Han transcurrido 25 años desde que la Argentina atravesó la más severa crisis del sector eléctrico de la que se tenga recuerdo. Durante el verano de 1989 se produjeron reiterados y prolongados cortes programados, de los cuales los sacrificados usuarios podían informarse previamente por los diarios. Un cuarto de siglo después, y nuevamente en un verano caluroso, los cortes de luz vuelven a constituirse en una dramática realidad.

Si algo fue insistentemente anticipado por los especialistas, ha sido esta crisis energética. Las políticas aplicadas y sostenidas en los últimos diez años debían desembocar necesariamente en un grave problema de abastecimiento en el suministro eléctrico y en un deterioro de la producción nacional de gas y petróleo. Ambos flancos de la crisis están hoy a la vista. Por un lado, el país importa cantidades crecientes de gas licuado y ha dejado prácticamente de exportar petróleo crudo. Por el otro, estamos frente a cortes de energía eléctrica durante picos de demanda originados en la insuficiencia de generación y en la falta de inversiones en distribución y transmisión. Ninguno de estos problemas surgió de un día para otro. Son el resultado de decisiones y políticas erróneas, aplicadas en un marco de populismo cortoplacista y mantenidas a sabiendas de su efecto destructivo.

Deben distinguirse diferentes tipos de cortes de luz. Están los que tienen que ver con fallas y salidas de servicio de líneas de media y alta tensión, ya sea por excesos de carga o por defectos de mantenimiento. Este tipo de cortes se caracteriza por su extensión y gravedad, aunque no han sido de este origen los ocurridos en los últimos días. Más bien fueron cortes producidos por insuficiencia de generación u ocurridos accidentalmente o protectivamente ante excesos de carga sobre transformadores y redes urbanas de distribución. Sea por prevención o por la actuación de dispositivos automáticos, salen de funcionamiento subestaciones y circuitos sin que cuenten con duplicación ni abastecimiento alternativo. Estos cortes no son programables y sorprenden a los usuarios de un barrio, que reclaman a empresas concesionarias que en general no están en condiciones de brindar soluciones definitivas y rápidas.

Pero creemos que la insuficiencia de generación en horas pico es probablemente el motivo más importante de los cortes que estamos padeciendo. Esto ya ha venido ocurriendo en los últimos años, aunque el Gobierno ha privilegiado el suministro residencial sobre el industrial y ha utilizado intensamente el corte de energía a fábricas antes que a áreas residenciales. Cuando se ha debido llegar a este último recurso, como aparentemente lo es en estos días, resulta posible programar las interrupciones domiciliarias y anunciarlas con anticipación, como lo fue en el verano de 1989. Sin embargo, todo corte actual, aunque se presuma que se debe a déficit de potencia por su multiplicidad, no se programa y evita prenunciarse. No caben dudas de que el Gobierno prefiere que la opinión pública adjudique la culpa a las empresas distribuidoras antes que a falta de capacidad de generación.

El congelamiento de las tarifas ha sido la causa principal y originaria de la falta de inversiones que hoy desemboca en los cortes. Ley de emergencia económica mediante, se dejaron de aplicar los mecanismos contractuales de ajuste y se destruyeron los márgenes en toda la cadena de generación y suministro eléctrico. A su vez, las bajas tarifas incentivaron altos consumos y la demanda creció más de lo que hubiera sido con precios normales. A pesar de los subsidios canalizados a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), los generadores carecieron de un retorno predecible para invertir. Se perdieron las condiciones creadas en la década del 90 en cuanto a márgenes y un evolucionado sistema de despacho de las centrales. La gestión kirchnerista contó con la ventaja de partir con un sistema sobreequipado, con una reserva de potencia en exceso sobre las requeridas normalmente. Las inversiones en generación más significativas de la década fueron las dos centrales de ciclo combinado construidas con fondos adeudados a los generadores, y el recrecimiento de la represa de Yacyretá. La terminación de la central nuclear de Atucha II aún no se ha completado y tampoco la contaminante usina a carbón en el extremo sur. Como desde hace mucho tiempo hoy se depende del caudal en los ríos Limay, Paraná y Uruguay y del buen funcionamiento de centrales obsoletas.

El congelamiento tarifario particularmente aplicado en el conurbano y la zona más densamente poblada del país también afectó la economía y las posibilidades de invertir de las empresas distribuidoras. Se aplicó con un criterio populista y demagógico que atendió a la región con mayor cantidad de votantes, generando diferencias irritantes con el resto del país. Las compañías distribuidoras están afectadas financieramente y no han sido significativamente asistidas con los subsidios gubernamentales ni beneficiadas con cargos sobre las facturas que se han canalizado hacia el Gobierno. El criterio ha sido similar al aplicado con las comercializadoras de gas por redes.

La clara culpabilidad de la política oficial en el origen de los cortes de luz no ha inhibido a los funcionarios a expresar altisonantes amenazas y a aplicar multas a las compañías. Han logrado que gran parte de los usuarios adjudiquen la responsabilidad a esas empresas. Ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que "hay una estrategia comunicacional para responsabilizar al Gobierno", y agregó, refiriéndose a las empresas distribuidoras Edenor y Edesur, que "si no están dispuestas a prestar el servicio, estamos dispuestos a hacernos cargo". Con amenzas y presiones de esta clase, no sólo no se solucionará el problema sino que se agravará.

Ha llegado la hora de enfrentar esta realidad para evitar males aún mayores. Debiera comenzarse por informar a la población sobre la verdadera situación del sistema eléctrico y las causas reales originarias de los padecimientos que hoy se atraviesan. Tropezar con la misma piedra después de 25 años no es alentador. Desde estas columnas no creemos que el Gobierno reconozca su responsabilidad y sí, en cambio, que insistirá en el falaz "relato", echándoles la culpa a otros.