Por Néstor O. Scibona.
Aunque las causas y efectos del actual default "selectivo" o "parcial" de la deuda no son ni remotamente comparables con los de fin de 2001, el nuevo escenario coloca al gobierno de Cristina Kirchner en su encrucijada más difícil. Justo cuando había aceptado que la estrategia de "vivir con lo nuestro" era insostenible, ahora queda cerrada -hasta que se encuentre una salida- la alternativa de endeudarse en el exterior para evitar una crisis por insuficiencia de reservas hasta fin de 2015. Y, además, apuntalar el único elemento en pie del destartalado "modelo" K: el constante aumento del gasto público por encima de la recaudación tributaria y la inflación.
La perspectiva de escasez de dólares en la economía ya era evidente mucho antes del desenlace del conflicto por la deuda con los holdouts en Nueva York. Desde que el gobierno de CFK decidió utilizar las reservas del Banco Central para atender los pagos externos de la deuda pública, casi 20.000 millones de dólares se destinaron a ese fin entre 2010 y junio de este 2014, a cambio de pagarés (o "pagadiós") que el Tesoro, a falta de superávit fiscal, le fue entregando al BCRA. Esta cifra es similar a la fenomenal fuga de capitales que se produjo sólo en 2011, favorecida por el dólar barato de esa época. Pero el remedio oficial fue entonces peor que la enfermedad ya que, al recurrir al cepo cambiario para no devaluar, frenó el ingreso de dólares financieros y desalentó las inversiones externas. Como resultado, las reservas del BCRA cayeron de US$ 47.500 millones en noviembre de 2011 a US$ 29.017 millones a fin de julio de 2014 (sin incluir los 539 millones pendientes de cobro por los bonistas de la deuda reestructurada).
Con ese limitado stock de reservas (de las cuales unos US$ 18.000 millones serían líquidas), el Gobierno debería atender hasta fin de 2015 vencimientos de deuda pública por US$ 15.000 millones, sin incluir eventuales pagos a los holdouts. Pero, además, la restricción externa se agrava debido al progresivo deterioro del superávit comercial -la única fuente genuina de ingreso de divisas-, que en 2013 fue el más bajo de la era K (US$ 8000 millones) y en la primera mitad de 2014 cayó casi 30%, pese al salto devaluatorio de enero y a que la economía está en recesión. El economista Dante Sica, director de la consultora Abeceb, hace notar que, a diferencia de otras devaluaciones, las exportaciones retrocedieron (-10%) más que las importaciones (-8%). Por un lado, influyó la caída generalizada de las exportaciones industriales (-14,2% en cinco meses). Por otro, el déficit comercial del sector energético (proyectado en US$ 7000/8000 millones para 2014), que no permite ajustar la cuenta corriente y obliga a restringir fuertemente las importaciones de otros rubros, todo lo cual tiene efectos recesivos y afecta el empleo. A esta perspectiva se suma la baja de 20% del precio internacional de la soja (a US$ 450 la tonelada), que agrega otra complicación al panorama para 2015.
De esta manera, el acceso al financiamiento externo, condicionado ahora a la duración del default (que la consultora Ecolatina denomina "cesación de cobros" y categoriza en efímero, transitorio hasta enero de 2015 o duradero), se convierte en un punto crucial. Tanto para evitar un mayor deterioro de la actividad económica como las mayores presiones cambiarias e inflacionarias derivadas de una economía en la que, en lo que resta del año, se acentuará la escasez de dólares y la abundancia de pesos para financiar el creciente desequilibrio fiscal. Sin ir más lejos, el Gobierno acaba de ampliar el dibujado presupuesto 2014 en nada menos que $ 158.500 millones para incluir los mayores gastos en subsidios a energía y transporte, asistencia a provincias, obras públicas y el pago de la indemnización a Repsol a través de la colocación de deuda.
