Cinco puntos de aumento, entre abril y mayo, de popularidad en las encuestas. Un baño de presunta épica con la militancia kirchnerista en un mitin en el estadio de Vélez. Otro anzuelo mordido por casi toda la oposición, con excepción del PRO de Mauricio Macri y de la Coalición de Elisa Carrió. A esos tres magros logros políticos quedó reducida, un año y medio más tarde, una de las decisiones más gravosas para la Argentina, en todos los planos, adoptada por Cristina Fernández.
El modo de expropiación del 51% de la acciones de YPF en poder de la española Repsol –de eso se trata– terminó de romper el último raquítico hilo de confianza que, por entonces, ligaba a nuestro país con el mundo. La gravosidad aludida se mediría también con una tabla de valores: la petrolera valía 17 mil millones de dólares en el momento del conflicto; no cotiza ahora más de US$ 8 mil millones.
Aquellos modos no tuvieron que ver, únicamente, con la determinación de desconocer cualquier derecho indemnizatorio. Se utilizó también la fuerza pública –la Gendarmería– para desplazar a los funcionarios españoles de la sede en Puerto Madero. Algunos de esos hombres hasta debieron soportar allanamientos en sus casas particulares.
La responsabilidad primaria por semejante error corresponde, sin dudas, al Gobierno. Pero, como tantas veces sucede en la Argentina, sería prudente además que el conjunto repasara sus conductas. El jolgorio de una buena parte de la clase política remitió a la triste celebración parlamentaria del default, en el 2001, cuyas consecuenciasse continúan pagando. La sociedad debería interpelarse, tal vez con mayor asiduidad, sobre la propensión a las soluciones mágicas que nunca terminan de ser tales. Como bien apuntó días pasados el diputado Martín Lousteau –ex ministro de Economía de Cristina–, sería hora de indagar sobre la facilidad que tendrían las falacias para permanecer en el ánimo social. Lo dijo en relación a la década de vigencia en el poder de Guillermo Moreno. El saliente secretario de Comercio fue hijo pródigo de los Kirchner. Y sobrevivió a triunfos y derrotas electorales. Por lo menos, hasta la reciente del 27 de octubre.
En ese camino se empezaría a instalar ahora Axel Kicillof. El ministro de Economía fue mentor ideológico y ejecutor de la expropiación de YPF. Julio De Vido, el ministro de Planificación, quedó a su lado convertido en una paloma despreciada por la Presidenta. Kicillof demostró cómo restando los dividendos que Repsol había logrado en la Argentina de los que había abonado en 1999 por adquirir el 97,8% del capital accionario de YPF, no correspondía ninguna compensación económica por aquella expropiación. Exagerando la nota, incluso, llegó a asegurar en el Congreso que nuestro país podía iniciar una demanda por perjuicios a la petrolera española. Kicillof está ahora ansioso por conocer la aprobación del pre-acuerdo que, salvo un imprevisto, hará hoy mismo en España la asamblea accionaria de Repsol. Ese preacuerdo obligará a la Argentina a abonar alrededor de 5,5 mil millones de dólares a Repsol. Los españoles habían estirado su pretensión a 7 mil millones. Más allá de la diferencia en las cifras,ambas partes ganarían. El Gobierno se sacaría de encima algo del enjambre de juicios que aún no resolvió, por éste y otros temas, en los tribunales internacionales. Repsol podrá aflojar, a su vez, las tensiones con su socia, Pemex. La petrolera estatal mexicana aspira a meter baza en la futura exploración de Vaca Muerta y otros pozos hidrocarburíferos no convencionales de nuestro suelo.
Nunca el Gobierno –tampoco buena porción opositora– reparó debidamente en la simultaneidad de un episodio que acompañó a la manera arrebatada con que se apropió de Repsol. Dos días después que el Senado aprobó el proyecto de expropiación (63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones), 69 miembros de 30 países de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmaron una declaración mediante la cual se condenó “el asalto a la legalidad internacional” por el caso Repsol. Hace apenas una semana, con las negociaciones a pleno entre Buenos Aires y Madrid, el secretario de Energía de EE.UU., Ernest Moniz, ratificó su solidaridad con la petrolera española. Aquella votación de los senadores fue sólo el broche para lo que había sucedido en Diputados. Allí la ley alumbró con 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones.
La épica política K le sirvió de muy poco a Miguel Galuccio. El CEO designado en YPF observó desde adentro cómo la crisis energética se tornaba irremontable.
El antecedente de Repsol y las crecientes restricciones cambiarias desalentaban, por otro lado, cualquier chance de inversión. Se hizo, en ese marco, un pacto secreto y aún oscuro con la petrolera Chevron. Pero fue insuficiente como pretendido disparador. Sólo US$ 3 mil millones de inversión en tres años, con una capitalización inicial con fondos retenidos en la Argentina por la prohibición de girar utilidades al exterior.
