Por Carlos Pagni.

Al anunciar, con el tono equívoco de quien convoca a una batalla, que saldará la deuda con los holdouts, Cristina Kirchner modificó la visión de la dirigencia política y empresarial sobre el futuro inmediato del país. Sin embargo, es imposibl e calibrar la profundidad de ese cambio.

Entre los asesores de los principales candidatos, en la banca y entre los inversores atentos a la economía local se discute si la Presidenta decidió la normalización general del frente externo o si sólo ha evitado una catástrofe. El debate se asienta en un detalle decisivo: el eventual acuerdo de la deuda reduciría el costo del dinero de 12 a 8%. Es una ventaja importante para un gobierno afectado por una crisis de reservas. Pero nadie asegura que el kirchnerismo esté dispuesto a aprovecharla.

La atención de los próximos días seguirá puesta en el acercamiento de los funcionarios al juzgado de Thomas Griesa. Los movimientos son muy descoordinados. Aunque el omnisciente Axel Kicillofdijo saber que "la Corte rechazaría el caso", no parece haber previsto una estrategia. El viernes, en Rosario, la Presidenta avanzó hacia un acuerdo.

Y con la solicitada que horas después publicó en el Wall Street Journal (WSJ), retrocedió. Quizás ese texto hubiera persuadido a la Corte Suprema de los Estados Unidos a tomar el caso. Pero la señora de Kirchner llegó tarde. El eterno problema con la puntualidad.

En el nuevo contexto, además de contraproducente, esa publicación es ingenua. Para evitar que los bonistas que aceptaron los canjes reclamen la ventaja que se otorgará a los holdouts, el Gobierno necesita que Griesa certifique que no se está celebrando un acuerdo sino obedeciendo una sentencia. ¿Para qué, entonces, irritarlo con críticas a un fallo convalidado por la Corte? Ya bastante cara puede resultar la tenebrosa "Fisonomía de Griesa" que el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, sordo al mandato martinfierrista, describió en Página 12. Fue en 2012: era imposible que un kirchnerista saliera de su presente eterno para calcular que dos años después necesitaría un favor del mismo magistrado. Griesa conoce el "encorvado dicterio" de González: se lo leyeron los "buitres".

La solicitada también es candorosa cuando reduce sus diatribas a Paul Singer, el titular del fondo Elliot, uno de los beneficiarios del fallo de Griesa. El Gobierno no ha prestado atención al fondo Aurelius. Su administrador, Mark Brodsky, fue bautizado como Terminator por The Independent, debido a su escasa flexibilidad como acreedor. Mientras desde las oficinas de Singer adelantaron que negociarán, Brodsky insiste en que la Argentina no obra de buena fe. Los funcionarios deberían reparar en esta divergencia. Brodsky puede ser el "buitre del buitre". No vaya a ser que, en medio de la discusión, monte con Singer el juego del policía bueno y el policía malo. Antes de fundar Aurelius, Brodsky fue el principal abogado de Elliot.

Los funcionarios no entran en este tipo de detalles. La semana pasada, en el Congreso, Carlos Zannini debió ser alertado sobre un problema mucho más visible. Graciela Camaño le aconsejó que hiciera testar de la versión taquigráfica su explicación de cómo la Argentina se profugaría de la jurisdicción neoyorquina para eludir la sentencia de Griesa. "La Presidenta puede decir lo que quiera en una tribuna, pero el acta de los taquígrafos es un documento público", le advirtió, pedagógica, Camaño. Los pormenores de la negociación se debatieron esa tarde en presencia de 70 legisladores. Más de uno se tentó con enviar un mensaje de texto a su agente de bolsa.

En el WSJ, el Gobierno repitió que, si se pagaran los US$ 1300 millones que determinó Griesa, habría que destinar 13.700 millones más a los acreedores que aún no fueron a juicio. Es un reconocimiento generoso. Hasta ahora sólo hay registro del 60% de ese universo. Es decir, US$ 8200 millones.

