Un nuevo informe de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos (EIA) nos coloca al tope mundial de los países con potencial de recursos no convencionales (cuarto lugar en shale/oil y ahora segundo en shale/gas), mientras la depredación del stock de reservas convencionales en la pasada década y la consiguiente necesidad de importar combustibles jaquean la economía.

El movimiento de pinzas de la energía sobre la economía ha puesto al gobierno en la disyuntiva inevitable de pagar altos costos políticos cualquiera sea la decisión que tome. Si quiere corregir el déficit energético por su fuerte impacto sobre las cuentas externas y públicas, debe encarar una reforma tarifaria integral con recomposiciones significativas de precios de la canasta energética, lo que puede agravar la puja distributiva y precipitar un espiral precios-salarios. Si deja crecer el déficit energético, la hemorragia de divisas que generan las importaciones amenaza llevarse puesto el superávit comercial y tornar inmanejable la política de subsidios que hoy requiere financiamiento inflacionario. El drenaje de divisas y el atraso del dólar oficial por la inflación en pesos pueden derivar en una nueva crisis de balanza de pagos. El gobierno va a evitar definiciones en este año político, por lo que podemos augurar mayores complicaciones en el proceso de estancamiento inflacionario que padecemos.

El déficit de balanza comercial energética (combustibles) en los dos años anteriores fue de alrededor de u$s 2.800 millones. Este año, por mayores importaciones y por continuidad de la declinación productiva nacional, el déficit puede alcanzar los u$s 7.000 millones. Como las importaciones se hacen a precios internacionales que incluyen los costos de transporte hasta estas latitudes (paridad de importación), la diferencia con los precios internos de la energía engrosa un mecanismo de subsidios energéticos que representa alrededor del 60% de los subsidios totales. La cuenta de subsidios totales en el 2003 era de u$s 3.788 millones y este año va a alcanzar los casi 30.000 millones.

Medido en dólares americanos el aumento es de un 673%. El uso de la moneda americana no es caprichoso. El gasto público total consolidado (nación, provincias, municipios) pasó en ese período de los u$s 37.172 millones en 2003 a los cerca de 260 mil millones estimados para este año. La moneda ‘obesa’, diría don Vittorio Orsi, no es sólo un castigo para los exportadores y un premio para los importadores; también es una ‘mochila de plomo’ para las cuentas públicas.

Si la Argentina económica se encaminase a una corrección cambiaria, la complicación para recomponer precios y tarifas de la energía se agrava. En el Informe de Precios de la Energía destacamos que en petróleo y derivados los productos argentinos están alrededor del 70/80 % de las referencias internacionales, en gas natural un 22% de las referencias regionales, y en electricidad un 33%. Esto nos habla de la magnitud de las distorsiones relativas promedio, pero la comparación está hecha al dólar oficial. Con un dólar más caro las diferencias se agigantan y los subsidios de la energía importada crecen en proporción. El paquete de servicios públicos (energía, transporte, telefonía, aguas) hoy representa un 3.1% en los gastos de un hogar promedio. Si las tarifas hubieran seguido la corrección promedio de otros precios, el paquete de servicios públicos representaría alrededor de un 20%, como en otros países de la región. La recomposición de precios de la energía sin recomposición de los ingresos reales, se debe hacer a expensas de un reacomodamiento del presupuesto familiar. Peor aún si hay una devaluación de por medio. He aquí el nudo gordiano del problema energético que supimos conseguir: su agravamiento precipita una recomposición de precios relativos, pero si la recomposición de precios incluye el precio del dólar en pesos, el ajuste de los precios de la canasta energética se torna mucho más traumática.

El contexto político y social aconseja una solución gradualista que combine aumentos de precios con reducción gradual de subsidios y la im plementación de una tarifa social que favorezca a los hogares más vulnerables. Mientras tanto, una estrategia de largo plazo y mayor certidumbre de reglas nos permitirá desarrollar el inmenso potencial y recuperar el autoabastecimiento. Ambos desafíos imponen un nuevo marco de política económica y sectorial para enfrentar las inconsistencias macro y microeconómicas que hoy padecemos. Temo que ese cambio de políticas deberá aguardar una nueva gestión de gobierno. La duda es si las moléculas y los electrones, que no entienden nada de política, pueden esperar tanto tiempo.