El hotel Pharaoh's de las afueras de San Pablo es un claro ejemplo de los 5000 albergues transitorios secretos de los suburbios de grandes ciudades brasileñas. Apenas visible desde la autopista de 10 carriles que va a la costa, filas de hoteles apartados con aire acondicionado ofrecen la combinación habitual de camas redondas y peculiaridades temáticas… en este caso, murales de Cleopatra y una selección de jeroglíficos. Sin embargo, el secreto más grande, y quizás más sucio, de Pharaoh's está oculto en una de las habitaciones del contrafrente: un generador a diésel.
Como otros hoteles remotos que no tienen suministro de la red central de gas, se alimenta con un generador en las horas pico para evitar tarifas de energía eléctrica elevadas, aprovechando el precio del diésel que se mantiene bajo en forma artificial en Brasil.
¿Es inocuo para el medio ambiente? No, pero tenemos que ganarnos la vida”, dice José Marchi, el gerente del hotel.
Seis años después del descubrimiento de un yacimiento petrolífero que prometía transformar Brasil, la política energética del país está desorganizada. Y para los inversores que compraron acciones de la petrolera estatal Petrobras en 2010 como parte de su oferta de u$s 70.000 millones de acciones -la emisión de acciones más grande del mundo- Pharaoh's es un claro ejemplo del destino que tuvo buena parte de ese efectivo.
Desde enero de 2011, la división de refinamiento de Petrobras arrojó una pérdida total neta de R$ 39.700 millones (u$s 18.300 millones), equivalente al producto bruto interno de Honduras. Financia las subvenciones a los combustibles de facto que benefician a motociclistas, la industria y cualquiera que tenga un generador.
Es el aspecto más tóxico de una creciente intervención del estado en la industria, que los inversores acusan de destruir más de u$s 200.000 millones del valor de Petrobras desde 2009, convirtiendo a una de las esperanzas más sólidas de crecimiento futuro de Brasil en una bomba de tiempo financiera.
El gobierno ha agotado la capacidad de la compañía en un momento en el que precisa más efectivo que nunca”, afirma Adilson de Oliveira, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. “Pero no será fácil que el gobierno admita que cometió errores”.
Los inversores, hipnotizados por las vastas reservas offshore de la compañía, siguen dispuestos a probar suerte con Petrobras. Con la confianza de que los controladores estatales de Petrobras no dejarán que llegue al límite, las acciones rebotaron 20% después de alcanzar el nivel más bajo en ocho años en julio.
Sin embargo, según la decisión de este mes de Moody's de bajar la calificación de la compañía, el gobierno se está quedando sin tiempo para cambiar el curso de las cosas.
Los próximos meses serán cruciales para Petrobras, y los mercados emergentes los observarán como una prueba de si el modelo de capitalismo de estado que muchos adoptaron luego de la crisis financiera es sostenible.
El juego de la compañía con base en Río de Janeiro cambió en 2007, con los primeros descubrimientos en el presal. Ubicadas en el lecho marino frente a la costa sureste de Brasil debajo de una capa de sal de 2 km de espesor, se estima que las reservas contienen, al menos, un volumen equivalente a los casi 60.000 barriles de petróleo que se descubrieron en el Mar del Norte. "Es un regalo de Dios", exclamó Luiz Inácio Lula da Silva, el entonces presidente de Brasil. Brasil era una potencia petrolera.
Envalentonado por la crisis financiera y la pérdida de confianza en un capitalismo basado en el mercado a nivel global, el gobierno se dio a la tarea de volver a colocar a Petrobras bajo un mayor control del Estado. En diciembre de 2010, el Congreso aprobó un costoso marco regulatorio que exigía que Petrobras fuese el operador exclusivo de todos los bloques presal nuevos con una participación mínima de 30%. También se introdujeron normas estrictas sobre contenidos para limitar el uso de equipos y servicios extranjeros.
El descubrimiento del presal de pronto cambió la visión que el gobierno tenía de la compañía”, sostiene el Prof. de Oliveira. “Comenzaron a ver que Petrobras podía representar grandes ingresos al gobierno y un instrumento para la política industrial”.
Cuando el precio del petróleo llegó a alcanzar los u$s 100 por barril a fines de 2010, el gobierno prohibió a Petrobras aplicar ese precio más alto en el mercado local para ayudar a contener la inflación.
Desde entonces, Petrobras se vio obligada a importar nada menos que 215.000 barriles por día de nafta y diésel para satisfacer la demanda local y vender a pérdida: actualmente a un 20% por debajo del costo total sobre una base de paridad de importación, según el Banco Itaú BBA. A diferencia de las subvenciones a los combustibles de países como Venezuela o India, la práctica de Brasil no es oficial y, según algunos, ni siquiera legal. Por el contrario, es el resultado de un acuerdo privado de políticos de administrar partes de la compañía que cotiza en bolsa a pérdida por el bien del país.
