¿Qué cambió de un año a otro que el Gobierno pasó de estatizar YPF a firmar con Chevron?
Aumentó la urgencia macroeconómica. Doce meses después la Argentina no cambió su política energética, el déficit del sector se agravó y el desequilibrio macroeconómico también.
¿O sea el Gobierno reaccionó a un problema que se agravó?
El Gobierno cambió el plan.
Busca inversiones y crear acuerdos para atraer empresas extranjeras que vengan a invertir. Una experiencia que ya tuvimos. La Argentina vio esta película tres veces.
¿Cuándo?
Los tres grandes intentos en la Argentina para incorporar capital privado a YPF fueron por el mismo motivo: presidentes reacios a devaluar y que manejaban economías sin suficientes dólares para sostener su crecimiento. Pasó con Juan Perón, Arturo Frondizi y Carlos Menem.
¿Cómo terminaron esas experiencias de YPF?
Para Perón fue una tragedia porque su acuerdo con la Standard Oil fue el argumento para el golpe militar del 55. Con Frondizi los acuerdos los anuló el gobierno de Arturo Illia y terminaron con juicios. Lo de Menem finalizó en el Ciadi.
Y ahora, ¿qué es lo peor que podría ocurrir?
Que el acuerdo con Chevron tenga poco impacto, pocas inversiones.
¿Las petroleras estatales en el mundo reciben capital privados?
Sí. Y es positivo que se busque la inversión extranjera y privada.
Empresas como Chevron son con las que conviene asociarse, porque tienen experiencia en inversiones importantes.
Pero...
La forma cómo se hizo el contrato está mal por dos motivos. Primero, los beneficios otorgados a Chevron deberían ser generales a todas las industrias. ¿Por qué exenciones para firmas que invierten US$ 1.000 millones y no para las que ponen 800 millones?
¿Y segundo?
No se pueden cambiar las condiciones de inversión a través de un decreto. El Gobierno avanzó en facultades del Congreso y de las provincias. Habría que enviar un proyecto de ley al Congreso y renovar la ley de Hidrocarburos.
¿Pero eso no es imposible un año después de YPF y en medio de una campaña electoral?
Pero si se hace así está mal. Lo más probable que pase es lo mismo que los decretos de Carlos Menem. Y ya vimos lo que pasa cuando se quieren tomar medidas tan estructurales por decreto.
Pasó con la convertibilidad.
¿Qué significaría el shale gas para la economía argentina?
Sería casi una revolución. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Contratos, detalles y cláusulas que derramarían sobre el nivel de actividad. Pero insisto: para que ello efectivamente ocurra primero habría que crear un consenso sobre todos estos papeles, normativas, etc, y luego firmar un acuerdo. No con un decreto. Los contratos deben conocerse y es la única forma de generar confianza. YPF es una empresa controlada por el Estado y la transparencia debe ser un requisito.
¿Qué significó el shale gas para la economía mundial?
El precio del gas se desenganchó del costo del petróleo. Eso cambió la geopolítica de los hidrocarburos. En EE.UU. la producción de shale gas fue toda una irrupción.
Quizá no es curioso, pero sí interesante. Pasado un mes largo desde que concluyó el plazo para presentación de listas, y tres semanas desde que se oficializaron los candidatos, ninguno de los temas predominantes se relaciona con la campaña electoral. No, al menos, en forma directa. O: si es por propuestas concretas, explicitadas, no hay modo de encontrar alguna que no fuere frenar al Gobierno como sea. Parar al kirchnerismo. Los spots que comenzarán a difundirse en estas horas no permiten imaginar nada diferente.
