Por Joseph Stiglitz (*)

El 30 de julio, los acreedores de la Argentina no recibieron el pago semestral de los bonos que se reestructuraron después del último default del país en 2001. Argentina había depositado 539 millones de dólares en el Bank of New York Mellon pocos días antes. Pero el banco no pudo transferir los fondos a los acreedores: el juez federal de los EE.UU. Thomas Griesa había dictaminado que Argentina no podía pagar a los acreedores que habían aceptado su reestructuración hasta que no pagara la totalidad de la deuda -incluidos los intereses vencidos- a los que la habían rechazado. Los medios calificaron esto de default argentino pero el hashtag de Twitter #Griesafault fue mucho más acertado.

Los defaults soberanos son hechos comunes con numerosas causas. En el caso de la Argentina, el camino hacia su cesación de pagos de 2001 se inició con el crecimiento sideral de su deuda soberana en los 90, que se produjo paralelamente a reformas económicas neoliberales del “Consenso de Washington”. El experimento fracasó y el país sufrió una profunda crisis económica y social, con una recesión que duró de 1998 a 2002.

Argentina reestructuró su deuda en dos rondas de negociaciones, en 2005 y 2010. Más del 92% de los acreedores aceptaron el nuevo acuerdo y recibieron bonos canjeados y bonos indexados por el PBI. La economía tuvo un gran crecimiento, de modo que los bonos indexados por el PBI tuvieron un interesante rendimiento. Pero los llamados inversores buitres vieron la oportunidad de obtener ganancias aún mayores. NML Capital, subsidiaria del fondo de cobertura Elliott Management, cuyo dueño es Paul Singer, invirtió 48 millones en bonos en 2008; gracias al fallo de Griesa, NML Capital debería recibir ahora 832 millones -un retorno del 1.600%-.

El pago de la deuda en los términos de Griesa devastaría la economía argentina. NML Capital y los otros buitres representan sólo el 1% de los acreedores, pero recibirían un total de 1.500 millones de dólares. Como la reestructuración de la deuda estipulaba que todos los acreedores que la aceptaran podían exigir los mismos términos que reciben los holdouts, Argentina podría estar obligada a pagar 140.000 millones de dólares.

El Griesafault terminará teniendo un alto precio -menos para la Argentina que para la economía mundial y países que necesiten acceso al financiamiento externo-. Estados Unidos también saldrá perjudicado. Sus tribunales han sido una farsa: como señaló un observador, es evidente que Griesa nunca midió la complejidad de la cuestión. El sistema financiero de Estados Unidos ha extendido sus afanes al resto del mundo. Los prestatarios soberanos no confiarán en la imparcialidad de la justicia de Estados Unidos. El mercado de emisión de este tipo de bonos se trasladará a otros países.

(*) Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia. Martín Guzmán es coautor.

Traducción: Elisa Carnelli

Por razones de espacio, en esta columna se reproducen párrafos de un texto más extenso

Por Cristian Folgar.

Cristina optó por “malvinizar” la cuestión de los holdouts. Desde su perspectiva esto tiene su lógica. Prefiere que se hable de los fondos buitres para intentar sacar del centro de la escena a la recesión, a la inflación, a los problemas del empleo o a la inseguridad. Cristina se siente cómoda en ese terreno. La culpa de todo los males de la economía ahora la tienen los fondos buitres. Para el cristinismo lo importante no es resolver los problemas de la gente, lo relevante es encontrar a quien echarle la culpa.

Parte del gobierno acusa a Griesa de ser parcial en favor de los “enemigos de la patria”, el problema es que el fallo de este juez fue confirmado por la Cámara de Apelaciones respectiva y la Corte Suprema de EE.UU. no consideró motivos para tomar el caso. Hoy Argentina no está desconociendo el fallo de un juez, está desconociendo al sistema judicial de EE.UU., jurisdicción que vale recordar nuestro país eligió libremente no sólo para los bonos en litigio sino para toda otra serie de bonos emitidos post canje.

El fallo de Griesa puede ser bueno o malo, pero esta firme. El gobierno perdió la disputa judicial. Todos los argumentos, que con razón se pueden dar en contra de los fondos buitres y del fallo de Griesa, no hacen mas que dimensionar la incompetencia del gobierno en esta materia. Si tanta razón tenemos, si tanto apoyo tenemos ¿Por qué perdimos el juicio?. El gobierno en su desesperación por encontrar argumentos se encierra solo, nos quieren hacer creer que son buenos defendiendo los intereses de la República quienes pierden juicios en los cuales tenemos razón y todos nos dan la razón, menos los jueces. ¿Quién llevó adelante la defensa del país? Cristina lo hizo.

Pero aquí se agrega otra dimensión al análisis. Quienes hoy tienen bonos con jurisdicción extranjera ¿Qué mensaje reciben?. Que la Argentina no va a respetar fallos que no nos convengan o no nos gusten.

YPF y Chevron firmaron un acuerdo con prorroga de jurisdicción hacia tribunales franceses. ¿Qué mensaje le mandamos a Chevron? Que si tiene una disputa con YPF y en Francia obtienen un fallo a su favor, el gobierno argentino no va a acatar ese fallo por los argumentos que en su momento el funcionario de turno sabrá encontrar.

