Ahora que el gobierno de Cristina Kirchner acordó finalmente con la española Repsol el pago de la indemnización de 5000/6000 millones de dólares en bonos argentinos por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, podría afirmarse que a casi dos años de su reestatización la petrolera argentina tendrá un camino más despejado para conseguir financiamiento y socios extranjeros o locales que permitan sacar a la superficie los potenciales recursos energéticos de Vaca Muerta.
Junto con el acuerdo financiero, ambas compañías desisten de sus demandas en tribunales internacionales. Y, al despejarse este serio escollo judicial, se supone que no serán pocas las petroleras internacionales que estamparán su firma como socias de YPF.
Sin embargo, subsisten aún otro tipo de escollos que hacen suponer que, inicialmente, dicho el flujo de inversiones extranjeras directas será moderado. Más bien, el escenario con mayor probabilidad es que los contratos por firmarse sean una suerte de “seña” para reservar áreas y participar del negocio, a cuenta de las multimillonarias inversiones en dólares que requerirá el desarrollo y explotación no convencional de petróleo y gas en esa prometedora formación geológica. Esas inversiones irán aumentando a mediano y largo plazo, en la medida en que vayan desapareciendo los desincentivos que impone la actual política energética y la incertidumbre de la actual política macroeconómica.
Si bien en este último caso el gobierno de Cristina Kirchner está operando –sin anestesia- un inesperado giro hacia la ortodoxia (ante la necesidad y urgencia de frenar la caída de reservas del Banco Central), pocos esperan que llegue tan lejos como para promover un súbito boom de inversiones en el sector petrolero a la manera de los años ’60, cuando –con un mundo y un país muy diferente al actual- arrancó el gobierno de Arturo Frondizi. Llevará tiempo desenredar la madeja de controles, regulaciones, trabas y subsidios cruzados que condujeron al actual déficit energético y hoy impiden el despegue del sector. Sin ir más lejos, el reciente retiro de la Argentina de la estadounidense Apache (cuyos activos acaban de ser adquiridos por YPF) es una muestra del hartazgo de algunas petroleras que se cansaron de esperar mejores condiciones para invertir a más largo plazo. En el mejor de los casos, los futuros cambios podrían ser capitalizados por el gobierno que suceda al de CFK dentro de 22 meses, si aplica políticas económicas y energéticas más racionales. Más de un político que hoy se prueba el traje de candidato, debe estar ilusionándose con la perspectiva de futuras inversiones en petróleo y gas por 10.000 a 20.000 millones de dólares por año.
Aún así, el acuerdo extrajudicial con Repsol era el paso más necesario y esperado por la conducción de YPF para dejar atrás casi dos años de un juego de suma cero: Repsol no cobraba por la expropiación de sus acciones e YPF no podía cerrar contratos de asociación con otras petroleras internacionales y locales en Vaca Muerta. En este lapso sólo pudo hacerlo con dos compañías estadounidenses -Chevron y Dow- que en realidad lograron resolver necesidades específicas. Chevron, después de que la Corte Suprema liberara a su filial argentina de las consecuencias de un fallo en contra de la justicia de Ecuador por daños ambientales; y Dow, como una inversión anticipada para asegurarse la futura provisión de gas para su operación petroquímica en el país.
A partir de ahora, la grilla de largada podrá ampliarse significativamente con petroleras que planificaron la inclusión de Vaca Muerta en estrategias de mediano y largo plazo, más allá de 2015. Ya están preparadas para salir de boxes, en primer lugar, la mexicana Pemex (accionista minoritaria de Repsol con 9,4%), que jugó un papel más que activo en el acuerdo bilateral. También la estadounidense Exxon Mobil, a la que podrían sumarse las estatales chinas Sinopec (propietaria desde 2010 de la filial argentina de la estadounidense Oxy y socia de Repsol en otros países) y CNOOC, socia en Pan American Energy (PAE) de la argentina Bridas, que a fin de 2012 firmó una carta de intención no concretada con YPF y que podría reactivarse ahora, al igual que CGC, del grupo Eurnekian.
La lista se ampliaría con la malaya Petronas (que acaba de firmar un memorándum de entendimiento con Miguel Galuccio) y la brasileña Petrobras que, (si bien le vendió este año a YPF su parte en el yacimiento Puesto Hernández) ya hizo saber en estos días desde Brasil que incluirá a Vaca Muerta en sus planes de inversión para los próximos años. Hace un par de meses, Petrobras le vendió su filial en Perú a la estatal China National Petroleum Corporation (CNPC), que también podría poner fichas en la exploración no convencional de hidrocarburos en la Argentina, donde también la holandesa Shell prevé ampliar su plan de inversiones.
Casi todas estas posibles asociaciones podrían haberse concretado mucho tiempo antes, si el gobierno de CFK no hubiera manejado la reestatización de YPF en 2012 con tanta arbitrariedad y desapego del derecho de propiedad. Probablemente para tapar otro error mayúsculo, como haber promovido en 2008 el ingreso del Grupo Eskenazi mediante el insólito pago de sus acciones con las propias utilidades de la empresa petrolera argentina. Hasta el acuerdo de la semana anterior ( “solución amigable”, como reza el comunicado de Repsol), la expropiación de la mayoría accionaria de la compañía española era una virtual confiscación que aumentó enormemente el riesgo de invertir o prestarle a la Argentina. Si hubo una tasación de los activos expropiados, como lo establecía la ley, nunca se hizo pública. En cambio, todavía se recuerdan las afirmaciones del entonces viceministro, Axel Kicillof, señalando que "no le vamos a pagar lo que ellos dicen, sino el costo real de la empresa”. O del ministro de Planificación, Julio de Vido, cuando sostuvo que los pasivos ambientales que dejó Repsol (tampoco verificados ni cuantificados), eran superiores a la indemnización que le correspondía.
El último viraje oficial implica que las próximas cuatro administraciones –en rigor, todos los argentinos- deberán pagar la nueva deuda que emitirá el gobierno de CFK para cerrar este capítulo sin ninguna autocrítica, dado que los 5000 millones de dólares (más 1000 millones adicionales como garantía) tienen plazos de amortización de hasta casi 20 años (hasta 2033) y una tasa de interés promedio de 8,5, el triple de la que pagan Chile y España o el doble de Bolivia. Para la conducción de YPF, a su vez, será todo un desafío: en los próximos años deberá demostrar un manejo corporativo de clase internacional y, fundamentalmente, producir resultados que transformen esa deuda en una buena inversión para el país a largo plazo.
