Es de todos conocida la grave situación energética que se vive desde hace unos 15 días en la República Argentina. Cortes prolongados de energía, personas que tienen que sobrevivir sin luz y sin agua potable y dificultades de todo tipo para quienes viven en edificios de apartamentos donde es preciso subir y bajar escaleras. Frente a ello, declaraciones contradictorias de los ministros del área (porque la locuaz presidenta Cristina Fernández de Kirchner se llamó a un insólito silencio). Algunos ministros hablan de cortes programados ante la dificultad de atender la demanda, otros culpan a las empresas de no haber invertido durante 10 años, otros culpan a la ola de altas temperaturas. Pero la línea central del discurso oficial de CFK, que sus ministros deben repetir, no es contradictoria: el gobierno K no tiene la culpa de lo que pasa. Que le pasen la factura a Macri o a las empresas.
Un amigo argentino me preguntaba hace unos días por qué en Uruguay no había estos problemas. Y le contesté que estos problemas, en general y salvo un caso de fuerza mayor, no pasan en países serios. Y que donde pasan es donde la demanda excede la oferta, y ello suele suceder allí donde la energía está fuertemente subsidiada por el gobierno de turno, generalmente populista y demagogo y generalmente también poseedor de recursos energéticos naturales abundantes.
El subsidio de las tarifas genera un doble efecto. Por un lado, reduce el incentivo a invertir en la generación y distribución de energía ya que las empresas no encuentran suficiente rentabilidad para arriesgar capital a largo plazo. Por otro, el subsidio estimula el consumo. En Buenos Aires, por ejemplo, es fácil observar a simple golpe de vista la proliferación de aparatos de aire acondicionado, tanto en barrios pudientes como en barrios pobres. Todos quieren aprovechar el subsidio… mientras este dure. Y el gobierno lo fomenta, poniendo al pie de las facturas mensuales de energía una nota que explica que la energía en Argentina es más barata que en los demás países de la región como Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile. No sea que los votantes no se den cuenta de la magnanimidad de su gobierno y del “modelo nacional y popular que impulsa y que quiere profundizar”.
Claro que esa política energética populista ha llevado a que la balanza energética argentina pasara de un superávit de US$ 5.000 millones hacia 2007 a un déficit de US$ 7.000 millones en 2013. De exportador neto de energía, Argentina ha pasado a convertirse en importador neto al crecer la demanda y reducirse la oferta y ha visto evaporarse unos US$ 12.000 millones de sus cuentas externas en apenas seis años. Y claro que países como Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, no tienen cortes de energía como Argentina y como Venezuela. Incluso Uruguay se da el lujo de exportar energía a Argentina y el presidente Mujica espera, con demasiado optimismo quizá, la buena voluntad de la presidenta argentina para solucionar los problemas portuarios que el gobierno argentino ha generado.
Y no se trata de tener recursos naturales, como los tienen Argentina y Venezuela, para solucionar las necesidades energéticas, sino tener alineadas las políticas de largo plazo y los incentivos en los precios. Las políticas de largo plazo, con recursos naturales o sin ellos, son aquellas que estiman las necesidades derivadas del crecimiento económico y del consumo y procuran proveer, por sí o por terceros, la oferta necesaria para atender esas necesidades, evitando que el ajuste se tenga que hacer por vía del racionamiento o de la escasez lisa y llana o de la proliferación de un mercado negro.
En definitiva, el problema energético surge porque gobiernos de carácter demagógico intentan “derogar” la ley de la oferta y demanda. Pero aunque consigan hacerlo por un tiempo, al final dicha ley les pasa la factura y hay que pagar los platos rotos con electores enojados, con crecimiento económico cercenado y sin inversión, aunque más no sea para extraer las cuantiosas reservas que esos países tienen. Es que, como decía en la década de 1960 con mucho acierto el destacado político uruguayo y senador por el Partido Nacional, escribano Dardo Ortiz, hay una ley que ningún Parlamento puede derogar: la ley de la oferta y la demanda. Y de eso, hay abundantes ejemplos, dentro y fuera de fronteras. Lo de Argentina no hace más que confirmarlo.
