Las importaciones energéticas avanzan igual a una locomotora sin frenos ni control, que en el camino arrastra dólares en cantidad, encima, dólares escasos. Y el riesgo de un choque corre a la misma velocidad, tal cual lo revelan las estadísticas del INDEC.
Entre enero y agosto, sumaron US$ 9.024 millones, casi tanto como todo el año pasado, y pueden terminar 2013 muy próximas a US$ 14.000 millones.
Unas pocas comparaciones bastan para poner en perspectiva cuánto significan esos US$ 14.000 millones. Equivalen a más de la mitad de todas las exportaciones agropecuarias, incluidas las cuantiosas del complejo sojero, sobrepasan en 60% al monto que las retenciones van a dejarle a la AFIP y representan el 40% del actual stock de reservas del Banco Central.
Los números impresionan, pero falta uno que directamente hace sonar las alarmas: en los últimos tres años, computando el actual, las importaciones de gas natural y licuado, gasoil y fuel desbordarían los 32.000 millones de dólares. Así de costosa sale la caída, también sin freno, de la producción nacional de petróleo y gas.
Otra cara de la escasez salta en las exportaciones, que en esos tres años retrocederían alrededor del 23%. Visiblemente, los datos del balance comercial energético están totalmente dados vuelta.
Y como aquí no existe novedad alguna, sino un proceso que viene cabalgando desde bastante antes, cualquiera puede preguntarse qué estuvo haciendo el Gobierno durante estos años. La realidad misma muestra que si hubo una estrategia resultó por completo ineficaz y prueba, además, que los anuncios siempre grandilocuentes del ministro Julio De Vido ni siquiera lograron desacelerar la locomotora.
“Se va a seguir importando energía para sostener el crecimiento”, fue todo lo que se le ocurrió decir a Paula Español, dirigente de La Cámpora y directora de Cammesa, la compañía paraestatal encargada de adquirir combustibles en el exterior. Así, quiso explicar por qué, según el Presupuesto, algunas se quintuplicarán en 2014.
Por lo que toca a ella de plano, Cammesa es hace rato una máquina de consumir subsidios. Ya van $ 23.358 millones de enero a julio, lo cual significa que ha gastado casi el 100% del presupuesto anual y deja en evidencia que será inevitable poner mucha más plata en lo que parece un barril sin fondo.
El argumento de Español sobre las importaciones es un artilugio que pretende ocultar el punto extremo al que escaló la situación. La Argentina compra gas y combustibles a pasto porque de lo contrario se paralizaría la economía: sin vueltas, así son las cosas y así de grande es la dependencia del exterior.
También podría afirmarse que aun en períodos de estancamiento o repliegue, la boleta energética baja muy poco, como ocurrió en 2012. Ese año las importaciones apenas bajaron un 2% respecto de 2011, pero la cuenta ascendió a US$ 9.226 millones.
En 2013, con una actividad que se recupera al 3% según estudios privados, nunca el 5,9% que dibuja el INDEC, si la factura llega a empinarse a unos US$ 14.000 millones habrá aumentado nada menos que un 51%.
No se trata, naturalmente, de enfriar la economía, porque, como dirían las abuelas, el remedio sería peor que la enfermedad. Remedio y enfermedad juntos representan los cortes a las industrias, que el Gobierno aplica para zafar del costo político que implica dejar sin la luz a las casas de familia.
La cuestión consiste en encontrar algunos paliativos para una crisis que, además de comprometer la actividad económica, les pega de lleno a las reservas. Es el cepo que crearon la inconsistencia de las políticas oficiales y el método de patear la pelota siempre hacia adelante.
Bastante obvia por cierto, una fórmula a tiro es lanzar cuanto antes un plan que combine ahorro de energía y uso eficiente de los escasos recursos disponibles, porque remontar la producción de gas y petróleo demandará entre tres y cuatro años, si se acierta con las decisiones y llegan inversiones en la magnitud necesaria. Se entiende: remontar no equivale a recuperar el autoabastecimiento perdido en la era K.
Se entiende, también, debería ser algo más efectivo que el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía, vigente desde diciembre de 2007 y previsto, entre otros, para edificios públicos, empresas y casas de familia. Han pasado más de cinco años y los efectos no se ven por ningún lado: sigue en pie, eso sí, su rótulo pomposo.
Algunas áreas del Gobierno trabajan ahora en un fuerte ajuste en las tarifas de luz y gas, que tocaría a consumos domiciliarios medio altos y altos de la Capital y de zonas del interior y caería, obviamente, después de las elecciones de octubre. Semejante al que fue paralizado por la tragedia de Once, apunta a tres blancos simultáneos: achicar la demanda y el costo de los subsidios y mejorar la situación financiera de las distribuidoras.
Sin embargo, si uno se atiene a las declaraciones de De Vido y de la propia Presidenta todos han sido grandes logros en la política energética, que es como decir aquí no hay mucho para cambiar. Y si algo sucede en los próximos días será descargar responsabilidades sobre las petroleras privadas: no han invertido, sería el argumento, según información que circula en el mercado.
Pero aun en esa hipótesis, cabría preguntarse ¿por qué no invirtieron? y, también, ¿qué hizo el Gobierno todos estos años para que el cuadro fuese diferente? No hay manera de patear la pelota afuera.
Por donde se mire, el panorama luce complicado. Y así Cristina Kirchner pretenda eludir ciertas decisiones, la dinámica que han tomado algunas variables clave, como el mix importaciones energéticas–reservas, y el riesgo de cimbronazos pueden terminar imponiéndoselas. Se sabe, los dos años y pico que van hasta diciembre de 2015 son mucho tiempo.
