Mucho se ha dicho desde que YPF firmó el acuerdo con Chevron para desarrollar un yacimiento de calidad mundial, un recurso estratégico para conseguir el autoabastecimiento energético.
Para todos los que estuvimos involucrados en la negociación del acuerdo, su firma fue un motivo de orgullo y estamos convencidos de que va a ser muy beneficioso para la compañía y para el país. Por esa razón, lamento las irresponsables afirmaciones que desde distintos sectores se levantaron en contra del acuerdo. Llama la atención la opinión de economistas -incluso directivos de bancos-, consultores, expertos y hasta ex funcionarios de energía, que tildan a este acuerdo de “estafa” o “reprivatización” por el solo hecho de no conocer sus detalles.
Las sociedades anónimas que cotizan en bolsa siempre realizan este tipo de negociaciones en la más estricta confidencialidad, porque así lo exigen tanto los reguladores del mercado como sus accionistas.
YPF es una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de Buenos Aires y en la de Nueva York y toma muy en serio sus responsabilidades como tal.
La confidencialidad con la que se llevó adelante la negociación nos permite proteger la información y el conocimiento que son patrimonio de YPF y a la cual seguramente querrían tener acceso muchos actores en esta industria. Si nos hubiéramos permitido hacer lo que nos piden, hoy seríamos criticados por ellos mismos por haber puesto a YPF en desventaja frente a potenciales nuevos acuerdos o frente a otros que no necesariamente buscan lo mejor para nuestra compañía.
Este manejo responsable de la información es parte del profesionalismo con el que todos queremos que se gestione YPF.
Otro lugar común del discurso crítico fue el de la “reprivatización” que el mismo podría implicar. Nada más lejos de la realidad. Pareciera que tampoco quieren ver que el área objeto del acuerdo sólo representa el 3% de la superficie de Vaca Muerta donde YPF tiene derechos de concesión, lo que equivale al 1,2% del total de Vaca Muerta. Los 1.240 millones de dólares que se van a invertir durante el próximo año le dan a Chevron el derecho al 0,6% de Vaca Muerta, en calidad de socio y donde YPF es el operador. Esos “pocos dólares”, según palabras de algunos, son inversión extranjera genuina que ingresa al país; y es una inversión de riesgo que le permite a YPF compartir el riesgo petrolero, como lo hacen las grandes compañías en esta industria.
Es evidente que los detractores del acuerdo YPF-Chevron desconocen la materia de la cual opinan o atacan al acuerdo con un objetivo político.
El acuerdo confirma la clase internacional del recurso que se encuentra en Vaca Muerta y permite a YPF monetizar parte de su valor. Además, pone en valor el resto de la superficie que tiene YPF en Vaca Muerta; los recursos hidrocarburíferos solo tienen valor en la medida que se realicen las inversiones necesarias para su desarrollo económicamente viable.
Esta inversión, que nos asocia con un líder mundial en materia de hidrocarburos, nos permitirá desplegar una intensa actividad que va a contribuir al crecimiento de la economía regional y constituye un paso importantísimo hacia la recuperación de la autosuficiencia hidrocarburífera. Por estas razones, entre otras, este acuerdo constituye un hito no sólo para YPF sino para la energía del país.
Argentina se mueve tanto en círculos que llega un punto donde deja de sorprender. Así se suceden ciclos.
Primero se busca el control estatal, después el emprendimiento fracasa; en medio de la desesperación de una crisis (como la energética que vivimos por estos días) se privatiza o concesiona la explotación en condiciones muy favorables para los privados. Después de un tiempo, sobre todo si la cosa funciona bien, la sociedad siente que ha sido profundamente traicionada y lo que se hizo en un momento de dificultad se termina viendo como una irresponsable venta de las “joyas de la abuela”.
Ahí vuelve el impulso estatista, para comenzar a recorrer el mismo camino.
No hay sector de la economía que haya dado más vueltas a esta calesita en nuestro país que el sector petrolero.
Pero, aun con este patrón recurrente somos capaces de generar sorpresas y espanto en cada nueva vuelta. En este sentido, no tengo dudas que el Decreto 929/2013, promulgado por la Presidenta la semana pasada, quedará en los anales de los dislates económicos más importantes de nuestra historia.
Como ya a esta altura se sabe, Argentina es depositaria, en el yacimiento Vaca Muerta, de una de las reservas de gas más importantes del mundo. En un reciente libro comentaba que si la soja le representó a Argentina un shock de riqueza de un producto bruto interno, esto es, igual a todo lo que se produce en el país en un año; Vaca Muerta representa el equivalente a 7 veces esa suma.
La sociedad no es consciente de lo que tiene entre manos.
En ese contexto, la asignación de recursos a ese área solo puede hacerse seriamente mediante una licitación internacional, preferentemente en un contexto de seguridad jurídica, y asegurándose que los recursos en parte se ahorran.
