(Opinión) SCIBONA: "LA ARBITRARIEDAD DEL ATRIL" E "IMPUESTO A LA RENTA FINANCIERA: UN DEBATE INCONCLUSO"
La arbitrariedad del atril
LA NACION. Por Néstor O. Scibona
No es la primera vez ni seguramente será la última, máxime en plena campaña electoral, que
Cristina Kirchner utiliza el atril presidencial para trazar una descripción sesgada de la economía argentina, en la cual todos son éxitos y los problemas brillan por su ausencia. Pero su último y extenso discurso en el 159º aniversario de la
Bolsa de Comercio porteña incluyó tal dosis de arbitrariedad en su mezcla de argumentos, cifras, omisiones y anuncios, que bien podría equipararse al amañado recurso de utilizar la foto y frases del papa
Francisco sacadas de contexto para transformarlos en el polémico afiche proselitista del oficialismo.
Ante un raleado auditorio de empresarios de primera línea, CFK repitió su credo económico, según el cual el ahorro y la inversión dependen mayormente de lo que haga o deje hacer el Estado (o el Gobierno, que para el kircherismo es lo mismo) y la iniciativa privada queda relegada a un rol secundario. De ahí que los aplausos más sonoros provinieran de los militantes de La Cámpora y los funcionarios que poblaron las primeras filas para mostrar además gestos y sonrisas de aprobación ante las cámaras de la TV oficial y paraoficial. Ya se sabe que la comunicación desde el atril es unidireccional y no admite ningún atisbo de disenso.
Con esta puesta en escena, lo más relevante del mensaje presidencial estuvo en lo que no dijo, porque significa negar los problemas más complejos de resolver y que a su vez frenan inversiones privadas. Como es habitual, CFK no mencionó ni una vez a la inflación, con lo cual dejó sin sustento sus ampulosas comparaciones con cifras nominales de años anteriores. Tampoco la caída de reservas del Banco Central (6200 millones de dólares en lo que va de este año), ni el déficit energético, ni las trabas a las importaciones, ni la brecha ni el retraso cambiario de arrastre que afecta las exportaciones de numerosos sectores. En cambio, defendió y prometió mantener la política de subsidios indiscriminados a las tarifas de energía y transporte -que ya insumen un gasto de 4% del PBI, equivalente al déficit fiscal- con el dudoso argumento de que fomentan la competitividad de las empresas y mejoran el poder adquisitivo de los asalariados (en especial del 32% que trabaja en negro), como si los demás costos y precios se mantuvieran estables.
La Presidenta dedicó apenas 5% de su discurso a lo que teóricamente era el tema central: el decreto reglamentario de la ley de reforma del mercado de capitales, que pasó a ser regulado por la Comisión Nacional de Valores para promover la federalización e integración electrónica de las Bolsas y la creación de instrumentos para movilizar ahorros hacia inversiones de largo plazo. Pero esa reglamentación finalmente fue parcial y dejó en pie al temible artículo 20º de la ley, introducido por el diputado oficialista Roberto Feletti en pleno tratamiento legislativo. Así, se faculta a la CNV (un organismo técnico cada vez más politizado y con creciente injerencia de Guillermo Moreno) a designar veedores con derecho a veto -e incluso administradores en reemplazo de los existentes- a pedido de accionistas minoritarios con sólo 2% del capital de las empresas cotizantes. A través de la Anses, el Estado supera este porcentaje en 37 de las 42 empresas en las cuales tiene participación accionaria heredada de las disueltas AFJP. La instancia de apelación no será la Justicia, sino la propia CNV.
Esta amenaza latente (corporizada cuando Moreno, Axel Kicillof y Daniel Raposo irrumpieron en la asamblea del Grupo Clarín) resulta de por sí una luz amarilla para esas compañías. Pero tampoco alienta inversiones que CFK haya exaltado como logros otras medidas intervencionistas que crean más desconfianza en el sector privado, como haber forzado a las aseguradoras a destinar excedentes a "inversiones prioritarias" elegidas por el tándem Kicillof-Moreno o a los bancos a otorgar créditos a tres años a tasa subsidiada para proyectos productivos. Para la Presidenta, esta última exigencia es un mérito de la reforma de la carta orgánica del BCRA, aunque haya obviado que la misma ley acentuó las presiones inflacionarias y cambiarias que hoy padece la economía.
No hubo en cambio ninguna referencia al controvertido blanqueo con el que el Gobierno busca, hasta ahora sin éxito, inyectar dólares negros a una economía anémica de divisas y atraer excedentes de pesos hacia el raquítico mercado de capitales que, sin confianza, no se revitalizará sólo con un cambio de reglas. A tal punto que Moreno transformó la inversión en Baade en un "bono patriótico", por medio de una forzada colecta entre empresarios y el BCRA acaba de habilitar a los bancos para que puedan contabilizarlos en sus activos como títulos públicos canalizando fondos en blanco, pese a que la ley no lo preveía.
