Hubo reuniones secretas entre financistas y presidentes internacionales, guardias armados llegando a oficinas y ejecutivos huyendo por su seguridad en el primer vuelo a casa.
Desde que el año pasado el gobierno argentino nacionalizó a la fuerza la división YPF de Repsol, esos movimientos –a menudo con escenas no tan diferentes a una película de James Bond–, han sido casi la norma.
Durante el año pasado, las complejidades geopolíticas que circundan Repsol retaron hasta a los observadores más sagaces, con tres gobiernos nacionales y varias grandes compañías compitiendo por conseguir un acuerdo beneficioso para sus intereses particulares. Lo que no queda claro todavía para los inversores de Repsol es si sus propios intereses estuvieron bien representados.
“Ésta no ha sido una situación fácil de entender para nadie”, aseguró José Martin-Vivas Alcaide, analista del sector petrolero en Mirabaud, en Madrid. “La situación implicó muchos conflictos entre accionistas, y una disputa que no era sólo simplemente entre compañías, sino también entre varios gobiernos, todos queriendo diferentes cosas”.
En el encuentro en Buenos Aires donde el lnues se selló el acuerdo preliminar de compensación por u$s 5.000 millones, estaban presentes no sólo funcionarios argentinos y ejecutivos de Repsol, sino también el ministro de Industria de España, el número uno de la petrolera estatal de México, y el presidente del directorio del banco más grande español en términos de activos locales.
Pemex, petrolera estatal azteca y segundo mayor accionista de Repsol, dejó saber al grupo español que estaba a favor de arreglar rápido con Argentina, y a principios de este mes comenzó a criticar públicamente a Antonio Brufau, el presidente ejecutivo de Repsol, por el monto de su salario.
Se sabe que el CEO de Pemex, Emilio Lozoya, que encabezó los ataques a Brufau, tiene una estrecha relación con Miguel Galuccio, el presidente de YPF que hizo campaña a favor de un acuerdo debido a la necesidad del grupo argentino de eliminar barreras legales para recibir nuevas inversiones en sus activos.
Mientras tanto, Caixabank, el banco catalán que es el mayor inversor de Repsol y, que debido a su red de participaciones en compañías españolas es una de las mayores concentraciones de poder corporativo del país, comenzó a mostrarse enfrentado con Brufau.
Los dos grandes accionistas habían argumentado a Brufau que era mejor para Repsol recibir alguna compensación antes que esperar por un pago mayor que nunca llegaría, dada la cantidad de acreedores internacionales que ya están persiguiendo a Argentina después de su default de deuda de 2001.
Isidre Fainé, el presidente de Caixabank, que también es vicepresidente de Repsol, había viajado a Argentina a principios de este año en secreto para reunirse con la presidenta Cristina Fernández para conversar sobre la situación.
Si bien los altos ejecutivos de Repsol señalaron que el presidente de la compañía sabía de la existencia de ese viaje, allegados a la petrolera lo interpretaron como un deliberado avance del banquero para dejar al margen a Brufau, que había pasado a ser un obstáculo para sellar cualquier acuerdo de paz.
La pregunta que Brufau ahora tendrá que responder a sus otros accionistas es si los u$s 5.000 millones de compensación por YPF es suficiente.
Allegados a Repsol aseguraban antes de la reunión de directorio de la compañía esta semana, que el acuerdo marcaba una concesión de Buenos Aires y que era el resultado de la presión que ejerció la compañía española con sus reclamos legales internacionales.
Los analistas e inversores parecen coincidir con esa visión, y las acciones de Repsol respondieron con una fuerte alza frente a la noticia el lunes. “El acuerdo de compensación en activos líquidos claramente es un paso adelante en el proceso de negociación”, aseguraron en BPI, un broker de Portugal.
Sin conocer aún los detalles finales del acuerdo, lo que sí queda claro es que esté Brufau contento o no con la compensación obtenida, los dos inversores más grandes de Repsol lograron finalmente lo que querían.

Repsol recibió una oferta que no podía rechazar. Argentina había puesto sobre la mesa una oferta de u$s 5.000 millones para compensar la expropiación de YPF.
Se esperaba que la petrolera española aprobara el acuerdo en general: sus mayores accionistas, Caixabank y Pemex de México, estaban presionando para que lo aceptara. Es razonable, la alternativa eran años de batallas legales con un país que no tiene dinero. A cambio, los inversores de Repsol deben respaldar la estrategia pos-YPF del CEO Antonio Brufau.
Repsol había pedido u$s 10.500 millones en compensación por la expropiación en abril de 2012 de casi toda su participación mayoritaria en YPF, la petrolera estatal argentina. La oferta de u$s 5.000 millones comprende bonos argentinos nominados en dólares norteamericanos. Pero será importante la letra chica, si bien las partes todavía no discutieron los detalles. La propuesta no es ideal para Repsol. Pero Argentina necesitaba acordar para atraer inversión extranjera. Y a diferencia del acuerdo ofrecido a principios de año, éste último no incluía una sobrevaluada participación en las reservas argentinas de shale gas.
El acuerdo permitirá a Repsol edificar sobre su estrategia pos-YPF, que claramente está funcionando. Brufau apunta a un 7% de crecimiento anual compuesto de la producción (meta ambiciosa en relación a sus pares) y su ratio de reemplazo de reservas de 120% es uno de los mejores del sector. Tiene el peso financiero para mantener ese ritmo. Después de vender su división de gas natural licuado a Shell, se está preparando para vender parte o la totalidad de su participación en la española Gas Natural que está valuada en al menos 5.000 millones de euros.
Si puede monetizar parte del acuerdo con YPF, Repsol podría fortalecer significativamente sus operaciones de exploración y producción. Eso merece el respaldo de Pemex, que hace meses viene criticando a Brufau, entre otras cosas, por no acordar con Argentina. Dado su lamentable historial, Pemex debería ser la última petrolera en decirle a otros cómo dirigir una petrolera.