MÁS DÉFICIT, INFLACIÓN Y RECESIÓN
Antes de ese decreto de necesidad y urgencia, el Estudio Broda estimaba que la emisión monetaria para cubrir el agujero fiscal apunta en 2014 a una cifra similar ($ 160.000 millones). Dentro del gasto primario, que subió casi 42% en los primeros cinco meses, los subsidios económicos se ubicarían en unos $ 240.000 millones, que no podrían ser reducidos significativamente ni aun con un improbable ajuste de las tarifas eléctricas. Ese monto en subsidios ya equivale al 65% del gasto total en jubilaciones y pensiones, que la propia Presidenta ubicó en $ 375.700 millones para todo 2014 al anunciar el ajuste de 17,2% que se aplicará a partir de septiembre.
Con el uso intensivo de la "maquinita", al BCRA le resultará muy difícil absorber pesos (a costa de mayor déficit cuasifiscal) para evitar que vayan a precios o al dólar, así como bajar las tasas de interés.
A su vez, las provincias (que enfrentan vencimientos de deuda en dólares por 2800 millones hasta fin de 2015) también tendrán mayores problemas para colocar títulos en los mercados externos. Y otro tanto ocurrirá con YPF para financiar su plan de inversiones, mientras se mantiene frenado el ingreso de socios extranjeros para Vaca Muerta.
Sica prevé que, mientras se mantenga el default, se acentuará el cuadro recesivo que muestran las industrias de autos, motos, electrónicos y electrodomésticos, así como en servicios (esparcimiento, restaurantes, turismo). O sea, los sectores que habían liderado el boom de consumo motorizado por el "modelo K", que ya había sufrido el desplome del mercado inmobiliario desde el cepo cambiario.
En el caso de los sectores productores de bienes durables, el problema es doble. Por el lado de la oferta, la actividad podría resentirse aún más si se reduce la disponibilidad de divisas y se endurecen las trabas a las importaciones. Por el flanco de la demanda, los sectores de menores recursos dejaron de acceder en 2014 a la compra de celulares, televisores, acondicionadores de aire, heladeras o motos, debido a la combinación de precios más altos (por la devaluación), menor poder adquisitivo (por la inflación) y escasez de crédito en cuotas accesibles (por la suba de tasas). A ello se suma que quienes en los últimos años pudieron adquirir electrodomésticos o vehículos nuevos ya no tienen apuro en renovarlos. Si el Gobierno impulsara la demanda con nuevos planes de créditos subsidiados, acentuará la escasez de divisas, ya que los automotores tienen un 60% promedio de componentes importados y en electrónica esa proporción llega al 90%. Y si la situación se mantiene como está, tenderán a agravarse los incipientes problemas de empleo en esos sectores.
Otro gran interrogante está en la política cambiaria. La mejora del tipo de cambio real producida por la devaluación de enero está a punto de quedar diluida por la inflación, que apunta a 40% anual. Si el Gobierno sigue devaluando por debajo de la inflación mensual, induce a una mayor brecha cambiaria; y si ajusta por encima, presiona sobre los precios, especialmente de los combustibles.
Aquí el Gobierno tendrá dificultades para hacer creíble el relato de buscar una reactivación de la economía sin antes estabilizarla. La mayoría de estos problemas ya existían antes de que la Corte de los EE.UU. convalidara el excesivo fallo de Griesa. Con el default, en todo caso se verán recargados.
Por Joaquín Morales Solá.
El default de Cristina Kirchner (selectivo, parcial o como se lo quiera llamar) podría ser más grave que el de Rodríguez Saá. El error del ex presidente provisional fue haber vestido de fiesta una derrota casi inevitable. Otra cosa es un default disparado implícitamente sólo por la decisión personal de desobedecer una orden judicial. La decisión personal fue de Cristina Kirchner, que la tomó en Olivos en absoluta soledad.
Una tragedia económica podría suceder como consecuencia de la extrema fragilidad institucional del país, cuyo destino depende exclusivamente de la opinión o la voluntad de una sola persona. Ningún mecanismo del sistema político (ni los bloques parlamentarios ni los candidatos presidenciales, ni el propio gabinete) funcionó antes de que se produjera otro colapso de la Argentina.
"No sé si puedo decirle estas cosas a la Presidenta", le respondió Carlos Zannini, hace ya algún tiempo, a un interlocutor que fue a prevenirlo de las consecuencias de desobedecer una sentencia judicial firme. Es cierto que casi todos los presidentes prefieren en algún momento el aislamiento. Eligen escuchar sólo lo que les conviene o los halaga. Son los presidentes también los responsables de sus entornos. El caso es especialmente serio cuando se trata de Cristina Kirchner, acostumbrada a un poder excesivamente personalista y a depositar su confianza en un solo funcionario por vez.
