Por Luis Majul.

Hay gran preocupación en la mesa chica del Gobierno después de la lectura completa del fallo del juez Ariel Lijo. No solo están preocupados por la suerte del Vicepresidente, a quien ya ni se molestan en atenderle el teléfono. Lo que los inquieta más es la posibilidad de que la investigación sobre la ruta del dinero lleve las sospechas hasta Néstor Kirchner y, por carácter transitivo, hasta la propia presidenta de la Nación.

¿Hubo, en efecto, un intento previo, del expresidente, de encargarle a Ernesto Gutiérrez, ex CEO de Aeropuertos Argentina 2000, la compra de la exCiccone Calcográfica? ¿Llegó a analizar la posibilidad de hacerse cargo del negocio David Martínez, socio de Clarín, en Cablevisión y ahora accionista de Telecom Argentina?

La estatización de Ciccone en el medio de la investigación judicial ordenada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el Frente para la Victoria en ambas cámaras, ¿puede ser interpretada como un intento de encubrir el delito que por ahora le viene explotando en la cara a solo Amado Boudou, su socio, José María Núñez Carmona y la familia Ciccone, entre otros personajes menores? El atronador silencio oficial respondería, entre otros motivos, a evitar un eventual paso en falso. Si fuera por ella misma, la Presidenta ya le habría pedido hace rato a su compañero de fórmula que se tome una licencia o dé un paso al costado. Pero ahora tanto Cristina Fernández como sus tres o cuatro incondicionales tienen pánico a dos hechos. Uno: que si le suelta la mano el propio juez Lijo y otros jueces federales vayan por ella. Dos: que Boudou prenda el ventilador y embadurne a medio gabinete. El secretario Legal y Técnico de la Presidenta, Carlos Zannini, sería número puesto. Otros empresarios amigos del poder tiemblan ante la posibilidad.

Además está el costado político. ¿Debe o no debe la Presidenta arrojar la mochila para caminar más liviana hasta diciembre de 2015? La liga de los gobernadores oficialistas que quieren seguir en el poder piensa que éste es el momento justo para deshacerse del lastre. El gobernador Daniel Scioli, por ejemplo, reza para que el asunto salga cuanto antes de la tapa de los diarios.

Los líderes menos ingenuos y que hoy están en la oposición trabajan para instalar en la opinión pública la necesidad de impulsar el juicio político del Vicepresidente. ¿Para qué insistir con el juicio político si la mayoría legislativa del Frente para la Victoria lo va a impedir? A Sergio Massa, al que le va mejor en las encuestas, la negativa del oficialismo en el Congreso no le importa. Lo que más le interesa es insertar el jury como tema permanente de la agenda política para afectar a los candidatos del Frente para la Victoria. Algo parecido a lo que hizo con la suba del mínimo imponible del impuesto a las ganancias o su rechazo a rebajar las penas para delitos aberrantes como la violación. “El que lea el fallo completo de Lijo tiene para hacer una película. Nosotros no tenemos ningún problema en discutir todos los días las consecuencias de este escándalo. No sé si otros candidatos pueden decir lo mismo” interpretó un hombre muy cercano al exintendente de Tigre. Lo dijo por Mauricio Macri, quien sigue procesado por el caso de las escuchas telefónicas que le adjudican haber ordenado sobre las conversaciones de su excuñado. El sábado murió su hermana, Sandra Macri, quien durante años estuvo casada con la persona a la que le pincharon el teléfono. Ultrakirchneristas de paladar negro como Diana Conti o Carlos Kunkel se lo recuerdan, cada vez que pueden, a los dirigentes de PRO que piden la cabeza de Boudou. “¿Por qué Amado tiene que renunciar o pedir licencia si Macri no lo hizo?” preguntó una y mil veces Conti. La que salió del brete con más elegancia es la diputada nacional Laura Alonso, quien para justificar que los casos no tienen punto de comparación siempre recuerda que el juez que procesó al jefe de gobierno se llama Norberto Oyarbide. Los cuadros pensantes del Frente Renovador, por su parte, recuerdan que tampoco deberían levantar demasiado el dedo los diputados y senadores de UNEN que votaron a favor de la estatización de Ciccone. “¿Por qué la Presidenta sería cómplice de un hecho de corrupción al ordenar la estatización y los legisladores de UNEN, al convalidar el mismo hecho, no serían partícipes necesarios?”, exageró un diputado nacional que responde a Massa.