La diferencia –se supone archisabida– es que de los K se conoce acabadamente qué son y hacia dónde van, o podrían ir, tras diez años de gestión y enunciación de rumbo ratificado (con la salvedad, ya expresada en esta columna, de que al oficialismo –según análisis y gusto personal– le restaría marcar algunas o varias ideas-fuerza específicas, ligadas más a lo faltante que exclusivamente a lo hecho). En cambio, de la oposición sólo se advierte que no se le cae o no expresa una provocación propositiva, ni una sola, ni de lejos, por fuera de lo señalado hace unas líneas: acabar con este modelo, restituir la República que nunca dicen cuándo estuvo ni dónde estaría, mandarlos presos a todos, etcétera. Luis Bruschtein lo destacó en su columna de anteayer en este diario, a propósito de ese odio destilado por los barrabravas de las redes sociales que se extiende al corpus argumentativo de la oposición. Su invento “superador” radica en Sergio Massa. Es la más grande construcción mediática de que se tenga memoria reciente tras haberse certificado que todos eran y son un cuatro de copas. Un ancho falso, para ser magnánimos. El intendente de Tigre se benefició con el espectacular negocio inmobiliario de Nordelta, puso unas cuantas videocámaras callejeras para registrar delitos y, a partir de ahí, lo catequizaron como un espécimen de peronista reciclable capaz de ser el yerno que casi toda suegra rogaría. Bien consciente de eso, gracias a los cálculos que apuntan a la imagen de muchacho con buenas intenciones, el propio Massa ya dijo que habrá de mantenerse en “el centro”, sin correrse jamás, por mucho misil que le enfoquen y disparen. Va a los programas de televisión de las madres y las novias, digamos, contando lo que le gustan las pastas domingueras en familia y parloteando lo bueno de no pelearse con nadie. ¿Cómo es en política no pelearse con nadie? ¿Cómo es dejar a todos satisfechos? Desde su propio palo admiten que es imposible descubrirle en Massa una definición profunda respecto de algo, pero muchísimo cuidado con considerar inocente ese perfil: no hay nada más ideológico que hacerse el desentendido. La (parte de la) clase media que compra Massa es la misma que compró De la Rúa, si es por apostar a un modelo con pinta de caballerosidad republicana que no joda sus intereses. Massa es quien acaba de firmar en escribanía que sus legisladores habrán de retirarse antes de suscribir alguna chance de recontraelección de Cristina, como si eso fuese una propuesta de algo. Hubo, en la mismísima derecha comunicacional, quienes fueron capaces de decir, reconocer, que, si un candidato a lo que fuera tiene que ir al escribano para garantizar una promesa, significa que necesita de sobreactuación para que se le crea.
Los dos temas primordiales de la agenda publicada –excluyendo el show interminable del caso Angeles Rawson y el aquelarre del centro porteño por un corte de calles, el jueves pasado– resultan ser los antecedentes del nuevo jefe del Ejército y el acuerdo de YPF con la petrolera Chevron. Sobre el general César Milani no debería tardarse mucho hasta encontrar la verdad de su actuación en la dictadura, aunque lo meneado hasta ahora sea suficiente para asombrarse. No hay término medio entre si este militar fue un represor de aquéllos, según las acusaciones volcadas, y si carece de historial sustantivo al respecto. Los organismos de DD.HH., nada menos que con el CELS a la cabeza, insisten en no contar con elementos probatorios contra Milani. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ya subrayó que es el cuarto ascenso de Milani y que el Gobierno está sorprendido, porque en ninguna de las instancias anteriores se generó semejante cuestionamiento. La base de las imputaciones es el testimonio de un ex preso político, Ramón Olivera, quien señala la participación de Milani en los interrogatorios a que fue sometido en 1977 tras su detención ilegal en La Rioja; también en la captura de su padre, y en la desaparición del conscripto Alberto Ledo. Se sumaría lo injustificado de su incremento patrimonial, pero son cuerdas separadas. Y si se comprueba que Milani fue lo que dicen que fue, al Gobierno no le queda más que retroceder sobre sus pasos y reconocer que se le escapó la tortuga. Pero lo asombroso es que nadie se dio cuenta de lo que sería su prontuario. Que Ramón Olivera aparece como acusador de la noche a la mañana, por mucho que deba contemplarse la invisibilidad de que son víctimas las denuncias habidas desde el interior profundo. Y que es más llamativo todavía observar a todos los medios de la oposición concentrados en el asunto.
