los fondos buitre y en los últimos 60 días los precios de exportación de los productos tradicionales argentinos cayeron 20%. Si uno veía alguna forma de pasar el año que viene sin enormes turbulencias y resistencia a cambios adversos, hoy eso se pone mucho más complicado".

Para Marx, la agenda económica fue relegada por el Gobierno cuando comprobó que focalizar todo en el litigio judicial "le está dando crédito en términos de popularidad".

¿Y si el Gobierno paga? El ex ministro Domingo Cavallo cree que ya no es posible. Los especialistas dicen que la cláusula que obliga al país a dar a los que entraron al canje el mismo trato que a los buitres si se les paga sin quitas aplicaría sólo en acuerdos voluntarios, no si se cumple una condena. Pero el Gobierno se hartó de decir en solicitadas que si cumple la sentencia, se dispara la famosa cláusula RUFO. Cavallo dice que esa bravuconada sería aprovechada por los que sí entraron para demandar más dinero. Ahora los abogados argentinos dicen que no participaron de la redacción de, al menos, la última de la serie.