Hoy es el último día de la PDAC y como siempre ocurre será una jornada corta, de menos público, también favorecido por la molesta nevada que dificulta los desplazamientos por Toronto. Ayer, muy temprano, fue el turno del esperado encuentro de la Mesa de Diálogo Latinoamericano y que reunió a unos 60 expertos del continente minero, entre los cuales habían, como novedad, algunas autoridades de los países involucrados en la actividad. Un dato positivo porque en muchos casos desde el Estado se desalentó, o no se sostuvo con acciones definidas, un mensaje hacia la relación minería-comunidad.
En sucesivos contactos, funcionarios de organismos de financiamiento internacional, el Banco Mundial entre otros, han señalado este año en Toronto han señalado la necesidad de fortalecer estos vínculos en Chile, Perú, Colombia, Eduador, Bolivia, Uruguay y Argentina, entre otros.
En los últimos 15 años, la política de fomento a la minería en la Argentina tuvo como resultado un incremento exponencial del volumen de inversión en proyectos de gran escala. Esta expansión ha despertado múltiples resistencias en grupos significativos de la ciudadanía y un debate público de calidad oscilante en torno a los beneficios y perjuicios de la actividad.
En muchas provincias, este contexto de crecimiento con malestar provoca situaciones de innegable conflictividad cuyo análisis desprejuiciado puede arrojar luces para el diseño e implementación de políticas de aprovechamiento de recursos minerales más democráticas y por ende sensible a los conflictos sociales.
Entre 2003 y 2011, 8 provincias argentinas dictaron leyes prohibiendo la minería a cielo abierto y el uso de sustancias tóxicas en la actividad y a partir de 2008 algunas de ellas derogaron dichas prohibiciones sin por ello remover las causas La Rioja inicia en 2008 derogando su ley, y Rio Negro sigue con la derogación de la ley 3.981 en diciembre de 2011. El gobierno de Chubut estuvo a punto de hacerlo con la ley 5001 durante el 2012. A esto se suma la firma en 2012 la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Neuquén).La resistencia a la expansión de la minería se ha ampliado, así como ha aumentado la presión política favorable a la industria.
En este contexto, y luego de un 2012 y 2013 caracterizado por una baja significativa en los precios internacionales de los minerales y múltiples suspensiones de proyectos a gran escala en toda la region, el 2014 presenta un escenario de aumento en los precios y por ende de mayor conflictividad socioambiental. La reactivación de las inversiones en exploración y producción, repercutirá en una mayor presión en los territorios y como consecuencias, mayores conflictos.
Es que, con la institucionalidad pública vigente y las asimetrías de poder a nivel local y nacional entre los actores, el aumento de inversiones conlleva la manifestación de múltiples conflictos entre empresas, sociedad civil y Estado y presenta un desafiante contexto a los responsables de tomar decisiones. Y por la legitimidad y eficacia con que operan las regulaciones nacionales y locales que dan marco a la actividad.
Es importante recordar que por debajo del Sí o NO a la minería de gran escala hay diferencias profundas en torno al modelo político y social de acceso y uso de los recursos naturales, el rol del Estado en la promoción, regulación y fiscalización de la actividad y sus impactos, así como cual es el rol de la ciudadanía, cómo atender la necesidad de que los habitantes participen en la decisión de los modelos de desarrollo de su territorio.
En este sentido, existen muchas dudas atendibles sobre la existencia y calidad del vínculo entre actividad minera y desarrollo local sustentable. Todavía no se encuentran documentos que argumenten sobre casos en América Latina donde la renta minera haya servido para invertir en procesos de desarrollo local sustentable en el que se amplía la matriz productiva del territorio, se aumenta el nivel de ahorro y reinversión local y provoca arraigo en su población.
La minería involucra impactos ambientales sistémicos y acumulativos. Todo lo que las autoridades regulatorias y las empresas puedan hacer para prevenir impactos negativos sobre los derechos humanos de las comunidades y ecosistemas será clave para transformar la conflictividad socio ambiental que producen.