En cambio: el tema YPF-Chevron puede someterse a apreciaciones subjetivas que, sin embargo, en algún punto, contactan con las eventuales especulaciones electoralistas de la cuestión anterior. Por empezar, es cierto que hace ruido haber nacionalizado la compañía petrolera y ahora establecer un convenio con la firma que supo fundar Rockefeller. No hace al romanticismo del relato oficial, por más que, igualmente, las cosas no son como dijeron que son. Los tipos tienen que invertir una montaña de dólares para llevarse, en la mejor de las probabilidades, un porcentaje menor al cabo de cinco años. Aportan el asesoramiento, el know-how, pero el trabajo técnico, los equipos, la dirección, los tiene YPF. No porque lo haya dicho Axel Kicillof. Porque es lo que se firmó. La existencia de “cláusulas secretas” –hasta donde se conoce– es una chicana. Y lo concreto es que alguien tiene que sacar el combustible para hacer funcionar económicamente el mediano-largo plazo, salvo que quiera anclarse en una cosmovisión algo extraña. La clave es si dirige el Estado o las corporaciones, mientras se acepte que lo estatal viene jugando, más o menos, a favor de las necesidades de las mayorías. Empero, como en tantas otras oportunidades, puede proponerse el juego de que todo lo que se cuestiona con tanta fruición es aceptable y hasta pasible de acuerdo firme. Para el caso, que acordar con Chevron es traición kirchnerista a la dialéctica propia. Y que el episodio Milani desnudaría las contradicciones de la “fábula” oficial, acerca de la política de derechos humanos. ¿Qué queda? ¿Creer que los medios y dirigentes opositores están sensibilizados con la lucha mapuche en el reducido terreno de Vaca Muerta sometido a exploración? ¿Creerle indignación antidictatorial a Morales Solá? ¿Aceptar que la maquinaria de destrucción contra el oficialismo proviene de un repollo que crece de casualidad los domingos a la noche? ¿Asimilar que motorizan las denuncias contra Milani quienes se manifestaron repodridos de seguir hablando de la dictadura?
¿Cómo se hace para no coincidir con la Presidenta cuando dice, como dijo en público, que son la Gata Flora? Si el que apunta que estamos entregando la soberanía por haber acordado con Chevron es Pino Solanas, pongámosle que es discursivamente coherente. Lo mismo si vocifera Altamira, o alguna agrupación universitaria con oratoria de izquierda radicalizada. Pero si el dedo acusatorio es de Carrió, de Prat-Gay o de Adolfo Sturzenegger, quien supo proponer la privatización del Banco Nación y de la recaudación estatal (ver archivos del diario La Nación, ediciones del 1/10/2000 y 5/09/1999, respectivamente), esto es una comedia patética. Insuperable. Terminal. Otro que habló de “un país de rodillas” es Martín Redrado, designado por Carlos Menem al frente de la Comisión Nacional de Valores en 1991. Prat-Gay, tras la aprobación de la ley 26.671 que estatizó YPF, expresaba a comienzos de mayo de 2012 que “el proyecto propone inversiones extranjeras, pero difícilmente vengan mientras se haya intervenido una empresa sin aval judicial...”. Un columnista de lo que se llama “la Corpo” escribió, citando fuentes innominadas, que el acuerdo de YPF con Chevron frena inversiones externas porque –entre motivos varios– hay cuestionamientos de comunidades indígenas. Es maravilloso: el establishment preocupado porque los indios están cabreros. Cambió la seguridad jurídica. Antes era que el FMI enviaría todos los jinetes del Apocalipsis si el país osaba enfrentarlo. Ahora es que la juridicidad internacional puede favorecernos en la medida en que Argentina respete derechos de los pueblos originarios. ¿Están hablando en serio? ¿El gorilaje, los menemistas, la muchachada de las AFJP, inquietos por la entrega de la soberanía energética? No jodan.
Natalio R. Botana, “columnista invitado” en Clarín del domingo 14 de julio último, dice que “el reparto equitativo de bienes públicos (educación, seguridad, salud, transporte) se desperdicia en medio de incompetencias, corrupciones y pérdida de vidas”. Se queja, enroscado en una prosa de difícil acceso que disimula relativamente bien la necesidad de acabar con, diríase, estos negros que mejoraron sus condiciones de vida. Botana. Apellido ilustre, o lustroso. Pero ni ese tipo de apellidos les sirve ya para ocultar que lo que no soportan es tener un negro abajo que suba o haya subido un poco, un poquito, un algo.
Es en esa tensión que se juega lo que empieza a votarse dentro de unos veinte días.
La Gaceta Mercantil. Por Laura Montero*
YPF, responsable del 33% de la producción nacional de petróleo y del 23% de la de gas, a más de un año de su estatización, lejos de crecer al 6% anual como lo preveía su plan de inversiones, manifiesta una caída de producción del 0,5%. De enero a mayo del 2013 la producción nacional de petróleo cayó un 4,4%. Es decir que la nueva gestión estatal de YPF no logra diferenciarse de la gestión privada anterior y ha seguido agudizando la problemática de caída de producción y dependencia de importaciones, dando como resultado estimado un déficit de la balanza comercial energética de U$S 6.600 millones.
Al asumir la nueva gestión, YPF presentó el Plan Estratégico 2013/2017, en el que preveía una inversión millonaria de U$S 37.000 millones, lo que representa unos U$S 7.000 millones anuales. Las fuentes de financiamiento dependían de: a) la posibilidad de tomar deuda en el mercado de capitales; b) contar con generación de fondos propios o c) conseguir socios externos.