¿Que mensaje le mandamos a China? En los recientes acuerdos que se firmaron con China, el gobierno aceptó la jurisdicción de Inglaterra para dirimir potenciales conflictos. Aquí conviene hacer un comentario aparte, ¿Los “pibes para la liberación” dejaron en manos de los “piratas colonialistas” la solución de un potencial conflicto con China?. Es tal la desintegración política del cristinismo que hoy le podríamos aplicar la famosa frase del gran Alfredo Di Stéfano: “No le pedimos que atajen las pelotas que van adentro, sólo le pedimos que al menos no se metan las que van afuera”.

Con esta conducta lo que le estamos diciendo a potenciales bonistas o inversores es que los fallos de cualquier tribunal, de cualquier sistema judicial o arbitral, sólo lo vamos a acatar, si Cristina quiere.

Esto en alguna medida honra la historia del cristinismo. Si Cristina no acata los fallos de la Corte Suprema local, ¿Por qué se sometería a otro sistema judicial? En el plano local si un fiscal quiere llevar adelante una investigación “incómoda” para el gobierno, la primer reacción del cristinismo es intentar tirarlo por la ventana. Si un juez, una Cámara o la Corte Suprema fallan en contra del gobierno, se los tilda de destituyentes.

En el fondo el problema no es el fallo de Griesa. Si acordamos con los buitres no vamos directo al paraíso. Si entramos en default técnico (o como se lo quiera denominar) tampoco vamos derecho al infierno. El problema son las inconsistencias macroeconómicas autoinfligadas: La inflación, la pérdida de competitividad de la industria, la pérdida de empleos, la baja calidad del gasto público y el déficit del sector público son los verdaderos problemas que enfrenta la población todos los días.

El cristinismo, en lugar de encontrar soluciones a los problemas de la gente, se las sigue ingeniando para abrir nuevos conflictos que terminan en menor o mayor medida complicando la vida del ciudadano común.

A esta altura de los acontecimientos, de poco sirve intentar reeditar la dicotomía “Braden o Perón”. Aquella vez quizás Perón era parte de la solución. Hoy Cristina es parte del problema.

Por Bernardo Saravia Frías.

El Gobierno inició ayer un procedimiento contra los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de las Naciones Unidas. Detrás de la retórica, el argumento elemental es que Estados Unidos habría violado la soberanía argentina, al permitir que su poder judicial dicte medidas que vulneran su voluntad de reestructurar la deuda externa.

En virtud de las reglas de esa Corte, nada se puede hacer hasta tanto los Estados Unidos acepte expresamente someterse a su jurisdicción, algo más que improbable. Un nuevo fuego de artificio de una estrategia que se ha caracterizado por la incuria y el magro profesionalismo.

Se pierde de vista un hecho capital: el Gobierno argentino se sometió voluntariamente a la jurisdicción de los estrados norteamericanos. Por conveniencia, claro, porque se aseguraba de ese modo crédito más barato que si se hubiere elegido otra jurisdicción menos confiable para los inversores.

Luego de largos años, una sentencia que pasó por el cedazo de todas las instancias judiciales, incluido un rechazo de su Corte Suprema, quedó firme. Durante el proceso se repitieron tozudamente argumentos de escaso contenido jurídico, en combinación con una verba pugnaz, que en nada ayudó a los intereses del país.

Todos los esfuerzos desordenados de los últimos días debieran haberse llevado adelante mientras duró el proceso. Ahora es tarde. La cosa juzgada puso fin a la controversia. No queda más que honrar lo más dignamente posible la palabra empeñada.

La acción ante la Corte Internacional de Justicia pretende continuar un proceso perimido por una tangente. Desaprovechamos el tiempo y ahora nos acordamos de los recursos de nuestra olvidada diplomacia. No sólo es tardío e impropio el intento, sino que, probablemente, no conduzca a ningún lado: sería cándido pensar que Estados Unidos se va a someter a esa jurisdicción, poniendo en duda el actuar de sus jueces, y así el principio republicano básico de división de poderes.

Subyace el escaso respeto del Gobierno por la seguridad jurídica, en ésta y otras tantas cuestiones. No es un concepto abstracto y de escaso valor; todo lo contrario, es apego a las reglas a las que uno se somete voluntariamente. Es, en definitiva, certidumbre, aspecto elemental no sólo para la actividad económica, sino en todos los órdenes.

El vértigo de los últimos días en esta materia lejos de traer previsibilidad nos ha signado de inquietud y dudas. Es tiempo de terminar con las verdades a medias, que tergiversan los análisis. Se debe abrir el diálogo institucional, especialmente con el Congreso de la Nación, responsable constitucional, a fin de cuentas, de arreglar la deuda exterior. No es posible que unas pocas personas estén decidiendo una cuestión de tanta importancia para la vida del país y sus generaciones futuras.

Debemos solucionar seriamente esta cuestión y dejar de buscar la continuidad de un proceso terminado por otros medios.

El autor es abogado y especialista en derecho financiero