Cada mes el directorio se reúne y evalúa la rentabilidad a corto plazo de la compañía en comparación con las necesidades del país”, afirma un ex ejecutivo senior de la compañía.
El prospecto de la oferta de derechos de Petrobras de 2010 no hace referencia explícita a las prácticas de fijación de precios del gobierno que ayudarían a acabar con un 30% del capital total.
Según un socio de uno de los estudios jurídicos más grandes de Brasil, esta omisión podría ser causal de demanda. Petrobras se negó a hacer comentarios, al igual que Guido Mantega, el ministro de Hacienda de Brasil y también presidente del Directorio de Petrobras. El ministro de Energía del país respondió que las petroleras en Brasil son libres de fijar sus propios precios.
Desde que Maria das Graças Foster asumió como directora ejecutiva de Petrobras el pasado febrero, la compañía negoció varios aumentos moderados de precios. Pero con el nivel de inflación todavía en un 6%, no se garantizan futuros aumentos.
Si no hay más aumentos de precios de combustibles para fines de 2014, Petrobras precisará una nueva capitalización para alcanzar su coeficiente de deuda neta-ingresos objetivo de 2,5, lo cual es crucial para mantener su calificación crediticia, sostiene Paula Kovarsky del Itaú BBA.
Según el tipo de cambio actual de R$ 2,20 por dólar, Petrobras debería recaudar R$ 75.000 millones, pero si el tipo de cambio pasa a R$ 2,50 por dólar, precisaría más de R$ 100 millones, agrega.
Petrobras podría haber evitado el atolladero aumentando la producción. Pero su producción se estancó o bien cayó desde comienzos del 2012, principalmente porque el gobierno no realizó subastas de petróleo entre 2008 y 2013 mientras discutía el reparto de regalías.
En el segundo trimestre del año pasado, Petrobras registró su primera pérdida trimestral en 13 años de R$ 1.350 millones. Una marcada devaluación del real aumentó el valor de su deuda en dólares, lo cual conllevó el aumento de los costos de importación.
Graças Foster trató de apaciguar a los inversores minoritarios mediante la contratación del primer director verdaderamente independiente de la empresa en abril y la implementación de un agresivo plan de recorte de gastos destinado a ahorrar R$ 34.000 millones hacia 2016.
Sin embargo, estas medidas apenas sirvieron para desviar los más de u$s 200.000 millones del valor de participación de los accionistas que Amec, asociación de inversores de Brasil, estimó recientemente que habían sido destruidos desde que Petrobras anunció su oferta de acciones en agosto de 2009.
Para los inversores de Petrobras, el descubrimiento del presal fue una maldición, más que una bendición.
Los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) formularon una respuesta común a este tipo de reclamos. "Nuestro partido sirve a Brasil, no a los especuladores", declaró Wellington Dias, líder del PT en el Senado, en marzo.
Los dueños de plantas de etanol de todo el país no están de acuerdo. Los topes a los precios del combustible en el país hicieron más difícil vender biocombustible a los automovilistas, lo que aceleró la caída de la industria.
Dado el tamaño de Petrobras, su rentabilidad claramente favorece los intereses del país, según los analistas. Si no se puede detener la hemorragia de efectivo, será más difícil recaudar fondos para su plan de inversión a cinco años de u$s 237.000 millones destinado a impulsar el crecimiento económico y la creación de miles de puestos de trabajo.
"Tienen estos recursos enormes, pero están en este período de transición y hay un montón de preguntas acerca de cómo se va a transitar hacia el logro del crecimiento de la producción, las plataformas y los contenidos locales", sostiene Thomas Coleman, analista de Moody's.
El recorte por parte de Moody's de la calificación de la deuda de Petrobras en moneda extranjera y local de A3 a Baa1 este mes refleja su creciente apalancamiento.
La deuda total ajustada de la empresa (deuda que incluye partidas no reflejadas en el balance, como arrendamientos de equipos) pasó de menos de u$s 40.000 millones en 2008 a u$s 185.000 millones a mediados de este año, según agencias calificadoras, convirtiéndose en una de las compañías petroleras mundiales más fuertemente endeudada en términos absolutos.
Sin embargo, en lugares como Caju, Río de Janeiro, las políticas intervencionistas del gobierno enfrentan su peor prueba. Hace tres años, el barrio de clase trabajadora de la abandonada región portuaria de la ciudad era conocido por los traficantes de drogas y por ser el hogar de uno de los mayores cementerios del país.
Sin embargo, tras la contratación por parte de Petrobras del constructor naval brasileño recién formado, EEP, en 2010 para renovar el astillero Inhaúma de Caju, la región se convirtió en un eje para la renaciente industria marítima del país.