Es preocupante la brecha entre los mandatos que la industria establece y las prácticas en el territorio. Hay múltiples casos, que inclusive involucran a la “nueva minería”, en donde los pasivos ambientales que en teoría esta prometía remediar con las operaciones de los nuevos proyectos quedaron en el cajón de los pendientes, generando pésimos antecedentes. Es clave que la industria minera se haga responsable de minimizar los impactos negativos; restaurar y rehabilitar el ambiente que ha sufrido impactos, y compensar los daños inevitables y necesarios mediante acciones de conservación compensatorias financiera adicional o sustitutiva
A propósito del Modelo de Desarrollo de la minería, se plantean dos cuestiones fundamentales: la participación ciudadana en distintos momentos del proyecto y la distribución de la renta minera y su inversión en procesos virtuosos de desarrollo local, elemento clave a la hora de ver cómo una actividad se inserta en un desarrollo planificado. Dentro de la participación ciudadana es necesario el respeto de los derechos y garantías constitucionales de los pueblos Indígenas, amparados en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas-ONU, que hacen referencia a la consulta previa, la autodeterminación de los pueblos indígenas, y su capacidad y derecho a decidir sus propios modelos de desarrollo.
En paralelo a la disputa por el acceso y gestión de los recursos naturales o bienes comunes, en la expansión de la actividad minera ha habido una gran dificultad en el acceso a la información confiable y legítima, de suma importancia para encarar procesos de diálogo que tiendan a abordar de manera democrática la conflictividad surgida.
El marco legal de la actividad es cuestionados por actores contrarios al desarrollo de la actividad o que exigen al Estado mayor regulación ambiental y redistribución de beneficios. La protección del medio ambiente es otro de los ejes de debate público. Los impactos ambientales que causaría el desarrollo de la minería, en particular la transformación de paisajes y la afectación de la biodiversidad y los ecosistemas donde se asientan las grandes empresas mineras es una de las principales preocupaciones que se han manifestado en sectores sociales, políticos y académicos. La utilización de elementos como el cianuro, la disposición de los residuos, la gestión de los diques de cola, los seguros ambientales, la remediación de los pasivos ambientales, la gestión y regulación del cierre de minas, la posible contaminación de fuentes de agua, entre otros, son los ejes más conflictivos a la hora de analizar los impactos medioambientales de esta actividad extractiva.
Para pensar mejores fórmulas que atiendan esta conflictividad, hay que ir más allá de los episodios de conflictos y entender cuáles son los factores de índole estructural o sistémico que están haciendo de caldo de cultivo desde una perspectiva que ponga énfasis en los impactos en los derechos humanos que trae el crecimiento de la actividad minera.
CONFLICTOS MINEROS EN LA ARGENTINA
Para prevenir conflictos mineros es primordial el desarrollo de políticas públicas orientadas a resolver los problemas que están en las raíz de dicha conflictividad. Siguiendo el trabajo de análisis de conflictividad del mapa de conflictos mineros elaborados por la Fundación Cambio Democrático y otros aliados http://www.mapaconflictominero.org.ar y al trabajo de la Plataforma de Dialogo sobre Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable, entre las principales causas de la conflictividad a raíz de la actividad minera en la Argentina, se cuentan:
Ausencia de políticas de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT) que planifiquen democráticamente el territorio y pueda armonizar sus distintas aptitudes con la vocación de desarrollo local que tienen la sociedad que vive en el. Esta falta , vulnera derechos económicos y ambientales de las comunidades y produce conflictos entre actividades económicas, reduce chances de realizar economías de escala y clusters de desarrollo local sustentable.
En la Argentina hay provincias que permiten o estimulan la actividad en todo su territorio como otras provincias que la prohíben. O casos como Santa Cruz o Salta, donde hay marcos de ordenamiento territorial minero en el que se identifican zonas donde se permite el desarrollo de la actividad y zonas donde no, en función de criterios ambientales o sociales. Sin suficiente “mediación” las relaciones de fuerza entre el sector pro minería y el sector contrario a la misma definen un ordenamiento territorial ad hoc basado en la capacidad de cada coalición para empujar la balanza y no en función, por ejemplo de derechos constitucionales o criterios de sustentabilidadad y desarrollo humano, elementos por cierto fundamentales a ser tenidos en cuenta a la hora de promover el dialogo transformativo con protagonismo de las comunidades locales.
