A través de una reciente medida, aún sin anuncio público, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) acaba de reconocer implícitamente el grado de fragilidad de la red eléctrica en el área metropolitana, ante la escasez de inversiones provocada por más de 10 años de tarifas congeladas para las empresas distribuidoras y crecientemente subsidiadas para los consumidores a pesar del aumento de costos.

La resolución del ENRE, que lleva el número 10/14 y fecha 13 de enero, instruye a Edesur y a Edenor a presentarle un estudio de factibilidad sobre la calidad del servicio que podrían ofrecer ante cada solicitud de nuevo suministro o ampliación de los existentes, cuya demanda supere los 50 kW y dentro de los 5 días hábiles de recibida. En otras palabras, esta intervención previa del ente cambia en los hechos una cláusula de los contratos de concesión que obliga a las dos mayores distribuidoras a prestar todo nuevo servicio (aunque no estuvieran en condiciones técnicas de hacerlo) y que se tornó obsoleta tras una década en que la oferta de electricidad corrió por detrás del fuerte aumento del consumo. También revela que, en la "década ganada", la planificación y el control estatal brillaron por su ausencia.

Aun así, esta medida no precisa cuál será el tratamiento posterior de las solicitudes, ni de los estudios de factibilidad. Esto hace sospechar, porque fue comunicada a los intendentes municipales del área, que podría afectar a los nuevos permisos de construcción en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que hasta ahora se aprobaban sin contemplar ningún parámetro de disponibilidad eléctrica. Según algunos especialistas, una demanda de 50 kW de potencia equivale apenas a la de un nuevo edificio de dos o tres pisos, con dos o tres departamentos de dos o tres ambientes en cada uno de ellos, según cómo estén equipados.

Por otra parte, parece alejar en el tiempo la amenaza del ministro Julio De Vido de reestatizar el servicio que prestan ambas distribuidoras. Pragmáticos, algunos ejecutivos del sector sostienen que difícilmente el Gobierno se decida a dar ese paso en medio de las olas de calor y los cortes de luz de este verano, ya que lo privaría del chivo expiatorio ideal para atribuirle la culpa de los problemas eléctricos acumulados en los últimos años. Y agregan que, antes de las elecciones presidenciales de 2015, todavía deberán atravesarse los picos de demanda del próximo verano con un sistema que, en buena medida, difícilmente estará en condiciones de atenderlos. De hecho, pese al actual éxodo turístico, el consumo de electricidad volvió a batir récords en los últimos días de la semana pasada; y en algunas zonas del área metropolitana obligó a aplicar cortes aislados para evitar daños irreparables por saturación de las redes.

El intenso calor tampoco sería una explicación valedera si en los últimos años se hubieran concretado las inversiones necesarias para mejorar y ampliar la red, sin necesidad de permisos previos caso por caso como los que se establecen ahora. Si esto fuera así, muchas ciudades de Australia, del norte de Brasil o de Uruguay, vivirían a oscuras y sin acondicionadores de aire, que en el caso de la Argentina (donde en los últimos cinco años se vendieron 5 millones de equipos), representan hoy el 20% de los picos de demanda. Tampoco se verían en algunos barrios porteños decenas de ruidosos generadores móviles con la sigla de Enarsa, con conexiones de emergencia a la red y cuyo alquiler seguramente será facturado a las distribuidoras, sin caja para pagarlo y con crecientes deudas con Cammesa (unos 1300 millones de pesos) por la compra mayorista de energía. Sólo un artilugio contable ideado por Axel Kicillof evitó el año pasado que tuvieran que declararse en quiebra.

Mayores distorsiones

Otro tanto ocurre con los resarcimientos dispuestos por los cortes de luz, donde también puede advertirse la distorsión entre tarifas y subsidios. Una factura tipo de 72 pesos por un consumo bimestral de 496 kwh en la Capital Federal, tiene un subsidio de 120% (159 pesos) que paga el Gobierno. Por el mismo consumo, los usuarios de Santa Fe deben abonar 419 pesos y los de Córdoba, 478 pesos. Con esta estructura tarifaria, los clientes de Edenor y Edesur afectados por los cortes podrán dejar de pagar sus facturas entre seis meses y un año, aunque la cifra total no les compense las pérdidas que sufrieron con los productos conservados en heladeras y freezers (ni mucho menos los innumerables trastornos que provocan los apagones). A su vez, las empresas deberían hacerse cargo de resarcir la parte subsidiada, pese a que no forma parte de sus ingresos.

Con todos estos problemas y distorsiones en danza, el gobierno de Cristina Kirchner parece orientarse, sin decirlo, a atender casos urgentes y a recuperar tardíamente el enorme terreno perdido por haberse desentendido de aportarles recursos a las empresas concesionarias para inversiones imprescindibles.

Por un lado, el Plan de Contingencia acordado con Edesur contempla desde reforzar el call center para la atención personalizada de reclamos hasta controles de la Policía Federal para la custodia y seguimiento del trabajo de las cuadrillas, pasando por la creación de un centro para controlar el estado de las redes de alta y media tensión y llamadas telefónicas de su personal a los usuarios afectados por cortes para informar y calmar los ánimos.

Por otro, parece una confesión de parte el anuncio de Julio De Vido de nuevas inversiones por casi 4000 millones de pesos (unos 530 millones de dólares), que Edenor y Edesur ejecutarán prácticamente en partes iguales durante 2014 en sus áreas de concesión. Este monto resulta casi insignificante en comparación con los miles de millones de dólares que el Gobierno gastó en los últimos años para subsidiar el consumo de electricidad en el área con más usuarios y votantes. Estos trabajos (renovación y ampliación de redes, atención al usuario e informatización y digitalización del sistema) se financiarán con una ampliación del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede), creado a fines de 2012 con recursos provenientes de un cargo extra (de 4 a 300 pesos bimestrales) en las facturas de electricidad y sumaba 540 millones de pesos. Ahora que el monto se multiplicó por 7, la incógnita es quién pagará la cuenta. De Vido sólo anticipó que se irá incrementando con fondos del Banco Nación y "una porción del cuadro tarifario". Difícil saber si se aumentará el cargo extra; si las distribuidoras pasarán a ser deudoras del BNA; si los pesos saldrán de la "maquinita" del BCRA o si pasará todo eso a la vez.

Por lo pronto, las compañías del sector (generadoras, transportistas y distribuidoras) recuerdan con nostalgia una campaña publicitaria lanzada a fines de 2010 con el aval de la Casa Rosada, para demostrar que un día de consumo eléctrico les costaba a los usuarios menos que un alfajor o un café. Con esos mismos ejemplos, la actual tarifa promedio de 60 pesos bimestrales (sin incluir subsidios) se ubicaría hoy entre 600 y 900 pesos.