Por Marcelo Bonelli.

Cristina Kirchner dejó una sola certeza en la actual crisis de la deuda: existe en la Casa Rosada una total desorientación para enfrentar el problema y los funcionarios del Ministerio de Economía volvieron a mostrar toda su impericia para encarrilar el conflicto.

La Presidenta, lejos de esperar la medida –como pretendió hacer creer–, estaba convencida de que la Corte Suprema iba a extender los plazos para la Argentina. Confió en un supuesto compromiso del Departamento de Estado, que no se cumplió. Así, el Gobierno fue sorprendido sin haber pensado un “plan B” para enfrentar la crisis que amenaza con un nuevo default y con profundizar la recesión.

Axel Kicillof había dejado trascender que la subsecretaria para América latina, Roberta Jacobson, había prometido una ayuda de EE.UU. frente a los magistrados.

La fantasía oficial involucraba, incluso, un supuesto compromiso que Barack Obama habría asumido frente al papa Francisco. Nada de esto tuvo que ver con la realidad: la Casa Blanca eludió siempre enviar a la Corte Suprema su apoyo a la Argentina.

Héctor Timerman y la embajadora Cecilia Nahón volvieron a fracasar en sus tareas. Y Kicillof cometió el despropósito de manejar temas delicados como si fuera un claustro universitario.

Frente al desconcierto, ahora el Gobierno juega con fuego:amenaza con un default como el de 2001. Eso fue lo que dijo Kicillof cuando habló del cambio de jurisdicción, un canje que todo el mercado internacional sabe que es técnicamente inviable e implica la cesación de pagos.

El Gobierno dramatiza y esconde algo crucial: hoy, toda la deuda en litigio con los holdouts es manejable y pagable porque sólo representa el 3% del PBI. Son 15.000 millones de dólares.

Hace una década, la Argentina entró en default porque la deuda alcanzaba al 140% del PBI.

La situación provocó cuestionamientos a los responsables del área y abrió disputas entre los promotores de estrategias antagónicas. La posición más intransigente la tiene ahora Cristina, furiosaporque con el fallo quedó expuesto el fracaso total de su estrategia de confrontación con los tribunales de EE.UU. En agosto de 2012 dijo en público que no iba a respetar los fallos a favor de los buitres y desató la reacción de los tribunales contra la Argentina. Sumó tres sentencias en contra.

Cristina abortó el miércoles a la noche la decisión ya adoptada de enviar una misión negociadora a Manhattan, para acordar un plan de pago al fondo buitre MNL Elliot. Estaba malhumorada por esa filtración y por las afirmaciones de Griesa en su contra, que los abogados del estudio Cleary Gottlieb no se animaron a refutar. La Presidente frenó todo porque escuchó a algunos funcionarios que le recomendaron un plan épico-político para no cumplir con la decisión de la Corte de EE.UU.

La estrategia es delicada y por eso no está tomada: un default va a enloquecer a los mercados y aumentará la pobreza en la Argentina, Ayer, Jorge Capitanich expresó en público esas dudas de Cristina. Fue a pesar de que el Gobierno comunicó lo contrario al propio juez Griesa y aquí a los líderes del Congreso.

“Nosotros vamos a negociar”, fue el mensaje de Carlos Zanninia los legisladores de la oposición. A su lado estaba el jefe de Gabinete, que avaló con el silencio.

Ocurrió después de que Kicillof intentó repetir su cantinela de la deuda y fue abruptamente cortado por Mario Das Neves: “Esto no es la FUA. No venimos acá a escuchar un relato. Queremos conocer qué van hacer.” Zannini trató de calmar la pelea y dijo textualmente: “El juez Griesa abrió una ventanita para negociar y nosotros vamos a negociar.” Juan Zabalza, diputado socialista, acotó: “Pero Zannini, acá hay dos discursos. El público de Cristina y el de Kicillof y ahora éste.” Zannini lo interrumpió rápidamente y agregó: “Vamos a enviar una misión a negociar con todos los holdouts. Nos costó mucho normalizar el frente externo y no lo vamos a rifar ahora.” Por eso, a pesar de la ofuscada contraorden presidencial, ayer el Gobierno volvió a trabajar en un plan de pagos y en la conformación de una misión a los Estados Unidos para intentar avanzar en un arreglo con los fondos buitre. Exactamente lo contrario al “relato” de Cristina.