En caso de no haber acuerdo con los holdouts, los activos externos argentinos estarán sometidos a embargos. La Corte de Estados Unidos no quiso blindar esos bienes en nombre de la inmunidad soberana. El juez Antonin Scalia sostuvo que ese beneficio demandaría la modificación de una ley del Congreso. Podría haber sido un objetivo de la Cancillería y de la embajada en Washington. Pero no lo previeron.

Si no se paga a los holdouts, también las empresas estarán amenazadas. Por ejemplo, algunos desarrolladores inmobiliarios que son socios de la Anses y emprendieron proyectos en Miami. Hay indicios de que los holdouts están atentos a cualquier desembolso de Petronas en YPF. Y tal vez Chevron deba desenmascarar las sociedades offshore a través de las cuales pactó con Miguel Galuccio su inversión en Vaca Muerta. Sería una ironía: la voracidad de un "buitre" terminaría sacando a luz un contrato que la petrolera nacional y popular mantiene oculto.

El mercado financiero está ajeno a estos desvelos. Los traders reclaman a los departamentos jurídicos de sus bancos un visto bueno para intervenir en el que parece ser el negocio de la hora: un acuerdo en Nueva York mejoraría de 20 a 35% el valor de los papeles argentinos. A los expertos en finanzas les resulta imposible concebir que el Gobierno no advierta el beneficio. Razonan así: las necesidades de financiamiento de la Nación, las provincias e YPF suman unos US$ 20.000 millones. Si la tasa bajara de 12% -que es lo que paga la tesorería bonaerense- a 8%, se ahorrarían más de US$ 700 millones por año. Pagar a los holdouts con la fórmula que se aplicó con Repsol significaría emitir títulos por unos US$ 8000 millones. Con el ahorro de la tasa se saldaría la cuenta en una década.

Los políticos afectados por la estrategia financiera del Gobierno alientan una salida negociada. Para evitar una turbulencia en plena campaña presidencial, Daniel Scioli necesita colocar títulos por US$ 1200 millones el año que viene. A Mauricio Macri le alcanzan US$ 600 millones. Y Miguel Galuccio necesita unos US$ 3000 millones.

Se entiende que para ellos los "buitres" se estén convirtiendo en ruiseñores. Un ejemplo: si la Capital Federal estuviera en Bolivia, que se endeuda al 5%, con los intereses que pagó en 2013 Macri podría haber tomado fondos para hacer el doble de obra pública.

Esta álgebra política es el principal factor del optimismo del mercado. En cambio, allí no está tan claro que, alentada por la caída del costo del dinero, la Presidenta autorice a Kicillof a reponer los dólares del Banco Central emitiendo deuda. El Gobierno está entrampado en una contradicción: para mantener el nivel de reservas debe subir la tasa de interés, con la consiguiente caída del nivel de actividad. Es la vía más recesiva para conseguir divisas: reducir importaciones. La gobernabilidad kirchnerista exige, entonces, la destrucción de puestos de trabajo.

La emisión de deuda en el mercado permitiría escapar de esta pinza. Aumentarían las reservas, pero no a costa de un mayor enfriamiento de la economía. Scioli, Florencio Randazzo y los demás candidatos del Frente para la Victoria celebrarían la decisión: el Gobierno llegaría a las elecciones con el horizonte despejado de tormentas. Sin embargo, la señora de Kirchner no parece dispuesta a sacrificar el rasgo diferencial de su "modelo": crecer sin pedir prestado. Aun cuando ya no haya crecimiento.

Los empresarios que estudian negocios de largo plazo creen que si bien un acuerdo con los holdouts evitará un colapso, no inaugurará una corriente de inversión. El titular de un fondo con intereses en la industria explica: "Si se resuelve el problema de la deuda, habrá una oportunidad con títulos y acciones, pero no una apuesta más profunda. El gran atractivo del país está en petróleo y gas, y allí las dificultades no las resuelve Griesa".

El límite para esas inversiones sigue siendo la macroeconomía. La escasez de reservas impide importar equipos y distribuir dividendos. Los hidrocarburos siguen teniendo precios regulados. Los subsidios por productividad a veces no se pagan. Y la comisión intervencionista de Kicillof está vigente. Éstos son los problemas que enfrenta Galuccio en YPF. Y los gobernadores de provincias petroleras se han propuesto demostrarlo.