El mercado internacional de capitales le está vedado por el conflicto con Repsol y porque Argentina representa el mayor riesgo país de la región, haciendo inaccesible el financiamiento por esta vía. Por ello, se tuvo que recurrir al débil mercado local logrando sólo U$S 2.500 millones, secando la plaza de financiamiento para el resto de las empresas (al emitir obligaciones negociables poco sostenibles a mediano plazo) que rinden un 20% anual. Tampoco cuenta con importantes fondos propios ya que a pesar del aumento de los combustibles, para el 2012 la ganancia operativa de la empresa fue de $7.903 millones, un 9,9% de crecimiento nominal interanual, tasa que corregida por inflación resulta negativa.
Fracasadas las anteriores fuentes de financiamiento, se focalizaron en la opción de conseguir socios estratégicos, suscribiendo alianzas con la estadounidense Chevron y con Bridas (de capitales chinos) en diciembre de 2012. Es en el marco de esos acuerdos que aparece el plan de promoción de inversiones promovido por el decreto 929/13.
Este decreto es un traje a medida del convenio firmado con Chevron, por el que se hará un plan piloto de perforación aproximada de 100 pozos de Shale Oil en Vaca Muerta, con una inversión de U$S 1.000 millones, olvidando los juicios internacionales que pesan sobre Chevron. Esto es una muestra palmaria del fracaso de la política energética y económica de este gobierno, que ha desestimulado la inversión y perseguido a los sectores productivos, deteriorando su competitividad.
Descontrol inflacionario; apreciación, desdoblamiento y cepo cambiario; discrecionalidad en las reglas del comercio exterior con cierres caprichosos de exportaciones e importaciones; obligación de liquidar divisas provenientes de la exportación a un dólar oficial retrasado, y de pagar el aumento de sus costos al ritmo de un dólar blue afectado por el proceso inflacionario; y un grupo de inexpertos, soberbios y verborrágicos funcionarios mintiendo con la estadística publica, cambiando reglas de juego, contradiciendo su propio discurso y persiguiendo, interviniendo o beneficiando selectivamente empresas, son un combo insostenible para el desarrollo de cualquier inversión.
La situación de Mendoza es particularmente extrema ya que la producción de petróleo crudo de YPF en la provincia lleva 8 años de caída, produciendo actualmente el 60% de lo que producía en el 2005. Este derrumbe no ha cambiado con la nueva gestión estatal de YPF: en 2012 registró la mayor caída interanual de producción de crudo desde 2004 (-8,2%) y la destilería Luján de Cuyo mostró una caída del 3,3% en la refinación.
El decreto 1277/12 formó una comisión integrada por los secretarios Kicillof, Moreno y Cameron, quienes iban a realizar un plan nacional de inversiones que nunca se hizo, arrogándose facultades sancionatorias y de regulación en materia de inversiones por encima de las provincias. Hoy el decreto 929/13 da un paso más en manos de gente inexperta y desorientada, permitiéndole a esta comisión promover planes de inversión de explotación no convencional de hidrocarburos, generando nuevas concesiones, dividiendo aéreas petroleras, modificando las condiciones de concesión ya otorgadas por las provincias, obligando a los estados provinciales a actuar sobre el hecho consumado al no tener injerencia previa sobre el plan de inversiones aprobado por esa comisión y sobre la calificación del futuro concesionario.
La producción nacional de petróleo ha caído un 33% desde su pico máximo en 1998 y la de gas un 15% desde su máximo en 2004, y la improvisada política hidrocarburífera nacional no ha hecho más que agudizar este crítico desenlace, además de retacearle los recursos que por regalías corresponden a las provincias. Hoy Nación le adeuda a Mendoza casi 5.000 millones de pesos en concepto de regalías, cuando en 2002 las regalías representaban el 24% de los recursos fiscales provinciales, hoy solo son del 9%.
Los Gobiernos provinciales deben decir basta y reaccionar, porque de no hacerlo seguirán pagando el alto costo de resignación de administración de sus políticas públicas y de la caída de actividad, impulsando aumento de desempleo y pobreza. Su firmeza permitirá que los legisladores nacionales logremos la derogación de los decretos 1277/12 y 929/13 y le devolvamos al Congreso de la Nación sus facultades legislativas, para sancionar una nueva ley integral de hidrocarburos que respete el dominio originario de las provincias productoras, y fije un marco estable para una actividad de alto riesgo, y plazos de inversión que permitiría dar gran impulso a la economía nacional y provincial.
