Por Marcelo Bonelli.

Una fuerte convulsión existe entre los funcionarios de carrera del Ministerio de Economía: muchos confirman ahora una activa presencia en el Palacio de Hacienda de José María Núñez Carmona durante las cruciales jornadas en las que se produjeron las decisiones para la supuesta apropiación de la ex Ciccone.

Núñez Carmona concurría a diario al despacho de Amado Boudou y participaba de reuniones de funcionarios en donde se adoptaron decisiones políticas y económicas del Gobierno. Hay muchos testigos. Ingresaba sin dejar registro por el ascensor privado de Boudou y era introducido al despacho del entonces ministro por personal de seguridad del Palacio de Hacienda.

Núñez Carmona es socio de Boudou y es la persona acusada de haberlo representado para lograr apropiarse el 70% de las acciones de la fábrica de billetes. Así lo hizo ante los Ciccone y ante Guillermo Gabela, de Boldt.

Ahora los funcionarios admiten que Núñez Carmona utilizaba a veces los despachos de la “Unidad Ministerial”. Esto ocurrió desde 2009 y se intensificó en las fechas clave para el desarrollo del caso Ciccone. La información la confirmó Clarín en fuentes de la Comisaría de la Policía Federal con sede en el Palacio de Hacienda. Sus autoridades estaban encargadas de introducir a Núñez Carmona en el edificio.

Fue a partir de la fecha en que el propio Boudou adoptó una decisión que atemorizó y amedrentó a los funcionarios: la resolución que autorizó al jefe del Palacio de Hacienda a espiar los correos electrónicos del personal del Ministerio de Economía.

En diciembre del 2009, Boudou aprobó la resolución 464, por la cual dispuso que un “Grupo Especial” tecnológico tuviera potestad para ingresar a los correos privados de todos los empleados del Palacio de Hacienda.

La medida generó escándalo y denuncias judiciales. Boudou –en el esplendor del poder– la habría tomado para evitar filtraciones de sus acciones. Lo hizo cuando era perseguido por las escuchas que le realizaba la propia Casa Rosada. Ellas le provocaron un distanciamiento con Máximo Kirchner. El hijo de la Presidenta confirmó a través de la ex SIDE que Boudou hacía alarde con sus íntimos de tener una relación especial con Cristina, que le otorgaba impunidad política.

Los funcionarios policiales testigos de esas continuas visitas de Núñez Carmona a Boudou fueron trasladados y algunos directamente dados de baja. Ahora la información genera un hervidero en Economía. Los desplazamientos sucedieron en la gestión de Hernán Lorenzino y los últimos en la de Kicillof. El actual ministro no quiere tener ningún vínculo con Boudou.

Axel Kicillof está concentrado en su pelea con Juan Fábrega. El ministro le torció el brazo y lo obligó a aplicar un tope a las tasas de interés.

Fábrega advirtió que el resultado final generará un dolor de cabeza para la Casa Rosada: los banqueros anticiparon que van a reducir el crédito.

Ayer, Kicillof estuvo concentrado en las deliberaciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La decisión aún no estaría tomada, pero la mala praxis de la embajadora Cecilia Nahón impidió ayer al ministro tener información precisa del crucial veredicto del tribunal. En su intimidad, Kicillof confió a su equipo que cumplió con todas las exigencias impuestas por Washington, para contar con la ayuda de la Casa Blanca.

Aplicó un severo ajuste ortodoxo y acordó inusuales beneficios para Repsol y el Club de París.

Trascendió que después de los “deberes” que el ministro hizo, el Departamento de Estado de los EE.UU. se comprometió a realizar una gestión ante la Corte Suprema para que el tribunal amplíe los plazos y no lleve a la Argentina a un default.

Roberta Jacobson –encargada de América latina en Washington– comunicó que Estados Unidos quiere apuntalar la salida de Cristina Kirchner y evitar que el Gobierno haga mayor daño sobre la gobernabilidad futura en Argentina. La funcionaria sugirió que la propuesta sería : – EE.UU. le pidió a la Corte que habilite un plazo mayor a la Argentina.

Sería tomando el caso o dilatando la definición.

–A cambio, el Gobierno comenzaría a negociar con los fondos buitre una fórmula de pago de la deuda.

El Departamento de Estado advirtió que la solución podría instrumentarse incluso en el caso de un fallo adverso a la Argentina. Pero el pedido del Departamento de Estado no garantiza un acatamiento fiel de los jueces.

En ese punto, la Corte y el juez Thomas Griessa sancionarían a la Argentina políticamente, pero convocarían a Paul Singer y a Cristina Kirchner a abrir negociaciones para evitar un cataclismo doméstico. En otras palabras: para recibir la ayuda de EE.UU., la Casa Rosada ya se comprometió a cambiar “el relato”, admitiendo el pago a los fondos buitre.

Fue la pésima negociación de los últimos años la que llevó a la Argentina a sufrir la humillante instancia de ser juzgada por la Corte de EE.UU.

La Presidenta utilizó el tema para hacer política interna y vociferó que “nunca” iba a cumplir un fallo judicial que avalara el reclamo de MNL Elliott.

Ahora, en un “pacto secreto” con Washington, el Gobierno aceptaría sentarse a negociar la cancelación de la deuda. Se haría con bonos y se trasladaría el costo al próximo gobierno.

El propio Paul Clement, el nuevo abogado argentino, llevó adelante una estrategia judicial borrando totalmente las amenazas de Cristina a los fondos buitre. Clement entregó a la Corte de los Estados Unidos un escrito oficial desdiciendo a Cristina: ahí se afirma que la Presidenta acatará el fallo judicial, aunque sea adverso y obligue a pagarle a NML Elliott.