Déficit de espacios de participación ciudadana, donde se tomen en cuenta intereses de las comunidades locales: Esto sucede a pesar de los mecanismos legales de la legislación actual, como la Ley General del Ambiente. La ausencia de participación de la ciudadanía es un elemento clave que detona la emergencia y recurrencia de conflictos en torno a la actividad, dado que existen intereses y visiones que no encuentran espacios para ser representados. Las comunidades indígenas reclaman la implementación del derecho a la consulta libre, previa e informada, ratificada a nivel nacional en el marco del Convenio 169 de OIT, pero que aún no ha sido puesto en práctica. Esto está asociado a distintos factores como la falta de regularización de territorios comunitarios en donde estas comunidades están asentadas y la ausencia de mecanismos políticos y jurídicos que promuevan que el Estado avance en su implementación.
Falta de información fundada, creíble y pertinente para los actores sobre la industria, tecnologías, metodologías e implicancias para el desarrollo local.Este punto es central, ya que todo proceso de consulta y participación ciudadana debe partir de un piso común de información fidedigna por todos los actores involucrados.
La incertidumbre en torno a posibles impactos ambientales en los diversos procesos, incluyendo la etapa posterior al cierre de mina:Se han desarrollado numerosos cuestionamientos en torno a los potenciales impactos ambientales de largo plazo ocasionados por la minería, particularmente en sus impactos sobre la cantidad y calidad de agua disponible para otras actividades en el territorio.
La desarticulación entre la rentabilidad generada por la actividad minera y los procesos de desarrollo local sustentable en los territorios donde esta se desenvuelve. La fuerte percepción de inequidad y distribución de la renta minera y la forma en que esta “circula en el territorio y más allá de el”. El efecto enclave y la captura del mercado laboral y la asfixia de actividades económicas tradicionales basadas en la agricultura, el turismo u otrasj presentan los impactos mas conflictivos del modelo de desarrollo de enclave minero..
La última década demostró con sus conflictos, el déficit de políticas federales que a través de diálogo y acceso a la información permitan una mejor coordinación multisectorial de organismos estatales y participación ciudadana para regular a la industria extractiva. Esta conflictividad también señaló la necesidad de aprender de los procesos provinciales para debatir, en el Congreso Nacional, un nuevo marco normativo que responda a los desafíos presentes. Es necesario delinear nuevos ejes de acción, reparando los desaciertos pasados, basándose en el funcionamiento pleno de la democracia, el respeto por los derechos humanos y el diálogo como forma de construcción colectiva. Esto es posible de hacer y creo que es menester hacerlo.
PLATAFORMA PARA EL DIÁLOGO
A partir de 2008, la Fundación Cambio Democrático y una diversidad de organizaciones y universidades sentaron las bases de un espacio de diálogo nacional de diversos actores relacionados con la industria minera: la Plataforma Argentina de Diálogo, conformada por ONGs y universidades, y el Grupo de Diálogo Argentina “Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable”, lanzado en 2011 ha crecido sostenidamente y hoy constituye un sumidero de nuevos esquemas y lineamientos de políticas publicas para prevenir y transformar los conflictos en torno a la actividad.
La Plataforma construyó a nivel regional, el “Grupo de Diálogo Latinoamericano “Minería, Democracia y Desarrollo Sostenible”, gestada e integrada por grupos e iniciativas de diálogo sobre minería en América Latina. Estas iniciativas buscan promover el diálogo democrático y equitativo sobre la minería entre líderes de organismos del Estado, empresas mineras, organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y pueblos indígenas y universidades.http://dialogolatinoamericano.org/grupo-dialogo-latinoamericano.html.
*Facilitador y especialista en prevención y transformación de conflictos sociales. Consultor del Centro Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ex Director Ejecutivo de la Fundación Cambio Democrático y actual miembro de su Consejo Asesor.