* Senadora nacional de la UCR por Mendoza
La Gaceta Mercantil. Por Nicolas de la Plaza*
El arreglo con Chevron es bueno, aunque le regalen los 20 o 30 pozos que están negociando.
Desde que YPF fue confiscada (expropiación sin indemnización) es un bebé que largaron sólo en un parque: gatea, llora un poco, mira para todos lados, capaz que encuentra un perro que le da un beso pero que no puede enseñarle a caminar o a hablar. (El perro es Axel Kicillof y su banda de becarios del Conicet que no saben de petróleo. Ni de economía, pero eso es otro tema).
Al bebé le tienen que enseñar cosas para que crezca y pueda manejarse por sí mismo. Y apareció Miguel Galuccio, que lo tenían escondido porque no le interesa el peronismo. Verán, los que estamos en petróleo tenemos un entusiasmo por lo que hacemos que es igual al entusiasmo del que es fanático de un deporte. Nos preguntan y empezamos a hablar de números, de permeabilidad, de porosidad, de la calidad de petróleo según cada zona, de los negocios de una compañía, de otra, de los modelos de concesión en un país, en otro. Y nos deprimimos con Argentina. Porque es raro, porque no saben. Pero Galuccio es Galuccio e hizo el camino del profesional del petróleo argentino: estudiar en EEUU o Escocia, trabajar en el Midwest, algo de Medio Oriente y terminar snobeando en Londres. La última etapa es ir a trabajar con YPF, con amor. Esperando los nietos.
Galuccio hizo el camino de la rata del "oilman". No podría ser más perfecto para el puesto: armó su grupete de "fellows" amantes del crudo y se volvió a hacer patria. Pero se encontró con la UBA, con el Conicet, con tipos que en 2013 enseñan plusvalía, amantes de la industria pesada y obsoleta pero que inauguran fábricas de ensamblajes de celulares o bicicletas. Los mismos que no dejan que entren tuercas pero te ponen mil trabas si las querés fabricar. Intelectuales que se llaman a sí mismos “soldados”. Chicos que cuando negocian con petroleros gringos, rusos o franceses los obligan a tomar mate (algo problemático para alguien que no está acostumbrado), les hablan de Irak y cuentan que le robaron el petróleo a la dictadura de Saddam. Chicos.
Voy a Chevron: para que YPF deje de ser tomada como un bebé tiene que ir con su mochilita por el mundo mostrando a una empresa como Chevron, eso significa “no son tan locos o idiotas, porque Chevron labura con ellos”. Pasás del petróleo confiscado a una empresa nacionalizada (no está mal) que cerró con Chevron, que no es Oro Negro Hermanos SRL, es Chevron. Se va a arreglar por U$S 1.000 millones. No es nada, es un buscapié, es una pruebita, es para ver si les dejan pasar las máquinas por la aduana, si los dejan trabajar en paz… en definitiva, si cumplen con el contrato. Es más, se trata de ver si el jefe es Galuccio o a la compañía la manejan pasantes treintañeros, soldados de Axel Kicillof que nada saben del tema. Como antecedente, parece que este año la pulseada la ganó Galuccio, seguramente porque el desastre económico manchó un poco la credibilidad del profe de plusvalía de la UBA.
En suma, si cierran definitivamente con Chevron y funcionan como una petrolera normal por lo menos un año, volverán los interesados en las licitaciones de bloques.
Ecología: antes del "shale gas" había reservas de petróleo para 30 años, hoy hay para 500 o más si se inventa algo para llegar a las fosas oceánicas, o a los polos o a Marte. El mundo funciona con petróleo, sin petróleo nos morimos todos y sobreviven las mojarritas y las palomas. Y yo y ustedes, hasta donde tengo claro, somos humanos, no grillos. Se puede hacer "fracking" sin contaminar, falta un año o dos para que la extracción sea totalmente limpia como lo es la extracción vertical.
Y cuando Argentina madure va a poder explorar (de una vez) su mar, y por qué no el litoral y el Chaco, en donde hay diez vacas muertas enterradas.
Cierro diciendo que cualquier arreglo con Chevron sirve dentro del negocio del petróleo. Si hay coimas, si Chevron no es solidaria, si es yankee, si es la ex Standard Oil, todo eso es para otras discusiones que no tienen nada que ver con hacer que YPF despegue de una vez. Que se hagan las denuncias pertinentes, pero el negocio es otra cosa. Porque el negocio del petróleo es adictivo y todos los que estamos en él queremos algún día ayudar a crecer a la compañía. Y porque no, a la Argentina.
