La reciente decisión de los políticos de Santa Cruz, pronunciándose en la Cámara de Diputados por prescindir de la industria minera en este tiempo, debe ser analizada en un contexto cultural en el que los valores de la democracia liberal, es decir, aquellos que desde 1853 consagraron la igualdad ante la ley, la búsqueda del bien común, los derechos de propiedad y el orden social estipulados por las normas; ceden frente al accionar populista de los dirigentes provinciales.
El gobernador recorrió la provincia llamando a la lucha de los buenos contra los malos, de muchos contra unos pocos. El salvaje e insaciable capital minero que desde 1998 generó miles de puestos de trabajos no estatales, millones de dólares para Fomicruz, y desarrolló ciento de empresas proveedoras de bienes y servicios, por su voluntad, deberá ahora hacerse cargo de la felicidad salarial de empleados públicos y jubilados provinciales. Este discurso que momentáneamente cautiva voluntades desprevenidas, cosecha aplausos instantáneos y la adhesión de intendentes oportunistas; no es más que un golpe bajo, que rápidamente chocará de frente, contra la implacable realidad.
La reciente situación internacional que desplomó al valor de los minerales metalíferos, debió ser causa de atención de las autoridades en las provincias productoras, entre ellas Santa Cruz. La minería como cualquier actividad económica se lleva adelante siempre y cuando exista renta. Nadie trabaja a pérdidas. Como en Catamarca el principal commoditie es el cobre y de San Juan el oro; en Santa Cruz lo es la plata. Los productores de plata en la provincia están frente a una decisión dramática. El precio del metal se derrumbó a menos de 20 dólares por onza y sale 24 producirla; salarios, insumos y servicios se dispararon al ritmo de la inflación; la renta desapareció, hoy cuesta más producir el metal que lo que se obtiene por su venta.
El Secretario del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (Cadim), Mario Capello, brindó su opinión sobre la reciente decisión del gobierno de Peralta de poner en marcha un impuesto minero, a través de un artículo titulado “Minería en Santa Cruz: ya no será”, en el que abona la sensación que recorre a todos los protagonistas de esta industria en nuestra provincia, que es que donde más se necesitaba la sensatez, ha primado el desconocimiento, cuando no el oportunismo.
En contexto
Lo hemos dicho: la situación internacional para la minería es complicada, producto de la entrada plena en un ciclo de bajos precios de los metales, que no es pasajero. A ello se suman ingredientes locales negativos para enfrentar la reducción en el margen de ganancias, como lo son la restricción a las importaciones, el escenario inflacionario y el desdoblamiento cambiario.
Esto significa que si en el mundo la minería está estancándose, en Argentina ya se estancó o está retrocediendo, y para colmo, en nuestra provincia sumamos otro elemento negativo, que es sumar costos, que no son pequeños, lo que, cuanto menos, es irresponsable.
Se sostiene en algunos discursos, sobre todo en esta temporada de elecciones, que las mineras ganaron mucho y tienen que devolver algo ahora que está la provincia en crisis. Pero no se dice que cuando más tributaban –porque si una empresa gana más, paga mucho más al fisco, no hay que olvidarlo– peor se gastó, no se discutió el mejor reparto de esa renta o se miró para otro lado. Y tampoco se advierte que este nuevo impuesto golpea especialmente a los que aún no están produciendo y quieren hacerlo, y que hasta hoy solo hicieron inversiones.
Cerro Negro, por caso, es un proyecto muy importante, que aún no está produciendo, y que ya está obligado a pagar como si lo estuviera haciendo, por la nueva ley, y su única arma para achicar ese costo es reducir las exploraciones, lo que golpea directamente a trabajadores y proveedores locales.
El impuesto inmobiliario aprobado, en consecuencia, si llega a aplicarse solo generará una cosecha inicial de fondos frescos, pero provocará paralelamente que se reduzca el universo de aportantes tanto de ese como de otros impuestos, sacando de nuestras tierras a exploradoras, pero también a nuestros propios vecinos que viven y pagan impuestos de brindarles su fuerzas de trabajo o sus servicios. Una variante perversa, en definitiva, de los adelantos de regalías a los que tantas veces se echó mano, pretendiendo arreglar el presente complicando el futuro.
