Por Julián Blejmar.
Nacionalización de la mayoría accionaria de YPF. Aumento en la generación de energía de 9.000 a 27.000 gigavatios, con inversiones cercanas a los 100.000 millones de pesos. Extensión del suministro de gas y electricidad para incorporar 6 millones de hogares. Energía altamente competitiva para industrias y con función social para hogares. Desestimación de “crisis energética” por parte de expertos, como el director de la Licenciatura en Energética de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Víctor Bronstein, o el economista senior del Banco Mundial, Govinda Timilsina. Pero al mismo tiempo, ciertas continuidades con el diseño neoliberal energético, un creciente déficit en la balanza comercial energética –que condiciona el desarrollo de la totalidad de las políticas–, una tardía estatización de YPF, y una política de subsidios estatales que favorecieron a sectores de alto poder adquisitivo.
Estas luces y tensiones plantea el balance sobre una década de gestión energética, sobre la cual resulta también imprescindible conocer cuál fue el punto de partida: una estructura desguazada por políticas implementadas durante el menemismo y el efímero gobierno de la Alianza, cuyos responsables técnicos, como los ex secretario de Energía Julio César Aráoz, Carlos Bastos, o Daniel Montamat, se convirtieron, paradójicamente, en los principales impugnadores de las políticas energéticas kirchneristas.
En efecto, el auge y consolidación de las privatizaciones operadas desde 1990 destruyó un sistema planificado, donde Agua y Energía Eléctrica (AyE o AyEE) y Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba), ambas estatales, eran las más importantes empresas encargadas de la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) se encargaba de lo propio con el petróleo y era asistida en la distribución del gas por Gas del Estado. En todos los casos, se privilegiaban objetivos sociales –como por ejemplo la extensión de la red de gas–, productivos –como precios competitivos para industrias– o políticos –como el cuidado de las reservas para sostener la soberanía energética futura–, por sobre los de rentabilidad empresarial privada. Estos objetivos estratégicos no siempre fueron acompañados de una gestión acorde, pero, tal como se probó, su desguace no condujo a resultados superadores.
De este sistema herido, y en medio de una de las más profundas crisis económicas, emergió durante el kirchnerismo una nueva política energética, cuyo diseño no logró una reconstrucción del tejido, aunque exhibió diversos logros en un contexto de calentamiento global y aumento significativo de la industria, el parque automotor, y de aires acondicionados.
De planes y subsidios. En mayo pasado se cumplió una década del Plan Nacional Energético, desarrollado por el Ministerio de Planificación Federal, así como de la política de subsidios extendidos diseñado por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con un documento recientemente publicado por los investigadores Federico Bernal y Ricardo De Dicco para el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura, desde el año 2004 se realizaron inversiones en obras energéticas por más de 92.500 millones de pesos, de las cuales alrededor del 78% correspondieron a inversiones públicas, y el resto a inversiones mixtas y privadas. Los principales resultados, enumeran, fueron la incorporación de casi 9.300 MW de potencia instalada en el parque de generación de energía (que según fuentes de la Secretaría de Energía permitieron alcanzar una capacidad de producción de 27.000 MW); cerca de 5.500 km de nuevas líneas de alta y extra alta tensión, que permitieron que por primera vez el país se interconectara, así como la construcción de 2.790 km de nuevos gasoductos, todo lo cual permitió además que se sumaran al servicio eléctrico 3,7 millones de hogares y 2,1 millones al servicio de gas natural.
Por su parte, Mariano Barrera, investigador de Flacso, destaca la ampliación en la generación eléctrica lograda en 2011 para la central hidroeléctrica Yaciretá, la puesta en marcha para este año de la central nuclear Atucha II, cuyo costo fue superior al presupuestado debido en gran medida a la paralización de obras que sufrió durante el menemismo, y los proyectos de comienzo de obras para extender la vida útil de otra central nuclear, Embalse, aunque alerta sobre los inconvenientes en las demoras en la construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que permitirán en este último caso evitar la erogación al exterior de alrededor de 1.200 millones de dólares anuales en importación de energía. Asimismo, Barrera puntualiza la importancia de diversificar la matriz energética (el 87 por ciento de la energía primaria argentina depende del petróleo y el gas natural, que son contaminantes y no renovables), haciendo referencia a demoras pero también a avances como el apoyo a pequeños emprendimientos hidroeléctricos, entre otros renovables, gracias al plan Genren; el crecimiento de centrales eólicas, que representan el 1 por ciento de la potencia instalada de generación eléctrica; y a la producción de biocombustibles, que en solo cuatro años aporto entre 3 y 4 puntos de la matriz primaria energética (es decir, sin procesamiento posterior).
