Por Daniel Fernández Canedo.

Hay dos agendas claramente diferenciadas frente a las negociaciones que comenzarán el lunes, en Nueva York, entre el gobierno argentino y los representantes de los denominados fondos buitre.

Una es la política, cargada de palabras fuertes con cruces de acusaciones y amenazas. La otra, la de jugadores grandes que apuestan dinero en el mercado financiero a favor de que habrá un acuerdo.

Las discusiones del lunes estarán basadas, por lo menos, en los siguientes cuatro temas: 1) Los fondos buitre tienen fallos a su favor que obligan a la Argentina a desembolsar unos US$ 1.500 millones antes de encarar cualquier otro pago a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y de 2010.

2) Argentina quiso pagarle a los bonistas reestructurados (depositó US$ 832 millones), pero el juez Griesa se lo impidió y, como consecuencia, ahora el Gobierno tiene plazo hasta el 30 de julio para pagar y evitar caer en default frente a los bonistas reestructurados.

3) El juez fijó la cláusula “pari passu” que sujeta los pagos a los bonistas que entraron en los canjes a que se le pague a los fondos buitre.

4) Si el Gobierno le paga los US$ 1.500 millones a los holdouts estaría cumpliendo con la decisión del juez pero, a la vez, los estaría privilegiando frente al resto de los bonistas y abriría la puerta para otras demandas de holdouts que no entraron a los canjes por una suma que se estima entre US$ 13.000 y US$ 15.000 millones.

La Presidenta ya dijo que sería impagable por representar más de la mitad de las reservas del Banco Central, aunque no se sabe aún cuándo podrían madurar esos juicios.

Pero cabría la posibilidad de que el juez disponga que el pago a los holdouts se realice en enero de 2015, después de que venza la cláusula RUFO, que obliga a darle a todos los bonistas las mismas condiciones si es el que Gobierno, por su cuenta, dispone una mejora para algunos de ellos.

Ya con esos temas sobre la mesa (hay más y muy sensibles), se pueden vislumbrarlas causas de la inflexibilidad de las posiciones y porqué casi a diario el Gobierno le dice a los buitres que no quieren negociar y los buitres le responden que los que no quieren negociar son los argentinos.

Los fondos buitre tienen dos fallos a favor de la justicia de los Estados Unidos que dijeron que les tienen que pagar US$ 1.500 millones, y de eso no se bajan: hasta ahora, lo que estarían dispuestos a conversar es la forma de pago y, tal vez, los plazos.

Para la Presidenta, tener que declarar un default –aunque sea de características muy distintas e incomparables con lo que fue el de 2001– sería durísimo en términos políticos.

Y más aún, después de haber dejado en claro que quería pagarle al 100% de los acreedores y que lo único que pedía era que el juez le diese un “marco” para poder negociar que, aunque a los tirones, le fue concedido.

El ministro Axel Kicillof enviará la misión oficial el lunes y los holdouts ya dijeron que están dispuestos a aceptar un pago del estilo Repsol-YPF con bonos que puedan venderse rápidamente para obtener efectivo.

Eso sería posible si el juez lo dispone y siempre y cuando no sea el Gobierno el que aparece concediéndole a los fondos buitre mejores condiciones que a los bonistas reestructurados.

En medio de este cruce de presiones, los bonos par que tienen riesgo de caer en default ayer alcanzaron US$ 49,50, un precio récord que estaría indicando que hay jugadores del mundo financiero que no creen en que habrá default.

La suba de los bonos argentinos medidos en dólares en el exterior fue generalizada. El Bonar 2017 tocó los US$ 95,50 y hasta los provinciales de Córdoba y Buenos Aires alcanzaron valores récord.

¿Comprarán bonos porque tienen información de que sólo restaría acordar la forma de pago o porque apuestan a que Cristina no se arriesgaría a ser la cara de otro default argentino?

Los representantes del fondo Elliot quieren ver hoy en Estados Unidos a Kicillof, que hablará en la OEA.

Querrían dejar en claro que están apurados por negociar y no llegar al 30 de julio sin tiempo para que se implementen los pagos.

El Gobierno también tiene apuro.

Además del ruido político que genera el procesamiento de Amado Boudou, los datos de caída de la actividad económica se hacen cada vez más preocupantes y en medio de un proceso inflacionario alto.

En ese contexto, surge con claridad que Kicillof ganó espacio en lo referido al manejo del dólar respecto del titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega.

El dólar de $ 8,15 está aquietado y todo indica que quedaron atrás los tiempos de adelantarlo para ir haciéndole ganar competitividad a las economías regionales.

El dólar oficial está volviendo a actuar cómo ancla antiinflacionaria y comoreaseguro de estabilidad frente a un momento económico plagado de incertidumbres.

En los próximo 27 días se juega si el país evita el default y el Gobierno y los privados pueden pensar en conseguir dólares en los mercados, en un intento de recuperar la actividad económica. O si, de lo contrario, la recesión se agudiza a partir de una mayor escasez de divisas y presiones sobre el precio del dólar.

Se perfila un panorama en blanco o negro que se define a corto plazo, luego de una negociación precedida de cruces y amenazas y en la que ya se sabe que el costo lo terminará pagando el país.

Sólo queda esperar que el Gobierno le haga una rebaja.