La necesidad de que el gobernador federalice las regalías de la represa Salto Grande es un tema que no debe abandonarse porque se trata de estricta justicia.
Es más, alcanza con leer la letra de la Ley conocida como de Salto Grande para comprender que sus regalías deberían ser una “cuestión federal” para los entrerrianos.
Pero Gualeguaychú como muchos otros Departamentos quedan marginados de este beneficio y es un hecho que el actual oficialismo no tiene vocación política para aplicar este concepto. La mezquindad impide el desarrollo.
No se trata solamente de federalizar los recursos que genera la represa de Salto Grande, sino que los propios legisladores nacionales por Entre Ríos rediscutan con la Nación la necesidad de que se respete la Constitución de 1994 que consagra el concepto de que los recursos naturales pertenecen y corresponden a las provincias. Es de esperar que la composición del nuevo Congreso no olvide esta demanda, aunque como ha ocurrido hasta ahora, el federalismo brilla por su ausencia en esos recintos.
El gobernador podría terminar con esta injusticia que condena a Gualeguaychú a no acceder a esos fondos, pese a estar aguas debajo de la represa, y que para otros municipios constituye casi un presupuesto paralelo.
No hay que olvidar que la lucha por la renta de la represa fue una lucha histórica de todos los entrerrianos, especialmente del senador nacional mandato cumplido Héctor Maya, que es oriundo de Gualeguaychú. El objetivo de esos fondos no era otro que favorecer el desarrollo de manera armónica pero para toda la provincia, no sólo para unos Departamentos privilegiados “a dedo” por el gobierno de turno.
Fue gracias a esa lucha, que la Nación entregó los fondos de Salto Grande a Entre Ríos, Misiones y Corrientes. Y a esa norma nacional, luego le correspondió una provincial, que fue la que creó la Comisión Administradora (Cafesg) e incluso determinó cómo debían ser distribuidos los fondos entre todos los Departamentos, no sólo en algunos. Es más, la ley 9.140 de creación de la Cafesg dice claramente que entre sus objetivos se encuentran el de “planificar y realizar todas las acciones tendientes a lograr el desarrollo integral y sustentable de la provincia”.
Y está claro que para la ley no hay varias regiones sino una única provincia, un único territorio. Por eso en Corrientes y Misiones, la coparticipan de esos fondos se giran a la totalidad de sus distritos, a diferencia de Entre Ríos.
Además, este punto no es menor, si las regalías de Salto Grande se recibieran en energía eléctrica, tal cual lo prevé la ley, se podrían compensar las restricciones que recibe la industria en determinadas estaciones de alto consumo e incluso evitar que en Entre Ríos, que es generadora de energía, tenga una de las tarifas más altas del país.
El oficialismo en el Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú no tiene vocación por este reclamo que se sintetiza en federalizar los recursos de todos los entrerrianos. Gualeguaychú ya padece desde hace diez años la inoperancia de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) y encima ahora debe padecer el abandono de un beneficio que está contemplado por ley.