Por Andrés Oppenheimer.

Detesto tener que coincidir con el gobierno argentino, una banda de seudoprogresistas corruptos que ha arruinado al país pese a haberse beneficiado con una bonanza sin precedentes gracias a los precios internacionales de las materias primas. Pero la Argentina tiene gran parte de la razón en su disputa con los tenedores de bonos que la llevó al default.

Sin entrar en detalles técnicos, el dictamen del juez a favor de un pequeño grupo de tenedores de bonos argentinos sienta un peligroso precedente para la economía mundial, porque hace casi imposible que los países endeudados puedan renegociar sus deudas con acreedores privados.

El juez Thomas Griesa, de 83 años, le permitió a un pequeño porcentaje de tenedores de bonos impedir que la Argentina le pague sus deudas a la gran mayoría de sus tenedores de bonos.

Todo empezó cuando, después de su default de 2001, la Argentina ofreció en dos oportunidades pagar a sus acreedores una parte de su deuda. El 93% de los acreedores aceptaron la oferta, pero el resto la rechazó y pidió el pago completo.

El problema es que una cláusula del contrato original establece que todos los tenedores de bonos debían ser tratados de la misma manera. Los holdouts se aferraron a esa cláusula con el argumento de que si la Argentina no llegaba a un acuerdo con ellos, no le podía pagar a nadie. Griesa, en una interpretación sumamente estrecha de la ley, les dio la razón a los holdouts y la Corte Suprema de Estados Unidos avaló esa postura.

Es cierto que el gobierno argentino cometió todo tipo de errores. A pesar de que el contrato original estipulaba que el país se sometía a la jurisdicción de los Estados Unidos en caso de una disputa con los bonistas, la presidenta Cristina Fernández dejó que pasaran años sin llegar a un acuerdo.

Cuando la Argentina empezó a perder en las cortes de los Estados Unidos, la Presidenta comenzó a politizar el tema para consumo interno del país. El Gobierno culpó a los fondos buitre por la crisis económica y comenzó a disparar contra los Estados Unidos, pese al hecho de que Barack Obama respaldó a la Argentina y mencionó el precedente legal que podría sentar para otras naciones endeudadas.

La Presidenta pidió la solidaridad de América latina en una cumbre de presidentes en Venezuela. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, llegó a decir que el juez Griesa "es claramente un agente de los fondos buitre", que Estados Unidos no tiene una justicia independiente y que la responsabilidad última de la crisis es del gobierno estadounidense.

Contemplando este despliegue de demagogia nacionalista que convirtió una disputa legal en una especie de cruzada nacional contra el capitalismo salvaje, resulta difícil no hacer paralelos con la época en que otro gobierno argentino celebró su invasión a las islas Malvinas o cuando -más reciente- se declaró el default de 2001, con los legisladores saltando y coreando eufóricamente "¡Argentina! ¡Argentina!", como si hubieran ganado un partido de fútbol.

Como en ocasiones anteriores, todo indica que el triunfalismo populista de Cristina Fernández terminará en otra crisis y otro desencanto. Ahora la Argentina quedará aún más aislada del mundo, deberá emitir más dinero para mantener su ficción de que el país progresa y la inflación, que algunos proyectan en casi el 40% anual, aumentará aún más.

Pero, dicho todo esto, la Argentina y el gobierno de Obama tienen razón al decir que el fallo del juez Griesa sienta un peligroso precedente para la economía mundial.

José Antonio Ocampo, un ex ministro de Hacienda colombiano que ahora enseña en la Universidad de Columbia, me dijo que el dictamen de Griesa aniquila el concepto de negociaciones voluntarias entre los países deudores y los acreedores privados. De ahora en adelante, los tenedores de bonos ya no tendrán incentivos para negociar, porque saben que un pequeño porcentaje de holdouts puede obligar a los países a pagar el 100% del valor de los bonos.

Mi opinión: el gobierno argentino ha manejado este caso con su típica arrogancia e incompetencia, pero el dictamen de Griesa puede tener consecuencias internacionales negativas que trascenderán este caso.

Cualquier país debería poder negociar sus deudas con la mayoría de sus acreedores privados, sin ser rehén de un pequeño grupo. Hay que encontrar un nuevo sistema legal para regir las deudas de los gobiernos con inversores privados. En eso, la Argentina tiene razón.