Mediante la imposición de estrictas normas de contenido nacional, Brasil planea utilizar los descubrimientos del presal para reactivar su industria de construcción naval, que viene declinando desde la década de 1970.
Las normas que limitan el suministro de equipos y servicios extranjeros es la responsable del aumento de entre 30 y 50% de los costos de algunos equipos, sostiene Kovarsky de Itaú BBA.
Otros se quejan de la burocracia de las reglamentaciones; lleva hasta tres semanas calcular el contenido nacional de una plataforma offshore.
Pero Fernando Barbosa, director del EEP, dice que, de otro modo, Kawasaki, el socio tecnológico japonés de la compañía, no habría tenido una participación accionaria en el grupo. La compañía planea expandirse a África el año próximo.
Las estrictas normas industriales relativas al presal también se consideran un gran obstáculo y la razón por la cual muchas compañías petroleras internacionales, como Exxon y BP, no han presentado una oferta por el tan reclamado yacimiento Libra perteneciente al país. Solo 11 empresas se suscribieron a la subasta de la semana que viene, la mayoría son grupos estatales de China y otras partes de Asia.
Un tesoro para la economía (y para la política)
ANSA. Por Darío Pignotti
El mayor campo petrolero descubierto en la historia de Brasil, el megayacimiento de Libra, concentra la expectativa de la presidenta Dilma Rousseff, quien movilizó a sus principales ministros para asegurar el éxito de la licitación que se realizará a un año de las elecciones.
Fuentes del Gobierno revelaron que Rousseff supervisó en persona los últimos detalles sobre el evento, en un hotel del oeste de Río de Janeiro, y hasta evaluó participar del mismo, porque apuesta a que será "uno de los triunfos" que podrá presentar en su campaña por la reelección, informó la periodista Renata Lo Prete, de la cadena Globo. La convocatoria a empresas nacionales y extranjeras para explotar el gigantesco campo petrolífero de Libra, con reservas estimadas en 12.000 millones de barriles, lleva el sello de Rousseff, exministra de Minas y Energía durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Libra, situado en aguas ultraprofundas de la Cuenca de Santos, frente a las costas de Río de Janeiro, será subastado en los términos de la Ley 12.531, de 2010, cuya redacción estuvo supervisada por Rousseff y que establece que, sea cual fuere la empresa vencedora, ésta deberá operar junto a la estatal Petrobras y a la recién creada Presal Petróleo, también del Estado.
La Ley 12.531 determina un régimen de explotación especial para las regiones petrolíferas descubiertas desde 2007, en un área geológica llamada "presal", a más de 5.000 metros de profundidad, y que convertirán a Brasil en una nueva potencia energética ya que en esos yacimientos se acumulan más de 50.000 millones de barriles.
Esa normativa significó un cambio significativo sobre el régimen anterior, de concesión, en el cual la compañía vencedora no se sujetaba a ninguna instrucción del Estado.
El ministro de Hacienda, Guido Mantega, aseguró la empresa vencedora, entre las once que se presentarán hoy, invertirá alrededor de 180.000 millones de dólares en los próximos 35 años y que podrán ser extraídos alrededor de 1 millón de barriles diarios, o sea casi el 50% de la producción total del país en la actualidad. Estos números de largo plazo no son los que, en la visión del Gobierno, traerán rédito político a Rousseff en las elecciones de octubre de 2014.
La apuesta de los aliados de Dilma está en los números inmediatos, como los 7.000 millones de dólares que el Gobierno recibirá de la compañía vencedora y los 55.000 millones de dólares que se cobrarán en la próxima década en concepto de royalties, un 75% de los cuales irá a educación.
"Esto es electoralismo puro", cuestionaron dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal fuerza opositora al Gobierno.
La subasta de hoy será, asimismo, un caso testigo, observado con igual atención por el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. Es que será el primer llamado a licitación bajo los términos de la Ley 12.531, que para algunos empresarios es "intervencionista" y restringe la capacidad de decisión de la petrolera vencedora, al imponer varias condiciones y obligarla a entregar parte del crudo al Estado.
El consultor Adriano Pires afirmó que este modelo instituido por Rousseff va a contramano de lo que propone el mercado y sostuvo que fue por esa razón que grandes multinacionales como Exxon y Chevron no presentaron sus pliegos al concurso. El Gobierno también recibió críticas airadas de la poderosa Federación Única de Petroleros (FUP), la que inició a una huelga por tiempo indeterminado el jueves último.
"En lugar de llamar a las multinacionales, el Gobierno podría haber optado por entregar a Libra a Petrobras", declaró Joao Antonio de Moraes, coordinador de la FUP.
Miembros de la FUP y de otras organizaciones como los campesinos sin tierra marcharon el jueves en Río de Janeiro y San Pablo, ocuparon el Ministerio de Minas y Energía en Brasilia, y harán hoy nuevas protestas.
