Vaca Muerta (e YPF) han quedado atrapados en lo que podría ser una tormenta perfecta. El segundo (o tercer, según la medición) mayor yacimiento de petróleo y gas no convencional del mundo sería una bendición sin límites para cualquier país. Y la garantía de millonarias inversiones.
Aquí, el proyecto no termina de arrancar. Las razones: ecología, endeblez regulatoria, tribus autóctonas, politización de la energía, el debate público/privado, avance del Gobierno sobre empresas privadas.
Entre todos son una traba que frena la lluvia de dólares que ese megareservorio debería garantizar. Vayamos de a uno.
Los hidrocarburos no convencionales se extraen con la tecnología del fracking. Los petroleros dicen que se ha avanzado mucho en esa materia, que ya no hay las pérdidas que contaminaban las napas de agua. Los ecologistas no están de acuerdo.
La película "Promised Land", con Matt Damon, (2012) sobre esa puja en los EE.UU., es un ejemplo. Aquí el debate recién empieza: Pino Solanas tiene ya filmado un documental sobre el tema. Los productores de fruta del Alto Valle del Río Negro empiezan a sentir el impacto.
Otro punto: la endeblez regulatoria es muy típica de la Argentina. La explotación de shale gas & oil tiene como base legal un decreto, el 929, no hay una ley. Toda la desregulación petrolera de Menem también se hizo por decreto, pero éste -dicen los expertos.-choca con la ley de Hidrocarburos y hasta rozaría la Constitución. Poco para sostener inversiones millonarias.
Los mapuches ocupan hace más de un siglo gran parte de las tierras bajo las cuales está Vaca Muerta y el Gobierno no antes acordó con ellos. Avanzar sobre pueblos originarios tiene, como mínimo, costo político.
En la Argentina binaria de estos tiempos, es difícil que algo no sea a favor o en contra, según el signo político. Y el Gobierno hizo del shale un tema político, no negoció con la oposición, lo transformó en coto privado. La pelea en Neuquén esta semana lo dejó en claro. Después de las PASO, los empresarios se preguntan cuál es la garantía de continuidad de esas políticas.
Al borde de ese tema está el siguiente: YPF es una empresa privada, pero es estatal. La gente le pide la transparencia de un ente público, y responde con códigos de confidencialidad de Wall Street. Es el caso del contrato con Chevron: eso, como mínimo, genera dudas en la opinión pública.
Otro. En la última semana fue LAN. El avance del Gobierno sobre empresas privadas es un fuerte factor de ruido. Eso incluye a Repsol, que hace juicios a cuanto actor se acerca a Vaca Muerta, en cualquier tribunal del mundo. Así se cayó el contrato con Bridas, por caso.
En ese escenario, empresarios que quieren desembarcar en el meganegocio de Vaca Muerta -al que ven barato-, dudan. Al menos dos (cada uno desembolsaría más de US$ 1.000 millones) dijeron a este cronista esta semana: "Lo vamos a hacer, pero después de las elecciones".
Temen que la "tormenta perfecta" los termine atrapando.
Toma. Mapuches, en julio, en un yacimiento de Vaca Muerta.
