Acuerdos petroleros de gobiernos constitucionales con firmas de capital extranjero, como el de YPF y Chevron, que acaba de celebrarse, se han firmado antes de ahora y no les faltaron polémica y denuncias. Lo hizo Perón en 1955, precisamente con una de las predecesoras de Chevron: la Standard Oil de California, más conocida entonces, en nuestro territorio, como la California Argentina de Petróleo. El contrato fue firmado el 25 de abril de 1955 y enviado al Parlamento para su discusión y eventual aprobación, donde nunca llegó a tratarse, principalmente por la oposición de varios legisladores oficialistas, entre ellos John William Cooke.
También se hicieron contratos con compañías extranjeras o subsidiarias de éstas durante el gobierno de Arturo Frondizi, con motivo de su “batalla por el petróleo”. Frondizi obvió la vía parlamentaria y eligió el camino de la contratación directa a través de YPF. Frente a ciertas observaciones de legalidad emanadas del Tribunal de Cuentas, el presidente Frondizi se vio obligado a emitir decretos para insistir con la vigencia de los contratos. Es historia conocida que esos contratos fueron posteriormente anulados por el presidente Illia, mediante los decretos 744 y 745, del 15 de noviembre de 1963, que los declaraban “nulos, de nulidad absoluta, por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación”. Antes y ahora, el objetivo de esos contratos y acuerdos es esencialmente el mismo: llegar al autoabastecimiento de hidrocarburos, con el convencimiento de que no se podrá lograr sin el aporte de inversión extranjera.
En este caso, la diferencia es el cumplimiento de un aspecto que hace a la esencia de la democracia republicana: la publicidad de los actos de gobierno. Se lo cubre o se facilita su cumplimiento cuando se somete el acto administrativo al debate parlamentario o a la revisión del organismo estatal de control legal y técnico. En la presente circunstancia, la celebración del acuerdo y la definición de la oportunidad y alcance de su difusión han quedado en las manos de una inasible empresa estatal, a la que ni siquiera puede llegar el organismo constitucional de control externo.
Lo que se sabe oficialmente al respecto del acuerdo entre YPF y Chevron es lo que puede recogerse de la página web de YPF. Allí obra una nota dirigida por esa empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en cumplimiento del art. 23 del Capítulo VII del reglamento de la entidad bursátil, por la que informa que “YPF SA y sus subsidiarias y subsidiarias de Chevron Corporation han firmado en el día de la fecha un Acuerdo de Proyecto de Inversión con el objetivo de la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la provincia del Neuquén. El acuerdo contempla un desembolso de 1.240 millones de dólares por parte de Chevron para una primera fase de trabajo que desarrolla unos 20 km2 (el ‘proyecto piloto’) (4.942 acres) de los 395 km2 (97.607 acres) correspondientes al área afectada al proyecto, ubicada en la mencionada provincia y que incluye las áreas Loma La Lata Norte y Loma Campana (ver Anexo I). Este primer proyecto piloto contempla la perforación de más de 100 pozos”. El acuerdo está enmarcado por el decreto N° 929/2013, que otorga una serie de ventajas tributarias y cambiarias a las petroleras que inviertan más de US$ 1000 millones en el país.
El “gen” principal de Chevron lo aportó la Standard Oil de California, que a su vez es una derivación, por desmantelamiento, de la Standard Oil Company of New Jersey, creada a fines del siglo XIX por John D. Rockefeller. En 2001 concreta una alianza con Texaco, configurando el grupo Chevron-Texaco, para más tarde, en 2005, pasarse a llamar simplemente Chevron.
Chevron se autoreferencia como una empresa que consigue éxitos a partir de su capacidad de hacer alianzas. Ahora ha concretado una con YPF, quien, en el comunicado de prensa respectivo, la presenta como “una histórica alianza para el desarrollo de la producción de hidrocarburos no convencionales en la provincia de Neuquén”. ¿Será compartido el éxito? Ex post facto, eso lo refleja la contundencia de los hechos, pero puede anticiparse el resultado con alta probabilidad si se conoce la “letra chica” de la negociación.
Como señala Nicolás Gadano, experto en la historia del petróleo de Argentina, hay tres momentos no exentos de polémica en nuestra historia económica reciente: Perón y la California, los contratos de Frondizi y la privatización de YPF con Menem. El acuerdo con Chevron pretende impulsar el desarrollo de Vaca Muerta, el tercer yacimiento de shale gas y shale oil del mundo, puede ser un cuarto evento histórico.
La situación del sector energético continúa crítica, con importaciones aproximadas para 2013 de 14.000 millones de dólares cuando eran sólo 4.000 millones en 2010. La producción de crudo cayó 4% en 2012, la de gas 6%. En ese mismo año las reservas de crudo descendieron 10%. Con la aparición de Vaca Muerta, las reservas, que todavía hay que probar, pueden multiplicarse por 10.
El presidente de YPF, Miguel Gallucio, plantea que con sólo el 15% de Vaca Muerta se resuelve el problema energético argentino. Chevron es un avance en esta dirección para apoyar a una YPF que es sólo el 30% de la producción de crudo y gas del país. El decreto 929 es una jugada diferente al enfoque del Informe Mosconi de sesgo nacionalista y no liberal. El gobierno se ha vuelto más pragmático pero lejos todavía de tener una política energética que requeriría una ley de hidrocarburos que, siguiendo a Alieto Guadagni, debería tener cláusulas medioambientales, relación con provincias que son las propietarias genuinas, tratamiento de la energía no convencional, especificación del marco tributario, reglas para la exportación, y un enfoque de licitaciones competitivas. Para eso es clave firmar el artículo 4 con el FMI. El decreto es estimulante porque permite exportar el 20% de la producción y sacar aparentemente, en oposición al esquema del cepo, los dólares fuera del país. Con el actual régimen no es claro que se estimulen otras firmas para invertir.
El tema tiene múltiples ribetes jurídicos ya que Repsol ha demandado a ambas empresas en tribunales internacionales. La urgencia nos lleva a atajos con riesgo de falta de transparencia. El decreto es incompleto, y no crea un verdadero régimen. El contrato debe ser público. Gas y petróleo plus han sido medidas de corto plazo, más bien parches. La concesión actual sería de 35 años, más extensa que la de la ley de Onganía de Hidrocarburos.
Falta una cabeza que unifique el planeamiento energético. La Secretaría de Energía ha sido silenciada después de la expropiación a Repsol. Esta iniciativa es de laboratorio para la extensión del área de 30.000 kilómetros cuadrados. Se espera llegar a 50.000 barriles diarios de crudo en el área Mosconi. Es beneficiosa la asociación estratégica, lo ideal es que se plantee llegar a precios internacionales. Chevron aparentemente llega tarde al recurso no convencional y está interesado en jugar este partido que ha revolucionado la matriz energética de Estados Unidos, desconectando el precio del gas al del crudo. Y Chevron espera recuperar la inversión en 8 años. Esperemos que este jointventure no sea otro Vale y que pueda traerle aire fresco a un sector muy sensible para toda la economía.