Son ella y Axel Kicillof, en resumen, los únicos que gobiernan el país en estos momentos sin la participación siquiera de otros ministros o funcionarios presidenciales.
Anteayer, cuando comenzaba el fin de semana, no se habían clausurado las conversaciones entre dos bancos norteamericanos (J.P. Morgan y Citigrup) y los fondos buitre para comprar la deuda. Esos bancos tienen en su cartera muchos bonos argentinos. El default podría afectar sus carteras, como afectará las tenencias de la Anses, que también tiene gran cantidad de bonos argentinos. No es un problema sólo de los bancos, como dice Kicillof, sino hasta de los jubilados argentinos.
Nadie discutía un cambio del lugar de pago. La jurisdicción judicial y el lugar de pago son casi inseparables, según el recurrente consejo de los abogados de bancos y fondos de inversión. Por eso, son impracticables las teorías que proponen cambiar el lugar de pago sin modificar la jurisdicción judicial. Y ningún acreedor aceptará, desde ya, cambiar la jurisdicción de Nueva York sólo porque hay una sentencia que beneficia a los acreedores. Con todo, el discurso del jueves de Cristina Kirchner había manchado de escepticismo aquellas conversaciones de los bancos. La Presidenta pareció entrar en default hasta el final de su mandato. ¿Será así?
Cristina Kirchner encontró en el juez Thomas Griesa al enemigo que estaba necesitando para una guerra en serio. Bueno para ella, pésimo para el país. En verdad, Griesa esperó durante seis años que la Argentina arreglara sus deudas y aceptó en el camino muchos pedidos del gobierno de Cristina Kirchner. Declaró inembargables, por ejemplo, los fondos de la Anses, aun después de la estatización de las AFJP, e interpretó que no se podían embargar las reservas del Banco Central luego de que se cambiara la ley orgánica de la entidad para convertirla en una agencia del poder político.
El Gobierno llegó a la sentencia de Griesa empujado, en verdad, por sus propios errores. Ya en el prospecto del canje de 2005 se aclaraba que el gobierno de Néstor Kirchner usaría tantos recursos para pagar los intereses de la deuda como para comprar los bonos que no habían entrado al canje. Nunca lo hicieron. El Gobierno repite que los fondos buitre compraron los bonos "a precio vil". ¿Por qué, entonces, no los compró el Estado argentino a ese mismo precio? ¿En qué batallas culturales o épicas andaba distraído, mientras los buitres compraban a bajo precio los bonos que luego llevarían a juicio?
En 2008, el país pudo comprar toda la deuda en default por menos de 5000 millones de dólares. Es la deuda que el Gobierno dice ahora que podría costar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. En septiembre de 2008 se produjo la caída del banco Lehman Brothers y, dos meses después, Cristina Kirchner estatizó todo el dinero de las AFJP. Los bonos argentinos defaulteados no valían nada y el Estado tenía los recursos suficientes.
Aun antes, la administración kirchnerista prefirió pagarle el total de la deuda al Fondo Monetario Internacional que no estaba en default. La tasa de interés del Fondo era de sólo el 4% anual. La ideología y la necesidad política de huir de los controles del FMI relegó lo que estaba primero: el Club de París, cuya deuda estaba en default y es exclusivamente con Estados, y con los bonistas que no habían entrado al primer canje. Un gusto político que terminó costando con el tiempo el juicio perdido en el despacho de Griesa.
Cristina y Kicillof se enfurecieron contra Griesa porque éste no les concedió el stay, una suspensión de la sentencia que habría permitido el pago de los intereses a los bonistas que aceptaron los canjes. ¿Qué caminos les abrieron ellos a Griesa para que el juez pudiera dictar la suspensión? Ninguno. El Banco Central pudo, con recursos propios y sin pedirle nada a nadie, colocar una caución en el juzgado de Griesa, como garantía de buena fe, y abrir una negociación hasta el año próximo. No lo hizo. O hicieron algo peor: tanto la Presidenta como su ministro vapulearon a Griesa y, encima, anunciaron públicamente que no pagarían lo que ordena su sentencia. Arrinconaron a Griesa en la única decisión que judicialmente podía tomar: negar la suspensión de la sentencia.
