Por Sergio Urribarri.

La Argentina se encuentra frente a uno de esos momentos que están destinados a ser una bisagra en relación con su política energética . Además, probablemente estemos siendo injustos si creemos que lo que ocurra en este campo no tendrá un impacto trascendental en nuestra política de desarrollo integral.

El destacado ciclo de crecimiento y expansión de nuestra economía que ha tenido lugar durante la última década nos ha traído extraordinarios beneficios, pero también importantes desafíos. Uno de ellos, probablemente el principal, es el de resolver con una visión de largo plazo la producción y la provisión de energía.

Algunos países no tienen nada que resolver sobre esta cuestión. Como no cuentan con reservas de hidrocarburos ni de otro tipo de recurso, sólo deben preocuparse de cómo conseguir las divisas para importar del mundo la energía que su economía requiere. Afortunadamente, la Argentina no sólo tiene una extraordinaria historia en la búsqueda y exploración de hidrocarburos, sino también en el desarrollo de energía nuclear o mediante el uso de nuestros recursos hídricos. Esto permitió alcanzar el autoabastecimiento en algunos momentos de nuestra historia; las políticas estatales han sido el eje central en la posibilidad de alcanzar este objetivo.

Hoy hemos descubierto que la Argentina ocupa el segundo lugar a nivel mundial por sus recursos de gas no convencional y el cuarto de petróleo no convencional. Los recursos de petróleo y gas shale de Vaca Muerta constituyen una oportunidad de alto impacto sobre nuestra economía en el contexto de un mundo que está mirando atentamente el potencial de las nuevas tecnologías de extracción para un recurso considerado estratégico para el desarrollo de la economía global.

Resolver la "ecuación" energética a través de la extracción de hidrocarburos no convencionales tendría el impacto de prescindir de la necesidad de importarlos, pero requiere contar con los recursos para llevar adelante tamaña empresa. Los cálculos que realizan los profesionales estiman en decenas de miles de millones de dólares la inversión a realizar en los próximos años. Como recientemente planteó el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, los argentinos nos encontramos frente a esta disyuntiva: o juntamos dólares para enviar al exterior y comprarle energía al mundo, o nos dedicamos a atraer los dólares para poder desarrollar nuestras fuentes de energía y recuperar el autoabastecimiento.

Si la opción que como sociedad elegimos es concentrarnos en aprovechar esta oportunidad, también debemos saber que la fórmula para atraer semejante volumen de inversiones no es un secreto al estilo de una bebida cola. La inversión tampoco elige sus destinos de acuerdo con la gracia en que le cae el gobernante de turno o la simpatía por su seleccionado de fútbol. Manejar un margen de rentabilidad razonable y un marco institucional-jurídico que brinde certidumbre en el largo plazo es el punto de partida.

Nuestro país ha atravesado, desde el retorno a la estabilidad democrática, diferentes etapas hasta la recuperación de una YPF al servicio de la política de autoabastecimiento energético. Diversos arreglos institucionales derivaron en el actual esquema en el que las provincias tienen la propiedad de los recursos que se encuentran en el subsuelo de sus territorios y el Estado nacional es quien define los lineamientos de la política hidrocarburífera. Diversos hitos, desde su inclusión en la reforma de 1994 hasta la sanción de la denominada ley corta, han confirmado este arreglo institucional que, sin embargo, requiere contornos claros. Es aceptado por todos como algo justo que sean las provincias en las que se encuentran los recursos quienes reciban las regalías de éstos, al mismo tiempo que es necesario que se reconozca que el actor para fijar los lineamientos de la política es el Estado nacional.

Con la recuperación de YPF, se recobra una herramienta fundamental para desarrollar la política hidrocarburifera a cargo del Estado nacional. Esta situación debería ayudar a configurar un marco adecuado para que seamos capaces de atraer las inversiones que estamos necesitando para desarrollar Vaca Muerta. Un marco dentro del que las provincias y la Nación puedan articular esta oportunidad.

Como gobernador, tengo una clara comprensión de la necesidad de defender los recursos e intereses de nuestras provincias y del sentido del federalismo argentino, pero también sé de las dificultades para diseñar e implementar políticas de largo aliento si no contamos con un Estado federal que, con las capacidades adecuadas, pueda coordinar tamaño esfuerzo. Estoy además convencido de que esta máxima no sólo se aplica al campo de la energía y que merece nuestro atención para otros campos de nuestras políticas de desarrollo.

El Estado nacional ha entendido esto con claridad, y así queda demostrado a través de las decisiones que se fueron tomando desde la recuperación de YPF, que nos ponen en el camino de lograr nuestra soberanía hidrocarburífera. Esperamos que los Estados provinciales estemos a la altura de las circunstancias y no creamos que es posible que cada provincia construya su propio marco regulatorio.

El autor es gobernador de Entre Ríos