Ha trascurrido medio 2013 y los problemas energéticos argentinos se agravan irremediablemente. Han fracasado rotundamente tanto la estrategia implementada en 2003 como también las políticas post 2011. En definitiva, la realidad muestra una década perdida que se contrapone con “la década ganada” del discurso oficial.
Los datos objetivos nos muestran el presente, nos interrogan sobre el futuro y también, si hilamos más fino, nos dicen mucho sobre la forma de gestionar la democracia de la política argentina.
Transcurrido mayo, se verifica lo siguiente: a) la producción petrolera total de la argentina cae con respecto a mayo de 2012 en un 4,4% y confirma la tendencia monótonamente decreciente de la producción desde 1998; b) la producción gasífera cae con alarmante ritmo del 7,3% y confirma la tendencia que viene en picada desde 2004; las reservas de gas natural son hoy la mitad de las que tenía el país en el momento de la salida de la convertibilidad; c) las importaciones de energía de los primeros cinco meses de 2013 son un 29% mayores a las del mismo período del año anterior; d) los subsidios energéticos alcanzan al 2,5% del PBI, con tendencia fuertemente creciente; e) la producción del Yacimiento Vaca muerta en Neuquén se demora; f) el Estado nacional ha adquirido el 51% de las acciones de YPF expropiándolas por causa de utilidad publica, pero aún no las ha tasado ni pagado, lo que ocasiona serios problemas de funcionamiento en todo el sistema petrolero.
En este contexto me interesa destacar la cuestión de las importaciones energéticas. Estas son fuertemente crecientes y mucho más caras que las que realizaría un país importador eficiente. En 2012, la importaciones de energía (fuel oil; gas oil; gas natural y energía eléctrica) ascendieron a 9.266 millones de dólares; esta cifra tiene un orden de magnitud similar al superávit fiscal —12.690 millones de dólares en 2012-, pero mientras este último es de magnitud decreciente aquellas aumentan fuertemente.
Las importaciones de energía hoy ocupan una porción considerable de nuestras exportaciones primarias. En efecto las exportaciones del complejo sojero (porotos de soja; harinas; pellets; aceite de soja y biodiésel) en los primero cinco meses del año alcanzaron a 7530 millones de dólares; en el mismo período las importaciones energéticas alcanzaron 4562 mil millones de dólares, o sea el 60% de aquellas. Nuevamente la tendencia nos dice que mientras las exportaciones sojeras están en su máximo histórico, las energéticas aumentaron en los últimos tres años a un ritmo del 30% anual acumulativo.
Obviamente, de mantener la energía ese ritmo importador la situación se tornaría macroeconómicamente insostenible y la primarización de la Argentina se haría evidente. Argentina quedaría como un país cada vez más dependiente de la soja, con muy poco margen para las compras externas de insumos intermedios y bienes de capital, algo indispensable para una economía industrial que aspira a ser competitiva Es difícil, por otra parte, imaginar que de un aumento de la producción primaria (de soja y otros productos agropecuarios) se puedan obtener más recursos para sostener la factura energética. Esos mayores recursos tendrían que provenir de una extensión de la frontera agropecuaria y ello podría acentuar los problemas y las discusiones ambientales y políticas que ya se insinúan.
Un comentario adicional me provoca cómo se realiza la importación energética en nuestro país. Existen enormes sobreprecios si se compara lo pagado por nuestro país para importar gas natural licuado (17 dólares por MMBTU) con lo que paga un importador eficiente en nuestra región (que lo hace en torno a los 10 dólares por MMBTU). Esto es el resultado de una inexplicable falta de planificación energética estratégica por parte de la actual administración. Los sobreprecios constituyen el paraguas en el cual se esconde un sinnúmero de factores negativos que habrá que auditar adecuadamente, pero que incluyen la improvisación, la falta de transparencia y de competitividad, la ausencia de planificación estratégica y la corrupción.
En conclusión, las tendencias de la política energética actuales deben ser revertidas en forma radical y esto no parece estar al alcance de la actual gestión gubernamental.
Las cuestiones relevantes que afectan hoy el funcionamiento del sector energético solo pueden ser resueltas por la política.
Y esto nos lleva a preguntarnos por qué la democracia, que cumple tres décadas y está en el ciclo más largo que ha tenido en la historia argentina, ha sido impotente para detectar y solucionar el grave problema energético, a pesar de haber dispuesto de tiempo para encarar la problemática.
Mi respuesta provisoria es que todavía le falta mucho a Argentina para alcanzar una república democrática eficiente, eficaz en la gestión de gobierno.