El propio abogado de la Argentina se lo confirmó al juez Thomas Griessa, después de la apabullante audiencia del último miércoles, en la cual el Gobierno fue maltratado por el magistrado. Carmine Boccuzzi, el abogado argentino, le confesó al magistrado lo siguiente: “He sido informado por Argentina que las autoridades van a estar en New York la semana próxima.” Y agregó, confidente: “ El país quiere tener un diálogo y está dispuesto a negociar con los holdouts, incluyendo los demandantes de este caso.” Boccuzzi siguió instrucciones de la Casa Rosada para tomar semejante compromiso. El estudio Cleary Gottlieb ya cobró la friolera de cien millones de dólares, asesorando sin éxito al kirchnerismo. Los abogados saben que el fondo buitre está dispuesto a negociar, en la medida en que se le pague su reclamo. J. Newman, la cabeza de MNL para Argentina, lo expresó ya en reuniones confidenciales y habló incluso de cobrar en bonos.

La primera vez se lo trasmitió en 2011 al entonces embajador argentino Alfredo Chiaradia. Pero Timerman no escuchó sus profesionales consejos.

En la Unión Industrial conocen el detalle de la confusión de la Casa Rosada. Tanto en la UIA, como en AEA, están preocupados. Ya lo dijo Héctor Mendez.

Temen que el desmanejo de la situación profundice el parate productivo y licue el poder de Cristina, complicando la transición política.

Por Néstor O. Scibona.

Cristina Kirchner finalmente apretó el freno antes del choque. El anuncio previo de un default para evitar otro default era una jugada tan temeraria y costosa que debilitaba cualquier estrategia negociadora. Lo mismo que haber anticipado el desacato al fallo de la Justicia de Nueva York que quedó firme después de tres instancias. La incertidumbre está lejos de haberse disipado. Pero no negociar con los fondos buitre en el juzgado de Thomas Griesa sólo aseguraba más problemas para una economía en recesión y anémica de dólares, a la que el Gobierno le cerraba la válvula para transfundirle el financiamiento externo que buscó reabrir en los últimos meses, al costo político de archivar el discurso del desendeudamiento.

Con esa primera reacción a la imprevista pero nada descartable decisión de la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU , el gobierno de CFK transformaba un problema manejable en un problema mayúsculo. Con derivaciones que complicarían no sólo a la actual sino a las próximas administraciones, e incluso exponiéndose a nuevos embargos de activos en el exterior.

Nadie que desconozca las habituales contradicciones oficiales entendería cómo esto ocurre en un país que puede jactarse de su bajísima relación de deuda en moneda extranjera con relación al PBI (8%). Salvo que conozca que el estilo K de confrontación ha consistido en victimizarse o buscar chivos expiatorios ante cada error propio. Y en negociar sólo si la contraparte acepta conceder todo y no reclamar casi nada; o en redoblar la apuesta frente a cada situación adversa. En los últimos dos años, bajo condiciones de necesidad, urgencia (de dólares e inversiones) y consiguiente debilidad negociadora, esta táctica fracasó e implicó aumentar los costos a futuro. Una prueba son los acuerdos con Repsol y el Club de París, cuyos beneficios a corto plazo encima quedan ahora en stand by, al igual que un swap del Banco de Francia para apuntalar las bajas reservas del Banco Central.

Es cierto que el fallo del juez Griesa es injusto con la Argentina, y con los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 por títulos emitidos bajo legislación de Nueva York por la propia administración K (unos 28.600 millones de dólares). Pero nada de esto es ilegal ni nuevo. En todo caso, la novedad es que el Gobierno perdió la apuesta de haber colocado todas sus fichas a la incierta posibilidad de que la Corte Suprema de los EE.UU. aceptara tomar el caso. No tanto para revertir los controvertidos fallos en contra de 2012 y 2013 sino, al menos, para posponer el punto final, ganar tiempo y evitar, después del 31 de diciembre, la cláusula (RUFO) que lo obliga a extender a todos los bonistas cualquier mejora acordada de condiciones de pago.

¿TODO BIEN ESTUDIADO?

