Mercados golpeados y distorsionados

Para el gobierno de Cristina Kirchner, tan afecto a victimizarse con teorías conspirativas como a ignorar las leyes de la oferta y la demanda, los "golpes de mercado" están siempre al acecho, aunque resulten incomprobables. Quizá por ello opta por contraatacar con golpes intervencionistas en distintos mercados y, por lo general, termina por agravar las distorsiones que busca corregir.

Aunque no es el único, el polémico Guillermo Moreno suele ser el autor intelectual y material de la mayoría de estas acciones, que lo han convertido de hecho en el funcionario con más llegada a CFK. Pero ciertamente sería excesivo atribuirle todas las culpas, como si actuara sin aval político de la Casa Rosada. Convencida o no, para la Presidenta es menos riesgoso denunciar que los productores retienen trigo, antes que reconocer que las acciones u omisiones oficiales provocaron la peor cosecha en 111 años y redujeron la exportación a una mínima expresión. Lo mismo ocurrió en el mercado de carnes, donde en los últimos años la Argentina retrocedió en el mundo al puesto 12º como país exportador, después de haber forzado al máximo el consumo interno con controles de precios y contraído las ventas externas con cupos cada vez más reducidos.

El limitado y precario "acuerdo" para que panaderías y supermercados vendan ahora el pan más rústico a 10 pesos por kilo, por debajo de su costo, es apenas una cortina de humo para ocultar la escasez triguera. Por lo menos en este caso, el Gobierno tuvo el prurito de no promocionarlo con el aditamento "para todos", ya que, en el mejor de los casos, alcanza al 10% de la elaboración y se desconoce si podrá mantenerse hasta la próxima cosecha. Y ésta también es una incógnita: para estimular la siembra anunció el reintegro de las retenciones poscosecha, pero muchos productores descreen de ese mecanismo, por instrumentarse con un fideicomiso en el Banco Nación.

Mucho más compleja es la situación en el mercado energético y especialmente en materia de gas. Después de años de estimular el consumo a través de subsidios crecientes y desincentivar la producción con precios políticos congelados, el gobierno de CFK buscó comenzar a corregir la situación hace unos meses, cuando elevó el precio del gas natural en boca de pozo de 2,8 a 7,5 dólares el millón de BTU (unidad de medida), sólo para el gas adicional que extraigan las petroleras que aumenten sus inversiones. Pero como en su ADN ideológico está privilegiar la hiperregulación, diseñó un complicado mecanismo que, además, duplica el riesgo empresario. Para acceder al precio más alto, las compañías deben comprometer un plan de inversiones para alcanzar un volumen superior a la declinante curva de producción. Si tienen éxito, cobrarán en pesos a 180 días de plazo; pero si no logran encontrar o extraer más gas, no sólo perderán -previsiblemente- el monto de su inversión de riesgo, sino que también serán penalizadas con el pago de la diferencia entre el valor del mayor volumen proyectado (a 7,5 dólares) y el alto precio que implica importarlo por barco como gas natural licuado (un rango de 15/18 dólares). O sea que, más que a estimular la producción, este régimen tiende a achicar la cuenta de importación de GNL que debe afrontar la estatal Enarsa.

No obstante, el Gobierno decidió anticiparles a las petroleras, aunque sin plazo, los montos por la venta de gas natural que, por falta de fondos, dejaron de pagarles las distribuidoras, algunas de las cuales -como Metrogas- mantienen tarifas congeladas desde hace 11 años. La situación en este sentido no es muy diferente para las distribuidoras eléctricas del área metropolitana: Edenor y Edesur, que arrastran pérdidas por unos 1000 millones de pesos cada una debido al congelamiento tarifario, deben ser financiadas a través de Cammesa (que en 2012 recibió subsidios estatales por 24.600 millones de pesos).

Mientras tanto, las importaciones de gas y combustibles no dejan de crecer y podrían superar este año los 11.000/12.000 millones de dólares. Con reservas del Banco Central en baja (37.300 millones), esta perspectiva aleja cualquier posibilidad de flexibilización, no sólo del cepo cambiario, sino de las trabas a la importación en otros rubros, que afectan a cada vez más industrias. También la "importación reprimida" complica al mercado comercial de reposición de numerosos productos y piezas. Quienes lograron conservar stocks cobran en muchos casos precios muy superiores al aumento de 20% que registró el dólar oficial en los últimos 12 meses. Y más en los últimos días, cuando el dólar paralelo salió de su letargo y cruzó otra vez la barrera de los $ 8,20, con lo cual, a pesar del retroceso previo, acumula un alza de 33% en el mismo lapso.