La intervención pública no logró de todas formas restituir al sistema la vieja centralidad estatal, que unía la planificación de generación, transmisión y distribución eléctrica. En la generación, el 75% de las empresas se encuentra en manos privadas, aunque el Estado tiene un importante rol al estar asociado junto a los privados en la sociedad Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.), que es quien compra la electricidad a los generadores y administra el mercado eléctrico mayorista. En cambio, en el transporte y la distribución sólo tiene un rol regulador a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), cuyas falencias y demoras de la Justicia argentina permitieron que las distribuidoras, (aquellas que comercializan la electricidad a los pequeños y medianos consumidores, como Edenor, Edesur y Edelap, entre otras) provocaran diversos cortes eléctricos por la baja inversión de estas empresas. De acuerdo al sitio Chequeado.com, un informe de la Auditoría General de la Nación expresaba que “no surge con claridad el criterio adoptado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para disponer o no el cobro de las sanciones impuestas a las distribuidoras”, ya que desde el mismo ENRE señalaban que entre 2007 y 2011 se aplicaron 4.074 sanciones a Edenor, Edesur y Edelap por más de 820 millones de pesos, pero con un “saldo pendiente” de cobro de 629 millones, pues las empresas habían “recurrido la mayor parte de las sanciones aplicadas por el ENRE”.
Estas transformaciones –y demoras–, se realizaron también en un contexto de tarifas bajas, debido a la política de subsidios extendidos que comenzó en implementarse en 2003, y que el año pasado representaron, en total, una cifra cercana a los 130.000 millones de pesos, equivalente al 4,6% del total de lo producido por el país durante ese año (PBI 2013), entre los cuales los energéticos se llevaron la mayor parte, con más de un 65% del total. De acuerdo con la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), esta inversión pública en subsidios energéticos equivalió a dos mil pesos anuales por habitante, o a un tercio del Sistema Integrado Previsional Argentino (jubilaciones y pensiones). Esta política de subsidios, tuvo en rigor tres variables fundamentales: otorgarle mayor competitividad a la industria, lo que significaba abaratar el costo de la fabricación de forma tal de lograr una mayor penetración de lo producido tanto en nuestro país como en el exterior; cumplir una función social, al permitir acceder a los servicios públicos básicos a quienes se hubieran visto impedidos de hacerlo; y aumentar los niveles de consumo, ya que la sociedad podía canalizar el dinero “ahorrado” hacia otros servicios o productos (una cuarta variable se sumó con el correr de los años, la cual tuvo que ver con sostener las tarifas virtualmente congeladas para contrarrestar la creciente inflación). Sin embargo, el hecho de no discriminar entre empresas y hogares con capacidad de pago, y aquellas para las cuales el subsidio resultaba vital (hubo solo leves correcciones en los años 2009 y 2011), produjo diversas inequidades, Según el trabajo “Simulación de los efectos distributivos de cambios en el gasto público y los impuestos”, publicado en septiembre de 2012 por los investigadores Jorge Gaggero y Darío Rossignolo, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefidar), el quinto por ciento más pobre de la población recibía para 2010 sólo el 6,4% de los subsidios estatales al sistema eléctrico, mientras que el quinto más rico obtenía el 42,7%.
Yacimientos Petrolíferos nuevamente Fiscales. El 16 de abril de 2012 la presidenta Cristina Kirchner presentó el proyecto de estatización de YPF, el cual fue convertido en ley dos semanas atrás, indemnizando a Repsol por del 51% de las acciones de YPF nacionalizadas. De acuerdo con el ministro de Economía, Axel Kicillof, durante ese lapso de dos años,la producción de crudo aumentó en un 8,6 por ciento y la de gas en un 8,8 por ciento, además de haberse duplicado los niveles de inversión efectuados por Repsol en 2011, y haberse incorporado 45 equipos de perforación (se pasó de 20 en 2011 a 65 en 2013). Pero los logros no solo se obtuvieron en el terreno operativo, sino también en el monto indemnizatorio por las acciones de Repsol, consistente en bonos a diez años por un valor actual cercano a los 5.000 millones de dólares, lo cual implicó cerca de la mitad de los 10.500 millones de dólares que reclamó Repsol en su demanda principal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, y de los 9.300 millones en los que tasó a YPF la compañía española. Oportunamente, la agencia de noticias económicas Bloomberg, que encarna la visión de Wall Street, afirmó en una columna firmada por el periodista Raúl Gallegos que “a veces, recibir un pago no te convierte en ganador”, en relación con la compensación acordada con Repsol, así como también que Cristina Kirchner aparecía como “una dura negociadora”.