* Abogado y especialista en derecho petrolero
Infobae. Por Marcelo Ramal
El decreto petrolero del gobierno “nac & pop” ha terminado de confirmar lo que señaló el Partido Obrero en ocasión de la intervención a YPF: que el kirchnerismo resolvía la salida de Repsol sólo para reemplazarla por otros monopolios internacionales. La propia ley de “recuperación de la soberanía petrolera” (sic) contemplaba nuevas “alianzas estratégicas” con ellos -lo que no impidió que Solanas, Lozano y otros la apoyaran. En cambio, el Partido Obrero denunció una “reprivatización de YPF” (Prensa Obrera, Nº 1.218, abril de 2012).
El decreto oficial que precedió al acuerdo con Chevron habilita a quienes inviertan en gas no convencional a exportar una parte de su producción a partir del quinto año de operaciones y sin ningún tipo de impuestos (retenciones). Los pulpos podrán disponer libremente de las divisas que obtengan por ello, e incluso dejarlas en el exterior. Pero la proporción que se exporte quedará bajo el dudoso “control” de la propia YPF, así como del mismo elenco estatal que admite el contrabando encubierto de cereales desde los puertos privados. Si el Estado quisiera que esa parte exportable se destine al abastecimiento interno, deberá reconocerle a los pulpos el precio internacional de los hidrocarburos, lo que plantea un tarifazo en los combustibles. Pero el gobierno, de todos modos, marcha en esa dirección: desde la reestatización de YPF hasta hoy, autorizó un aumento de las naftas superior al 35%.
El decreto también prorroga por otros 25 años las concesiones petroleras que se encuentren en zonas con potenciales yacimientos de gas no convencional. Esta medida parece beneficiar a YPF, cuyas concesiones en Vaca Muerta están cercanas a expirar. Pero en el marco de las “alianzas estratégicas” planteadas, se trata de un generoso cheque en blanco en favor de las petroleras internacionales que se asocien con la “estatal”. Entre esas empresas, podría encontrarse la propia Repsol, a la que el gobierno le ofreció ingresar en Vaca Muerta como resarcimiento por la expropiación de 2012.
Justicia legítima
El decreto a la medida de Chevron vino precedido por otro beneficio en su favor. En mayo pasado, la Corte argentina dispuso la inembargabilidad de los bienes de la empresa en Argentina, a causa de un juicio del gobierno ecuatoriano por daños ambientales en ese país. Pero la Corte falló a partir de un pedido de la procuradora K Gils Carbó en el mismo sentido. O sea que mientras la corpo judicial y la corpo oficial se sacaban los ojos por la cuestión del Consejo de la Magistratura, ambas coincidían en indultar a Chevron. En aras de ello, la Corte falló con una celeridad que no tuvo -ni tendrá- con los miles de jubilados que litigan por sus haberes congelados.
A pesar de tanto servilismo, la “justicia legítima” no consiguió tener injerencia en el acuerdo entre Chevron e YPF: la petrolera yanqui se aseguró la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, sin que a los “nacionales y populares” les temblara el pulso. Esta condición colonial regirá, por ejemplo, en caso de futuros juicios por daños ambientales, teniendo en cuenta que Vaca Muerta será sometida a un método de extracción de gas -fractura hidráulica- que ha recibido múltiples cuestionamientos ambientales en el mundo.
Fracaso “nacional y popular”
El kirchnerismo sostuvo al régimen de privatizaciones petroleras del menemismo, comenzando por la presencia de Repsol en la petrolera estatal. La política oficial sólo atinó a asociar a la burguesía nacional K al saqueo de YPF: Ezquenazi entró a la petrolera sin poner un peso, con la previsión de pagar su parte con utilidades futuras.
Cuando este esquema se fundió -y en medio de un crecimiento exponencial de las importaciones energéticas-, el gobierno procedió a la reestatización parcial de YPF. Desde entonces, los camporistas de su directorio intentaron conciliar los pactos con monopolios extranjeros con los cepos cambiarios y los controles al comercio exterior.
El fracaso de esa orientación -expresada en nuevos retrocesos en la producción de petróleo y gas- ha empujado al acuerdo con Chevron, que exceptúa de esos controles a los monopolios petroleros. Es un claro retorno a la política petrolera del menemismo y a experiencias entreguistas anteriores, fundadas en entregarle a los monopolios la libre disponibilidad del producto extraído y otras concesiones. Todos esos episodios -de Frondizi al Plan Houston de Alfonsín, pasando por los contratos de Martínez de Hoz- fracasaron en asegurar el autoabastecimiento, al tiempo que agravaron la descapitalización de YPF y del conjunto del patrimonio petrolero.