En cambio, CFK le dio un envión extra al cupón PBI (que sólo en julio ya había registrado alzas del 25 al 30% en sus distintas versiones), al apostar a que en 2013 la economía crecerá más del 3,5% que prevé la Cepal. Este aumento es un techo para muchos analistas privados, por más que el Indec sobreestime en más de 2 puntos el cálculo del producto al subestimar los precios que aplica. Paradójicamente, el dato oficial gatillará en 2014 el pago de casi 3000 millones de dólares, que habrán de restarse de las declinantes reservas del BCRA.
Más controvertida fue la reiteración de que el Gobierno no creó ni aumentó impuestos durante la era kirchnerista. La primera parte de esa afirmación ignora el impuesto inflacionario, que recae sobre consumidores y ahorristas. La segunda no sólo olvida las subas de retenciones a las exportaciones agrícolas, mineras y petroleras, sino la mayor presión tributaria derivada de que el mínimo no imponible de Ganancias vino ajustándose por debajo la inflación y el de Bienes Personales sigue inalterable desde 2007. Todo esto sin contar la suba de impuestos provinciales y municipales forzada por la concentración de recursos por parte de la Casa Rosada y su discrecional distribución entre amigos y enemigos políticos.
Una similar arbitrariedad argumental permitió que CFK presentara como signo de bonanza que se haya duplicado entre 2003 y 2013 el número de argentinos que viajan al exterior (a 7 millones de personas), sin considerar la brecha cambiaria, ni que la balanza turística haya pasado a ser deficitaria el año pasado, después de una década de superávit.
La frutilla del postre del mensaje presidencial fue el anuncio que, con más de un mes de anticipación, aportó el título de los diarios del día siguiente: el aumento del 14.4% en las jubilaciones a partir de septiembre. También aquí Cristina Kirchner soslayó que esa decisión no es una prerrogativa presidencial, sino producto de la ley de movilidad automática sancionada a instancias de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. La misma que el Gobierno gambetea cuando debe pagar sentencias firmes en juicios por desactualización previa de haberes. Igual provocó la ovación del elenco oficial de aplaudidores; que, seguramente, no deben arreglárselas con 2476 pesos mensuales como el 75% de los jubilados.
Impuesto a la renta financiera: un debate incompleto
Río Negro. Por Néstor O. Scibona
Si al menos entre 25 y 30% de los trabajadores en blanco tributan el Impuesto a las Ganancias sobre sus sueldos, por qué deberían seguir exentos los intereses de los depósitos a plazo fijo o la renta de otros instrumentos financieros como bonos u obligaciones negociables?
Desde el punto de vista de la equidad impositiva, este argumento resulta indiscutible. Y también políticamente redituable. De ahí que, al menos en el plano de las promesas preelectorales, oficialismo y oposición compitan por desempolvar viejos proyectos de ley para gravar la renta financiera, incluso con algunas variantes destinadas a reducir la carga impositiva sobre asalariados y pymes. La cuestión genera cierta alarma entre bancos y operadores del alicaído mercado de capitales, más que nada por la presión tributaria que podría afectar a la "materia prima" de sus negocios.
No hay dudas de que esta puja tiene claros tintes electoralistas, como ya ocurrió en otras épocas. Con el antecedente de que Cristina Kirchner rechazó una iniciativa oficialista similar tras la derrota legislativa de 2009, varios candidatos opositores se apresuraron ahora a reactivar propuestas para "correr por izquierda" al gobierno. Que, a su vez, reaccionó encomendándole al diputado oficialista Héctor Recalde una mezcla de los distintos proyectos presentados en el Congreso. Pero sus alcances son tan imprecisos que hasta el propio legislador declaró que debía pedir opinión a la Comisión Nacional de Valores.
Más allá de estos vaivenes políticos, el debate reabierto en las últimas semanas resulta incompleto, ya que deja de lado muchos factores que pueden complicar las expectativas y las perspectivas económicas.
Por lo pronto, la cuestión de la equidad tributaria resulta difícil de presentar para el gobierno de CFK y las bancadas oficialistas que, hace apenas tres meses y en tiempo récord, aprobaron en el Congreso el más generoso blanqueo de dólares en negro de las últimas décadas. Aún así, este perdón fiscal para los evasores quedó envuelto en tal desconfianza que el ingreso de divisas es todavía muy magro (apenas 20 millones de dólares).