Demás está decir que los controles golpearon al mercado cambiario oficial, que sólo por hábito conserva la paradojal denominación de "único y libre", y el ingreso de divisas está limitado únicamente a las exportaciones. También resulta paradójico que Moreno intente intervenir en el hasta ahora inexistente mercado secundario de Cedin y fijar una cotización de referencia (de $ 6,50), cuando en sus dos primeras semanas el blanqueo apenas supera los 3 millones de dólares y no se concretó ninguna operación en pesos. En algunos bancos grandes, incluso, están sorprendidos por el bajo nivel de consultas sobre el controvertido régimen: hasta ahora, no llegan a promediar siquiera una por sucursal. Mucho más activo, en cambio, se muestra el secretario de Comercio Interior con llamadas a empresas de todo tamaño para que suscriban Cedin, incluso con dólares en blanco, bajo la promesa verbal de resolverles problemas provocados por sus propios controles. En voz baja, cuentan en una entidad que un empresario pyme llegó a consignar como motivo "por indicación de G. Moreno" en el formulario de una de las pocas operaciones realizadas.

No es la única sorpresa que se llevaron los ejecutivos del mercado financiero con las intervenciones oficiales. En las últimas semanas, se enteraron por los diarios que deben otorgar un tercer tramo de créditos a tasa subsidiada para proyectos productivos (en especial de pymes) y, más tarde, que el BCRA va a limitarles las comisiones.

Más previsible, en cambio, es que las empresas de autotransporte de larga distancia aprovechen las vacaciones de invierno para aumentar un 5% sus tarifas, sobre la base de una autorización recibida meses atrás y que no habían aplicado debido a que los subsidios a Aerolíneas tornaron más caros los pasajes en ómnibus que en avión para idénticos trayectos. Hace poco, esa brecha se atenuó con una suba de hasta 20% en las tarifas aéreas.

Toda esta maraña de controles, subsidios y regulaciones provoca una fenomenal distorsión de precios relativos, sin que se frene la inflación. Pero además el gobierno de CFK tampoco se priva de intervenir, a su manera, en el mercado electoral, mediante las discrecionales transferencias de fondos para obras públicas que distribuye el ministro Julio De Vido. Parafraseando a la Presidenta, los intendentes oficialistas de los municipios con más votantes recogen la plata en pala, mientras los opositores no logran hacerlo ni con una cucharita de café.

Inversión con tratamiento vip

A menos que el gobierno de Cristina Kirchner lo transforme en un previsible acto político en plena campaña electoral, esta semana deberían conocerse las condiciones comerciales del contrato de asociación que firmarán YPF y la filial local de la estadounidense Chevron para invertir en el prometedor reservorio no convencional de hidrocarburos de Vaca Muerta.

Probablemente ésta sea una de las noticias económicas del mes y no sólo porque YPF conseguirá su primer socio extranjero después de que transcurrieran nada menos que 14 meses desde su controvertida reestatización. Aunque la carta de intención con Chevron se firmó a fin del 2012, las cláusulas contractuales todavía siguen siendo una incógnita. Esta escasez de precisiones alimentó todo tipo de rumores, conjeturas y suspicacias, sobre todo tras la renuncia de uno de los directores K de YPF, el economista Eduardo Basualdo, en aparente disconformidad con los términos del acuerdo.

Aun así, dado que YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York, se descuenta que estas cláusulas deberán hacerse públicas a la brevedad para información de los accionistas locales y externos de la empresa reestatizada. Ello permitirá determinar finalmente si la compañía estadounidense recibirá o no un tratamiento cambiario diferencial para comprometer una inversión inicial de unos 1.500 millones de dólares que, según se anunció en su momento, estará destinada a la perforación de un piloto de 100 pozos en un área de 290 km de los yacimientos neuquinos Loma la Lata Norte y Loma Campana. Si la sociedad tiene éxito, el desarrollo completo del área demandaría inversiones por 15.000 millones en un plazo de varios años, que excede al de las actuales concesiones petroleras en Neuquén y vencen en el 2027.

