Por Daniel Fernández Canedo.

Hay dos agendas claramente diferenciadas frente a las negociaciones que comenzarán el lunes, en Nueva York, entre el gobierno argentino y los representantes de los denominados fondos buitre.

Una es la política, cargada de palabras fuertes con cruces de acusaciones y amenazas. La otra, la de jugadores grandes que apuestan dinero en el mercado financiero a favor de que habrá un acuerdo.

Las discusiones del lunes estarán basadas, por lo menos, en los siguientes cuatro temas: 1) Los fondos buitre tienen fallos a su favor que obligan a la Argentina a desembolsar unos US$ 1.500 millones antes de encarar cualquier otro pago a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y de 2010.

2) Argentina quiso pagarle a los bonistas reestructurados (depositó US$ 832 millones), pero el juez Griesa se lo impidió y, como consecuencia, ahora el Gobierno tiene plazo hasta el 30 de julio para pagar y evitar caer en default frente a los bonistas reestructurados.

3) El juez fijó la cláusula “pari passu” que sujeta los pagos a los bonistas que entraron en los canjes a que se le pague a los fondos buitre.

4) Si el Gobierno le paga los US$ 1.500 millones a los holdouts estaría cumpliendo con la decisión del juez pero, a la vez, los estaría privilegiando frente al resto de los bonistas y abriría la puerta para otras demandas de holdouts que no entraron a los canjes por una suma que se estima entre US$ 13.000 y US$ 15.000 millones.

La Presidenta ya dijo que sería impagable por representar más de la mitad de las reservas del Banco Central, aunque no se sabe aún cuándo podrían madurar esos juicios.

Pero cabría la posibilidad de que el juez disponga que el pago a los holdouts se realice en enero de 2015, después de que venza la cláusula RUFO, que obliga a darle a todos los bonistas las mismas condiciones si es el que Gobierno, por su cuenta, dispone una mejora para algunos de ellos.

Ya con esos temas sobre la mesa (hay más y muy sensibles), se pueden vislumbrar las causas de la inflexibilidad de las posiciones y porqué casi a diario el Gobierno le dice a los buitres que no quieren negociar y los buitres le responden que los que no quieren negociar son los argentinos.

Los fondos buitre tienen dos fallos a favor de la justicia de los Estados Unidos que dijeron que les tienen que pagar US$ 1.500 millones, y de eso no se bajan: hasta ahora, lo que estarían dispuestos a conversar es la forma de pago y, tal vez, los plazos.

Para la Presidenta, tener que declarar un default –aunque sea de características muy distintas e incomparables con lo que fue el de 2001– sería durísimo en términos políticos.

Y más aún, después de haber dejado en claro que quería pagarle al 100% de los acreedores y que lo único que pedía era que el juez le diese un “marco” para poder negociar que, aunque a los tirones, le fue concedido.

El ministro Axel Kicillof enviará la misión oficial el lunes y los holdouts ya dijeron que están dispuestos a aceptar un pago del estilo Repsol-YPF con bonos que puedan venderse rápidamente para obtener efectivo.

Eso sería posible si el juez lo dispone y siempre y cuando no sea el Gobierno el que aparece concediéndole a los fondos buitre mejores condiciones que a los bonistas reestructurados.

En medio de este cruce de presiones, los bonos par que tienen riesgo de caer en default ayer alcanzaron US$ 49,50, un precio récord que estaría indicando que hay jugadores del mundo financiero que no creen en que habrá default.

La suba de los bonos argentinos medidos en dólares en el exterior fue generalizada. El Bonar 2017 tocó los US$ 95,50 y hasta los provinciales de Córdoba y Buenos Aires alcanzaron valores récord.

¿Comprarán bonos porque tienen información de que sólo restaría acordar la forma de pago o porque apuestan a que Cristina no se arriesgaría a ser la cara de otro default argentino?

Los representantes del fondo Elliot quieren ver hoy en Estados Unidos a Kicillof, que hablará en la OEA.

Querrían dejar en claro que están apurados por negociar y no llegar al 30 de julio sin tiempo para que se implementen los pagos.

El Gobierno también tiene apuro.

Además del ruido político que genera el procesamiento de Amado Boudou, los datos de caída de la actividad económica se hacen cada vez más preocupantes y en medio de un proceso inflacionario alto.

En ese contexto, surge con claridad que Kicillof ganó espacio en lo referido al manejo del dólar respecto del titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega.

El dólar de $ 8,15 está aquietado y todo indica que quedaron atrás los tiempos de adelantarlo para ir haciéndole ganar competitividad a las economías regionales.

El dólar oficial está volviendo a actuar cómo ancla antiinflacionaria y como reaseguro de estabilidad frente a un momento económico plagado de incertidumbres.

En los próximo 27 días se juega si el país evita el default y el Gobierno y los privados pueden pensar en conseguir dólares en los mercados, en un intento de recuperar la actividad económica. O si, de lo contrario, la recesión se agudiza a partir de una mayor escasez de divisas y presiones sobre el precio del dólar.

Se perfila un panorama en blanco o negro que se define a corto plazo, luego de una negociación precedida de cruces y amenazas y en la que ya se sabe que el costo lo terminará pagando el país.

