Al comenzar esta década, la Argentina podía exhibir una situación envidiable en materia de exportaciones y superávit comercial, aunque ya se perfilaban algunas tendencias preocupantes. Ese cuadro se desdibujó abruptamente a fin de 2011 cuando la presidenta Cristina Kircher, después de su reelección con el 54% de los votos, admitió por primera vez públicamente que las importaciones energéticas habían trepado a un récord de 9.400 millones de dólares.
La confesión presidencial no sorprendió a los especialistas del sector, ni mucho menos a los ocho ex secretarios de Energía de anteriores gobiernos democráticos, que ya venían alertando desde hace tiempo ese desenlace, aunque invariablemente fueron desautorizados y acusados de "agoreros" desde los despachos oficiales. Sin embargo, no hacía falta ser un experto para pronosticar que la Argentina se encaminaba a un creciente déficit comercial en el sector energético, cuando la política oficial se basó –y sigue basándose- en estimular el consumo de gas y electricidad con precios políticos fuertemente subsidiados, que a la vez desalentaron inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos. Para más datos, la producción de petróleo y gas natural no dejó de caer durante lo que, para el relato kirchnerista, fue la "década ganada".
El déficit energético (diferencia entre exportaciones e importaciones), que ascendió a unos 3.400 millones de dólares en 2011, adquirió mayor dramatismo porque fue reconocido después de que en ese mismo año se produjera una salida de capitales superior a los 20.000 millones de dólares del circuito económico. Y esa combinación fue decisiva para que el gobierno de CFK optara por el abrupto viraje en su política económica que derivó en el cepo cambiario, las trabas a importaciones no energéticas, la prohibición a las empresas extranjeras de remitir utilidades al exterior, el uso intensivo de reservas del Banco Central para pagos externos de la deuda pública y, finalmente, la confiscación de las acciones de Repsol para reestatizar YPF, además de una mayor regulación del sector de hidrocarburos.
El remedio fue peor que la enfermedad porque, hasta ahora, no se lograron resolver ni encaminar ninguno de los problemas que se buscaban atacar. Más bien, todo lo contrario. Y aunque hay cierto repunte en la producción de YPF, esa tendencia no se extendió al resto del sector. Con suerte y otras condiciones para incentivar la inversión, interna y externa, recuperar el autoabastecimiento energético llevará todo lo que resta de esta década.
De ahí que las importaciones de gas natural y combustibles, que en 2012 se mantuvieron en torno de los 9.300 millones de dólares y este año apuntan, según los especialistas, a un rango de 11.000/12.000 millones (con un déficit de 5.000/6.000 millones) se perfilen como un importante contrapeso para el sector externo de la economía y las declinantes reservas del BCRA.
Una prueba de ello es que los dólares que salen del país para comprar esos combustibles, ya equivalen casi a la mitad de los que ingresan por las exportaciones agrícolas, con la soja a la cabeza. Así lo demuestra un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige el economista Nadin Argañaraz y le pone números a esa inquietante realidad.
Según el estudio, las importaciones energéticas de 2013 (que estima en 11.000 millones de dólares) equivaldrán al 44% de la liquidación de divisas de la cosecha de soja y otros granos (25.000 millones), cuando en 2006 esa proporción era de apenas 6%. El deterioro de esa relación se duplicó en los últimos tres años, ya que en 2010 era de 21%.
Otra forma de evaluarlo es comprar el desempeño del sector energético dentro del comercio exterior argentino: en 2006 aproximadamente el 50% del superávit comercial total (de 12.000 millones de dólares) obedecía a los 6.000 millones de dólares que aportaba el superávit energético, con exportaciones de petróleo y gas (e incluso algo de electricidad) muy superiores a las importaciones. Pero como este saldo favorable fue declinando en los años posteriores, su aporte cayó del 36% del superávit comercial total en 2007 a sólo 15% en 2010. En los tres años siguientes, en cambio, el balance comercial energético se transformó en deficitario y restó alrededor de 3.300/3.500 millones de dólares anuales en 2011 y 2012, mientras este año restaría casi 6.000 millones. De ahí que el superávit comercial en 2013 se ubicaría por debajo de los 10.000 millones (entre 8.500 y 9000 millones) por primera vez en los últimos diez años –como lo anticipó esta columna hace dos semanas- lo cual obligó a Guillermo Moreno a endurecer las trabas a las importaciones en otros rubros industriales y comerciales.
