Según previsiones explicitadas por la empresa Rockhopper y por las autoridades isleñas, en el 2016 comenzará la explotación comercial del petróleo descubierto en la cuenca Malvinas Norte (Sea Lion) en 2010. No se trata de un gran yacimiento; las reservas probadas ahora se cuantifican en el orden de los 400 millones de barriles y sus costos de desarrollo y producción son muy altos (explotación en aguas profundas y largas distancia de los mercados de comercialización).
Si la Argentina aumenta la eficacia de la política “con nosotros o con ellos” dirigida a los potenciales inversores de la zona en conflicto, y se mantiene la negativa regional de acceso a infraestructura alternativa, el encarecimiento de los costos logísticos permitirá negociar con la contraparte británica el reparto de renta de la futura explotación. Todo bajo el paraguas del reclamo soberano, y como mecanismo para restablecer una mesa negociadora.
El “sí” del referendo de marzo pasado dejó en claro que los habitantes de las islas quieren seguir siendo ciudadanos británicos. El conflicto sobre la soberanía de las islas tiene dos partes y tres interesados. Una parte, la Argentina que reclama la soberanía territorial; otra parte, Gran Bretaña, que detenta la posesión colonial desde la ocupación por la fuerza en 1833. Los habitantes de las islas, con un ingreso promedio per cápita de más de 60.000 dólares por año (un 50% mayor al de sus connacionales del Reino Unido) operan como terceros interesados buscando forjar una identidad propia a partir de la inmensa riqueza relativa con la que ahora cuentan.
No olvidemos que el Tratado del Mar (1982) convirtió a muchos territorios insulares en epicentros de extensas jurisdicciones marítimas (200 millas, que se prolongan a 350 cuando hay recursos explotables) donde la posibilidad de otorgar licencias de pesca y otros derechos asociados a la potencial explotación de las riquezas circundantes cambió de cuajo la viabilidad económica y financiera. En el caso de Malvinas, las licencias ictícolas, que en los mejores años aportan regalías de alrededor de 200 millones de dólares, permitieron transformar una economía lanar de subsistencia (500.000 cabezas ovinas) en una economía de rentas que ya ha creado su propio fondo soberano para los potenciales nuevos recursos que le puede proporcionar el petróleo.
Con una explotación petrolera de unos 40 millones de barriles año, asumiendo la renta potencial que está en juego (diferencia entre los precios del petróleo y los costos de la zona), y su reparto aproximado (40 % para el Gobierno, 60% para las empresas), las arcas de las islas podrían llegar a obtener un ingreso adicional de alrededor de 500 millones de dólares por año. Si esos ingresos capitalizan en el fondo creado, los intereses podrían asegurar a los isleños una perpetuidad financiera que haga más atractiva la posibilidad de la autodeterminación y la constitución de un nuevo Estado “libre asociado” (asociado al Reino Unido y al Commonwealth, por supuesto).
Esa decisión complicaría la posición argentina de seguir tratando el problema como una causa colonial.
Todo en condicional, porque la nueva renta de la explotación petrolera depende de precios de referencia internacional que son variables, y de costos de desarrollo y explotación en los que la distancias y las dificultades logísticas tienen mucha influencia (más cuando las reservas a explotar no son significativas).
Estos costos logísticos pueden reducirse y aumentar la renta si la Argentina y Gran Bretaña se avienen a negociar el tema petrolero y a repartirse el adicional.
En función de ese objetivo, es correcta la posición oficial argentina de plantear a las empresas que operan en las islas la disyuntiva “o con nosotros, o con ellos”.
Quien invierte allá no puede invertir en la Argentina. También son conducentes las restricciones logísticas impuestas con apoyo regional. Es cierto, los licenciatarios han seguido adelante con las exploraciones y con el desarrollo de las reservas descubiertas, pero todavía no hay actores importantes detrás del petróleo de Malvinas y los altos costos han sido disuasivos de mayor actividad.
La estrategia argentina debe potenciarse con otra política energética que siembre de derechos exploratorios el mar continental argentino (de los 62 bloques marítimos disponibles, sólo hay 3 adjudicados) y convoque las multimillonarias inversiones que requiere el desarrollo de los recursos no convencionales.
El “con nosotros o con ellos” debe traducirse en nuevas oportunidades de inversión para los que decidieron “con nosotros”.
La presión eficaz habilitará una instancia negociadora. Acceso a la logística local y regional con reducción de costos, a cambio de compartir la renta incremental.