Sólo queda esperar que el Gobierno le haga una rebaja.

Por Guillermo Kohan.

La Argentina tiene unos 20 días hábiles para solucionar el juicio que perdió en Estados Unidos por la deuda impaga, un caso que de no resolverse colocaría al país en la dramática e imprevisible situación de coquetear con el default. Casi el mismo riesgo que se hubiera corrido si se llegaba a la instancia de los penales contra Suiza, el martes al mediodía en San Pablo.

Igual que en el fútbol, se juega como se vive. Aferrados a la lógica tribunera y a los pronósticos de los observadores especializados en la pelota, los mercados financieros también creen que Argentina finalmente va a clasificar, al menos hasta semifinales. Y que ahora no será necesario llegar a los penales para evitar el fantasma del default. Los precios de los bonos y acciones, o la relativa estabilidad del dólar, revelan que los hombres del dinero apuestan a que Argentina resolverá el caso que perdió en el juzgado de Griesa antes de los penales. Incluso cree que si llegara la instancia dramática de los disparos desde los 12 metros, el default por el juicio de los holdouts no sería una cesación de pagos total de la Argentina, de características tan explosivas como lo fue el pagadios celebrado en 2001/2002.

Se sufre, desde luego, y eso también está en los precios de los activos financieros, que triplican o cuadriplican los rendimientos de sus pares vecinos. Es lógico: terminaron los 90 minutos y empezó el alargue de los 30 días previos antes que se dispare el default formal de los bonos impagos; los famosos 600 millones que Argentina depositó en el Banco de Nueva York Mellon para embarrar la cancha y/o evitar juicios futuros, dinero que a la fecha no recibieron los bonistas que aceptaron los canjes y tienen cupones a cobrar en Nueva York , porque el juez Griesa impidió el pago. No embargó, no se quedó con ese dinero ajeno, y ordeno al Banco devolverlo a la Argentina. Con gran destreza y experiencia, el magistrado encontró la forma de presionar para hacer cumplir su fallo, ratificando algo aún más importante para el ahorro: que en su país se cumple el derecho de propiedad, sin violentar ni embargar dinero privado.

Volviendo al fútbol, está claro que la relativa estabilidad de los mercados no se funda en suponer que la Presidenta o su ministro de Economía pueden compararse con Lionel Messi o Ángel Di María. Y nadie calcula, a esta altura, que lo que queda del modelo kirchnerista esté para llegar a disputar la final de la Copa del Mundo. Pero tampoco para quedar afuera en octavos, a un año y medio del final del mandato. Luce bastante razonable creer que la Presidenta ha comprendido que un default ahora sería casi como desligarse de la FIFA con el riesgo de no poder participar en futuros mundiales. Una tragedia nacional y sin sentido.

Mirando el conflicto como se lo debe mirar, dado que se trata de un juicio comercial donde se discute por plata, el fallo que favorece a la demanda (los señores buitres) significa el derecho a cobrar unos u$s 1500 millones actualizado a la fecha. Y la oferta original de Argentina, si se les pagara a esos holdouts igual que a todos con los bonos del canje 2005/ 2010, suma unos u$s 600 millones. Con lo cual el contencioso es por u$s 900 millones, la diferencia entre el fallo de 1500 y la oferta de 600. Eso habrá que negociar desde el lunes con el facilitador Daniel Pollack, con la ventaja de que ya los acreedores avisaron que no aspiran a cobrar su sentencia ganada al contado, y que gustosamente aceptan bonos, igual que Repsol o el Club de Paris.
La lógica, como en el fútbol del pasado martes en San Pablo, indica que Argentina no debería llegar a los penales con el default. Pero el drama podría llegar a presentarse. De hecho, el martes se estuvo a milímetros con la pelota que dio en el palo del arco argentino a segundos del final.

Argentina acepta iniciar conversaciones, pero sigue amenazando con cambiar la jurisdicción de pago y no acatar el fallo. Podría entonces ocurrir que Argentina no logre cerrar el acuerdo y termine incumpliendo una parte de su deuda a partir del 31 de julio. Habrá entonces otros 90 días hasta el próximo vencimiento con la misma complicación, en ese caso bonos Par, lo cual sería ya el segundo caso de default y una escalada política imprevisible entre Argentina y Estados Unidos. Todo agrega incertidumbre y complica el ya más que difícil escenario económico.

Especialistas consultados opinan que tampoco sería un default tan explosivo como el de 2001/2002, donde además se pesificaron deudas y depósitos y se rompieron todos los contratos afectando severamente el derecho de propiedad.

En el final de la Convertibilidad, la cesación de pagos fue para adentro. Esta nueva que asoma como fantasma sería para afuera, aunque con lógicas consecuencias para el país, sus familias y sus empresas. En 2001/2002, los bonos que no se pagaron respaldaban en parte los depósitos en dólares de la gente que estaban en los bancos. El Gobierno no le pagó a los bancos, los deudores privados en dólares tampoco pagaron, y los bancos no pudieron devolver los dólares a los depositantes que pagaron el pato de la boda.