Esta indemnización fue el final de una aventura que había comenzado en 1998, cuando Repsol inició el proceso de control de la compañía, transformándose en su propietaria al año siguiente. Según señalan los investigadores del Conicet Andrés Asiain y Agustín Crivelli, en su trabajo “La explotación de hidrocarburos en argentina. Estudio de caso: YPF S.A”, “la administración de YPF por Repsol se basó mayoritariamente en la extracción de crudo descubierto antes de 1998, es decir, bajo la administración estatal”, agregando que la empresa española hizo “poco y nada” en lo referente a exploraciones para aumentar sus reservas: “La estrategia de negocio en la Argentina se basó en extraer las reservas existentes”. Así, los investigadores concluyeron que “la brutal reducción de las reservas que esa práctica condujo fue la causa de la declinante producción”, señalando también que la “lógica predatoria” de la estrategia de Repsol para YPF “no es el efecto de una defectuosa gestión empresarial, sino consecuencia directa de la estrategia global de Repsol”, la cual, describen en su trabajo, tuvo como objetivo obtener la mayor rentabilidad posible de YPF para luego “migrar hacia los activos con crecimiento y alta rentabilidad” en diferentes países de América y África”. Lo cierto es que esta política se mantuvo también durante gran parte de la gestión económica kirchnerista. Se argumentó desde el oficialismo una estrategia de correlación de fuerzas, que impedía enfrentar a diversos actores poderosos (Los terratenientes en la resolución 125, los bancos por las AFJP, o los medios hegemónicos porla Ley de Medios, entre otros) en un mismo tiempo. Pero según afirma Barrera, “no fue una buena estrategia del kirchnerismo esperar que en el sector energético se profundicen las complejidades, porque eso contribuyó a consolidar un escenario de difícil reversión. En este sentido, la creciente importación de energía, para garantizar el consumo doméstico, genera un fuerte condicionante para la actual gestión económica del gobierno”. La demora en la estatización de YPF también se combinó con el injustificable ingreso del grupo nacional Petersen de la familia Eskenazi a fines de 2007, que sin aportes de capital adquirió cerca del 15% de las acciones, las cuales amplió a 25% para 2011. Durante ese lapso, ningún estudio da cuenta de algún cambio en la conducta predatoria sobre YPF, e incluso el periodista Alfredo Zaiat reveló que los Eskenazi estuvieron entre los mayores compradores de dólares para “atesoramiento”, durante la gran fuga de capitales de 2011, la cual obligó al Gobierno a limitar la venta de esa moneda. Lo cierto es que la consecuencia de esta tardanza y mala administración fue la pérdida del superávit energético. De acuerdo al Centro Cifra de la CTA, la balanza energética pasó de representar un saldo positivo cercano a los cinco mil millones de dólares entre el 2002 y el 2006, pero a partir de ese año fue reduciéndose hasta llegar, en 2013, a un déficit cercano a los siete mil millones de dólares. Es importante señalar que, al igual que se enunció con el sector eléctrico, un análisis preciso debería tener en cuenta que estas tensiones se dieron en gran medida por la fuerte actividad económica, cuestión que no debieron enfrentar otros gobiernos que implementaron políticas neoliberales de destrucción del sector productivo.
Futuro no convencional. La gran apuesta pasa hoy por los combustibles no convencionales, es decir aquellos que se extraen por medio de una técnica denominada fracking, consistente en la inyección a presión de agua, arena y químicos para ampliar las fracturas de las rocas que contienen gas o petróleo. Según señaló el organismo público norteamericano Energy Information Administration (EIA) nuestro país es el segundo en reservas de gas no convencional (shale gas) y el cuarto con existencias de petróleo no convencional (shale oil), estimando en 23.000 millones de metros cúbicos el primero y en 27.000 millones de barrilesel segundo. Por su parte, desde YPF afirmaron que estos combustibles representan 30 veces las reservas argentinas de gas convencional y nueve veces las de petróleo. Hasta el momento, la YPF nacional avanzó en este terreno mediante un acuerdo suscripto el año pasado con la petrolera norteamericana Chevron Corporation para la operatoria del 1,3% de los 30.000 kilometros cuadrados que posee el yacimiento Vaca Muerta de Neuquén. Si bien fue celebrado que se pudiera llegar a un acuerdo internacional de envergadura en medio de los juicios que mantenía Repsol con nuestro país, grupos ambientalistas cuestionaron la utilización de la técnica de fracking, mientras que la oposición reclamo que los documentos del acuerdo se hagan públicos.
Fueron también parte de las luces y tensiones de una década en la gestión energética, que exhiben resultados muy lejanos a las profecías apocalípticas de los ex secretarios de Energía responsables del desguace durante el menemismo y la Alianza, pero también distancias de otros logros nítidos obtenidos durante el ciclo kirchnerista.