Versiones no confirmadas ni desmentidas por las partes vienen sugiriendo desde hace algún tiempo que el acuerdo permitiría a Chevron ingresar los dólares que invierta a un tipo de cambio superior al oficial de 5,45 pesos. Una forma legal de hacerlo sería, hipotéticamente, adquirir títulos argentinos en el exterior y venderlos en la Argentina a la cotización del "contado con liquidación", que equivale en estos días a unos 8,10 pesos por dólar, con una diferencia a su favor cercana a 50%. Sin embargo, esta posibilidad es puesta en duda por ejecutivos petroleros y financieros, debido fundamentalmente a dos razones. Una, que esa vía para ingresar las divisas no podría ser considerada como inversión extranjera directa (IED) y, por lo tanto, le impediría remitir utilidades a su casa matriz si en algún momento del futuro se flexibilizara el cepo cambiario. Otra, de carácter político-diplomático, es que tensaría aún más la relación con Brasil: meses atrás el gobierno de CFK le negó un tratamiento cambiario diferencial a la minera Vale y éste fue uno de los principales motivos para que la compañía brasileña suspendiera su multimillonario proyecto de inversión en Potasio Río Colorado (Mendoza) y decidiera su polémico retiro del país, dejando un tendal de damnificados.

De todas formas, algunos de los ejecutivos que descreen de esa posibilidad argumentan que, al asociarse con YPF en Vaca Muerta, la petrolera estadounidense podrá reinvertir en activos petroleros unos 200 millones de dólares anuales en utilidades, que actualmente no puede girar al exterior a raíz de las prohibiciones aplicadas por el Banco Central desde fines del 2011 a todas las compañías de capital extranjero. "Con las perspectivas del shale oil en Vaca Muerta, esa alternativa es claramente superior a invertir en bonos, inmuebles o depositarlas en el sistema financiero a tasas de interés negativas frente a la inflación", señalan en riguroso off the record.

Tampoco descartan que Chevron pueda obtener en el futuro libre disponibilidad de parte del crudo que extraiga, o bien una quita de retenciones a la exportación que podría disponerse para estimular la inversión en reservorios no convencionales.

A esto se suma que, ante la necesidad de mostrar que YPF puede conseguir un socio extranjero para Vaca Muerta –a pesar de las amenazas judiciales de Repsol en los tribunales de Nueva York– el gobierno de CFK le otorgó a este proyecto de inversión un tratamiento vip desde el punto de vista jurídico.

En tiempo récord, especialmente si se tienen en cuenta los plazos de la Justicia argentina, la Corte Suprema hizo suyo un dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gills Carbó, y a comienzos de junio último revocó el fallo de instancias inferiores que embargaba los activos de Chevron en la Argentina así como parte (40%) de su flujo de caja, lo cual hubiera tornado imposible ampliar sus inversiones en el país. Dicho embargo había sido dictado el año pasado por tribunales locales a pedido de la Justicia de Ecuador, a raíz de un antiguo pleito por daños ambientales en ese país contra su antecesora Texaco por 19.000 millones de dólares. Aquí, el memorándum de entendimiento firmado en diciembre del 2012 con YPF para invertir en Vaca Muerta le sirvió de ayuda política más que indirecta. Una prueba de ello es que el propio CEO de YPF, Miguel Galuccio, se dirigió luego por carta a los demandantes ecuatorianos para advertirles que afectaban los intereses argentinos en materia energética. Otra es que todos los funcionarios del gobierno de CFK avalaron implícitamente el fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Chevron, mediante una virtual tregua en su ofensiva política contra el alto tribunal, que semanas más tarde dictaría la inconstitucionalidad de la controvertida reforma del Consejo de la Magistratura.

Por otra parte, en el sector petrolero se da por descontado que el gobierno neuquino estaría dispuesto a ampliar los plazos de concesión de las áreas no convencionales de YPF en Vaca Muerta, a fin de posibilitar el retorno de las fuertes inversiones que requerirá su exploración y desarrollo.

Mientras algunos analistas políticos ya comenzaron a cuestionar que el contrato por firmarse responda al concepto de "soberanía hidrocarburífera" plasmado en la ley de reestatización de YPF y lo emparentan con el giro que el entonces presidente Juan Domingo Perón produjo en 1952 cuando suscribió el acuerdo con la Standard Oil de California (antecesora de Texaco y Chevron), todas las petroleras locales y extranjeras están pendientes de sus cláusulas. En definitiva, será un dato clave para decidir si siguen los pasos de Chevron o si mantienen su reticencia a invertir hasta que se aclare el panorama macroeconómico y jurídico de la Argentina. Lo mismo vale para compañías de otros sectores –como la minería– intensivas en inversiones de riesgo, que el deterioro cambiario frente al aumento de costos en dólares torna cada vez menos atractivas.