La relación de los grandes empresarios con el Estado es turbia. Desde hace tanto tiempo, que es difícil saber cómo empezó, cómo fue que Margarita se convirtió en Margot. Quizá fue culpa del “cafishio prepotente” estatal; quizá de los “berretines de grandeza” de los empresarios, entusiasmados con el suave empuje de la brisa del Estado, que los empujaba sin esfuerzo.

Con el paso del tiempo la relación se profundizó.

Las corporaciones empresarias colonizaron las oficinas estatales para asegurar sus beneficios-promociones, exenciones, contratos-, que al principio fueron sectoriales, y gradualmente más específicos y personalizados.

Los compartieron con los funcionarios amigos, y juntos contribuyeron al deterioro del Estado público.

Su parte en el actual desgobierno es importante.

En esta década de vacas gordas y beneficios fáciles, pudieron poner límites y no lo hicieron. Muchos disfrutaron del favor discrecional; otros trataron de no perder sus prebendas.

Todos temieron el castigo, que podía consistir simplemente en hacer caer el peso de la ley sobre sus empresas. Ante Guillermo Moreno, los empresarios refunfuñaron en privado, aplaudieron en público y acataron siempre.

Fue la década del retroceso, del reculaje.

Esta ausencia de un bloque de los grandes empresarios ha facilitado la arbitrariedad del Gobierno. No son los únicos, por supuesto, pero su responsabilidad es grande.

Como los barones medievales que desafiaban al rey, ellos podrían haberse opuesto a una insensatez que sin duda percibieron.

Los pocos que intentaron hacerlo -sus nombres son bien conocidos-, pagaron las consecuencias, con poca solidaridad entre sus pares. Quien crea en el poder del “gran capital concentrado” sin duda estará desconcertado. Quien suponga que la cofradía empresarial debe regirse al menos por una ética corporativa, estará desilusionado.

Pero hay algo más grave: salvo excepciones, no han cumplido adecuadamente con su función básica.

En una sociedad que es democrática y capitalista, los empresarios son los responsables directos de producir, de hacer crecer la riqueza de la sociedad, de crear empleos.

Pueden desentenderse eventualmente de la distribución, de la sustentabilidad y hasta de los efectos ecológicos. Otros actores pueden cuidar de eso. Pero nadie puede remplazarlos en la creatividad, el emprendimiento, la inversión de riesgo.

De esas cosas suelen olvidarse los capitalistas prebendarios, que eligen una renta asegurada por el Estado.

En las dos últimas décadas hubo algunos cambios saludables, como en la producción agraria, y particularmente la soja.

En una coyuntura favorable, nuevos empresarios revolucionaron la organización de la producción, con resultados notables. Lo hicieron sin proteccionismo, subsidios o créditos blandos.

Les fue muy bien, ganaron mucho, y en buena medida vivimos de ellos.

Un caso similar es el de la nueva minería, con muchas posibilidades pero con efectos colectivos menos virtuosos y daños ambientales considerables.

Ambas actividades plantean problemas de sustentabilidad y de daños ambientales, que alguien debe resolver pronto, más allá de la buena voluntad de los empresarios. La tarea requiere una compleja deliberación colectiva y una resolución estatal. Pero poco podemos esperar del Estado realmente existente, fuera de exprimir todo lo posible los ingresos que hoy generan sojeros y mineros.

En manos de un gobierno que vive al día, el Estado ha perdido capacidad de gestión, de discusión y de previsión.

Gustavo Grobocopatel, uno de los más exitosos empresarios de la soja, acaba de publicar, en coautoría, un artículo periodístico llamativo. Pide que las discusiones sobre la soja y otras actividades controversiales lleguen a un punto final; que se agote el debate y se establezca un marco legal estable. Reclama que la ley se base en información adecuada y adecuadamente explicada e interpretada. Que se expliciten sus objetivos y su relación con el interés general, y que se acuerde sobre los criterios para determinar si los resultados han sido exitosos.

Dentro de ese marco legal -concluye-, los empresarios han de poder desplegar libremente su creatividad y “generar beneficios que excedan a la empresa”.

Grobocopatel habla de empresarios dispuestos a desdeñar las prebendas, asumir riesgos y desplegar su inventiva y creatividad dentro de un marco institucional estable. Naturalmente, para ganar.

Es alentador oír una voz empresaria que se exprese en esos términos.

Seguramente hay muchos otros, que esperan la ocasión.

Pero también reclama por un Estado que hoy no existe.

Se trata de un Estado que pueda pensar, más allá del día a día del gobierno; que pueda ejecutar lo que ha resuelto, controlar los resultados y realizar los cambios necesarios.

Un Estado con instituciones, agencia y oficinas adecuadamente organizadas, funcionarios capacitados y saber acumulado. Fragmentos de esto existen todavía en muchos lugares del Estado, arrinconados y desarticulados.

Pero además, se trata de un Estado que pueda promover y organizar el debate de la sociedad sobre estas decisiones fundamentales, como las ambientales, que comprometen a los que hoy viven y a quienes vendrán. Un debate en el que participen los actores políticos, los corporativos, los sociales, los técnicos, y hasta los intelectuales. El comienzo de un año es el momento para formular aspiraciones: ojalá lleguemos a tener tales empresarios y tal Estado.