El Congreso aprobó un “Convenio Amigable” con Repsol para la expropiación del 51% de las acciones que estaban en manos de esa compañía. “Le permite al país obtener crédito externo … y así poder ejecutar las políticas públicas“, dijo el informante del oficialismo. “Discutimos esta noche volver al menemismo y así financiar el gasto público con deuda externa ”, nos llamó a la reflexión el diputado de la UCR Oscar Aguad. El pago a Repsol nada tenía que ver con la energía. Se estaba jugando un fin controlado del kirchnerismo. El PRO se abstuvo porque no quisimos avalar un proceso de expropiación que violó la Constitución, pero no quisimos bloquearlo ya que Argentina debía superar la irregularidad en la que la ocupación de la empresa nos puso.

Más allá que sea beneficiosa coyunturalmente, la compra de YPF encierra graves riesgos. Se compra un operador petrolero. Y el operador no es dueño de los recursos que por la Constitución son de las provincias. Y en tanto las reglas del sector sean claras y previsibles no importa si el que produce es privado o público. Y como la operación petrolera tiene sus riesgos, dejamos al contribuyente expuesto a tener que solventar con impuestos los riesgos ambientales, de precios y de producción de esta industria.

Pareciera que con Vaca Muerta todo se justifica. Pero vale la pena mirar la experiencia de Petrobras: su acción valía hace cuatro años unos 50 dólares; hoy no vale más de 10. Petrobras apostó a yacimientos de aguas profundas que no son rentables con un crudo por debajo de los 85 dólares.

Con ese precio en el horizonte, Petrobras es una apuesta incierta. ¿Ocurrirá lo mismo con Vaca Muerta cuando el precio del gas en los mercados colapse en los próximos años?

Y esta ley nos aleja de la soberanía energética.

La soberanía no está dada por si el operador es estatal o privado, sino por los mecanismos por los cuales los dueños de los recursos (las provincias) los concesionan. Si para esa concesión empresas públicas y privadas compiten entre sí, se podrá apropiar la renta petrolera para el Estado. Si, por el contrario, las áreas se entregan sin dicha compulsa la renta será transferida al “beneficiado” de ese improcedente proceso. Eduardo Costa, diputado de la UCR por Santa Cruz, expuso la versión más grotesca de esta entrega de la soberanía energética explicitando con nombre y apellido las áreas que Santa Cruz le asignó a Cristóbal López y Lázaro Baez por mecanismos que los dejaban sin competidores. Así se entrega la renta petrolera a los amigos del poder.

Este mismo escándalo está ocurriendo con la múltiples áreas que YPF logró renovar en los últimos meses, incluidas algunas de Vaca Muerta, también sin estar sometidas a una instancia de competencia. Loma Campana, El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Restinga Ali, Sarmiento, Cañadón Perdido, El Trébol, Tierra del Fuego y los Chorrillos, son ejemplos recientes.

Las provincias están hoy entregando su renta petrolera, esto es su soberanía energética, a YPF. Quizás como país no preocupe esto, siendo que YPF es al menos parcialmente estatal. Pero además de violar el precepto constitucional de que los recursos son provinciales, resulta que por urgencias macroeconómicas pasa a ser YPF la que asigna las áreas, en general a empresas extranjeras, sin un adecuado proceso de apropiación de rentas ni siquiera para sí misma.

El secreto con el que se envolvió el contrato con Chevron es una prueba de esta entrega.

Defender la soberanía, por el contrario, sería velar por la transparencia y la competencia al concesionar cualquier área.

Los diputados K justificaron la expropiación de YPF como un acto de soberanía. En realidad estaban votando justamente lo contrario.