Cristina, en su reaparición de la semana pasada, luego de su enfermedad, había deslizado indicios acerca de que algo en torno a la petrolera española estaba por ocurrir. De paso justificó también el controvertido acuerdo con Chevron. Se la escuchó llamativamente generosa con la posibilidad de cualquier inversión extranjera. Una apertura forzada, al parecer, por las circunstancias complejas.
Jorge Capitanich no se entrometió en las conversaciones con España. Pero hace rato que predicaba sobre la necesidad perentoria, para la marcha de la economía, de destrabar el pleito. Tanto se cuidó de no violar la medianera del vecino, que cualquier información de referencia la derivó a Kicillof. El ministro de Economía se resistió a dar detalles del preacuerdo amparado en la falta de aprobación todavía de parte de la gerencia de Repsol. Un cuidado que no había tenido, ni por asomo, cuando se embarcó en la expropiación.
Este Kicillof parece distintos, al menos en ciertos gestos, al de hace un año y medio.
El jefe de Gabinete también se esfuerza por darle a su tiempo otra impronta. No está recluido como su antecesor, Juan Manuel Abal Medina. Y ha sabido encontrar, siquiera en cuentagotas, a los primeros responsables de la herencia recibida. Cuando le preguntaron por el fuerte aumento en el precio de las naftas remitió a “acuerdos preexistentes”. Esa defensa apuntó contra Moreno, ya casi en estado de desamparo.
Capitanich ganó tiempo, de paso, para construir argumentos de los nuevos aumentos que sin remedio llegarán. Los demanda Galuccio desde YPF. El jefe de Gabinete ha sido diestro para montar un teatro nuevo. Habla diariamente con el periodismo, quizás recogiendo una enseñanza que en los 90 dejó el ex ministro Carlos Corach; promete su asistencia al Senado y convoca al diálogo a Macri y al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. El jefe porteño fue varias veces, sin fortuna, a la Casa Rosada. El santafecino quería hablar con Cristina. Deberá conformarse con Capitanich.
Habrá que ver si a ese desfile podría sumarse también, por ejemplo, José de la Sota. Habrá que ver cuánto se hace por creencia y cuánto sólo por las obligaciones que impone esta transición.
Un paso atrás cerca del abismo de una crisis. Ésa parece ser la instrucción de la Presidenta, mientras ella se encarga de mantener encendido el fuego de la épica revolucionaria.
El kirchnerismo es pragmáticamente cruel: obliga a sus funcionarios a hacer lo contrario de lo que hicieron y dijeron cuando sus jefes tenían márgenes de los que ahora carecen. Así las cosas, no falta mucho para que el Gobierno anuncie que entregará Aerolíneas Argentinas a alguna empresa aerocomercial privada, antes de que todos sus aviones terminen chocando en tierra.
El caso de Repsol es emblemático del giro político agazapado que está dando el gobierno de Cristina Kirchner. Fue todo tan oculto que la presencia en Buenos Aires de un ministro español, el de Industria, José Manuel Soria, se conoció por la prensa española. Tanto el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, como el ministro de Economía, Axel Kicillof, hablaron con los periodistas, en un gesto de apertura a la prensa, pero se cuidaron de no decir nada sobre una avanzada negociación con el gobierno español por el caso empresarial más traumático de la última década.
No se trata, de todos modos, de un cambio integral y planificado. Son más bien las maniobras desprolijas de un ejército en retirada, que sólo tiene tiempo y energías para resolver los problemas de a uno por vez. Ni siquiera tiene tiempo (¿ni ganas?) de cambiar el discurso. Ayer, Kicillof reiteró, en un discurso en la Cámara de la Construcción, que el problema de la Argentina es que le va demasiado bien en un mundo al que le va mal. En síntesis: el modelo se está muriendo de éxito.
Kicillof es el mismo que alguna vez provocó la irritación del presidente de Repsol, Antonio Brufau, luego de despotricar largamente contra los españoles de la época del virreinato. Brufau se levantó de la reunión quince minutos después de que ésta empezó. "Quiero hablar del futuro, no del virreinato", dijo. El nuevo ministro de Economía aseguró también en su momento que el Gobierno no le pagaría nada a Repsol por la confiscación de YPF y que, en todo caso, sería la administración argentina la que le pediría una indemnización a Repsol por "daño ambiental".
Es razonable que Brufau haya evitado venir a la Argentina para firmar el borrador de un acuerdo con la misma persona que lo maltrató y desvalijó su empresa. Sin embargo, las posiciones de Brufau fueron tomadas como propias por el gobierno español, según reveló ayer la prensa española. El ministro Soria acordó primero esas posiciones con los mexicanos de Pemex, socia de Repsol. La posición de Brufau es muy simple: quiere dinero liquido, que puede ser en bonos fácilmente canjeables, y rechaza cualquier trueque mediante concesiones en Vaca Muerta. Por lo menos, mientras un Kirchner gobierne la Argentina. Brufau está herido. Hizo todo lo que le pidieron para conservar YPF: negoció con Néstor Kirchner y regateó con Julio De Vido, pero terminó cediendo en casi todo. Al final, sus ejecutivos debieron huir a España vía Montevideo, atemorizados, horas después de que la Gendarmería violentó las oficinas de la empresa.