La oposición
El UNEN y el peronismo opositor han fijado posición sobre el “decreto Chevron” a través de sus especialistas petroleros, como Montamat o Guadagni. Critican su carácter “discrecional”, por tratarse de “un decreto y no de una ley”. Reclaman, en suma, que la orientación entreguista del “decreto Chevron” revista un carácter general y definitivo, que lo convierta en la punta de lanza de un replanteo más general de la política económica. Pero ése es el camino que el propio gobierno está transitando, como se revela en los patacones dolarizados (Cedines) y en la liberación progresiva del precio de los combustibles. La devaluación y el tarifazo que asoma detrás de la “nueva” política petrolera es el rumbo que reclaman todos los días los Massa, Prat Gay, Losteau o Terragno, quienes han prestado un “apoyo crítico” al decreto oficial, a la vez que exigen ir a fondo en el cambio de frente.
Pino Solanas, socio de ellos en el UNEN, tendrá que archivar sus invocaciones al nacionalismo petrolero. El progresismo, incapaz de romper con el gran capital, ha sido demolido por partida doble: dentro y fuera del gobierno.
El acuerdo con Chevron es un punto alto de la descomposición política oficial, pero no llega sólo. Está acompañado por una crisis de fondo en el aparato de represión y seguridad estatal, que el gobierno ha querido “enderezar” nombrando a un represor de la dictadura al frente del Ejército. Mientras tanto, la protección oficial al fugado Jaime ratifica el compromiso de la camarilla oficial con el entramado capitalista que consumó otro vaciamiento, el del patrimonio ferroviario.
A sólo un mes de las elecciones de agosto, la población debe advertir una cuestión decisiva: en su tobogán político, el gobierno adopta el programa reaccionario de la oposición que pretende relevarlo. Las salidas de unos y otros para esta nueva crisis son antagónicas a los intereses de la mayoría nacional.
Es necesario, por lo tanto, que de ese desbarranque oficial emerja una alternativa de los trabajadores frente a la crisis. El voto al Frente de Izquierda, así como la batalla por el ingreso de sus candidatos al Congreso y a las legislaturas, es un paso crucial en ese sentido. Nuestra campaña electoral incorporará una acción enérgica contra el acuerdo con Chevron y la reprivatización petrolera. Contra esta orientación varias veces fracasada, planteamos la nacionalización integral de la industria petrolera, sin resarcimiento a sus vaciadores y bajo la gestión directa de sus trabajadores.
Infobae. Por Lucía Giambroni
YPF y la estadounidense Chevron firmaron un acuerdo de explotación de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica -fracking-, que consiste en perforar formaciones rocosas compactas a 2500 metros, donde se hallan el gas y el petróleo de difícil o nulo acceso. Se trata de una técnica relativamente nueva y en la que no muchas empresas se han especializado en el mundo. Chevron es una de ellas.
Esta nueva modalidad de explotación estará dirigida especialmente a la región de Vaca Muerta, en las áreas de Loma La Lata Norte y Loma Campana, provincia de Neuquén. La asociación de Chevron e YPF (controlada por el Estado argentino) consolida una inversión de 1.240 millones de dólares, con un monto estimado en U$S 600 millones este mismo año como primera instancia de la puesta en marcha de mil pozos de recursos no convencionales de petróleo y gas (shale oil y shale gas) en el yacimiento. El proyecto determina la explotación de “350 y 400 kilómetros cuadrados, con mil pozos, y si se estima un costo de 8 millones de dólares por cada uno, la inversión sería de 8.000 millones de dólares, para hacerlos en los próximos años″, según informó días previos a la firma el gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sapag. De acuerdo al Plan Estratégico 2012-2017 presentado por el presidente de YPF, Miguel Galuccio, correspondería a un 32% de crecimiento en volumen de petróleo y un 37% en gas.