La sentencia de fondo de Griesa provocó muchas críticas en el mundo. ¿Cómo es posible que casi el 93 por ciento de los acreedores que aceptó los canjes resulte seriamente afectado por el 7 por ciento restante? El debate está abierto hacia el futuro. El propio Fondo Monetario está trabajando en una nueva regulación para la reestructuración de las deudas soberanas. El problema de Cristina es que ese futuro no la comprende. La sentencia de Griesa ya es firme y fue confirmada por dos instancias superiores, que incluyó a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Los fondos especulativos son antipáticos desde que Gordon Brown los llamó "buitres". Pero tienen en su poder aquella sentencia definitiva que los beneficia.
Griesa evitó el viernes ordenar la ejecución de la sentencia, autorizó el pago de bonos en Europa y llamó a seguir negociando. Son las puertas de salida que el juez suele dejar abiertas, aunque estaba visiblemente molesto por el maltrato de los gobernantes argentinos. Después de todo, ¿no interviene él porque esos mismos gobernantes eligieron la jurisdicción judicial de Nueva York? Hay algo de hipocresía cuando los cristinistas echan leña en el fuego del nacionalismo. Fue este gobierno, entre otros, el que prefirió la justicia de Nueva York para dirimir cualquier pleito con sus acreedores. Era la manera de seducir a los acreedores.
En el medio, la Presidenta desautorizó una gestión que autorizó la propia Presidenta. Fue la propuesta acordada por el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, y los bancos nacionales agrupados en Adeba. Cristina tiene una cuestión personal con el presidente de Adeba, Jorge Brito, a quien acusa de apoyar y financiar a su peor enemigo, Sergio Massa. Fábrega se tomó este fin de semana, según fuentes confiables, para decidir sobre su renuncia. Fue dura y públicamente desautorizado por la Presidenta. Voceros de Fábrega y de los bancos aseguraron que la propuesta que hicieron nunca comprometió los depósitos de los ahorristas. "Fábrega tiene demasiado experiencia en el sistema bancario como para hacer eso", dijeron.
Cristina Kirchner se convirtió en el segundo presidente peronista que declara, tácita o explícitamente, un default de la deuda pública. Fue también el peronismo de Carlos Menem el que endeudó al país de una manera insoportable. La dictadura militar cuadruplicó la deuda pública (de 10.000 millones de dólares en 1976 a 41.000 millones en 1983). Menem la aumentó en un 100 por ciento. Recibió una deuda de 64.000 millones de dólares en 1989 y la entregó por un valor de 123.000 millones diez años después, luego de vender todos los activos del Estado. La Alianza recibió un gobierno que sólo tenía recursos por 60 días para financiar el Estado. A fines de 1999, el Gobierno necesitaba créditos a un ritmo de vértigo: 2000 millones de dólares mensuales para pagar los intereses de la deuda y financiar el déficit estatal. Todos los países se financian con deuda, pero ninguno vive sobreendeudado sin pasar por una crisis. La peor decisión es endeudarse sólo para pagar gastos corrientes o para financiar el sobreendeudamiento.
El populismo es siempre una receta cara, porque sólo el dinero fácil explica la razón populista. El populismo sin chequera no existe. Pero siempre tiene una alternativa ante la adversidad: culpar a los otros (y sobre todo a los extranjeros) de los errores que comete el propio populismo.
Por Carlos Pagni.
"Si la decisión fuera tan grave, el precio de los bonos se habría destruido." Axel Kicillof pronunció esa frase el viernes, delante de funcionarios de su entorno. Sacó una conclusión equivocada de un fenómeno verdadero.
Es cierto que la caída de los títulos no ha sido catastrófica. El Discount, que es el más afectado por la medida, valía US$ 87 sobre 100 el 21 de junio, cuando Cristina Kirchner prometió cumplir con todos los acreedores.