Por su parte, varios proyectos opositores no dejan de constituir un parche más, aunque establezcan distintos "pisos" por debajo de los cuales no se aplicarían impuestos. Sin una reforma integral, que reparta mejor las cargas entre consumo, patrimonios y rentas, las iniciativas en danza sólo agregarían mayor presión impositiva a la que ya viene registrando la economía. Según datos oficiales, en el período 2001/2012 la presión impositiva total (Nación, provincias, municipios y seguridad social) trepó del 21% a casi el 37% del PBI. Con esta carga fiscal, la Argentina pasó a disputar con Brasil el primer puesto en Latinoamérica.
A este cuadro debe agregarse necesariamente el impacto de la inflación de dos dígitos anuales que persiste desde 2007. Aunque no sea admitida por el gobierno de CFK, no sólo contribuyó a elevar la presión impositiva (ya sea a través del IVA y otros gravámenes directos, o bien por la desactualización de los mínimos no imponibles de Ganancias y Bienes Personales, por ejemplo), sino que además mantiene en terreno negativo las tasas de interés reales que remuneran los depósitos en pesos. Quienes hoy depositan pesos en el sistema bancario lo hacen más por razones de seguridad o practicidad, que por obtener un rendimiento que les permita al menos empatarle a la inflación. Una prueba de ello es que la mayor parte de los depósitos a plazo fijo en los bancos está constituido a menos de 60 días, lo cual dificulta y encarece calzarlos con créditos a más largo plazo. Otra es que en la Argentina los depósitos bancarios equivalen a sólo 18% del PBI, frente a un promedio de 30% en la región.
En este marco, subir los impuestos a quienes pueden invertir o ahorrar en blanco puede empujarlos a derivar fondos hacia mercados negros, como ha venido ocurriendo en la Argentina durante años. De hecho el propio gobierno calculó, al presentar el controvertido régimen de "exteriorización voluntaria de divisas", que existen unos 200.000 millones de dólares de argentinos en el exterior o fuera del circuito económico local. De ese total, aproximadamente 85.000 millones corresponden al período 2007/2011.
A la hora de evaluar la relación de costos y beneficios de gravar los intereses de depósitos a plazo fijo, un paper reservado que circula entre los bancos aporta varios datos poco conocidos. Por caso, precisa que en la Argentina hay 1,4 millones de personas (físicas) titulares de plazos fijos con un saldo promedio de $ 65.000. Pero de ellas, 219.000 mantienen importes superiores a $100.000 y sólo 78.000 de más de $300.000. Por lo tanto, concluye que la gran mayoría de los depositantes está constituida por pequeños ahorristas antes que por especuladores.
En cuanto a la recaudación potencial señala que, bajo distintos supuestos, se obtendrían entre $3.000 millones anuales (con 20% de alícuota promedio y todos los plazos fijos gravados) y $5.300 millones (con una alícuota del 35% y todos los plazo fijos gravados, un caso más que improbable). Esos montos equivalen al 2,0% y al 3,8%, respectivamente, de la recaudación total del Impuesto a las Ganancias, que asciende a casi $138.500 millones anuales. Si se recaudaran $3000 millones anuales, representarían apenas 0,4% de la recaudación tributaria nacional y 0,1% del PBI de la Argentina, frente al 2% que ya aporta el impuesto al cheque.
O sea que se trataría de una proporción verdaderamente exigua frente al impacto en las expectativas económicas de aumentar la presión tributaria sobre la economía formal y especialmente a sectores de clase media. A esto se suma el riesgo de que los "pisos" exentos queden desactualizados por la inflación, como ocurre con el mínimo no imponible de Ganancias sobre los salarios medios-altos y que la carga impositiva aumente indirectamente. En este caso, los ahorristas exigirían mayores tasas de interés para mantener sus pesos en los bancos, con lo cual se complica el objetivo de abaratar el crédito, a menos que el Estado aumente redescuentos y subsidios a costa de generar mayores presiones inflacionarias y cambiarias.
Por otra parte, el documento aclara que en la Argentina hoy están gravadas todas las rentas financieras (intereses de depósitos y de títulos públicos del país y del exterior) de las sociedades y empresas. No se gravan los dividendos percibidos de otras sociedades locales (ya que tributa la entidad que los paga), pero sí los dividendos recibidos del exterior. En consecuencia, están exentos los intereses de depósitos en caja de ahorro y a plazo fijo, así como las obligaciones negociables y títulos públicos de personas físicas residentes en el país.
No obstante, el hecho de que la presidenta no aludiera a nuevos impuestos al hablar en el 159º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y ponderara en cambio la mayor tributación de la intermediación financiera (creció 58% en los últimos doce meses), fue interpretado en el ambiente bancario y bursátil como una señal de que este debate no sólo está incompleto sino que, además, tiene altas chances de quedar inconcluso.