Mucho se ha hablado en estos días sobre este acuerdo. A diferencia de planteos recientes que lo han criticado duramente, en general hechos por ex secretarios de Energía que hoy pretenden incidir en la agenda, la sociedad de YPF con la firma norteamericana no tiene nada que ver con las políticas de total apertura que regían en la década del ’90 de la cual, paradójicamente, estos presuntos expertos fueron parte como funcionarios. La Ley de Soberanía Hidrocarburífera de mayo de 2012 no sólo define a los hidrocarburos como de “interés público”, siendo un elemento central en la estructura de costos y precios del circuito productivo, sino que da facultades al Estado para fijar las reglas a las que deben atenerse las compañías privadas a cargo de concesiones de explotación y permisos de exploración. Es en ese marco en el que debe interpretarse el reciente decreto 929, que especifica que las firmas que inviertan al menos 1000 millones de dólares podrán comercializar sin retenciones el 20% de lo producido a partir del quinto año de iniciada la inversión, y dispondrán libremente de esas divisas. Este decreto no se aplica únicamente a la negociación con Chevron, sino a la previsión de acuerdos similares con las compañías Exxon, Pan American Energy, Gas Medanito y CGC. Y forma parte de un conjunto de incentivos adicionales, como el decreto 927 publicado el día posterior -que reduce la carga tributaria sobre los bienes de capital nuevos y usados importados por las empresas- tendientes a facilitar inversiones en un sector capital-intensivo que requiere de un Estado activo en pos de atraerlas. A diferencia de quienes sospechan “cláusulas secretas” escondidas en este acuerdo, vale decir que el decreto 929 faculta al Gobierno a elaborar anualmente un informe acerca del grado de cumplimiento de los objetivos y, en caso de detectar “incumplimientos sustanciales”, el beneficio previsto cesará.
La inversión extranjera en sí misma no es buena o mala. Recaer en esas categorías de análisis es por demás simplista, y hasta inverosímil a la hora de plantear objetivos estratégicos. El Gobierno nunca ha declarado al sector hidrocarburífero de “interés público” sobre la base de fundamentos ideológicos estáticos, ni tampoco se desprende de sus principales funcionarios el desdén a las inversiones extranjeras para dinamizarlo. Por el contrario, en las declaraciones del equipo económico a cargo del sector energético siempre se habló de la necesidad de una convergencia entre el sector público y el privado para alcanzar ese autoabastecimiento. En todo caso, lo que sí se cuestiona es la vocación “entreguista” con que el neoliberalismo había confiado a los privados el desarrollo de ese sector clave para cualquier país, cuya máxima expresión fue la venta de YPF. Pero debe pensarse que quienes hoy creen ver un “doble estándar” en un Gobierno que hace un año recuperaba la empresa y hoy suscribe este acuerdo con Chevron, sólo especulan con desgastar la iniciativa oficial por intereses políticos. Pretender ver en el anuncio cierta regresión en ese sentido es absolutamente inconsistente y engañoso, además de un deliberado intento por menoscabar los esfuerzos que se están haciendo por recuperar el autoabastecimiento energético que muchos de los hoy críticos contribuyeron a erosionar.
Los ejes, al analizar esta cuestión, son: por un lado el rol que asume el Estado frente al capital externo y, por otro, el problema histórico de la economía argentina: la “restricción externa”. Con respecto a la primera cuestión, entendemos que desde el momento en que el arribo de capitales cuenta con un marco institucional de regulación estricta, el rol activo que pretende actualmente asumir el Estado nacional queda más que claro. El problema de la restricción externa merece un análisis de mayor profundidad, ya que no responde a una situación coyuntural sino a déficit estructural propio de un país que no imprime los dólares necesarios para importar insumos industriales y modificar así su matriz productiva. Esto significa que la producción industrial sigue dependiendo de la importación de una gran cantidad de insumos y de bienes de capital que, o no son producidos localmente, o su escala es insuficiente.
Por eso el punto en el que debemos hacer hincapié es el ya conocido proceso de sustitución de importaciones y los beneficios que la explotación y disposición de un insumo clave para el desarrollo industrial, como es el combustible, generarán en el largo plazo. El acuerdo representa entonces un ingreso de capital extranjero regulado y volcado al desarrollo de un elemento fundamental para aumentar la competitividad de nuestra economía, que se complementa con los ya existentes complejos industriales que estimulan la generación de empleos, la distribución del ingreso y los avances de la ciencia y la tecnología.
En la inauguración de una estación de desgasificado al vacío en la fábrica de Siderar en San Nicolás, celebrada hace pocos días, la presidenta Cristina Fernández destacó la importancia de las políticas tendientes a mejorar la competitividad fortaleciendo la industria, y advirtió: “Se viene una nueva división internacional del trabajo y nos quieren asignar la reprimarización de nuestras exportaciones. Esto debemos impedirlo con políticas públicas destinadas a invertir en tecnología”. Lo que está en juego, por lo tanto, es la puesta en producción de un recurso clave para el futuro energético de nuestro país.