El miércoles, ante la expectativa de un acuerdo entre los holdouts y los bancos, tocó los US$ 95. Cuando se conoció el verdadero desenlace, bajó a US$ 82. Es una caída considerable, de 13 puntos. Pero en enero, durante el caos devaluatorio, llegó a valer US$ 58.
¿Por qué la cesación de pagos no golpeó los precios con más fuerza? En el mercado lo atribuyen a dos factores. El primero es un malentendido. El derrumbe no fue más pronunciado porque la Presidenta y el ministro justifican su resolución en un motivo táctico: si obedecían la sentencia de Thomas Griesa , dicen, se hubiera disparado la cláusula RUFO.
De modo que, en enero, cuando esa restricción desaparezca, habrá una negociación con los holdouts y se volverá a la normalidad.
Esta interpretación ignora otro aspecto de las declaraciones oficiales. La señora de Kirchner y Kicillof han insistido en que el reclamo de los holdouts es usurario. Kicillof dictaminó que, a pesar de lo dispuesto por Griesa, no tendrían derecho a ganar más de 300 millones, que es el equivalente a la renta que obtuvieron los bonistas que aceptaron el canje en 2005. Es decir: no desconoció el fallo a favor de los holdouts por la cláusula RUFO. Le aplicó la teoría de los "precios cuidados". O "justos". ¿Cuánto podría ceder en una negociación? ¿20%? Llegaría a US$ 360 millones.
Por su parte, la semana pasada los acreedores hicieron una oferta final a los bancos: US$ 1400 millones por los 1680 que les reconoció Griesa; 20% de descuento. La distancia entre lo que el Gobierno está dispuesto a pagar y lo que los demandantes pretenden cobrar es de alrededor de US$ 1000 millones. Insalvable. La diferencia no es técnica. Es política. E induce a pensar que el argumento de la cláusula RUFO es la máscara de un default del que Cristina Kirchner no pretende salir después de enero. En su entorno ya se habla de un nuevo canje bajo jurisdicción argentina.
Por eso un financista de Wall Street, cercano a las conversaciones con los holdouts, pronosticaba anteayer: "Cuando los bonistas adviertan que la cesación de pagos no obedeció a una táctica jurídica, sino a razones de más largo plazo, Kicillof verá que la caída de los bonos será más preocupante". Dicho de otro modo: cuando los mercados se den cuenta de la verdad de Kicillof, Kicillof se dará cuenta de la verdad de los mercados. En los bancos que hasta el viernes pasado negociaron con los acreedores consideran que sólo en esa instancia el Gobierno abrirá los ojos a las ventajas de un acuerdo.
Hay otra explicación, más sofisticada, para el escaso impacto del default en el precio de los bonos. Grandes operadores financieros apuestan a que la caída no será dramática en ningún escenario. Para ellos, la mala noticia del default no alcanza a eclipsar otra noticia, demasiado buena: que el kirchnerismo se va dentro de poco y dejará paso a una administración amigable con el mercado. La última garantía de que eso es lo que va a suceder es el default mismo.
Esta interpretación subraya un aspecto crucial de la decisión del miércoles pasado: afectado por una crisis de reservas monetarias, el Gobierno resolvió privarse de los dólares que podrían ingresar por el endeudamiento externo. El acuerdo con los holdouts permitiría al sector público reducir el costo del dinero de 12% a 8%. Esa posibilidad debe ser, por ahora, descartada.
En consecuencia, el Banco Central dependerá más que antes de las divisas que ingresen los exportadores. El kirchnerismo será más dependiente de la soja. Los productores, que advierten esta novedad, especulan con una devaluación. La liquidación de la cosecha ha sido bajísima hasta ahora: 41 por ciento. La cesación de pagos la retraerá todavía más.
En este contexto hay un enigma fundamental. ¿El swap de monedas pactado con China permitiría pagar importaciones desde ese país con yuanes? En tal caso, el Central debería emitir más pesos, con el consiguiente efecto inflacionario. Pero podría ahorrarse varios miles de millones de dólares. Los mejores expertos no lo tienen claro. Pero es decisivo.
El Gobierno intentará evitar una desvalorización brusca de la moneda. El viernes, el Central se lanzó a vender futuros para diciembre con una paridad de $ 9,20 por dólar. También puso fin al breve ciclo de cambio fijo: pagó 2,5 centavos más por cada dólar.