Aún con este deterioro progresivo, la foto no es tan preocupante como la película. Todo indica que las importaciones de gas y combustibles (más algo de petróleo liviano) no podrán revertirse en el corto y mediano plazo. Incluso, hasta el propio CEO de YPF, Miguel Galuccio admitió en las últimas semanas, con toda razón, que "el déficit energético es serio" y se necesita un shock de inversiones en toda la industria petrolera. En este marco, el contrato de Chevron con YPF para un piloto de 100 pozos en la formación de Vaca Muerta es una parte minúscula de la inversión que requeriría revertir la declinación de los yacimientos convencionales de petróleo y gas, así como la exploración y explotación no convencional. Según cálculos de algunos especialistas, se necesitarían unos 20.000 millones de dólares anuales durante un quinquenio.
Y aquí se tropieza con escollos de todo tipo. Desde los que enfrenta YPF para acceder a financiamiento externo debido al "riesgo argentino", hasta la reticencia de grandes petroleras a arriesgar capital sin la certeza de poder disponer del crudo o repatriar eventuales utilidades, debido a los controles cambiarios. Una prueba de ello es el escaso entusiasmo que despertó el decreto que flexibilizó esas condiciones para dentro de cinco años (o sea bajo el gobierno que sucederá al de CFK a fin de 2015) y que estableció un piso de 1.000 millones de dólares de inversión para acceder a esos beneficios. Otra, la escasez de interesados para acceder a un precio del gas de 7.5 dólares por MBTU, a cambio de planes de inversión adicional que duplican el riesgo empresario, ya que las compañías son penalizadas económicamente si no alcanzan la mayor extracción comprometida. A esto debe sumarse la demora de algunas provincias (como Río Negro) para prorrogar plazos de concesión de yacimientos, así como de otras para llamar a nuevas licitaciones, tras haber adjudicado áreas de exploración petrolera a grupos sin antecedentes ni experiencia, que prácticamente no han invertido un dólar.
Con estas condiciones, 2013 apunta a ser otro año perdido: en el primer semestre la producción de petróleo cayó 3.4% (aunque repuntó levemente en junio y julio) y la de gas natural casi 7%. A los efectos de la balanza comercial argentina, la buena noticia es que la cosecha gruesa será este año 20% superior a la anterior. La mala es que, también por desconfianza, no pocos productores han optado por retener granos en silos-bolsa y no venderlos a los exportadores, hasta que aclare el incierto panorama macroeconómico.
Parece increíble que el reportaje que Cristina Kirchner concedió en estos días a la TV Pública fuera noticia por ese sólo hecho más que por su contenido, no muy diferente al de los monólogos presidenciales desde el atril y a sus reinterpretaciones de la historia reciente. Sin embargo, esta mínima excepción a la regla tácita de evitar entrevistas y conferencias de prensa abiertas deja al descubierto la ausencia de respuestas del gobierno de CFK a infinidad de preguntas sobre los próximos dos años de la Argentina. Y que en cuestiones como inflación, inseguridad, incertidumbre sobre la economía y el empleo, corrupción, narcotráfico o confrontación política, explican en buena medida la derrota sufrida por el oficialismo en las PASO.
De ahí que plantear un conjunto de preguntas elementales puede ser un ejercicio constructivo, sobre todo cuando arranca la campaña para las legislativas del 27 de octubre. Aunque para uso periodístico no sea ideal formularlas por escrito (ya que impiden las repreguntas), pueden servir de orientación para el elenco de funcionarios y candidatos oficiales, que suelen hablar de problemas más cercanos a 2003 que a 2015:
¿Por qué el Indec no informa los precios que justifican la inflación "oficial" de 10,6% anual y la canasta básica a un costo de 1700 pesos mensuales para trazar la línea de pobreza de una familia tipo?
-¿El próximo Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) incluirá los verdaderos precios que pagan los consumidores en todo el país?
-¿A juicio de la Presidenta, cuáles fueron los mayores aciertos de Guillermo Moreno? ¿Y sus fracasos? ¿Por qué admite medidas no escritas?
-¿Cuál es el plan del Gobierno para reducir, o al menos contener, la inflación en los próximos dos años?
-¿Por qué la recaudación impositiva sube al 27% interanual y el tipo de cambio se ajusta ahora casi lo mismo, si la inflación según el Indec es menos de la mitad?
-¿Por qué no se aplica en Bienes Personales un ajuste por inflación similar al del piso salarial de Ganancias y las categorías del monotributo?
-¿Y en las escalas de Ganancias y los balances de las empresas?
-¿En qué se apoya la suba del producto bruto interno (PBI) de 6,2% proyectada en el Presupuesto 2014?
-¿Si el gasto público aumenta más del 15,6% previsto, el Gobierno distribuirá los excedentes por DNU o negociará en el Congreso?
-¿Si el Gobierno promueve el federalismo, por qué no coparticipa la mayor emisión monetaria con las provincias y en cambio las empuja a subir impuestos locales o a colocar deuda ajustada al dólar oficial?
-¿Cuál es el límite para los subsidios a energía y transporte, que ya alcanzan 4,5% del PBI y equivalen al déficit fiscal?