Al formidable golpe político que significa para el Gobierno el procesamiento de Boudou hay que agregarle las complejas alternativas posteriores al fallo de juez Thomas Griesa contra el Estado nacional. Aunque los analistas de mercado internacional siguen descontando que Argentina, al final, se va a sentar a negociar con los fondos buitre en el juzgado del magistrado y con el mediador especial designado por él, hay quienes piensan, dentro del Gobierno, que Cristina Fernández podría aprovechar la oportunidad para ensayar una jugada muy audaz. Consistiría en declarar la cesación de pago, echarle la culpa a la justicia de los Estados Unidos y montar una enorme campaña que la ponga otra vez en el centro de la escena. Y no solo en el centro. También en posición de ataque, lejos de Boudou, la inflación, la recesión y los problemas de empleo. Sería una locura. Pero ahora mismo nadie la descarta del todo.

Por Roman Lejtman

El primero de julio de 1974, Juan Domingo Perón se moría y dejaba en la Casa Rosada a Isabel Martínez, excorista y peón de José López Rega, jefe de la Triple A y en esa época testaferro del poder en la Argentina. Isabelita fue una decisión del aparato justicialista para bloquear a Ricardo Balbín como compañero de fórmula de Perón y su gobierno hizo lo necesario para desembocar en el golpe de Estado de 1976.

La viuda de Perón, manejada como un títere por López Rega, el aparato gremial y las Fuerzas Armadas, avaló la represión ilegal, quebró la economía y provocó un vacío de poder que aceleró la llegada del Proceso de Reorganización Nacional.

Isabelita también cometió actos de corrupción económica y su responsabilidad en el escándalo de la Cruzada de la Solidaridad fue perdonada por la clase política que ocupaba ambas cámara del Congreso. Diputados y senadores del oficialismo, pese a las pruebas del expediente, decidieron actuar como una corporación y respaldaron a la Presidente de la Nación.

En 1975, la sociedad argentina ya estaba harta de Isabel, de la clase política y la democracia, mientras las Fuerzas Armadas afilaban sus sables para ejecutar un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos. Y ese hartazgo social, que sirvió para apuntalar la masacre militar, pudo haberse cauterizado si las instituciones hubieran funcionado venciendo a la complacencia política.

Isabelita debió ser destituida. Se planificaba la transición democrática, había nuevas elecciones presidenciales y los oficiales golpistas se quedaban sin coartada institucional para imponer la noche y la niebla en la Argentina.

Amado Boudou es Isabelita. La sociedad aguarda que la clase política ajuste su conducta institucional a las pruebas que sostienen la resolución judicial de Ariel Lijo. El vicepresidente debe ser sometido a Juicio Político sin pérdida de tiempo y sin cálculos partidarios.

La Argentina no merece que Boudou sea Presidente cuando Cristina Fernández viaje a la Cumbre de los BRICS en Brasil o a la Asamblea General de Naciones Unidas en New York. El Vicepresidente está acusado de coimero y debería ser eyectado del poder institucional.

La oposición ha pedido el juicio político y el oficialismo se hace el distraído, repitiendo la misma conducta que sus antecesores en los meses sangrientos y oscuros de 1975. En esa época protegían a Isabel, ahora protegen a Boudou.

La sociedad votó al Vicepresidente y ahora exige su remoción del cargo. La voluntad popular se expresa en los comicios y luego vuelve a la representación política, y si esa representación política no cumple con su mandato ético, todo el sistema democrático sufre y empieza a colapsar.

No hay posibilidad de un golpe de Estado. Los políticos y la sociedad ya aprendieron que la solución no está en los cuarteles. Sin embargo, las instituciones se perfeccionan y se consolidan cuando sus representantes cumplen la ley y las expectativas de sus votantes. Es un mandato popular que pretende evitar que la lógica corporativa atente contra la democracia.

El escándalo de la Cruzada de la Solidaridad tenía tantas pruebas como la causa Ciccone. Isabelita no pagó. Estamos a tiempo para que pague Boudou.