Lo que tenemos ahí, no es solo nuestro. Es también de nuestros hijos y nietos y debemos asegurarnos que lo que se obtenga llegue con ese horizonte. Además, la licitación es clave, porque con recursos tan importantes, seguramente lo que las empresas estarían dispuestas a pagar para ser parte de este emprendimiento, es muy superior a lo que el rígido régimen actual les exige. Por todo esto, una negociación a puertas cerradas con Chevron (o con quien fuere), sin que se conozcan las condiciones, o estimaciones de producción y ganancias, es un escándalo sin precedentes.
Es probable que esta semana se hayan enajenado más recursos públicos que nunca antes.
Y es la falta de transparencia, lo que justamente permite este tipo de operaciones.
Pero más escandaloso aun es el artículo 15 del decreto 929/2013 que dice que si alguien tiene un yacimiento donde se le autoriza encarar una explotación no convencional, la misma se podrá consolidar con la explotación preexistente.
Pero, y esto es lo clave: extendiendo el plazo de concesión original … sin pagar nada!
Más allá que son las provincias las que tienen la potestad de asignar áreas petroleras (un logro de Cristina Fernández de Kirchner quien empujó fuertemente la ley de Federalización de hidrocarburos y de Privatización de YPF a principios de los 90) y que se necesita atraer capitales privados que una YPF estatizada no tiene, hay que hacerlo licitando de manera transparente las extensiones de la concesión y dejar que la empresa receptora del nuevo plazo acuerde con la existente los términos con los cuales realizaría la inversión.
Lo que es inaudito es extender plazos de concesiones, sin cobrar nada, tan solo contra la promesa que traigan unos pocos dólares sin que los argentinos (nosotros, nuestros hijos o nietos) vean un peso.
Un tweet decía “hay que ver el lado positivo, entran 1200 palos verdes a cambio de la 2da (corrijo yo, es la 3ra) reserva de shale gas mundial. Pero entran 1200 millones”. Así estamos. Ante la oportunidad más grande de nuestra historia elegimos transformarla en la estafa al pueblo argentino más grande que se recuerde.
Clarín
El acuerdo de YPF con Chevron despertó críticas por la pésima performance ambiental de esta última, aunque no hay empresas limpias que puedan realizar lo que YPF necesita; ExxonMobil, Dow Chemical siguen ahora en la lista. También es motivo de críticas el carácter confidencial del acuerdo.
Pero la irracionalidad del fracking se encuentra en el contexto de la actual crisis energética y, al mismo tiempo, en el futuro de los fósiles. Al no brindar respuesta en el corto plazo el fracking no tiene demasiada lógica; lo que se agrava debido a que esta inversión nos ata a una matriz energética incompatible con cualquier política climática seria en el mediano y largo plazo. La variable de las emisiones gravitará de manera significativa a partir del año 2020.
En junio un nuevo informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos ubicó a la Argentina en el cuarto lugar en materia de petróleo no convencional y segunda en gas no convencional en una lista de 41 países. Desde los descubrimientos de YPF en el año 2010 en Vaca Muerta, se entiende que el potencial puede ser muy grande. Desde entonces las mayores expectativas energéticas del Gobierno están allí depositadas. Para ello, fue decisivo deshacerse de Repsol y emprender la búsqueda de nuevos aliados que puedan traer el know how y el dinero para la inversión. El primero es Chevron.
La etapa de los combustibles fósiles “baratos” ha quedado atrás y, aunque deberíamos ir hacia fuentes renovables y limpias, la industria del petróleo, y la casi totalidad de las fuerzas políticas, nos proponen ahondar la dependencia de los fósiles.
Estamos buscando combustibles con una menor tasa de retorno energético (relación entre la energía que se obtiene de un proceso respecto a la que se introduce en el mismo), lo que genera un aumento de precio. La tasa del gas natural no convencional es muy baja ya que la perforación a grandes profundidades y la inyección de agua a presión requieren mucha energía. Se estima que ese gas tiene una tasa de retorno energético de entre 2 y 5, mientras que en el petróleo convencional es de alrededor de 15; la energía eólica, 18. Estamos yendo en la dirección equivocada. Ir en la dirección correcta es avanzar sobre el potencial eólico para obtener energía abundante, barata, limpia e inagotable, dando una urgente respuesta a la actual crisis de suministro en el país y desarrollando la base industrial para producir la transición que necesitamos concretar en las próximas décadas.
El 70% del territorio nacional es apto para producir energía en base al viento y se podría generar unas 50 veces el consumo eléctrico total actual haciendo uso de un recurso gratuito y de libre acceso. Esas cifras son tan impactantes como las del shale gas, pero no tienen la misma maquinaria de lobby.