Si la Presidenta y Kicillof resisten una presión devaluatoria, el camino que les quedaría para conservar reservas es ahorrar divisas haciendo caer todavía más las importaciones. Su estrategia preferida: atenuar la restricción externa con recesión.
Las consecuencias políticas del default también comienzan a hacerse visibles. La primera víctima es Daniel Scioli . Confiaba en que la emisión de un bono por US$ 500 millones le permitiría transitar la campaña presidencial. Deberá desensillar hasta que aclare. Mientras tanto, tendrá que hacerse cargo de las primicias del malestar social. Los maestros bonaerenses estrenan hoy una nueva modalidad de protesta: la huelga de mitad de año. Hoy no irán a clases para conseguir un aumento del 25 por ciento.
Tal vez no sea la semana más oportuna para que Scioli convenza a Martín Insaurralde de mantener el compromiso con su carrera presidencial. Insaurralde ya decidió abandonarlo. Si no se suma a la campaña de Sergio Massa es porque la Casa Rosada presiona a Santiago Carasatorre, su delegado en la intendencia de Lomas de Zamora. Con el pase de Insaurralde, Massa terminaría de escriturar a su nombre la provincia de Buenos Aires. Una novedad que complica la ecuación nacional de los demás candidatos. Ya lo advirtió José Manuel de la Sota , que pretende contactar al novio de Jessica Cirio.
El default, con su onda recesiva, también alcanza la escena sindical. La CGT Balcarce sufre cada día más el rigor de su subordinación a la señora de Kirchner. Basta advertir un detalle: Antonio Caló , el secretario general, estuvo ausente del acto del jueves pasado en la Casa Rosada. Caló está alarmado por el avance de la izquierda radicalizada en el corredor que va de San Martín a Córdoba. Y no está dispuesto a seguir el camino de su colega Ricardo Pignanelli, del Smata, otro aliado sindical de la Presidenta. Pignanelli promovió la remoción de varios delegados que lideraban la huelga de la autopartista Lear. Pero el viernes pasado la Justicia obligó a reincorporarlos. Hugo Moyano apoyó la causa de los huelguistas. Como los bonistas que no se perturban por el default pensando que asegura el fracaso de una experiencia populista, él también profesa la consigna "cuanto peor, mejor".
Hoy Moyano tiene previsto reunirse con Luis Barrionuevo y Gerónimo Venegas para evaluar la fecha de la huelga convocada para este mes. Acaso la prorroguen. Temerosos de que la Presidenta los culpe por los perjuicios de sus propias decisiones, prefieren seguir el consejo de Napoleón: "Cuando el enemigo se está equivocando no hay que interrumpirlo".
La cesación de pagos pone en peligro dos grandes activos del kirchnerismo: la provincia de Buenos Aires y la CGT oficialista. Podría también tener una proyección en las relaciones con Brasil. Cristina Kirchner se está convirtiendo allí en un actor de la campaña electoral. Aecio Neves, el principal desafiante de Dilma Rousseff , reprocha al gobierno del PT ser muy concesivo ante las limitaciones comerciales argentinas. Fernando Henrique Cardoso, padrino de Neves, afirmó hace dos semanas que la caída del PBI de su país podría deberse, sobre todo, a que la Argentina cierra sus importaciones.
Sería un error pensar que el default está detrás de una nueva configuración de la política. Es al revés. Cristina Kirchner subordinó su estrategia financiera a su estrategia electoral. Ella pretende consolidarse como la principal expresión del populismo a partir de 2015. Impedida de competir por el poder, ha resuelto preservar su identidad. El conflicto con los holdouts es un ladrillo más en esa construcción, como lo es la promoción de Carlos Heller para la presidencia de la AFA. La postulación de Kicillof como candidato está siendo analizada en ese horizonte. No hace falta que gane. Alcanza con que ayude a que Massa o Scioli pierdan.
El plan puede parecer coherente. Pero no alcanza a despejar una incógnita: ¿se puede sostener el consenso populista con una política económica que produce desempleo? Muchos bonistas dan una respuesta negativa. Por eso toleran el default.
