El acuerdo con Repsol apunta a liberar las trabas legales que pesan sobre YPF parainiciar una política de endeudamiento externo de la compañía y, así, intentar eludir el ajuste económico que obliga la gestión Cristina Kirchner.

La reapertura de la negociación con la compañía española sería la primera de una serie de exigencias que recibió el Gobierno para obtener préstamos del exterior y así fortalecer las alicaídas reservas del Banco Central.

Pero el principio de acuerdo habilita en forma inmediata dos cosas: que YPF salga a buscar fondos al mercado internacional para robustecer el ingreso de dólares y, a la vez, que la Argentina pueda avanzar en un arreglo con el Club de París que también le permita buscar financiamiento afuera.

Por eso el Gobierno aceptó pagar un precio caro: la cláusula secreta fija el pago en 5.000 millones de dólares cash y ese monto sería mayor si fuese cubierto en bonos a diez años: llegaría nada menos que a 8.000 millones.

El convenio fue impulsado en forma esencial por el gobierno de Estados Unidos y fue el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien trasmitió las urgencias para que la Argentina no lo retrasara más.

México –por indicación de Washington– actuó de mediador, desplazando a Brasil. Después intervinieron una serie de técnicos y funcionarios, pero se admite en secreto en la Casa Rosada que habría sido Juan Manuel Abal Medina (padre) el emisario que trasladó un mensaje inquietante a la Quinta de Olivos.

Hombre de Carlos Slim, trajo a Buenos Aires la traducción política precisa de lo que quiere Estados Unidos.

Por este y otros conductos, Washington transmitió a Buenos Aires que Cristina debe avanzar en cinco cuestiones centrales para volver a acceder al crédito internacional.

Las exigencias fueron concretas: cerrar el conflicto de YPF; transparentar el INDEC; normalizar la deuda con el Club de París; aceptar la auditoría del FMI y, por último, resolver la disputa con los fondos buitre.

Idénticos reclamos le exigió, en una cumbre de Cannes, Barack Obama a Cristina Kirchner hace dos años, en el único encuentro que ambos tuvieron a solas. Después no la recibió más y la desairó en el G-20 de San Petersburgo.

Jorge Capitanich tomó como propio el programa de la Casa Blanca y se comprometió a cumplir con EE.UU.

El jefe de Gabinete puso como requisito para asumir que no haya interferencias para encarar esas exigencias.

El propio secretario de Energía de Estados Unidos intervino públicamente para presionar en favor del convenio con Repsol cuando la negociación secreta parecía que se caía, a mediados de noviembre. Ernes Moniz dijo en Madrid: “Apoyamos a Repsol porque no respaldamos la nacionalización de YPF”. Moniz también habría transmitido a la Casa Rosada que Exxon no iba a invertir en Vaca Muerta mientras Argentina no acuerde con Repsol, ni con las leoninas condiciones de Chevron.

La dura presión de Washington y la debilidad objetiva de la economía argentina hicieron que los “cristinistas” otorgaran fuertes concesiones a la compañía española.

El desgaste político mayor fue para Axel Kicillof, que tuvo un giro copernicano. En abril de 2012 diagnosticó que Repsol le debía plata a la Argentina y que YPF no le iba a pagar ni un dólar a Madrid. Ahora, Kicillof aceptó abonar una indemnización equivalente a 5.000 millones de dólares en efectivo. Este sería el dato que el Gobierno no quiere reconocer. A poco de andar, el ministro sufrió un evidente desgaste: fue la cara visible del acuerdo que implica un volantazo de 180 grados en sus convicciones y la Presidenta bloqueó su desdoblamiento cambiario.

El propio jefe de Gabinete se ufana de la suerte de su colega: les dijo a sus íntimos que los anuncios con costos políticos estarán a cargo de Kicillof.

La cifra de 5.000 millones de dólares sería lo convenido en pagar y en efectivo.

Un informe confidencial del JP Morgan habla de 6.000 millones.

El dato se oculta, alegando una inadmisible “confidencialidad”, porque implica un valor difícil de explicar para los negociadores argentinos: en caso de que el país pague con bonos, el acuerdo prevé que sea bajo la legislación internacional y que el monto se ajuste hacia arriba, hasta que los papeles alcancen un valor en el mercado equivalente a 5.000 millones dólares en efectivo.

Repsol obtuvo otra concesión: colocó un banco de inversión para que sea árbitro y eligió al Deutsche Bank, el histórico agente de la petrolera española.

La cifra convenida es un 13% mayor al valor de mercado que tenía el 51% de las acciones el día de la expropiación.

El 13 de abril de 2012 su costo era de 4.403 millones de dólares.

Aún así, Repsol tendrá que castigar sus balances por el exagerado reclamo judicial de Antonio Brufau. Por eso hay mucho ruido contra el catalán.

Los funcionarios argentinos tendrán que explicar por qué pactaron un pago a Repsol sin que haya una evaluación del valor de la expropiación por parte del Tribunal de Cuentas. Además, con este acuerdo se tapan dos hechos complicados: la venta de la acción de oro de YPF, en 1998, que benefició a Repsol y negoció el rey Juan Carlos, así como la entrada del grupo argentino en 2008, patrocinado por Néstor Kirchner. Aún la Justicia investiga la existencia de una empresa en Melbourne, Australia, vinculada a esa compra y por qué un porcentaje del capital accionario de esa firma no está identificado.

La compañía se denomina “PTY Ltd”.

El Gobierno tiene urgencia en tapar esas cuestiones oscuras, pero también debe enfrentar el fracaso de su actual política petrolera. El publicitado plan de Miguel Galuccio decepcionó y por eso el Gobierno gira ahora hacia otra estrategia: una política liberal para las petroleras multinacionales.