Ante este hecho irreversible, la reacción inicial del Gobierno respondió a su ADN. Cristina Kirchner acusó de "extorsión" a los fondos buitre por la vía judicial, como si no supiera que ésa es su razón de ser. Y Axel Kicillof no sólo sugirió elípticamente la imposibilidad de pagarles, sino que también anunció un nuevo e incierto canje por bonos bajo legislación argentina, como si desconociera que esa opción está vedada por el fallo de Griesa, a menos que cuente con su consentimiento. Para completar la cadena de errores, el ministro anticipó que no pagaría el cupón del bono Discount 2033 bajo jurisdicción de NY (258 millones) que vence dentro de 8 días, para eludir el default que implicaría no incluir los 1330 millones destinados a los fondos buitre. En esta época mundialista, es como si frente a un penal mal cobrado, el capitán decidiera retirar al equipo de la cancha.

Los argumentos oficiales también fueron engañosos. El Ministerio de Economía indicó que el fallo lo obliga a pagar no sólo esos 1330 millones de dólares sino el total reclamado por los fondos buitre (hasta 15.000 millones, aunque la cifra puede ser más baja), lo cual no es inmediato y depende de futuros juicios. Pero tampoco aclaró que, al existir ya una sentencia en firme, el anuncio de no pagar no evitará esas demandas judiciales. También lamentó que la Corte de Nueva York haya levantado el recurso de amparo (stay) que permitía pagar la deuda reestructurada a los bonistas y dejar fuera de su alcance a los holdouts. Sin embargo, el pedido de dejar sin efecto el stay fue formulado por los abogados de los fondos buitre, minutos después de que se conociera el lunes la decisión de la Corte Suprema. En cambio, el gobierno argentino sólo se limitó a informar que la Presidenta hablaría por la noche por la cadena nacional de radio y TV. Más insólita fue la crítica del jefe de Gabinete a la Justicia argentina por no haber actuado ni presentado un amparo, como si tuviera jurisdicción en Nueva York. Sobre todo, cuando Jorge Capitanich forma parte de un gobierno que impulsó aquí la limitación de medidas cautelares.

Es cierto que esta vez el Gobierno habló de predisposición a negociar y fue algo menos agresivo que hace dos años, cuando CFK aseguró que no iba a pagar "ni un dólar" y anticipó el incumplimiento del fallo; lo mismo que en 2013 cuando anunció el canje de jurisdicción y luego debió llamarse a silencio por idéntica razón. Pero también lo es que el comunicado del Palacio de Hacienda invirtió la carga de la prueba y acusó a la Corte de Nueva York de no tener voluntad de negociar "en condiciones distintas" a las que impone la sentencia. A eso se sumaron las marchas y contramarchas sobre el envío a Nueva York de una misión negociadora. Puede ser una estrategia, pero pone en duda que el Gobierno "tiene todo muy bien estudiado", como aseguró Kicillof. O que "hicimos todo bien".

Por lo pronto, lo que haga o deje de hacer el Gobierno con la deuda bajo legislación neoyorkina depende del propio Griesa. Que en los primeros años post-canje tuvo buena predisposición hacia la Argentina, pero después se cansó de que el gobierno de CFK ignorara sus fallos y armó todo un blindaje para evitar su incumplimiento. Claramente, el Gobierno ignoró los consejos del Martín Fierro, de "hacerse amigo del juez". Además, cualquiera sea el resultado de un canje parcial, no evitaría el surgimiento de una nueva generación de holdouts y de demandas judiciales por default, justo antes del último escollo para una normalización financiera.

Cristina Kirchner optó ahora por el mal menor, embanderada en la consigna "Patria o Buitres". Un símil para la militancia de lo que fue disfrazar de "éxito" la recuperación de la fragata Libertad tras el fiasco de su embargo en Ghana. Era evidente que todos los caminos conducían a una negociación similar a la realizada con Repsol. Y que, cuanto más se dilatara, mayores serían los costos. En estos días de derrumbe de mercados, la Anses (el mayor tenedor de bonos de deuda argentina) perdió mucho más que el monto a pagar a los holdouts que ganaron el juicio. También pasaron a terapia intermedia las acciones y el plan de inversiones de YPF. Es que asomarse al abismo de un nuevo default no sólo equivale a aislar más a la Argentina del mundo, sino a someterla a una dieta de más escasez de dólares, más controles cambiarios, más devaluación, más inflación, menos inversiones, menos crecimiento y menos creación de empleos. Nada recomendable para CFK, ni para los futuros presidenciables.