El neuquino Jorge Sapag negocia con sus colegas una propuesta por la cual las empresas provinciales de energía ofrecen discutir la forma y el porcentaje de su participación en el negocio petrolero. A cambio, pretenden que el Gobierno reduzca impuestos a las inversiones, aumente la disponibilidad del crudo y fije un nuevo sendero de precios. La intención es aclarar que la demora de las grandes multinacionales en llegar a Vaca Muerta no se debe a que las provincias les cobran un peaje. Es la política nacional la que, asfixiada por la escasez de dólares, no les ofrece garantías.

Éste es el punto de intersección entre el problema de la deuda y la crisis energética. Es el dato que a Galuccio le cuesta registrar. Si lo hiciera, en vez de discutir con los gobernadores debería hacerlo con su jefa.

La Argentina se encuentra en una encrucijada financiera importante

Por una parte, algunos bonos que ofreció en el canje de deuda de 2005 y 2010 contienen la cláusula que obliga a extender a todos los acreedores las ventajas que se “concedan” a cualquiera otro tenedor de títulos originarios.

Por otro lado, una sentencia firme en su contra emitida por un tribunal aceptado por la República Argentina (con la continuidad jurídica que implica la existencia de una soberanía nacional) impone aplicar, como si nada hubiera sucedido, las condiciones de los bonos que fueron reemplazados.

¿Cómo pueden jugar estas dos circunstancias? Algunos suponen que aceptar la sentencia implicaría revisar lo renegociado hace ya nueve años, y que ha sido respetado en sus pagos por la Argentina en forma rigurosa. Sin embargo, el cumplimiento de una sentencia no es una “concesión voluntaria” sino el resultado de una coerción, es decir, de una penalidad impuesta primero legalmente, y que luego puede tratar de ser forzada si no se la acepta. Esto último se presenta como un peligro remoto, pero…

Es claro que no se ha concedido ventaja especial alguna a los acreedores que aceptaron quedar fuera del canje, sino que la Argentina está forzada a acatar la cosa juzgada so pena de arriesgar sanciones duras.

Es decir, que no se habría cumplido la condición necesaria para que los acreedores que canjearon sus títulos vuelvan a las condiciones de las emisiones originales de títulos: Argentina no negoció (palabra que indica autonomía de la voluntad) las condiciones que le obligan a acatar. Esto parece la lógica jurídica más rudimentaria.

Sin embargo, ya tenemos antecedentes de cómo entiende la justicia de otros países las normas jurídicas. Esos países tienen como fundamento jurídico el derecho consuetudinario (basado sobre todo en los precedentes, que realmente parecen dar para todos los gustos). Los países latinos y Alemania, en cambio, se rigen por leyes escritas que los jueces no pueden dejar de lado.

El gobierno y la Argentina han experimentado ya una injusticia judicial con la interpretación de la cláusula “pari passu”. En esencia, esa cláusula implica dar igual trato a los iguales. Es muy caprichoso, y era totalmente imprevisible, considerar a quienes han renunciado a más del 60 % de sus capitales, y a las condiciones originales de sus títulos, en pie de igualdad con quienes se han mantenido en sus posiciones y no cedieron nada especulando con el vaciamiento del país (comportamiento típico de los llamados “buitres” en las quiebras privadas en el derecho de EE UU, donde los jueces parecen autorizados a declararse impotentes o superpoderosos).

Sería caprichoso considerar que la Argentina “negoció” las brutales condiciones impuestas por el fallo de Griesa convalidado por las instancias judiciales superiores.

Sin embargo, visto el capricho con el que se ha manejado esta sentencia, donde el juez de primera instancia se dejó llevar por el consejo de los abogados de los fondos buitres y se “ofendió” por cuestiones ajenas al expediente que tenía que resolver, como el contenido de los discursos políticos en la Argentina, sería conveniente por el país encontrar la manera de no quedar entrampados.