En YPF están de fiesta: la Corte levantó el embargo que pesaba sobre Chevron por ¡19.000! millones de dólares por daños ecológicos provocados por la empresa en Ecuador. Ahora el camino para que Chevron cumpla el compromiso de invertir para explotar Vaca Muerta está libre.
El alivio para Miguel Galuccio, el titular de la petrolera nacionalizada, es explicable. Hace tiempo que rema en dulce de leche, una metáfora bien de la calle y de la política que ilustra, por sí misma, las dificultades que tiene para poner en marcha la compañía, un año después de la intervención primero y de la expropiación después.
Las expectativas sobre los resultados prometidos por la épica de Cristina y de su equipo siguen en veremos. Imaginemos entonces la decepción del Gobierno porque fracasó el intento de tumbar a Antonio Brufau, la bête noire de Repsol, en una maniobra que involucró a socios en la petrolera española.
Hace tiempo que se estaba tejiendo esa estrategia de un acuerdo con Repsol que consistía, a trazo grueso, en la creación de una sociedad en la que YPF sería el socio mayoritario. En vez de los 10.500 millones de dólares que Repsol reclama como indemnización, el Gobierno argentino ofrecía 400 millones de dólares en efectivo, una fracción del yacimiento de Vaca Muerta (valuada en US$ 3.500 millones) y un bono por un poco más de 1.000 millones de la misma moneda.
Con esa propuesta –y con la alianza de algunos accionistas como Isidro Fainé, que estuvo con Cristina en febrero en un almuerzo que tuvo hasta ingredientes esotéricos– se llegó a la asamblea de Repsol, en la que Brufau, cuyo degüello era la base del acuerdo, salió indemne. No sólo esquivó la guillotina, sino que el reclamo de indemnización se mantiene.
No hay dudas: a los españoles les interesa participar en Vaca Muerta. Ninguna petrolera, dicen los expertos, puede ignorar el valor de ese yacimiento para el futuro de las compañías.
Por eso, el fallo de la Corte sobre Chevron tiene importancia si es que la empresa comienza a invertir los US$ 1.500 millones que se comprometió a destinar en el yacimiento de shall gas de Neuquén.
Otra vez el caso muestra el doble discurso del oficialismo.
Chevron fue embargada en un juicio que promovieron los pueblos originarios de Ecuador afectados en la zona de Lago Agrio. La empresa, con Carlos Arslanian y Ricardo Nissen como abogados, recurrió a la Corte.
La procuradora Gils Carbó apoyó el reclamo de la empresa americana. Excepto Carlos Fayt, que votó en contra, el resto de los jueces de la Corte revocó el embargo.
Estamos frente a la paradoja de un gobierno que dice defender a los pueblos originarios y apoya a quienes estos acusan de afectarlos en Ecuador. ¿Cómo se lo explicará Cristina a su amigo Correa?