Eran los tiempos en que Kicillof se hacía cargo también de Aerolíneas Argentinas, aunque siempre dejó la representación empresaria en manos de Mariano Recalde, y forcejeaba hasta sentarse en el directorio de Techint. Es el mismo gobierno, con Kicillof como abanderado, que ahora decidió pagarle a Repsol unos 5000 millones de dólares, según fuentes confiables en Madrid. Kicillof no quiso llamarla "indemnización", sino "compensación". Son los atajos dialécticos del relato. Repsol hizo un buen negocio, aun cuando había pedido ante el tribunal internacional del Ciadi 9300 millones de dólares, que es lo que estima que valía el 51 por ciento de las acciones de YPF que le decomisaron. Los empresarios españoles siempre dijeron que aquel tribunal laudaría por una cifra menor y que la empresa española cobraría mucho tiempo después. Repsol cambió años de espera por 5000 millones en la mano. No es un mal acuerdo.
¿Qué negocio hizo la Argentina? Un rumor circuló hace poco. La petrolera Chevron, la única importante que firmó un módico acuerdo con YPF, realizó varias exploraciones embrionarias en Vaca Muerta. Todas dieron resultados muy positivos. "Eso es extraordinario", señaló un ejecutivo petrolero que nada tiene que ver con Vaca Muerta. Las principales petroleras del mundo (Exxon y Pemex, entre ellas) comenzaron a acercarse a la puerta argentina. Las llaves de esa puerta las tenía Repsol, que amenazaba con juicios internacionales a las empresas que aceptaran concesiones de YPF. No sólo eran amenazas: Repsol ya le había iniciado una querella a Chevron por aquel acuerdo con YPF. "Queremos estar en Vaca Muerta, pero no podemos mientras exista el conflicto con Repsol", subrayó aquel ejecutivo petrolero.
Si se terminara destrabando el conflicto con Repsol, como es previsible, el gobierno argentino podría negociar nuevas inversiones petroleras. Sería sólo el principio, porque quedarían por resolver otras condiciones necesarias para atraer esos capitales. Sea como fuere, lo cierto es que la administración de Cristina Kirchner necesita dólares y las empresas petroleras están en condiciones de invertir en la Argentina. No fue casual que la primera audiencia a un privado que la Presidenta concedió después de su reclusión por enfermedad haya sido a una empresa alemana, BASF, que también tiene intereses en el petróleo y el gas.
"Está tratando de cambiar el balance de su gestión", dijo ayer un funcionario con acceso a Cristina. Según esa fuente, ella sabe que se irá en 2015. No le permiten imaginar otro destino y tampoco quiere quedarse, dijo el funcionario. El balance hasta ahora es que en 2003 había un país autosuficiente en energía y que el kirchnerismo lo condenó a la dependencia de la importación. Es improbable que en dos años haya una modificación sustancial de esa situación, pero se propone, al menos, dejar construidos los cimientos de otra matriz energética.
Por ahora, tal como están las cosas, la prioridad son los dólares. Ya empezaron negociaciones para acordar con las empresas que litigan en el Ciadi, donde la Argentina es, por lejos, el país con más juicios. Una empresa automotriz alemana habría ofrecido pagar el préstamo del Estado alemán a la Argentina, unos 1000 millones de dólares, que está en default en el Club de París. La empresa cobraría en pesos en la Argentina para invertir en la ampliación de su planta local. Reestructurar la deuda con el Club de París, que reúne a los acreedores soberanos del país, ha vuelto a ser un proyecto del cristinismo, aunque ya tuvo el mismo propósito varias veces.
La próxima novedad será, seguramente, cierto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para cambiar la mediciones del Indec y aceptar la revisión anual que el organismo multilateral hace de la economía de todos sus países miembros. Esa eventual normalización de la relación con el Fondo podría permitir el acceso al crédito internacional, tan desacreditado durante los años del supuesto desendeudamiento. La violenta actualización de las tarifas de los combustibles fue también un mensaje a los que tienen los preciados dólares.
Tal vez Kicillof, inteligente como es, hizo un curso acelerado de peronismo. Se puede ser capitalista, estatista o cualquier otra cosa si así lo exige la necesidad del poder. La Presidenta es su mejor maestra. ¿O no lleva los "pibes para la liberación", que ella convoca, de la misma mano con la que se aferra a Chevron, Exxon, Repsol y el Fondo Monetario?