-¿Qué sentido redistributivo tiene mantener congeladas las tarifas, mientras suben los demás precios, el impuesto inflacionario y la presión tributaria?
-¿Por qué el Gobierno no sincera y retrasa el pago de la deuda con jubilados por juicios ganados al Estado?
-¿Qué justifica hoy otra prorroga de la ley de emergencia económica?
-¿Cómo piensa el Gobierno recuperar la confianza del sector privado, para que aumente inversiones y vuelva a crear empleos?
-¿Qué autocrítica le merecen el cepo y los controles cambiarios por sus efectos negativos sobre la economía?
-¿Planea desdoblar el mercado cambiario, subir el dólar turista para contener la salida de divisas por viajes al exterior o apelar a otro tipo de controles?
-¿Cuál es el criterio para autorizar o frenar importaciones (no energéticas)?
-¿Qué exportaciones subieron por la exigencia de Moreno de compensar uno por uno los pedidos de importación, como si aplicara una balanza comercial caso por caso?
-¿Cuál es la proyección para las reservas del Banco Central en 2014 y 2015?
-¿A qué atribuye el fracaso del blanqueo? ¿Habrá prórroga?
-¿Cuáles son las proyecciones de déficit comercial energético para 2014 y 2015?
-¿Por qué a 17 meses de la reestatización de YPF no se tasaron los activos y acciones confiscadas a Repsol y, en cambio, se busca un acuerdo extrajudicial?
-¿A qué atribuye que la convocatoria oficial a explotar Vaca Muerta, más ciertas mejoras de condiciones, no haya atraído aún una ola de inversiones en hidrocarburos?
-¿Cómo y en qué plazo se planea reducir el déficit estructural de Aerolíneas Argentinas?
-¿Por qué no se incluyó la renovación total de los trenes de las líneas Sarmiento y Mitre en los acuerdos de financiación con China firmados hace tres años?
-¿Por qué no se logró reactivar el ferrocarril Belgrano Cargas, vital para el transporte de las cosechas del norte Argentino, que sí figura en ese acuerdo?
-¿Cuál es el plan para mejorar rutas y puertos, a fin de agilizar la salida de cosechas de granos superiores a las actuales?
-¿Podrá la Argentina recuperar posiciones como exportador de trigo, carnes y lácteos, sin afectar el consumo interno? ¿Cómo?
-¿Cuál es la estrategia para la deuda en default con el Club de París?
-¿Por qué mientras el Gobierno promueve el desendeudamiento estatal, aumenta su deuda potencial con crecientes avales a obras de infraestructura con financiación externa atada a la provisión de equipos?
-¿Qué mejoras viales produjo concentrar en el Estado la recaudación de peajes en rutas, para asignar obras y fondos a cada concesionario?
-A cuatro años de su anuncio, ¿por qué no se concretó el ensanche de la avenida General Paz, pese a dos aumentos de peajes en la Panamericana para financiarlo?
-¿Cómo evolucionó en los últimos años la relación habitantes en villas y asentamientos precarios/ construcción de viviendas sociales?
-¿Y la relación habitantes/efectivos policiales en el conurbano bonaerense?
-¿Por qué no se difunden estadísticas sobre cantidad y tipo de delitos según zonas?
-¿Cómo se atiende la vigilancia de las fronteras terrestres luego del traslado de 5000 efectivos de Gendarmería al conurbano?
-¿Cuál es la razón por la que no se designó un nuevo titular de la Sedronar (Secretaría de Prevención del Narcotráfico), tras la renuncia de Rafael Bielsa hace varios meses?
-¿Por qué no se admite publicidad privada en Fútbol para Todos?
-¿Por qué se privilegia la propaganda de obras del gobierno nacional sobre campañas de interés público (educación vial, drogas y adicciones, etc.)?
-¿Cómo se previene que parte de los recursos que reciben los clubes no financien a mafias (barrabravas) y la violencia dentro y fuera de los estadios?
-¿Por qué el Gobierno atribuye invariablemente a teorías conspirativas toda denuncia concreta de corrupción oficial y no promueve investigaciones judiciales?
-¿Por qué ahora hay menos y no más transparencia en las declaraciones patrimoniales de funcionarios, legisladores y jueces?
-¿Por qué no hay diálogo y sí confrontación permanente con todos los políticos no oficialistas?
Aunque estas preguntas sin respuestas apuntan al presente y al incierto futuro inmediato, su número podría multiplicarse si se incluyeran deseables políticas de Estado a mediano y largo plazo. No estaría mal tampoco que muchos candidatos opositores, que se perfilan como presidenciables para 2015, comiencen a ensayar algunas propuestas concretas para resolver los problemas que heredarán; aunque especulen que, con un poco más de racionalidad y menos de mala praxis, tendrían un handicap importante para corregir errores y mejorar expectativas.
