El año pasado, el Gobierno destinó un cifra enorme ($ 134.000 millones) a subsidiar el consumo de luz, gas y transporte.

El dato difundido ayer por el centro de estudios ASAP revela que los subsidios subieron 34% y que la parte del león se la siguieron llevando los asignados a la importación de energía ($ 81.400 millones), que aumentaron el 46% respecto de 2012.

Todas las cifras resultan siderales y explican, en buena medida, por qué el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió a hablar en los últimos días sobre la necesidad de reducir la exuberancia de esos subsidios que, para dar una idea, demandaron el año pasado ocho veces de lo destinado a la Asignación por Hijo.

Después de la devaluación y la disparada de las tasas de interés, el ajuste seguiría con la suba de las tarifas eléctricas y de gas para lo cual el Gobierno analiza el momento, que no es el actual, y el monto de la decisión.

Economistas con posiciones cercanas al Gobierno le sugirieron hacer un aumento discriminado triplicando las tarifas de la luz para los sectores de mayor poder adquisitivo y duplicándosela al resto de los usuarios domiciliarios.

Dicen, irónicamente, que después de que el ministro Axel Kicillof pareciera haber admitido que la cantidad de dinero algo tiene que ver con la inflación –al aceptar la decisión del titular del Banco Central de subir las tasas de interés (más de 10 puntos en un mes llevándolas a niveles cercanos al 30% anual)–, ahora estaría llegando el tiempo de moderar el déficit fiscal y la emisión monetaria necesaria para cubrirlo.

Pero esa parte del ajuste debería esperar, en el intento de aquietar primero la inflación para tranquilizar las aguas en el comienzo de la discusión salarial entre el Gobierno y los docentes que, a su vez, sirve de brújula para el resto de las paritarias.

El momento es muy particular y el sinceramiento de algunas variables y del ajuste se va abriendo camino a fuerza de realidad.

El Gobierno, con el 3,7% de suba de costo de vida en enero, puso sobre la mesa las consecuencias de la política de haber hecho la vista gorda cuando aceleró la devaluación y sacó a Guillermo Moreno de la Secretaría de Comercio.

Pero en enero le dio un salto adicional al dólar poniéndole, a su vez, un piso alto a la inflación de febrero, en el arranque de una negociación con los docentes que es una fotografía elocuente de los problemas de la inflación.

Gremios docentes piden 61% y el Gobierno les retruca con 23,5%, buscando aquietar las expectativas para el resto de las paritarias.

Pero cuando se ve que el básico docente es de $ 3.416, puede entenderse el porqué del 61% reclamado que lo llevaría a $ 5.500 con un poder de compra que, tal vez, no se recomponga.

Otro ejemplo del daño inflacionario lo dan las jubilaciones.

La consultora Empiria decía ayer en un informe: “El incremento del 11,31% anunciado para las jubilaciones en marzo, en un marco en el que se acumuló cerca de 20% de inflación desde el alza anterior, implica que las jubilaciones reales en marzo serán 7% inferiores a las de septiembre, cuando fue la última suba”.

Por eso se entiende el esfuerzo oficial para serenar el mercado cambiario y aquietar la suba de los precios (en especial alimentos) en estas semanas en las que la carrera inflación–salarios merecerá una atención especial.

Dentro y fuera del Gobierno se consolida la idea que la sensatez del accionar de Juan Carlos Fábrega al frente del Central, con la suba de las tasas de interés y el golpe a los bancos para que desarmen posiciones compradas de dólar a futuro, fueron determinantes para empezar a aquietar las aguas después de que el peso se devaluar al 26% entre noviembre y febrero, y desatase una disparada de los precios para acomodarse a la nueva realidad generada por el Gobierno.

“En enero los bancos, haciendo operaciones de dólar a futuro, le ganaron $5.000 millones al Central y este mes los bancos perderán una cifra equivalente a partir de que el mercado se dio vuelta”, arriesgaba ayer un experimentado operador que ratificaba que el dólar oficial a $8 había llegado para quedarse por un rato. ¿Hasta cuándo?

La respuesta está muy condicionada por la cantidad de reservas que pueda ganar el Central (siguen abajo de US$ 28.000 millones, equivalente a 4 meses de importaciones) y por el avance y los porcentajes de aumento salarial que surjan de las paritarias.

Pero también, como un perro que se muerde la cola, pesan las señales fiscales que vaya dando la Casa Rosada sobre lo que piensa hacer con el rojo fiscal que lejos de achicarse se amplió en 2013.

Las cifras que se van conociendo del resultado del año pasado hablan de que el Tesoro tuvo más déficit y que recurrió con más intensidad a la emisión del Banco Central para cubrirlo.

La historia vuelve al comienzo cuando, al comprobar el salto de los subsidios y el mayor costo de las importaciones de energía por efecto de las devaluación, crece la necesidad de subir las tarifas de la luz y el gas.

Pero, aumentar en porcentajes sensibles esas tarifas para que realmente impliquen un ahorro para el Tesoro implicaría un golpe al bolsillo de parte de la población y un salto adicional en la inflación.

El ajuste cambiario y monetario está en marcha y el de las cuentas públicas está en gestación. Todo indica que será inexorable en la nueva etapa económica que encaró con poca anestesia el Gobierno.