Axel Kicillof decidió ocultar el texto oficial del acuerdo con el Club de París, para evitar que se conozca el detalle de las fuertes concesionesque la Argentina le otorgó a los acreedores externos.
Clarín confirmó que el ministro, en nombre de la Presidenta, le solicitó a las autoridades de la organización que no difundan –como es costumbre y obligatorio– el texto completo del convenio que firmó con el Gobierno.
Ramón Fernández accedió a esa anormalidad después de los fuertes beneficios que Kicillof le otorgó al Club de París.
Fernández –el titular del Club– comunicó en forma interna y reservada a sus funcionarios la prohibición de difundir por ahora los términos del contrato, a pedido de la Argentina.
La Casa Rosada tampoco dará a conocer el documento completo y para eso decidió no cumplir con la obligación oficial de elevarlo al Parlamento.
Así lo reconoció Jorge Capitanich: “No vamos a remitir al Congreso el acuerdo”, dijo en el recinto, cuando balbuceó ante las precisas preguntas del diputado Claudio Lozano.
El inédito hermetismo obedece a que el Gobierno quiere ocultar detalles comprometedores de la negociación final. La decisión de Capitanich pone al Gobierno en la ilegalidad. Existe legislación que obliga a Cristina a comunicar los términos del convenio al Parlamento:lo estipula claramente el artículo 75 inciso séptimo de la Constitución, las leyes de administración financiera y el Presupuesto. Pero se trata de una política ya utilizada por el Gobierno: como el contrato de Chevron tiene concesiones inadmisibles, Cristina también ordenó absoluto secreto.
Ahora, el secretismo ilegal sobre el acuerdo del Club de París obedece a una cuestión: no exponer en público el pésimo arreglo que admitió Kicillof y que implicaría un fuerte traspié en el relato del “cristinismo”.
Kicillof cerró el acuerdo después de innumerables concesiones a los acreedores: no hay quita de la deuda, se blanquea deuda tomada por la dictadura militar, el plazo de pago pactado es la mitad de lo habitual, hay fuertes vencimientos inmediatos, se incorporaron todos los punitorios, no hay apertura de créditos automática para la Argentina. Y encima –como adelantó Clarín– Kicillof reconoció un irregular y no justificado aumento del 59% de la deuda a pagar. Son 3.611 millones de dólares adicionales.
La única “concesión” del Club fue obviar al FMI, pero se trata de una formalidad dado que Kicillof aplica la política de ajuste ortodoxo del FMI.
En el Ministerio de Economía igual se vive con alegría: Kicillof cumplió con otras de las exigencias que en enero Cristina pactó con Washington. Primero, fue la devaluación y la caída del salario. Después, el Ciadi y los beneficios a Repsol. Un emisario de Wa-shington, William Ostick, comprobó en marzo que esas soluciones estaban en marcha. Ahora el Gobierno apuesta a que la Casa Blanca subsane los múltiples errores que cometió Cristina en el reclamo de los fondos buitre.
Para eso, la Casa Rosada estaría obteniendo un logro: que después de ser maltratados por el Gobierno, los bloques de la oposición avalen la posición de los funcionarios kirchneristas en el pleito. La astuta acción de Julián Domínguez los puso en un brete delicado, que los obliga a acompañar el tramo final de la pobre negociación de la Casa Rosada. En UNEN, el Frente Renovador y el PRO hubo un intenso debate: muchos legisladores advirtieron que Cristina no se merece este acompañamiento y que el Gobierno los usará para mostrar a toda la oposición avalando el plan de ajuste económico.
Pero en los referentes de cada espacio primó otra cuestión: no quedar pegados a los buitres y evitar que una pésima negociación lleve a la Argentina a un default cuyo costo pagará el próximo gobierno. También lo hacen para seguir un consejo del Departamento de Estado. La subsecretaria de Asuntos Hemisféricos, Roberta Jacobson, envió un mensaje a Sergio Massa, Mauricio Macri, Julio Cobos y Elisa Carrió. Los canales fueron informales, y uno de ellos a través del influyente Luis Savino, titular del Centro de Estudios Americanos. Se trata de lo siguiente: colaborar para que Cristina llegue al 2015, ocasionando el menor daño posible.
El Departamento de Estado recomendó la acción conjunta, frente a la dureza de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU.
La diplomacia estadounidense asegura que el Tribunal podría otorgar otro plazo, hasta fin de año a la Argentina.
Tratan de convencerlo para buscar la argucia de pedir un informe al procurador de la Casa Blanca.
El Departamento de Estado quiere fortalecer a Kicillof, porque el ministro se convirtió en un instrumento para cumplir con los deseos de Washington.
A cambio de ello, Kicillof se comprometió a seguir haciendo los “deberes” y utilizar el nuevo plazo para negociar un pago a los fondos buitre.
En caso de que la Corte conceda ese nuevo plazo, existirían dos señales de la Casa Blanca: viajaría a Buenos Aires la propia Jacobson y Estados Unidos destrabaría líneas de crédito del Banco Mundial.
Pero la situación no es fácil. En el Tribunal hay jueces con una posición muy antiargentina. A todos les agradó que en su última presentación por escrito, la Argentina desautorizara a la propia Presidenta. Cristina había dicho que jamás acataría un fallo que la obligue a abonarle a los buitres. El nuevo abogado, Paul Clement, dijo lo contrario. Pero en el Tribunal cayó como una bomba de tiempo el documento secreto del estudio Cleary Gottlieb.
En ese trabajo se amenaza a la propia Corte Suprema de EE.UU.: dice que si lo jueces no fallan como quiere la Casa Rosada, serán señalados como los culpables del default.
