El preacuerdo con Repsol para saldar la deuda por la estatización del 51% de las acciones de esa empresa en YPF deja a Miguel Galuccio cerca de remover uno de los obstáculos que amenazaban el éxito de su gestión como presidente de la petrolera argentina.
El entendimiento deberá ser aprobado por una asamblea de accionistas de la multinacional española, que se celebrará mañana en Madrid. Si bien todavía no se conocen las cuentas, se presume que el Estado nacional abonará a Repsol unos 5000 millones de dólares, que es el equivalente a la mitad de la valuación de mercado de YPF. La mayoría se saldaría con bonos (lo que supone una quita), pero unos 1500 millones de dólares se pagarían en efectivo.
El acuerdo es crucial para la gestión del kirchnerismo en YPF. Los planes de Galuccio para atraer inversiones chocaron hasta ahora con los recelos de las grandes multinacionales a involucrarse en una sociedad cuya propiedad se discute en tribunales. La demostración más evidente de ese límite fue el todavía misterioso acuerdo con Chevron, suscripto por sociedades radicadas en paraísos fiscales para que, entre otras cosas, YPF pudiera sustraerse de eventuales embargos de Repsol (también de los holdouts , es cierto).
Las tratativas con otras compañías interesadas en los recursos no convencionales del yacimiento Vaca Muerta, como la norteamericana Exxon, estaban paralizadas por las demoras en llegar al acuerdo que se aprobaría mañana. Para que quedara más claro, el secretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz, expresó hace una semana, desde Madrid, su apoyo a los reclamos de Repsol contra la Argentina.
A la luz de las reuniones que se celebraron ayer en Buenos Aires, en medio de una gran reserva, esas declaraciones podrían haber sido parte del cerco tendido alrededor de YPF para dificultarle nuevas asociaciones hasta que no regularizara sus compromisos con la acreedora española. Es decir: Moniz, con sus advertencias, tal vez trabajó también para el desenlace que se está conociendo ahora.
La oferta que se analizará mañana en la capital española es la versión final de una negociación endiablada que comenzó a fines del año pasado. Su orfebre fue Carlos Bettini, el embajador argentino en España, un viejo amigo de los Kirchner y principal aliado del presidente de YPF. Ambos explotaron con astucia las rivalidades internas de Repsol. Bettini consiguió la complicidad de Isidro Fainé, presidente del grupo La Caixa, primer accionista de la petrolera y segundo de Telefónica, empresa con muchos intereses a custodiar en la Argentina. Fainé está enfrentado desde hace varias reencarnaciones con el presidente de Repsol, Antonio Brufau, también directivo de La Caixa. Brufau fue el principal obstáculo para cualquier acuerdo con el gobierno de Cristina Kirchner. Tiene motivos para estar enojado: a pesar de que entregó al kirchnerismo, en la persona de los Eskenazi, el 25% de la empresa, se la estatizaron sin misericordia.
El pacto que se anunció ayer tuvo como gestores a otros enemigos internos de Brufau: los representantes de Pemex, la petrolera estatal mexicana, que controla el 9% de Repsol. No es la primera vez que los mexicanos se enfrentan con Brufau: hace dos años intentaron defenestrarlo en alianza con otro accionista, el constructor Luis del Rivero. Esta vez la asociación fue otra: el nuevo presidente de Pemex, Emilio Lozoya -hijo del homónimo secretario de Energía de Carlos Salinas de Gortari-, es amigo de Galuccio. El presidente de YPF prestó muchos servicios a la petrolera mexicana cuando era directivo de Schlumberger.
Los representantes de Pemex llevaron adelante una defensa extraoficial de las ofertas de Galuccio a Brufau, a quien acusaron de distorsionar las tasaciones de los activos que reclama. Detrás de este activismo mexicano muchos analistas ven también la mano de Carlos Slim, quien debió quedarse con el 7% de YPF para resarcirse de la deuda impaga de los Eskenazi a Inbursa. Esa sociedad de bolsa también es socia de La Caixa.
El protagonismo de Pemex en el acuerdo tiene varias interpretaciones. Para algunos expertos es parte de una jugada más ambiciosa, cuyo remate podría ser una ampliación decisiva en su participación en Repsol. Más probable es que la petrolera mexicana, desafiada desde que el presidente Enrique Peña Nieto propuso disolver su monopolio, quiera entrenarse en la explotación de recursos no convencionales en Vaca Muerta. México figura 6º en el ranking de los países con potencialidad para producir shale gas y shale oil. La Argentina es el segundo en gas y el cuarto en petróleo.
La jugada de Pemex es una jugada de México. Ese país reaparece en la escena sudamericana, de la que parecía estar ausente por una diplomacia excluyente, sobre todo de Brasil. Hay que prestar atención a un detalle: ayer no se anunció un entendimiento entre el gobierno argentino y las autoridades de Repsol, sino un acuerdo entre Argentina, México y España. El margen de maniobra que Brufau tendrá mañana para oponerse a ese pacto internacional es ínfimo. ¿Se cumplirá el sueño de la señora de Kirchner? Desde sus primeros almuerzos con Fainé, en diciembre pasado, ella puso como condición de cualquier arreglo que rodara la cabeza de Brufau.
Si las negociaciones terminan con éxito, las inversiones que requiere YPF se van a ver facilitadas. Sin embargo, sobre esa empresa seguirán pesando las dificultades que hoy plantea la política económica para cualquier otra compañía de gran porte. La brecha cambiaria vuelve irracional el desembolso de divisas, como se demostró en el caso de Carlos Bulgheroni, quien para enterrar recursos en Vaca Muerta pidió un dólar a medida. Las dificultades para importar equipos, que fueron la marca de la gestión de Guillermo Moreno, no se despejan por el entendimiento con Repsol. Igual que la prohibición de girar dividendos, para la que hay que apelar a inciertas operaciones de contado con liquidación.
Axel Kicillof, a quien los españoles detestan por haber sido el cerebro de la estatización, ayer participó de las reuniones. Para él, el acercamiento es una buena noticia, también por razones ajenas a YPF. Es posible que la normalización del vínculo con España libere de sanciones europeas a las exportadoras argentinas de biodiesel. Gracias a ese comercio, en 2011 ingresaron al país 2200 millones de dólares. En 2012, 1800. Este año la suma se redujo a poco más que 800 millones. Una declinación atendible para un kirchnerismo ávido de dólares.
El acuerdo con YPF significa el reconocimiento de una deuda por parte del Estado nacional. Por tratarse de un país calificado como "deudor recalcitrante" por los tribunales de EE.UU., es un indicio relevante. Muchos observadores creían ver ayer en este entendimiento el comienzo de una normalización más amplia del frente externo. Un capítulo al que seguirían el arreglo con el Club de París y la aceptación de los monitoreos previstos en el artículo IV de la Carta del Fondo Monetario Internacional. Esos entusiastas deberán esperar: antes de declarar la existencia de una recta conviene ver los puntos alineados.
Existe otra dimensión en la cual las tratativas avanzadas con España son significativas. Los funcionarios y empresarios que recibieron en Madrid a Sergio Massa la semana pasada insistieron con una preocupación: sería lamentable para las relaciones transatlánticas que Brasil, Uruguay y Paraguay firmaran solos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El vínculo ibérico, en tantos aspectos decisivo, interviene también en este punto incierto: el riesgo de que, al fin y al cabo, se rompa el Mercosur.
