Por Carlos Roca*

Desde su fundación hasta la década del 90 los municipios "petroleros" de la Patagonia gozaron del desarrollo y progreso que la YPF estatal les proveía en el marco del Estado de bienestar.

La presencia de la petrolera en la vida cotidiana de sus empleados y de la población en general resultaba muy importante. Las prestaciones en el área de salud, educación y vivienda constituían un aporte fundamental para la reproducción de los trabajadores y sus grupos familiares.

Con la privatización de YPF colapsó el modelo de desarrollo ligado a la actividad petrolera. Los desocupados, producto de los procesos de privatización, pasaron a representar un cuarto de la población económicamente activa.

Los costos sociales de este tránsito no pudieron ser amortiguados por un Estado provincial desfinanciado y atado a los vaivenes del precio internacional del barril de petróleo (u$s 11 en 1999), motivo por el cual los municipios tuvieron que arreglárselas solos para enfrentar los conflictos sociales y económicos en sus jurisdicciones.

Actualmente tienen que afrontar también en solitario los efectos no deseados debido al crecimiento explosivo poblacional y de demanda de servicios producidos por la reactivación de la actividad a partir de la nacionalización de YPF y las promesas del shale.

Los municipios petroleros sólo contaron con los recursos de coparticipación (incluidas regalías) según la ley 2148, el cobro de las tasas municipales y las transferencias directas de la Nación (ATN) o de la Provincia.

La coparticipación suma los impuestos nacionales y provinciales coparticipables junto con las regalías energéticas y los distribuye mediante los coeficientes, donde la variable "población" (censo 1991) tiene un peso el 60%, sin distinguir si el municipio es productor de hidrocarburos o no. Esta metodología generó un perjuicio importante a las comunas petroleras, que crecieron el doble respecto del resto de las localidades y reciben la mitad de coparticipación de regalías promedio por habitante (ver cuadro).

Para cubrir el déficit, algunos municipios intentaron aumentar su recaudación mediante el cobro de tasas a las empresas petroleras por controles ambientales, derechos de construcción, inspección de seguridad e higiene o licencia comercial por nombrar algunas.

Esto inmediatamente fue rechazado por las empresas, las que recurrieron a la Justicia con resultados diversos y adversos en algunos casos. Las ciudades de Neuquén y Cutral Co fueron las únicas que pudieron imponer esta modalidad y cobrar tasas a las empresas operadoras y de servicios petroleros. Otras, como Rincón de los Sauces, no tuvieron el mismo éxito.

CAUSA COMÚN

Ante esta situación algunas comunas crearon una asociación "Liga de municipios petroleros", en su mayoría afines al partido gobernante provincial, para lograr el objetivo por la vía política habida cuenta de los fracasos legales.

La sanción de la ley 2600 intentó resolver el problema del cobro de tasas por control ambiental "cediendo" el poder de policía a los municipios de primera categoría y reconociendo una exigua tasa por pozo en forma anual. Sólo se adhirieron menos de la mitad de los municipios en condiciones de hacerlo.

Rincón de los Sauces, adherido a esta ley, aplicó una multa a YPF, la cual fue rechazada judicialmente. Este proceso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, el que emitió un fallo adverso al municipio y además avanzó sobre la delimitación de jurisdicciones en el tema ambiental. Si bien ratificó el poder de policía ambiental municipal, no avaló el cobro de las tasas y multas, condicionándolos a acuerdos con el Estado provincial y nacional.

Bajo este criterio, cada municipio deberá negociar con el Estado provincial y nacional la porción de recursos que necesitará para controlar y resolver los problemas ambientales que la actividad le genera. En este panorama, la asimetría de fuerzas y poder de negociación coloca a los municipios en posición desfavorable, sobre todo los más pequeños.

Actualmente se comienzan a discutir en la Legislatura neuquina las condiciones y controles para las nuevas explotaciones de hidrocarburos no convencionales. Sin embargo, en los proyectos presentados no existe ni una sola mención al papel que se les asigna a los municipios. Las comunas reciben un impacto ambiental directo y se requiere que el mismo cuente con respuestas acordes a las demandas, aunque algunas no pertenezcan a su exclusiva jurisdicción (salud, educación, vivienda).

Soluciones posibles existen por ejemplo en Río Negro y La Pampa, donde los municipios petroleros reciben la coparticipación de regalías en forma diferenciada y de acuerdo con la producción.

El momento actual se presenta adecuado para el establecimiento de las responsabilidades y participación de la renta petrolera entre los municipios que reciben todo el impacto ambiental y la Provincia que es titular del recurso y responsable de dictar los presupuestos mínimos para el control ambiental.

*Ingeniero. Magíster en intervención ambiental