Ahora este default, de no llegarse al acuerdo en el alargue hasta el 30 de julio, sería contra una parte minoritaria de la deuda, no de todo. Buena parte de la clase media y media alta tiene hoy los dólares en su poder, o en ladrillos. Los ingresos de dólares del complejo agropecuario son hoy el quíntuple de lo que eran en 2001. Y tal vez se trate de una cesación parcial de pagos que dure hasta que cambie el Gobierno en 2015 y resuelva reconectar a la Argentina con los flujos financieros internacionales. En ningún modo se afectarían los depósitos de los bancos, aunque lógicamente sería todavía mayor la escasez de dólares con lo que eso significa: más inflación, más recesión, más cepo cambiario, más corrida al dólar con mayor brecha. Desde luego, mayor malhumor social. Demasiado para un gobierno que, aún sin llegar a la final en el Maracaná, aspiraba a una retirada más honrosa.

Por Alejandro González Escudero*.

Al Ingeniero Horacio Vazquez lo conocí el año pasado y me impactó su historia. Es uno de los tenedores de la deuda argentina en default del año 2001 y que en lugar de aceptar el canje del 2005 o del 2010 decidió mantenerse firme reclamando el pago total. Algunos periodistas con ironía lo llamaron en estos días ‘el buitre argentino’, por tener el mismo reclamo que los fondos triunfadores en el juicio de Nueva York. Lo que le tocó vivir, dista mucho de parecerse a lo que ese animal representa.

En verdad, fue una de las tantas víctimas de las acciones o inacciones de los gobiernos argentinos. Sufrió una odisea. Los que aceptamos los canjes también fuimos víctimas. A cambio de evitar un largo juicio y tener la tranquilidad de cobrar algo, nos resignamos a una quita del 66% del valor original de los activos. Sin conocernos con Horacio en el 2005, encaramos el mismo problema, la falta de pago del gobierno argentino, teniendo el mismo objetivo, tratar de recuperar los ahorros invertidos en la Argentina, con dos estrategias distintas. La curiosa situación actual, en manos del juez Griesa y de la Presidenta Cristina, parecería querer colocarnos en veredas enfrentadas. ¿Por qué? El juez busca hacer que la Argentina cumpla con el fallo que emitió.

Los diversos embargos que se intentaron no tuvieron demasiada suerte. Por eso, ahora presiona para que los tenedores de deuda canjeada no puedan cobrar mientras no se cumpla con la sentencia. No embarga en forma directa esos fondos destinados a pagar los vencimientos de la deuda canjeada porque sabe que el Banco de Nueva York, responsable de los pagos, maneja un fideicomiso y como tal tienen un destino específico, que no puede verse afectado por los problemas de quien lo constituyó anteriormente. En vez de ello, trata de que el pago no pueda ejecutarse. Esa presión llevaría al gobierno argentino a pagar el juicio con los holdouts. Los perjudicados son los tenedores de la deuda canjeada, que se ven en medio de un conflicto que justamente trataron de evitar cuando aceptaron los títulos del canje.

Por el otro lado, el gobierno hace todo lo posible para no pagar el fallo perdido. Depositando los fondos del cupón vencido busca descargar en Griesa las responsabilidades de un inminente default. Su escasa voluntad de negociar es evidente. En la etapa en que se negocia un litigio, antes de una sentencia definitiva, no lo hacía. Insistió en no pagarles a los buitres. Recién habla de negociar cuando judicialmente está totalmente perdido. Es obvio que no va a ser fácil obtener algo de la otra parte cuando ésta ya ganó. El Gobierno nunca pensó en que terminaría pagando a los que no adhirieron a los canjes de deuda. De hecho, en octubre de 2012 se dictó el fallo de Griesa y desde entonces formuló apelaciones y recursos para tratar de ‘estirar’ el desenlace del caso.

Si se lo mira adecuadamente, el gobierno tuvo éxito en dilatar el compromiso con los holdouts. Fue ingenuo, sin embargo, al pensar que esa dilación se prolongaría hasta el infinito. Así, en este momento, la suerte es adversa para ambos acreedores. Los del juicio no cobran. Los de los de la deuda canjeada tampoco. ¿Quiénes pueden estar contentos? Quizá algunos de nuestros políticos gobernantes y de la oposición que festejaron con algarabía en el Congreso el default del 2001 porque no tenían títulos de deuda del país que administraban. De haberlos tenido en ese momento, no habrían estado tan contentos. Y luego le hicieron vivir a los acreedores, tanto los holdouts como los del canje, un calvario con muy pocos precedentes. Las enormes quitas del canje del 2005 (66% de la deuda), la intervención del INDEC para pagar menos por los bonos ajustables por inflación (más deu$s 30.000 millones que se esfumaron), el cambio del índice de crecimiento del PBI para no pagar el cupón a vencer a fin de año (u$s 3.000 millones) son muestras del padecimiento de quienes‘confiaron’ en la voluntad de desendeudarse del actual gobierno. Es evidente: los buitres no soloanidan en el juzgado de Griesa.

*Presidente de Fundecos -Fundación Economía y Sociedad